Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción

Descripción

La Convención se origina en el reconocimiento de la Asamblea General de la ONU, de que es necesario contar con un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción. Por tal motivo se estableció en Viena un comité especial para elaborar dicho instrumento internacional, el cual elaboró el texto de la Convención entre 2002 y 2003, el cual fue aprobado por la Asamblea General el 31 de octubre de 2003. La Convención tiene como marco de aplicación a los sectores público y privado, y se han constituido parte de esta 182 países a nivel mundial, de los cuales 24 pertenecen al hemisferio Americano, como lo son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción contempla en el contenido de sus disposiciones, cinco (5) áreas de acción establecidas como obligaciones para las Partes: Prevención, Penalización, Cooperación Internacional, Recuperación de Activos y Mecanismos de aplicación.

Prevención

• Medidas como el establecimiento de órganos contra la corrupción y el mejoramiento de la transparencia en la financiación de campañas electorales y partidos políticos dirigidos tanto al sector público como privado.
• Estipulaciones relativas a la prevención de la corrupción en el poder judicial y la materia de contratación pública.
• La Convención exhorta a los países que promueven activamente la participación de las organizaciones de base comunitaria, así como de otros integrantes de la sociedad civil, a fin de lograr una mayor sensibilización del público frente a la corrupción.

Penalización

Los países deberán tipificar como actos de corrupción una gama más amplia de delitos penales y de otra índole. Ello incluye no sólo las formas más comúnmente reconocidas como corrupción, como en los casos del soborno y la malversación de fondos públicos, sino también en lo que se refiere al tráfico de influencias y la ocultación, “blanqueo” del producto de la corrupción ya sea en el sector público o privado.

Cooperación Internacional

Los países convienen en cooperar en la lucha contra la corrupción, incluyendo actividades de prevención e investigación, y en el enjuiciamiento de los delincuentes. La Convención obliga también a los países a prestar formas concretas de asistencia judicial recíproca en la reunión de transferencia de pruebas para su utilización en los tribunales y para la extradición e investigación de delincuentes. Los países deberán también adoptar medidas para apoyar la localización, congelación, incautación, decomiso del producto de la corrupción; no pueden denegar asistencia sobre la base del secreto bancario, y sólo podrán invocar los requisitos de la doble incriminación en casos limitados.

Recuperación de Activos

Entre las medidas relativas a la recuperación de activos figuran la prevención y detección de la transferencia de activos adquiridos ilícitamente. Se establece un marco de recuperación de activos de alcance global que cubre tanto a países del Norte como del Sur, la recuperación de bienes y la devolución y disposición legal de activos. –Respecto de esto, vale mencionar la creación de mecanismos para la implementación de estas medidas, como la Iniciativa para la Recuperación de Bienes Robados (StAR, por sus siglas en inglés).

Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Como resultado de la tercera reunión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, celebrada en Doha entre el 9 y el 13 de noviembre de 2009, se adoptó un mecanismo para apoyar la efectiva aplicación de la Convención, mediante la Resolución 3/1.

El Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla fases de examen; cada una de dos ciclos de cinco años de duración cada uno. Durante el primero de estos ciclos, en el que se deberá examinar el 25% de los Estados parte, incluirá el cumplimiento de lo establecido por dos capítulos de la Convención: Capítulo III, Penalización y aplicación de la ley, y IV, Cooperación Internacional. En el segundo ciclo, por otra parte, se examinará lo correspondiente a los capítulos II, Medidas preventivas, y V, Recuperación de Activos.

El Mecanismo está sujeto a la autoridad de la Conferencia de los Estados Parte (Artículo 63 de la Convención), y tiene bajo su cargo promover la aplicación de la Convención y la cooperación entre los Estados parte, para lo que contará con el apoyo de una Secretaría.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  se hace cargo de actividades vinculadas a la prevención de delitos y la justicia penal. Promueve, entre los Estados Miembros de la Organización, el establecimiento de sistemas adecuados y estables de justicia penal, y sus programas hacen especial énfasis en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos financieros, la corrupción y el terrorismo. Cuenta con una red de 22 oficinas alrededor del mundo, además de dos oficinas de enlace ubicadas en Nueva York y Bruselas.

Es el programa a cargo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, designado como la Secretaría de la Conferencia de los Estados Parte. Adicionalmente, mediante apoyo técnico y asistencia a los países miembros de la Organización, en materia de lucha contra la corrupción y los crímenes económicos, la UNODC contribuye a la implementación de la Convención.

La Asamblea General de la ONU designó el 9 de diciembre de 2009 como el día Internacional contra la Corrupción. Con ese motivo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se unieron para lanzar la Campaña Internacional: Corrupción Súmate al NO, con el objetivo de fomentar la conciencia en todo el mundo respecto de la corrupción y la necesidad de combatirla.

StAR, ONUDD (Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados)

La iniciativa Star fue lanzada el 17 de Septiembre del año 2007, por la oficina de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y el Delito (ONUDD), y el Banco Mundial.

El propósito principal de StAR es reducir las barreras existentes que dificultan la recuperación de activos, y además ayudar a prevenir su robo y ocultación.

