Alcance del Sistema

En Chile, el sistema comprende una variedad de controles internos y externos de la administración pública. Los controles internos se expresan a través del ejercicio del control jerárquico que ejercen las jefaturas de servicio, las que cuentan para el cumplimiento de esta labor con los informes y recomendaciones que emanan desde las unidades de auditoria interna, existentes en cada entidad pública. Los controles externos que son analizados en esta Guía, son aquellos establecidos por órganos externos a las entidades públicas y son, en su mayoría, creados por leyes de la República.

La Contraloría General de la República, junto a los Tribunales de Justicia y las Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, son componentes del sistema de control. Dichos mecanismos de control externo se complementan con los mecanismos de control interno que tiene la propia administración. La Contraloría General de la República es el órgano Superior de Control de la Administración en Chile, consagrado en la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Contraloría (Ley No. 10.336) y otras leyes especiales.

El control de la gestión pública resulta de la acción externa e independiente de un conjunto de órganos constitucional o legalmente autónomos (Contraloría General de la República, Tribunales de Justicia, Cámara de Diputados, Tribunal Constitucional y Consejo para la Transparencia), que desarrollan esta labor conforme a sus estatutos propios, y sin que exista una coordinación central o general entre ellos. Adicionalmente, se desarrolla la acción de otros organismos al interior del aparato del Estado cuya acción se focaliza en colaborar en el control de la gestión pública, bajo criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad del gasto público. (Dirección de Presupuestos y Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno).

Todos estos órganos, desde el ámbito de sus respectivas especialidades y funciones, ejecutan una diversidad de controles sobre la actuación de las autoridades y funcionarios, tanto de carácter preventivo como sancionatorio.

De estos, debe destacarse la Contraloría General De La República, por ser el órgano de Control externo para el fin mencionado.

Ver también: http://www.oas.org/juridico/spanish/chl.htm

La Contraloría General de la República, según la Constitución Política de Chile, y su Ley Orgánica No. 10.336, tiene como función controlar la legalidad de los actos de la Administración, a través de la Toma de Razón; fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos públicos; examinar y juzgar las cuentas de quienes tienen a cargo fondos públicos; llevar la contabilidad general de la Nación; y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo. Por otra parte, su ley orgánica le asigna otras funciones de gran relevancia, como son las de emitir dictámenes, que conforman la jurisprudencia administrativa obligatoria para los funcionarios públicos; y la de auditar los procesos que desarrolla la Administración.

La dirige el Contralor General de la República, quien es designado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado; goza de inamovilidad, y cesa en el cargo al cumplir los 75 años de edad. Además, la Contraloría General de la República de Chile, cuenta con sedes en todas las regiones en que se divide el país, a cargo, cada una de ellas, de un Contralor Regional, que cumple sus funciones bajo dependencia directa del Contralor General, y en coordinación con la sede central de la Contraloría. Así, las funciones de coordinación y cooperación se hacen necesarias para el buen funcionamiento del sistema de control.

Mejoramiento del Sistema

Al inicio de su gestión, en el año 2006,  el gobierno de la Presidenta Michelle  Bachelet presentó al país la Agenda de Transparencia, Probidad, Calidad de la Política y Modernización del Estado, (también conocida como Agenda de Probidad y Transparencia). Esta agenda, que constituyó una de las prioridades del Gobierno, tiene como finalidad “construir un Chile más transparente y una mejor democracia”.

Los mejoramientos propuestos por la Agenda de Probidad y Transparencia incluyen, entre otros temas; la modernización de la Contraloría General de la República (Boletín 4716-07.) El principal cambio propuesto ha sido el elevar a rango constitucional la función de auditoría externa, como uno de los mecanismos de control de los actos de la administración y de fiscalización del ingreso e inversión pública.

Otras áreas en cuyo mejoramiento se ha incidido incluyen la publicación de la información sobre las contrataciones públicas en los sitios Web de cada institución del Estado, un mayor acceso a la información de la Administración Pública, así como la declaración pública por parte de los funcionarios respecto de sus intereses y patrimonio.

