Durante su más reciente período ordinario de sesiones (octubre de 2016),
el Comité Jurídico Interamericano (CJI) aprobó una resolución adoptando 10 principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas, mediante la cual tiene en cuenta que el derecho de defensa es un derecho reconocido por todos los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y que la asistencia jurídica es una garantía para el ejercicio de este derecho y debe ser provista por el Estado.
En dicho período de sesiones, el CJI recibió la
visita de representantes de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)
con quienes tuvo un fructífero intercambio.
AIDEF ha venido desarrollando en los últimos
años una serie de proyectos de cooperación con
el Departamento de Derecho Internacional de la
OEA (que es la Secretaría Técnica del CJI) con
el objetivo de promover capacitaciones a los
defensores públicos sobre los diferentes
aspectos que contribuyen a la mejora del acceso
a la justicia.
Los principios que adopta el CJI, entre otros
aspectos, reconocen que el acceso a la justicia
es el medio que permite restablecer el ejercicio
de los derechos humanos fundamentales que
hubiesen sido desconocidos o vulnerados, y que
dicho acceso no se agota con el ingreso de las
personas a la instancia judicial sino que se
extiende a lo largo de todas las etapas del
proceso. Por otro lado, señala que el trabajo de
los Defensores Públicos Oficiales constituye un
aspecto esencial para el fortalecimiento del
acceso a la justicia y la consolidación de la
democracia, y que el servicio de asistencia
letrada estatal y gratuita es fundamental para
la promoción y protección del derecho de acceso
a la justicia de todas las personas, en
particular de aquellas que se encuentran en una
situación especial de vulnerabilidad.
El CJI también señala que los Estados tienen la
obligación de eliminar los obstáculos que
afecten o limiten el acceso a la defensa pública
y que sin perjuicio de la diversidad de los
sistemas jurídicos de cada país, es importante
la independencia, autonomía funcional,
financiera y/o presupuestaria de la defensa
pública oficial.
El CJI transmitió la resolución al Consejo
Permanente de la OEA con la recomendación de que
considere elevarla a la Asamblea General para la
eventual aprobación de dichos principios por
parte del Órgano máximo de la Organización.
»
Ver el texto de la resolución “Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas”, CJI/RES.226 (LXXXIX-O/16) de 13 de octubre de 2016.
Para mayor información sobre este tema,
comunicarse con el Departamento de Derecho
Internacional de la OEA – Secretaría Técnica del
Comité Jurídico Interamericano al teléfono + 1
202 370 0743.