De esta manera, StAR apoya los esfuerzos de países que buscan recuperar capitales públicos que se encuentran ocultos en el extranjero; trabajando conjuntamente con los países receptores de dichos activos y con aquellos que han sido víctimas de este delito; con centros financieros y con países en vías de desarrollo.

Un principio fundamental de la iniciativa StAR es la acción global con la voluntad política de los países involucrados (Plan de Acción de la Iniciativa StAR.)

El Pacto Mundial (The Global Compact)

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en 4 áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales Medio Ambiente y Corrupción.

El Pacto, que conglomera a varios miles de empresas en más de 100 países, se puede considerar, por su envergadura, como la iniciativa de ciudadanía más grande del Mundo. Aquellas empresas que se adhieran al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente y fomentan la construcción de sociedades más prósperas. En este contexto, El Pacto le da un importante impulso al compromiso por parte de las empresas de combatir la corrupción mediante la adopción, en junio de 2004, del Décimo Principio, el cual se deriva de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Décimo Principio: “Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno”.

Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)

Descripción

En 1996 los Estados miembros de la OEA adoptaron la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). La CICC “establece obligaciones vinculantes dentro del marco del derecho internacional e identifica los actos de corrupción a los que se aplicará, así como principios para combatir eficazmente la corrupción. Enfatiza la importancia de las medidas para prevenirla; aborda el desarrollo institucional y la aplicación efectiva de las medidas que se adopten para enfrentarla; exige la tipificación de ciertas conductas corruptas específicas; y contiene disposiciones sobre extradición, incautación de activos, asistencia jurídica recíproca y asistencia técnica en casos de corrupción que ocurran en otros Estados Parte o que los afecten.” La Convención de la OEA está dirigida a los funcionarios del sector público que cometan actos de corrupción. Actualmente, 33 de los 34 Estados miembros de la Organización han ratificado la Convención.

La Convención de la OEA, contempla en el contenido de sus disposiciones, tres (3) áreas de acción establecidas como obligaciones para las Partes: Prevención, Penalización y Cooperación Internacional y Recuperación de Activos.

Prevención

La Convención propone a los Estados Parte considerar la aplicación de estándares de conducta en el sector público, tal como lo establece el Articulo III de la Convención, así: sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos de las personas que desempeñan funciones públicas, sistemas de contratación y adquisición de bienes y servicios que aseguren los principios de publicidad, efectividad y eficiencia de tales sistemas, sistemas de recaudación que disuadan la corrupción, sistemas para proteger a los denunciantes de actos de corrupción, y requisitos de mantenimiento de libros y registros para las sociedades mercantiles. Igualmente, se establecen mecanismos para el fomento de la participación de la sociedad civil para prevenir la corrupción, y el fortalecimiento de los Órganos de Control Superior para desarrollar instrumentos modernos de prevención, detección, sanción y erradicación de acciones corruptas.

Penalización

La Convención de la OEA incluye una enumeración de delitos, tales como el soborno nacional y extranjero, el tráfico de influencias, la desviación, y el encubrimiento de bienes y el enriquecimiento ilícito.

Cooperación Internacional y Recuperación de Activos

La Convención de la OEA abarca disposiciones especiales en temas de extradición e incluye la asistencia recíproca de los Estados Parte que, conforme a su legislación interna, tengan la capacidad de apoyar en investigaciones, procesos y otras medidas. Estipula también la asistencia técnica para la prevención, detección y castigo de los actos de corrupción; y en lo relacionado a la identificación, rastreo, congelación, incautación y decomiso de bienes o productos.

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Si bien el texto mismo de la Convención no establece un mecanismo propio para su seguimiento, este se estableció con posterioridad a su adopción. En el año 2001, en la conferencia de los Estados Parte celebrada en la ciudad de Buenos Aires, se introdujo el sistema de monitoreo denominado el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-.

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción –MESICIC-

El MESICIC es un “instrumento que permite a los Estados Miembros de la OEA que ratificaron la mencionada Convención, promover su implementación, dar seguimiento a los compromisos asumidos por ellos, y facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas y armonización de legislaciones.” El MESICIC ha llevado a cabo hasta el momento dos rondas de análisis del Comité de Expertos, el cual está compuesto por los representantes designados por los gobiernos de los países signatarios de la Convención. En el Informe Hemisférico de la Primera Ronda de Análisis y en el Informe Hemisférico de la Segunda Ronda de Análisis puede encontrarse más información sobre el estado de implementación legal de la CICC. En la actualidad, se encuentra en curso la Tercera Ronda de Análisis, cuya primera reunión se llevo a cabo en el mes de Septiembre de 2009 y, de acuerdo con el calendario establecido para la misma, culminará en septiembre de 2011.

Otros Instrumentos

Otros instrumentos y documentos adoptados por los países miembros de la Organización ponen en evidencia la importancia de temas como la búsqueda de la transparencia, la Integridad, la Democracia, la Gobernabilidad y el Acceso a la Información en la Agenda Interamericana. Algunos ejemplos de especial relevancia son los siguientes:

La Carta Democrática Interamericana la cual señala, entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.”

En La Declaración de Nuevo León los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se comprometen a “contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información.”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos aduce que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. ”
(Artículo 13, Num.1).