Resultados Alcanzados

La implementación de la Agenda de Probidad y Transparencia dio como resultado la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (Boletín 3773-06), la presentación del Proyecto de Ley que crea el Sistema de Auditoría General de Gobierno (Boletín 3937-06), la aprobación de la Ley de Lobby (Boletín 3407-07), la publicidad de la declaración de patrimonio y de intereses (Boletín 4716-07), el perfeccionamiento de los sistemas de compras y contratación pública (Boletín 3937-06), la protección al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad (Boletín 4722-06), inhabilidades parlamentarias (reforma Constitucional a los Artículos 58 y 60 (Boletín 4716-07), reformas a la Ley de Gasto Electoral Nro. 19.884 (Boletín 4724-06), prohibiciones a la intervención electoral del Estado (Boletín 4716-07 y 4724-06), y la ampliación de las restricciones para el revolving door en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (Boletín 4186-07.

Antecedentes

Política Pública de Promoción de la Probidad y la Transparencia.

En Chile, la Promoción de la Probidad y la Transparencia en el ejercicio de la función pública ha sido objeto de una especial preocupación y atención por parte de todos los Gobiernos que se han sucedido a partir de 1990, año en que se reestableció el régimen democrático. Esta preocupación se ha manifestado a través de diversos planes, programas y acciones concretas, impulsadas todas ellas desde la máxima autoridad del Presidente de la República, las que, en su conjunto, han configurado una política pública estatal sobre la materia.

Esta política reconoce a lo largo del tiempo cuatro fases o momentos destacables, todos ellos liderados por el Poder Ejecutivo. Por una parte, se han propuesto iniciativas legislativas, incluso reformas constitucionales, sujetas a la dinámica propia de toda tramitación parlamentaria, destinadas a introducir mecanismos nuevos o a perfeccionar los existentes; y, por otra, se han implementado medidas administrativas de ejecución más expedita.

La Comisión Nacional de Ética Pública (1994)
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El primer hito fue la creación, en 1994, de la Comisión Nacional de Ética Pública (Decreto Supremo N° 423, del Ministerio del Interior, de 5 de abril de 1994), cuya labor concluyó con la entrega de un informe en que se propusieron diversas recomendaciones, que se materializaron en sendos cuerpos legales.

• Debe mencionarse la creación del “Consejo de Auditoria Interna General del Gobierno” (CAIGG), en calidad de órgano asesor de la Presidencia de la República, encargado de  fortalecer el control interno de los órganos y servicios públicos y de las empresas estatales Entre otras funciones, le corresponde: apoyar la generación de instrumentos de control; preparar documentos técnicos; orientar y asesorar la función de auditoria interna; y efectuar seguimiento a los objetivos de control. En cuanto a la labor de Auditoría propiamente tal, ésta es ejecutada, especialmente, por los Auditores Ministeriales y las Unidades de Auditoria Interna. Ver »

• Asimismo, debe destacarse la Ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado (publicada el 14 de diciembre de 1999), que introdujo significativas reformas a la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Entre otras reformas, esta ley explicitó los principios de “probidad” y de “transparencia y publicidad administrativas”; perfeccionó las inhabilidades e incompatibilidades para el ingreso al servicio público; instauró la obligación de las autoridades de hacer “Declaraciones de Intereses”; y especificó las exigencias del interés general y sus formas de expresión.

En el año 2005, a través de la Ley N° 20.050 (publicada el 26 de agosto de 2005), los principios de “probidad” y de “transparencia” en el ejercicio de la función pública fueron incorporados a la Constitución Política de la República, como una exigencia general y fundamental para todos los poderes y órganos del Estado.

• Otro cambio importante de esta ley, fue la consagración formal del derecho de las personas de acceder a la información en poder de los órganos y servicios de la Administración del Estado, así como un Recurso de Amparo del mismo derecho ante los Tribunales Superiores de Justicia.

Como ya mencionamos, este derecho de acceso a la información del Estado fue perfeccionado y complementado por la Ley Nº 20.285, publicada el 20 de agosto de 2008, que, entre otras medidas destinadas a garantizarlo, creó el “Consejo para la Transparencia”, órgano autónomo, dotado de amplias facultades fiscalizadoras, normativas y sancionadoras.

Ver sobre la materia el Manual Básico sobre aplicación práctica de la Ley de Probidad y otras materias de especial relevancia para el Control, publicado en noviembre de 2000 por el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG).

