El compromiso regional con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“La demanda
ciudadana por una igualdad económica, política y social, apunta
hacia la necesidad de dar respuestas, y ha impulsado a la región a
una búsqueda por un nuevo paradigma del desarrollo,” declaró el
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza en el diálogo
realizado el 24 de febrero sobre los avances y el futuro del
“Protocolo de San Salvador,” que consagra los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
El
“nuevo paradigma del desarrollo” resaltado por Insulza, se refiere
al consenso regional y global sobre la importancia de la equidad y
la igualdad. Como prueba de ello, mencionó los nuevos compromisos
adquiridos por lo Estados Miembros en este ámbito, incluyendo la
aprobación de la Carta
Social en
2012, y de su Plan
de Acción
este mismo mes. Asimismo, destacó que tanto la Declaración
de la Asamblea General de la OEA en 2014 como
la VII
Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril en Panamá,
hacen referencia directa a la inclusión social.
Al
reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de los
ciudadanos de las Américas, el Protocolo de San Salvador es otro
instrumento regional para abordar el reto de la desigualdad. Así lo
destacaron durante la
mesa redonda de políticas expertos en materia de derechos
y políticas sociales, quienes abordaron los avances en la
implementación del Protocolo, y su inserción en la discusión de la
agenda para el desarrollo post 2015. El diálogo se realizó en la
sede de la OEA en Washington DC, coincidiendo con el inicio del
primer período de sesiones
del
Grupo de
Trabajo encargado de dar seguimiento al Protocolo.
Este
periodo de sesiones representa un paso muy significativo, dado que
el Grupo de Trabajo analizó los informes nacionales de 3 Estados
Parte del Protocolo de San Salvador, en los cuales los países dan
cuenta de los
avances realizados basados en una serie de indicadores específicos.
Estos indicadores de progreso (elaborados por el Grupo de
Trabajo y aprobados por los Estados Miembros) son priorizados a
través de una metodología o sistema pionero que aborda los derechos
a la seguridad social, salud, educación, trabajo y derechos
sindicales, alimentación adecuada, medio ambiente sano, y a los
beneficios de la cultura.
Durante el periodo
de sesiones del Grupo de Trabajo, los expertos afirmaron que “el
sistema busca que los indicadores sean un instrumento útil para el
diseño y evaluación permanente de las políticas públicas de los
Estados Miembros, tendientes a asegurar el cumplimiento del conjunto
de los derechos económicos, sociales y culturales con un enfoque
realista de equidad y justicia social.”
La OEA, a través del Departamento de Inclusión Social (DIS) de la
SEDI, opera como Secretaría Técnica del Protocolo de San Salvador y
apoya la labor del Grupo de Trabajo. El Grupo está compuesto por
ocho expertos provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
México y Uruguay, y de miembros de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