Secretaría de Asuntos Políticos - SAP

La SAP, que adoptó gran parte de las actividades de la anterior Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), es la encargada de coordinar las actividades de la Secretaría General de la OEA relacionadas con los temas políticos, y de colaborar con los Estados Miembros, el Proceso de Cumbres, las Organizaciones Internacionales, y otras entidades, a fin de darle seguimiento a los mandatos de los Cuerpos Políticos de la Organización y de responder a los desafíos que surjan en el Hemisferio en asuntos relacionados con su actividad.

Dentro de los objetivos específicos de la SAP, que se relacionan con la temática de la Guía, se encuentran en particular las desarrolladas por el  Departamento para la Gestión Pública Efectiva el cual enfoca buena parte de sus acciones al fortalecimiento de la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado; y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, el cual desarrolla actividades de observación y acompañamiento a procesos electorales de países miembros de la OEA, provee asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento y el incremento de la transparencia y la confiabilidad de los sistemas electorales.

Departamento para la Gestión Pública Efectiva - DGPE/SAP

Mediante su Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) brinda apoyo integral a los Estados Miembros en materia de gestión pública para lograr las metas nacionales de desarrollo, a través de programas nacionales de asistencia técnica integral, redes regionales de cooperación de alto nivel entre sectores públicos, programas de capacitación e investigación y  proyectos específicos.

El propósito es fortalecer en los Estados Miembros competencias indispensables para el fortalecimiento institucional de organismos del poder ejecutivo y del legislativo. Para dicho fin el Departamento brinda asistencia en el diseño e implementación de mecanismos para la gestión pública efectiva, incluyendo estrategias organizacionales y de planificación para apoyar el crecimiento y la transformación productiva; mecanismos de coordinación intragubernamental y metodologías de  evaluación de la gestión por resultados; estrategias para la profesionalización de la función pública (i.e. servicio civil); mecanismos de transparencia, integridad y rendición de cuentas, descentralización; herramientas de gobierno electrónico, registro civil, catastro; estrategias de alianzas público-privadas para formulación de políticas públicas y consenso.

El DGPE cuenta con las siguientes secciones:

Poder Ejecutivo

Ofrece asistencia técnica integral a ministerios nacionales y entidades ejecutoras y también a gobiernos nacionales y estatales. Además promueve la cooperación horizontal a través de redes gubernamentales de funcionarios públicos responsables por áreas clave de la gestión.

Poder Legislativo

Provee servicios de apoyo técnico y consultoría para contribuir a que los cuerpos legislativos sean más eficaces. También ofrece foros de cooperación e intercambio a nivel interparlamentario.

Instituto para la Gestión Pública

Ofrece oportunidades de capacitación, tanto en línea como presenciales para funcionarios de gobierno y líderes jóvenes, entre otros. Desarrolla, también, investigaciones sobre temas de importancia que contribuyen a fortalecer la gestión pública. Además proporciona apoyo a redes de ex alumnos de cursos de capacitación de la OEA para promover el intercambio de experiencias y de nuevas ideas para alimentar la labor del Departamento. Cabe destacar que dentro de su portafolio de cursos en línea cuenta con el curso virtual: Mecanismos y Estrategias para la Promoción de la Transparencia y la Integridad.

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral -DECO/SAP

El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, dentro del marco de sus funciones, desarrolla y mantiene un servicio de acompañamiento permanente de observación de los sistemas y procesos electorales para los países del Hemisferio. Uno de los programas específicos para el cumplimiento de tal función, es la Unidad de Misiones de Observación Electoral -MOE-, la cual busca consolidar e incrementar la integridad, la transparencia, la imparcialidad y la confiabilidad de los procesos electorales en el hemisferio. Asimismo, dichas Misiones refuerzan la credibilidad en las instituciones democráticas observando el desarrollo de las elecciones, el desarrollo de las campañas políticas, el papel de los medios de comunicación, los procesos de votación y el conteo y cómputo de resultados, entre otros aspectos.

Igualmente, la Unidad de Cooperación Técnica, entre cuyas funciones principales están, contribuir a la modernización y el mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan los organismos electorales a la ciudadanía, y fortalecer la capacidad institucional de los países para realizar elecciones transparentes, justas y libres; ha realizado una serie de Proyectos de Cooperación Técnica Electoral, consistentes en promover la imparcialidad y transparencia en los procesos y sistemas electorales.

Secretaría de Asuntos Jurídicos - SAJ

La Secretaría de Asuntos Jurídicos tiene como misión “desarrollar, promover e implementar el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesorar en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoyar los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas; actuar como depositario y fuente de información de los Tratados Interamericanos y Acuerdos de la OEA y sus órganos; divulgar información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y prestar otros servicios relacionados con la cooperación jurídica Interamericana”. Dentro de las dependencias de la Secretaría, identificadas con la temática de esta Guía, podemos encontrar, el Departamento de Derecho Internacional y el Departamento de Cooperación Jurídica (Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica).

El Departamento de Derecho Internacional, dentro de sus áreas de trabajo, contribuye a la implementación de los resultados del estudio: Recomendaciones sobre Acceso a la Información, siguiendo el mandato de las Resoluciones de la Asamblea General respecto de este tema. En el marco de este estudio, además de las recomendaciones para la adopción de marcos legales relativos al tema, se discuten también los antecedentes que establecen el acceso a la información como un derecho humano y un derecho democrático, fundamental para una buena gobernabilidad en los Estados.