Los Acuerdos Político-legislativos para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento (2003)

El segundo hito, fue el amplio acuerdo político que el Gobierno alcanzó con la oposición, en el año 2003, que abarcó un vasto conjunto de iniciativas propias de reforma del Estado, las que se materializaron en diversos cuerpos legales, que se mencionan a continuación:

• La Ley N° 19.863 sobre Remuneraciones de Autoridades de Gobierno y Cargos Críticos de la Administración Pública y Da Normas sobre Gastos Reservados (publicada el 6 de febrero de 2003), que dispuso normas sobre probidad y transparencia presupuestaria en materia de esta clase de gastos.

• La Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos (publicada el 29 de mayo de 2003), destinada a mejorar la atención de las solicitudes y requerimientos del público, acortando los tiempos de respuesta, simplificando los procedimientos y haciendo más transparente las actuaciones de sus órganos y servicios.

• La Ley Nº 19.882, llamada del Nuevo Trato Laboral (publicada el 23 de junio de 2003), que extendió la carrera funcionaria, estableció una nueva política de remuneraciones, y creó la “Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública”, que asumió la función de implementar medidas para fortalecer la profesionalización del servicio público, asegurar los principios del mérito, la idoneidad y la probidad, y de gestionar dicho Sistema, responsable de la selección, formación, evaluación y desarrollo de los altos directivos de la Administración.

• La Ley Nº 19.884, de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, (publicada el 5 de agosto de 2003), que reglamentó las donaciones y el gasto de campañas e introdujo el financiamiento público de las mismas.

• La Ley N º 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (publicada el 30 de julio de 2003), que reformó el sistema de compras públicas y creó la “Dirección de Compras y Contratación Pública”, cuya implementación ha contribuido significativamente a aumentar lo niveles de transparencia y la eficiencia en esta importante actividad del Estado.

La Agenda de Transparencia, Probidad, Calidad de la Política y Modernización del Estado (2006).
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El tercer hito acontece a fines del año 2006, en que, como también hicieran sus predecesores en el cargo, la Presidenta Michelle Bachelet presentó al país su política pública sobre la materia, constituida por un cuerpo de iniciativas que denominó Agenda de Transparencia, Probidad, Calidad de la Política y Modernización del Estado (también conocida como “Agenda de Probidad y Transparencia”).

A mediados de ese año, la Presidenta Bachelet encargó a una Comisión de Expertos la formulación de nuevas propuestas sobre probidad y transparencia, y, posteriormente, promulgó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ocasión en que anunció la conformación de un equipo de trabajo encargado de implementar las propuestas más significativas del mencionado Comité.

Esta “Agenda” comprendió el desarrollo e implementación de medidas administrativas y una lista de iniciativas legislativas.

Entre las medidas administrativas adoptadas a partir de la Agenda, destacan:

• Instructivo Presidencial Nº 8, sobre “Transparencia Activa y Publicidad de la Información de la Administración del Estado.

Fue emitido el 4 de diciembre de 2006.

A través de él, la Presidenta de la República dispuso que todos los órganos y servicios de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada, debían publicar en sus sitios electrónicos institucionales, de modo permanente y actualizado, toda la información institucional relevante, como, por ejemplo, las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, los socios y accionistas de las empresas prestadoras; el personal de la organización, incluyendo a las personas contratadas a honorarios; y las transferencias de fondos.

Esta medida estuvo totalmente implementada en marzo de 2007.

• Manual de Probidad y Transparencia del Personal de la Administración del Estado de Chile.
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Se dio a conocer el 15 de enero de 2008. Con él se puso a disposición de autoridades y funcionarios, por primera vez, un compendio de consulta de la totalidad de las normas jurídicas vigentes sobre probidad y transparencia, que se hallan dispersos en distintos cuerpos legales.

• Programa de Capacitación en Probidad y Transparencia 2008-2012.

Se trata de un inédito y ambicioso plan, destinado a capacitar, en ambas materias, a la totalidad de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, en el plazo de cinco años. El encargado de su implementación, iniciada el 2008, es la Dirección Nacional del Servicio Civil. Comprende cursos de inducción para quienes se inician en el servicio público; de perfeccionamiento para las altas autoridades públicas; de especialización para quienes desempeñan puestos críticos; y de conocimientos generales para los demás funcionarios.

