La evolución de cómo los países de las Américas entienden y combaten la pobreza

De manera creciente, la agenda de desarrollo social y las políticas públicas y soluciones diseñadas para combatir la pobreza están expandiendo la definición de la pobreza y su medición, agregando nuevos elementos a las medidas tradicionales basadas en el ingreso. Hoy, los gobiernos reconocen que para erradicar la pobreza y alcanzar la equidad, se requiere de un enfoque intersectorial y multidimensional, logrado a través de la articulación de diferentes sectores y la atención a diversos aspectos de la pobreza.

Un ejemplo claro de este nuevo enfoque es el Plan de Acción de la Carta Social de las Américas, ratificado de manera unánime en la 45 Asamblea General de la OEA de junio. El Plan, no solo refleja el consenso regional sobre la importancia de erradicar la pobreza, sino que las 7 líneas estratégicas de intervención que plantea (trabajo, protección social, salud, alimentación y nutrición, educación, vivienda y servicios públicos básicos, y cultura) son un reconocimiento irrefutable de que para combatir la pobreza, se requiere de acciones en diferentes ámbitos para abordar su naturaleza multidimensional.

Este enfoque no es nuevo para la región. Ya en el 2010 cuando se realizó la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social, las autoridades sociales de los Estados Miembros de la OEA reconocieron que “la pobreza y la inequidad son fenómenos multidimensionales que requieren intervenciones intersectoriales y coordinadas en el marco de una estrategia nacional de desarrollo social.” [1]

En este sentido, la OEA-SEDI, a través de la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO), se posiciona como un espacio estratégico para continuar intercambiando herramientas, experiencias y conocimientos en materia protección social. Recientemente y atendiendo a la tendencia regional, la RIPSO identificó el enfoque multidimensional de la pobreza, y en particular las herramientas para medir la pobreza como un área prioritaria de trabajo. Por ello, y en colaboración con gobiernos y agencias especializadas ha realizado una serie de talleres (2014, 2013), un Diplomado en Protección Social que incorpora elementos en este tema y publicó un compendio de experiencias sobre Índices de Pobreza Multidimensional (IPM). 

Un aliado de la OEA en este esfuerzo ha sido el Gobierno de Colombia, que a través de su Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es uno de los líderes regionales en la implementación de los IPM. En junio, el DPS, en colaboración con el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford, organizó el Tercer Encuentro de la Red de Pares de Pobreza Multidimensional (MPPN), al que asistieron representantes de 22 países y 10 organizaciones internacionales, incluyendo la OEA.

En la apertura del evento en Cartagena, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, afirmó que “la pobreza tiene muchas caras y debemos de enfrentar cada una de esas caras”. Adicionalmente, el Presidente enfatizó que “el IPM es una brújula que guía nuestras acciones” y que con “el músculo de muchas entidades empujando para un mismo lado, hemos logrado mucho”. En efecto, Colombia ha logrado una notable reducción en la pobreza multidimensional, pasando en 4 años de 30.4% a 21.9%.

Refiriéndose a una serie de iniciativas emprendidas por el Gobierno de Colombia para apoyar la cooperación Sur-Sur en materia de IPM, el Presidente Santos destacó la actividad conjunta de Colombia y la OEA en septiembre de 2014, con la colaboración de OPHI, para compartir la experiencia del IPM del país con sus vecinos latinoamericanos.

La trayectoria y las herramientas de trabajo que la OEA ha puesto a disposición de los países a través de la RIPSO durante los últimos 5 años cobran hoy mayor importancia, en la medida en que la región busca reforzar el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de protección social y lucha contra la pobreza multidimensional. Sin duda, la Organización está llamada a tener un papel estratégico en el apoyo a los Estados Miembros para implementar uno de los principales documentos emanados de la Asamblea General de 2015, el Plan de Acción de la Carta Social de las Américas.