Departamento de Cooperación Jurídica (Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica)

El Departamento de Cooperación Jurídica, en concordancia con el objeto de esta Guía, actúa como Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la CICC –MESICIC- al que brinda apoyo en su propósito de promover y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), por parte de los países miembros de la OEA que la ratificaron.

Las Reuniones de Ministros de Justicia (REMJA), a través de las cuales los Ministros de Justicia o los Procuradores Generales de las Américas, combinan los esfuerzos de los gobiernos de sus países, con miras a fortalecer la cooperación jurídica y judicial entre los Estados del Hemisferio.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato nace de la Carta de OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para actuar en representación de los países miembros de la Organización. Es una de las entidades del Sistema Interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas.

Dentro de esta entidad, se encuentra la Relatoría para la Libertad de Expresión, la cual tiene dentro de sus funciones, proteger el derecho de emitir, difundir y recibir información en los países del hemisferio. En estrecha relación con los temas de la Guía, esta área de la OEA ha realizado sucesivos estudios sobre el estado de avance del derecho de acceso a la información pública en el Hemisferio. El más reciente de éstos es el Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información, el cual tiene como objetivo servir como herramienta útil de trabajo para facilitar la comprensión del derecho de acceso a la información.

De manera conjunta con el Departamento de Derecho Internacional, la Fundación para las Américas y el Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, la Relatoría para la Libertad de Expresión avanza en el propósito de apoyar a los países miembros de la OEA en la implementación de los resultados del estudio: Recomendaciones sobre Acceso a la Información, siguiendo los mandatos sucesivos de la Asamblea General respecto de este tema.

Secretaría de Cumbres de las Américas

La Secretaría de Cumbres de las Américas es un instrumento para el seguimiento al Proceso de Cumbres de las Américas, y es la encargada de realizar tareas de apoyo para la planeación, implementación, difusión y seguimiento de los mandatos. Uno de los enfoques principales de estos mandatos es el de implementar el mantenimiento y el fortalecimiento de los valores y prácticas de la democracia. Estos mandatos son:

• I Cumbre de las Américas, Miami, Florida -1994.
• II Cumbre de las Américas, Santiago, Chile -1998.
• III Cumbre de las Américas, Quebec, Canadá -2001.
• Cumbre Extraordinaria de las Américas, Monterrey, México – 2004.
• IV Cumbre de las Américas, Mar de Plata, Argentina -2005.
• V Cumbre de las Américas Puerto España, Trinidad y Tobago. 2009.

Sociedad Civil - Secretaría de Relaciones Externas

La Secretaría de Relaciones Externas, a partir de enero de 2008, es la encargada, entre otras tareas, de fomentar la participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA. Esto con el fin, de llevar a cabo planes de acción dirigidos al fortalecimiento de la conciencia pública de todos los ciudadanos de los países del Hemisferio Americano y de desarrollar, en conjunto con la Secretaría de Cumbres de las Américas, una sección denominada Participación de la Sociedad Civil, la cual contiene un espacio virtual de consulta de la sociedad civil sobre los temas principales del proceso de cumbres.

Igualmente, la Sección de la Sociedad Civil coordina las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, y lleva a cabo el proceso de registro de las organizaciones de la sociedad civil en la OEA.

La OEA y la promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública:

La importancia de este derecho ha sido reconocida en diversos instrumentos emanados de los cuerpos políticos de la OEA, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Carta Democrática Interamericana (2001), la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas, Quebec 2001, y de la Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Nueva León, México 2004. De la misma manera, varias resoluciones de la Asamblea General han impartido instrucciones precisas a la Secretaría General para avanzar acciones concretas en la materia. Por último, quizás el pronunciamiento de mayor impacto en relación con este tema, ha sido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que declarara el Derecho de Acceso a la Información pública como un “derecho humano autónomo”.

El trabajo que se lleva a cabo en la actualidad sobre este tema incorpora los esfuerzos tanto de los cuerpos políticos de la Organización, como de distintas áreas de la Secretaría General, las cuales contribuyen desde los distintos ángulos de su interés, incluyendo el punto de vista  jurídico, de los derechos humanos, de la gestión pública efectiva, de la sociedad civil y de la participación ciudadana. Entre los productos que han surgido de este trabajo conjunto vale la pena destacar la Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública y Guía para la implementación de la Ley.

La preparación de la Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública  tuvo como antecedentes varios estudios y reportes sobre los alcances de este derecho y sobre la situación del mismo en los países de la región, la elaboración de un “Estudio de Recomendaciones sobre Acceso a la Información Pública” y la realización de varias sesiones especiales de los Cuerpos Políticos con la participación de expertos internacionales en la materia.  Para la redacción de la Ley Modelo y de la Guía de implementación de la misma se conformó un grupo de expertos internacionales y de especialistas de distintas áreas de la Secretaría General. Puesto que se trata de una herramienta de referencia para el diseño o el mejoramiento de las legislaciones nacionales sobre el tema, la Ley se realizó siguiendo los estándares internacionales, teniendo especial cuidado de que su contenido fuese aplicable tanto a los sistemas de derecho civil como anglosajón, con el fin de abarcar el contexto de todos los países de la región.