Entre las iniciativas legislativas enviadas al Congreso Nacional, en diciembre de 2006, pueden mencionarse las siguientes:

• Indicación sustitutiva (Mensaje N° 523-354) de la Moción Parlamentaria sobre acceso a la información pública (Ley Nº 19.653, de 1999), en trámite desde el 4 de enero de 2005 (Boletín 3773-06).

• Indicación modificatoria (Mensaje N° 581-354) del Proyecto de Ley que, entre otras materias, Establece el Sistema de Auditoría Interna General de Gobierno y perfecciona los sistemas de compras y contratación pública, en tramitación desde el 20 de julio de 2005
(Boletín 3937-06).

• Indicación modificatoria (Mensaje N° 510-354) al Proyecto de Ley que Regula el Lobby, en tramitación desde el 5 de noviembre de 2003 (Boletín 3407-07).

• Indicación modificatoria (Mensaje Nº 519-354) al Proyecto de Ley que impide ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo o revolving door, en tramitación desde el 4 de mayo de 2006 (Boletín 4186-07).

• Proyecto de Ley que Protege al Funcionario que Denuncia Irregularidades y Faltas al Principio de Probidad (Boletín 4722-06).

• Proyecto de Ley modificatorio de la Ley Nº 19.884 sobre Transparencia, Límites y Control de los Gastos Electorales, destinado a reforzar la transparencia en el financiamiento electoral y a evitar la intervención electoral indebida por parte del Estado (Boletín 4724-06).

• Proyecto de Reforma Constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, que, entre otras materias: a) Otorga rango constitucional a la publicidad de las declaraciones de intereses (Ley Nº 19.653, de 1999) y de patrimonio (Ley Nº 20.088, de 2005) de las autoridades y funcionarios del Estado; b) Impide y sanciona conflictos de intereses de parlamentarios; c) Eleva a rango constitucional la función de auditoria externa de la Contraloría General de la República (Ley Nº 19.817, de 2002) y amplía los sujetos sometidos a su control; y d) Impide la intervención electoral del Estado (Boletín 4716-07).

Hasta ahora dos iniciativas de la mencionada “Agenda” se han convertido ya en ley de la República, son:
1º.- La Ley Nº 20.205, que “Protege al Funcionario que Denuncia Irregularidades y Faltas al Principio de Probidad” (Boletín 4722-06), publicada el 24 de julio de 2007, vigente desde este última fecha.
2º.- La Ley Nº 20.285, de “Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado” (Boletín 3773-06), publicada el 20 de agosto 2008, vigente a partir del 20 de abril de 2009.

Las demás iniciativas y proyectos continúan su tramitación en el Congreso Nacional, encontrándose en distintas etapas de tramitación. Ver »

La Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y la Transparencia (2008)

El cuarto momento relevante ha sido la instalación de esta nueva entidad, mediante Decreto Supremo N° 30, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, publicado el 30 de abril de 2008, la que debe entenderse como una iniciativa en el contexto de la “Agenda” de 2006, mencionada anteriormente.

Entre sus funciones destacan: entregar apoyo al referido Ministerio, en el estudio y análisis de la normativa nacional e internacional, en la proposición de adecuaciones o modificaciones legales o administrativas, y en la ejecución de las leyes que forman parte de esta misma “Agenda”; y la de colaborar con él, en el estudio, análisis y propuestas de medidas destinadas a fortalecer la probidad y la transparencia.

Esta Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva encargada de sus operaciones.

El Acceso a la Información. Evolución 1990-2010.

Promover la transparencia ha sido en Chile un objetivo constante de todos los Gobiernos, con posterioridad al regreso a la democracia. Este objetivo se ha perseguido a través de acciones concretas sucesivas.

• La primera acción de promoción del acceso del público a la información del Estado, tuvo lugar el 16 de octubre de 1990, fecha en que se publicó el Decreto Supremo N° 680, del Ministerio del Interior, que “Aprueba instrucciones para el establecimiento de Oficinas de Información para el público usuario en la Administración del Estado”.

