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Comité Jurídico Interamericano - Noviembre 2016

Comité Jurídico Interamericano adopta diez principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas


Durante su más reciente período ordinario de sesiones (octubre de 2016), el Comité Jurídico Interamericano (CJI) aprobó una resolución adoptando 10 principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas, mediante la cual tiene en cuenta que el derecho de defensa es un derecho reconocido por todos los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y que la asistencia jurídica es una garantía para el ejercicio de este derecho y debe ser provista por el Estado. 

Comité Jurídico Interamericano adopta diez principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas

En dicho período de sesiones, el CJI recibió la visita de representantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) con quienes tuvo un fructífero intercambio. AIDEF ha venido desarrollando en los últimos años una serie de proyectos de cooperación con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA (que es la Secretaría Técnica del CJI) con el objetivo de promover capacitaciones a los defensores públicos sobre los diferentes aspectos que contribuyen a la mejora del acceso a la justicia.

Los principios que adopta el CJI, entre otros aspectos, reconocen que el acceso a la justicia es el medio que permite restablecer el ejercicio de los derechos humanos fundamentales que hubiesen sido desconocidos o vulnerados, y que dicho acceso no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial sino que se extiende a lo largo de todas las etapas del proceso. Por otro lado, señala que el trabajo de los Defensores Públicos Oficiales constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia, y que el servicio de asistencia letrada estatal y gratuita es fundamental para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad.

El CJI también señala que los Estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública y que sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, es importante la independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria de la defensa pública oficial.

El CJI transmitió la resolución al Consejo Permanente de la OEA con la recomendación de que considere elevarla a la Asamblea General para la eventual aprobación de dichos principios por parte del Órgano máximo de la Organización.

» Ver el texto de la resolución “Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas”, CJI/RES.226 (LXXXIX-O/16) de 13 de octubre de 2016.

Para mayor información sobre este tema, comunicarse con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA – Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano al teléfono + 1 202 370 0741.

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