Un indiscutible aporte, resultado también de esta iniciativa, es la “Guía de implementación de la Ley Modelo”. La Guía fue concebida como un instrumento complementario a la ley, con lineamientos para la interpretación e implementación efectiva de la misma. Su objetivo es apoyar a los países en la identificación de medidas específicas aplicables a distintos aspectos de la organización y operación de un sistema de acceso a la información.

La versión final de la Ley Modelo y de la Guía fue adoptada por la Asamblea Permanente de la Organización en Lima, Perú, en junio de 2010.

Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Descripción

El 21 de Noviembre de 1997,  los 30 países miembros de la OCDE en conjunto con 6 países no miembros, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Estonia y Eslovenia,  adoptaron la Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

La Convención a través de sus disposiciones, penaliza a personas o empresas que, en sus transacciones comerciales internacionales, sobornen a funcionarios públicos extranjeros para obtener un beneficio en sus negocios. En la actualidad, son Estados Partes Americanos de la Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y México. La Convención de la OCDE contempla en el contenido de sus disposiciones, cinco (5) áreas de acción establecidas como obligaciones para las Partes: penalización, blanqueo de dinero y disposiciones sobre el sector privado:

Penalización

Exhorta a los Estados Parte a adoptar medidas necesarias para tipificar el delito de Soborno Trasnacional y a sancionar sus actos en las transacciones comerciales internacionales.

Blanqueo de Dinero

Se exige a los Estados Parte contemplar el delito de Lavado de Activos, por la ocultación de lo obtenido de los actos corruptos.

Disposiciones sobre el Sector Privado

Se le prohíbe a las partes la creación de cuentas diferentes al libro de contabilidad y de actividades contables similares como forma de facilitar u ocultar el soborno por parte de funcionarios públicos extranjeros.

Cooperación Internacional

La Convención prevé la asistencia jurídica mutua y el intercambio de información, debido a la existencia de varios actores participantes en el soborno trasnacional.

Monitoreo

En su Artículo 12, la Convención establece un monitoreo de cooperación entre las Partes, en cuanto a una evaluación de seguimiento para promover su implementación.
Para el seguimiento de la Convención de la OCDE, se creó el Grupo de Trabajo Sobre Cohecho, el mismo que está conformado por expertos de los 37 países participantes. El grupo de trabajo se reúne cuatro a cinco veces por año en la sede de la OCDE en París, y está encargado de monitorear el cumplimiento de la convención. Dicho proceso de implementación comprende dos fases. La primera fase incluye una evaluación de la legislación respectiva en los países participantes, en tanto que la segunda fase implica una reunión con autoridades oficiales de los países participantes, personalidades del sector privado así como de la sociedad civil.
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Asimismo, el Artículo VIII de la Recomendación Revisada establece procedimientos para la evaluación mutua de los países partes.

Programa de Buen Gobierno

El Programa de Buen Gobierno de la OCDE ayuda a los países a identificar las fuentes y los incentivos que causan la corrupción. También ayuda a promover una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas. La visión de la OCDE sobre la promoción de la integridad en el ámbito público se manifiesta a través del llamado “Marco de Integridad”,  que combina instrumentos, procesos, estructuras, y condiciones para la implementación y el desarrollo dinámico de los mismos en las organizaciones del sector público.

La OCDE ayuda a los países, incluyendo a Latinoamérica y el Caribe, a revisar y modernizar sus sistemas para la prevención de conflictos de intereses y la corrupción en el servicio público. Estos esfuerzos se han enfocado, en los últimos años, en áreas vulnerables a situaciones de corrupción, tales como la contratación pública, el manejo de los contratos y el Lobby.

Con base en la revisión y análisis de las buenas prácticas en los países, la OCDE ha desarrollado una serie de instrumentos políticos, lineamientos de implementación y herramientas prácticas con el fin de ayudar a los que elaboran e implementan políticas, a promover la integridad y fomentar la resistencia a la corrupción en el sector público.

Las publicaciones claves realizadas por el Programa de Buen Gobierno son las siguientes:

• OECD Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying (2010)
• Enhancing Integrity in Public Procurement (2009).
• Keeping Government Contracts Clean, OECD Policy Brief (2008).
• Lobbyists, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing Transparency and Accountability in Lobbying (2008).
• Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z (2007).
• OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD Policy Brief (2005).
• Public Sector Integrity: A Framework for Assessment (2005).
• Managing Conflict of Interest in the Public Service: A Toolkit (2005).
• Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement (2005).
• Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences (2003).
• Public Sector Transparency and Accountability: Making It Happen (2002).
• Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries (2000).

Lucha contra la Corrupción - Gobierno OCDE

El programa de lucha contra la corrupción, ubicado en el área de Gobierno de la OCDE, esta dirigido a manejar las amenazas de corrupción en el buen gobierno, el desarrollo sostenible, los procesos democráticos y las prácticas en los negocios.