Así, por vía administrativa, se crearon estas oficinas, a fin de asistir al público en su derecho a presentar peticiones, sugerencias o reclamos ante la Administración, pero, además, se le asignó la función de informar al público sobre materias de su interés, por ejemplo, la organización, competencia y funcionamiento del respectivo órgano, servicio o empresa; sus procedimientos; y las indicaciones necesarias para acceder a sus prestaciones.

• La segunda acción tuvo lugar el 14 de diciembre de 1999, día en que fue publicada la Ley Nº 19.653, sobre “Probidad administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado”, que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°18.575, a fin de incorporar formalmente el derecho de acceder a la información de la Administración del Estado, así como un recurso de amparo del mismo derecho ante los Tribunales de Justicia.

• La tercera acción acontece el 29 de mayo de 2003, día de publicación de la Ley N° 19.880, que “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, la cual consagró y definió expresamente el Principio de Transparencia de dichos procedimientos, así como la publicidad de los actos administrativos.

• La cuarta acción ocurre dos años después, el 26 de agosto de 2005, fecha en que fue publicada la Ley N° 20.050, mediante la cual se modificó el artículo 8° de la Constitución Política de la República, en el sentido de consagrar expresamente en ella el Principio de Probidad (inciso 1º) y Publicidad de las actuaciones administrativas (inciso 2º).

• La quinta, fue el 4 de diciembre de 2006, fecha en que la Presidenta de la República (fundada en el citado artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución Política de la República), dictó el Instructivo Presidencial Nº 8, sobre “Transparencia Activa y Publicidad de la Información de la Administración del Estado”, ya referido.

• La sexta, se produce  el 20 de agosto de 2008, fecha en que fue publicada la Ley Nº 20.285, de “Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado”, con entrada en vigencia el 20 de abril de 2009.

• Las séptima acción se concreta con la publicación, el día 02 de Diciembre de 2009, de la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• Finalmente, cabe señalara que con fecha 07 de Enero de 2010, se publicó la ley que establece la obligatoriedad de realizar declaración pública de intereses y patrimonio para altas autoridades,  conjuntamente con la incorporación del denominado fideicomiso ciego en el texto de la Constitución Política, ambas reformas incorporadas en la ley Num. 20.414 (Boletín 4716-07)..
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Ley N º 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado

La Ley Nº 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, fue publicada el 20 de agosto del año 2008. En esta Ley se regula “el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y su amparo, además de las excepciones a la publicidad de la información”.

Asimismo, en su Artículo 31, crea el Consejo para la Transparencia como órgano autónomo encargado, entre otras tareas, de fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información; aplicar las sanciones en caso de infracción; dictar instrucciones generales y formular recomendaciones a los órganos de la Administración; resolver los reclamos por denegación de acceso a la información; proponer normas e instructivos; y realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos.

El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia está integrado por cuatro consejeros designados por la Presidenta de la República,con acuerdo del Senado, por un período de seis años.

Política de Publicación de los Información Institucional de la Contraloría General de República

Desde el 2007, el máximo órgano de control administrativo ha realizado importantes avances en materia de acceso a la información pública. Se adoptaron medidas tales como la apertura, al público en general, de la base de datos de jurisprudencia administrativa del sitio Web de la Contraloría General de República. Por otra parte, el Contralor ha hecho pública su agenda de trabajo y reuniones, entregando esta información relevante a toda la opinión pública. Adicionalmente, la Contraloría ha  reafirmado sus esfuerzos  para garantizar el acceso a la información pública de sus actividades de control, buscando compatibilizar de forma armónica la naturaleza de sus labores con el necesario escrutinio público de sus actuaciones. De esta forma, la Contraloría publica los resultados de los informes, realizados por sus funcionarios, respecto de auditorías completamente terminadas. Los informes publicados se encuentran disponibles en la sitio Web institucional

Para mas información haga clic aquí

La implementación en Chile del Gobierno Electrónico permite exhibir diversas experiencias de interés, principalmente, las siguientes:

Sistema de Postulación en Línea a la Alta Dirección Pública

El Sistema de Postulación en Línea permite a los interesados conocer las convocatorias a concursos realizadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil para proveer los cargos sujetos al Sistema de la Alta Dirección Pública, postular a ellos, y obtener información de seguimiento sobre las distintas etapas de los procesos de selección y sus resultados.