Igualmente, la OCDE ha jugado un papel esencial en la lucha contra la corrupción a través de las acciones de este programa, en particular en lo que se refiere a la promoción de estándares y principios internacionales anticorrupción por medio de las siguientes estrategias:

• Combating the “supply side” of bribery (Combate a la oferta de soborno)
• Preventing bribery through export credits (Prevención del soborno con créditos de exportación)
• Denying tax deductibility of bribes (Rechazo a la deducción de impuestos de los sobornos)
• Promoting responsible business conduct (Promoción de la responsabilidad en la conducta de negocios)
• Preventing corruption in the public sector (Prevención de la corrupción en el sector público)
• Improving governance through development assistance (Mejora de la gobernabilidad a través de la ayuda para el desarrollo)
• Initiatives with non-member economies (Iniciativas con economías de países no miembros)

Cambios en el marco anticorrupción y definición de “prácticas prohibidas” en el BID

A partir del 1 de abril de 2011 el BID implementará algunas reformas a su marco anticorrupción que se aplicarán a los nuevos casos que se reporten ante el organismo por irregularidades y corrupción. Las reformas más importantes tienen que ver con: la creación de la figura del Oficial de Casos, la modificación de la definición de “prácticas prohibidas” y la inclusión de nuevos miembros al Comité de Sanciones externos al BID.

Una vez la Oficina de Integridad Institucional (OII) investigue las denuncias sobre prácticas prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID, entrega sus resultados al Oficial de Casos, quien debe decidir si procede una sanción en contra de un individuo o una firma. Esta decisión puede ser apelada por las partes afectadas ante el Comité de Sanciones, que a partir de la fecha estará integrado por siete miembros, cuatro de los cuáles son miembros externos al BID.

Con la modificación de la definición del término “prácticas prohibidas” se busca que el BID pueda ampliar su capacidad de investigación en casos de corrupción. La nueva definición incluye prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas y obstructivas.

Fortalecimiento de un marco sistémico contra la corrupción para el Banco Interamericano de Desarrollo

Descripción
El documento “Fortalecimiento de un marco sistémico contra la corrupción para el Banco Interamericano de Desarrollo” define las medidas necesarias para que el BID fortalezca e integre las acciones que tiene en vigencia contra la corrupción alrededor de tres pilares de actuación

(i) Pilar I: asegurar que el personal del Banco actúe de acuerdo con los más altos
niveles de integridad y que las políticas y los procedimientos internos de la institución estén orientados a la consecución de ese objetivo;

(ii) Pilar II: asegurar que las actividades financiadas por el Banco estén exentas de fraude y corrupción y que se las ejecute en un adecuado ambiente de control; y

(iii) Pilar III: apoyar los programas que ayuden a los países miembros prestatarios del Banco a fortalecer la buena gestión de gobierno, mantener el estado de derecho y luchar contra la corrupción.

Las directrices que contiene se estructuran sobre el cuerpo existente de políticas y reglamentaciones que dan cuenta del sólido historial del BID en esta materia desde hace más de 40 años.

Documento de Estrategia de Modernización del Estado

El documento de “Estrategia de Modernización del Estado” establece los conceptos básicos que deben guiar las intervenciones del BID, en respuesta a la evidencia que demuestra que el desarrollo equitativo y sustentable requiere de un Estado democrático, moderno y eficiente que promueva el crecimiento económico. A tales efectos, la estrategia propone un marco de actuación que promueva un marco regulatorio apropiado para el funcionamiento de los mercados; que garantice un ambiente de estabilidad macroeconómica y de confianza y seguridad jurídica y política; que sea capaz de adoptar políticas económicas y sociales apropiadas para la reducción de la pobreza y la conservación del ambiente; e implemente esas políticas de una manera eficiente, transparente y responsable.

Cooperación Técnica Regional

Los programas de Cooperación Técnica Regional del BID benefician a dos o más países miembros prestatarios, con el objetivo de alcanzar un mayor grado de eficiencia en el logro de los objetivos planteados a través del desarrollo de economías de escala, y apoyar la integración regional. El BID ofrece programas de cooperación técnica regional en materia de anticorrupción y transparencia para sus miembros prestatarios a través de recursos ordinarios del Banco y de fondos no reembolsables. Estos últimos recursos se otorgan por intermedio de fondos fiduciarios que subvencionan donaciones de cooperación técnica según sus criterios específicos de elegibilidad.

RG-T1311: Apoyo a la implementación de Convenciones Internacionales contra la Corrupción

El objetivo general del Programa “Apoyo a la Implementación de Convenciones Internacionales contra la Corrupción” es contribuir a la prevención de la corrupción y promover la trasparencia en la gestión pública mediante el apoyo al fortalecimiento institucional. El objetivo específico es apoyar a los países de la Región en la implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción ratificadas por sus gobiernos, fortaleciendo: (i) su capacidad de análisis del grado de cumplimiento; (ii) su capacidad de identificación e implementación de reformas institucionales necesarias para el cumplimiento; y (iii) su capacidad de cooperación regional.

RG-T1307 : "Fortaleciendo la Capacidad de la Sociedad Civil para Monitorear el Cumplimiento de las Convenciones Internacionales"

El objetivo general del Programa “Fortaleciendo la Capacidad de la Sociedad Civil para Monitorear el Cumplimiento de las Convenciones Internacionales” es fortalecer la capacidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil para contribuir al cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción, y otros instrumentos internacionales contra la corrupción, apoyando una participación más activa e informada en el debate de políticas publicas necesario para la implementación de estos instrumentos.

RG-T1553: Transparency and Anti-corruption Mechanisms at the Sub-national Level

El objetivo general del Programa “Transparency and Anti-corruption Mechanisms at the Sub-national Level” es identificar alternativas de reforma de gobernabilidad e integridad a nivel subnacional, tomando en cuenta el contexto de la descentralización en cada país (actores, estructura administrativa, pesos y contrapesos y auditoría).

RS-T1314: Promoting Transparency in Central America

El objetivo general del Programa “Promoting Transparency in Central America” es realizar un análisis del marco legal de los países participantes vis-a-vis la Convención Interamericana Contra la Corrupción. El estudio resultante se presentará en un encuentro en el cual participarán representantes gubernamentales y de la sociedad civil de todos los países involucrados, así como delegados de la Comunidad de Donantes.

RG-T1283: Technical Support for Anticorruption Capacity

El objetivo general del Programa “Technical Support for Anticorruption Capacity” es mejorar la capacidad de procuradores, investigadores y jueces en la investigación y sanciones de casos de corrupción utilizando como base las convenciones internacionales (OEA, ONU, ONUDC).

Fondo de Actividades Anticorrupción

El objetivo del Fondo de Actividades Anticorrupción es fortalecer la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del BID para prevenir y controlar la corrupción mediante el apoyo a la implementación de políticas, mecanismos y/o prácticas de acceso a la información. El Fondo financia iniciativas que promuevan la creación o mejoramiento de mecanismos o sistemas de acceso a la información como herramienta para prevenir y controlar la corrupción. Asimismo, otorga apoyo focalizado a la preparación o ejecución de un proyecto del BID (Préstamos o Cooperaciones Técnicas) en asuntos, estrategias, o metodologías que estén orientados al control o prevención de la corrupción a través del acceso a la información y que no sean cubiertos por los fondos de tales préstamos o cooperaciones técnicas.

Oficina de Integridad Institucional (OII)

La Oficina de Integridad Institucional (OII) es la principal dependencia del Grupo del BID encargada de los temas externos de integridad, fraude y corrupción. Como medida de la importancia que le asigna el Grupo del BID, la Oficina depende directamente del Presidente. La OII coordina su trabajo con otras entidades del Grupo del Banco, especialmente el Comité Supervisor de Investigaciones de Fraude y Corrupción (CSIFC) y el Comité de Sanciones. La OII también desempeña un papel de respaldo en temas de ética e integridad internas y asiste a las unidades del Banco que ayudan a los países miembros a establecer y refinar sus propios programas de integridad.

La OII cumple su mandato ateniéndose a tres pilares definidos en el documento titulado Fortalecimiento de un Marco Sistémico contra la Corrupción para el Banco Interamericano de Desarrollo, un exhaustivo plan de acción del BID sobre la corrupción. Esos pilares son la integridad del personal, el respaldo a los gobiernos de los países miembros y la obligación fiduciaria de asegurar que las actividades financiadas por el Banco estén libres de corrupción.

Programa de Apoyo a la Transparencia en la Gestión Pública
Convenio ATN/SF-9044–BO-2

El Banco Interamericano de Desarrollo y la República de Bolivia, con fecha 22 de marzo de 2005, firmaron un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable denominado "Programa de Apoyo a la Transparencia en la Gestión Pública” ATN/SF-9044-BO por un monto $US 460.00. El objetivo general del indicado Programa es contribuir a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control de la gestión pública.

El Programa está estructurado en 4 componentes orientados al:

i) Fortalecimiento de los Sistemas de Administración y Control gubernamental,

ii) Apoyo a la implementación de la Normativa de Acceso a la Información,

iii) Fortalecimiento institucional para impulsar la transparencia en la Gestión Pública del Gobierno Central y;

iv) Ética y participación ciudadana. Además existe un componente operativo denominado "Gerencia de Proyecto” en el cual están incluidas las contrataciones de un especialista financiero para la administración del Programa, la evaluación final del programa y la auditoría.

Este programa será ejecutado de manera conjunta con la Contraloría General de la República de Bolivia hasta junio del año 2009. Las principales acciones de este convenio están centradas en la prevención a través del Acceso a la información en instituciones públicas. Asimismo desarrolla actividades de capacitación a nivel nacional, en áreas urbanas y rurales a servidores públicos, en temas de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Iniciativa para la recuperación de activos robados

La iniciativa StAR fue lanzada el 17 de Septiembre del año 2007 conjuntamente por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y el Delito (ONUDD).

El propósito principal de StAR es reducir las barreras existentes que dificultan la recuperación de activos, y de esta manera, facilitar una sistemática y más oportuna restitución de activos ilícitamente adquiridos; es decir, pretende apoyar los esfuerzos de países que buscan recobrar activos públicos ocultos en el extranjero, y ayudar a prevenir su robo y ocultación.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción proporciona el marco general para la iniciativa StAR.

De acuerdo con ello, StAR busca apoyar a aquellos países miembros interesados en implementar lo estipulado en la convención.

StAR trabaja con países receptores de activos robados y con aquellos que han sido victimas; con centros financieros y con países en vías de desarrollo.

Proyecto Mecanismos de Rendición de Cuentas Públicas (PAM)

El proyecto de Mecanismos de Rendición de Cuentas Públicas (PAM en sus siglas en Inglés, Public Accountability Mechanisms) forma parte de las actividades del Banco sobre Buen Gobierno y Anticorrupción, y tiene como objetivo proporcionar información oportuna y asistencia operativa del Banco Mundial a los países en los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas Públicas.

Son objetivos principales del PAM:

1) Facilitar el diseño de proyectos relacionados con asuntos de transparencia y rendición de cuentas.
2) Ofrecer un conjunto de indicadores pertinentes que pudiesen utilizarse en monitorear la implementación de reformas en el tema de transparencia en los países interesados.
3) Evaluar los índices, balances y progresos de los países sobre el tema.

Este proyecto se centra en 4 tipos de funcionarios públicos como son:
1) Jefes de Estado
2) Ministro, miembro del gabinete,
3) Miembros del Parlamento y
4) Funcionarios públicos definidos por cada país.

Las Áreas de investigación son las siguientes: Divulgación de Activos, Conflicto de intereses, Libertad de Información, Inmunidad y Formación Ética.

Programas de Aprendizaje sobre Buena Gestión del Sector Público

Los programas de aprendizaje del Instituto del Banco Mundial, comprenden una serie de temas incluyendo el Programa de Buena Gestión del Sector Público. Este programa ofrece "orientación y enseñanzas originadas en prácticas que promueven una buena gestión pública, de adecuada respuesta, responsable y con rendición de cuentas." Así, el programa aborda dos temas interrelacionados: la gestión del sector público y las instituciones de rendición de cuentas en materia de gestión pública.

Herramientas Empíricas para Análisis de Gobernabilidad: Una Nueva Actividad de Aprendizaje

Estas herramientas empíricas comprenden un marco general sobre la gobernabilidad. El programa ofrece una visión general sistemática de las muchas herramientas existentes utilizadas por el Banco Mundial y otras instituciones. El programa se dirige a profesionales y responsables de formular políticas quienes están, o planean estar, involucrados en temas de gobernabilidad.

El objetivo principal de este programa es promover la creación de capacidad dentro del país en las áreas de monitoreo y evaluación y formulación de políticas. En particular, esta actividad de aprendizaje aspira a: promover un mejor entendimiento entre los oficiales de agencias estadísticas y profesionales locales sobre como la buena gobernabilidad puede ser medida y monitoreada; familiarizar a los profesionales y encargados de formular políticas con las herramientas de diagnóstico, sistemas de monitoreo, y enfoques estadísticos existentes; proveer a los participantes con un marco de referencia para la selección de la herramienta de diagnóstico apropiada para utilizar; introducir enfoques alternativos a la recolección de datos y diseño de políticas, enfocándose particularmente sobre el análisis de datos de encuestas y las herramientas de diagnóstico en profundidad.

Programa de Acceso a la Información, Transparencia y Gobernabilidad

Dado que la transparencia es clave para el buen desempeño del sector público, el Programa de Acceso a la Información, Transparencia y Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial tiene como objetivo promover una mayor transparencia en el desarrollo de políticas públicas y fomentar la rendición de cuentas entre los funcionarios públicos. El Programa apoya el diseño e implementación de legislación, y otras normativas, en materia de acceso a la información y transparencia a través de facilitar
el intercambio de conocimientos y experiencias entre diversos actores, tales como funcionarios públicos, miembros de la sociedad civil, periodistas, sector privado, así como proveer asistencia técnica a los diversos actores en los procesos de adopción e implementación de legislación u otras normativas.

Entre otros, el Programa ha apoyado iniciativas de capacitación e intercambios de conocimientos y experiencias entre varios países como México, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia y Argentina. Asimismo, ha apoyado la elaboración de productos analíticos que contribuyen con la adopción e implementación del acceso a la información, tales como manuales, documentos de trabajo y video-entrevistas.

Panorama General del Programa del Instituto del Banco Mundial sobre Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción

El Programa Mundial de Buen Gobierno comprende entre otros temas el buen gobierno, la corrupción, y la ética. Este programa cuenta con herramientas de diagnóstico, datos comparativos e indicadores específicos que utiliza para detectar deficiencias en el desempeño de los países.

Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT)

La Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT, por sus siglas en inglés) investiga las denuncias sobre fraude y corrupción en los proyectos financiados por el Banco, tanto a nivel interno como externo, y lleva sus conclusiones al Sistema de administración de sanciones del Banco. Desde el año 2001, INT ha procesado unos 3.000 casos de supuestos fraudes, corrupción u otras prácticas indebidas, lo cual ha redundado en la inhabilitación de 343 firmas y personas naturales cuyos nombres fueron publicados en el sitio Web del Banco.

A nivel de proyectos, INT, una unidad independiente que eleva sus informes directamente al Presidente del Banco Mundial, investiga las denuncias de corrupción en torno a las operaciones del Grupo del Banco, así como posibles conductas indebidas de su personal, y presenta sus conclusiones a las instancias decisorias del Banco. La institución cuenta con múltiples vías para denunciar prácticas fraudulentas y corruptas, y otras conductas indebidas en los proyectos que financia.