Debe tenerse en cuenta que el Sistema de la Alta Dirección Pública (SADP), contempla la selección, formación, evaluación y desarrollo de los altos directivos del sector público, a fin de dotar a la administración civil del Estado de profesionales altamente calificados para desempeñarse en la gerencia pública, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad como ejes de la función pública.

Lo introdujo la Ley Nº 19.882, de 2003.
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Sistema de Compras y Contratación Pública, “ChileCompra”

El Sistema de Compras y Contratación Pública consiste en un portal Web único que facilita el encuentro entre los órganos del Estado y sus necesidades y los proveedores de bienes y servicios, que es administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública. (ChileCompra).

Con este sistema se garantiza no sólo la eficiencia del mercado público, sino que también la transparencia de sus operaciones y transacciones, beneficiando así a los empresarios y prestadores de servicios, los órganos del Estado y a la ciudadanía.

A través de este sistema se puede realizar todo el proceso de compras, desde la presentación de ofertas, emisiones de órdenes de compra, hasta la facturación. Asimismo, brinda soporte técnico, a través de correo electrónico, teléfono y herramientas de auto instrucción incorporadas al portal. Fue introducido por la Ley Nº 19.886, de 2003.

Sistema de Transparencia Activa, “Gobierno Transparente”

El Sistema de Transparencia Activa consiste en la entrega actualizada en el sitio Web principal de cada órgano público, de información relevante, por ejemplo, sobre la compra de bienes y servicios; contratación de personas; transferencias de recursos; actos y resoluciones; además del marco normativo que rige a la institución.

Se puede acceder a esta información a través de un banner ubicado en la página principal de cada sitio. Esta es la materialización del Instructivo Presidencial N° 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Adicionalmente, ha sido promulgada la Ley 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información Publica, cuya entrada en vigencia en abril del 2009, entre otros avances, aumenta significativamente las materias  que deben ser informadas por cada órgano público.

Ver: Banner “Gobierno Transparente” en sitio Web de cada órgano o servicio público.

Guía de Servicios del Estado en Internet, “ChileClic”
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“ChileClic” es un portal Web concebido como una “Guía de Servicios del Estado”, que permite al público acceder, de manera expedita, a gran cantidad y variedad de servicios y beneficios ante los distintos órganos del Estado, en ámbitos muy diversos, tales como, infraestructura, transporte, medio ambiente, educación, cultura, empresas, economía, recreación, deporte y familia. Muchos de estos servicios o trámites se pueden obtener o realizar directamente en línea, como, por ejemplo, obtener certificados, declarar impuestos, pagar cotizaciones, postular a becas, etc.

El público puede encontrar en este portal toda la información y orientación que necesite para su interacción con los órganos y servicios de la Administración del Estado, de tal manera que cada vez es menor el requerimiento a los usuarios de concurrir a las oficinas públicas en demanda de servicios o cumplimiento de trámites.

Chile Transparente. Capitulo Chileno de Transparencia Internacional
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Descripción
El Capítulo Chileno de Transparencia Internacional tiene como finalidad “combatir la corrupción desde una perspectiva integral, con el objetivo de crear conciencia sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas, y dando a conocer los costos económicos y sociales que implica la corrupción”.

Esta Organización participó en las Rondas Primera y Segunda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-
Ver primera ronda »
Ver segunda ronda »

En 2009, Chile trasparente llevó a cabo una novedosa campaña “Súmate al Chile sin Corrupción”, que tuvo como objetivo “crear conciencia sobre corrupción como un problema de todos los ciudadanos.” En esta iniciativa participaron mas de 35.000 personas y tuvo una excelente recepción entre los medios de comunicación.
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Corporación Participa
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Descripción
Corporación Participa es una “corporación privada, pluralista y no partidaria”, cuya finalidad es promover fines públicos, y la formación de un número creciente de ciudadanos y ciudadanas informados, organizados y participativos. Su trabajo incluye iniciativas encaminadas hacia el conocimiento, difusión, respeto y ejercicio de los valores democráticos y derechos fundamentales.

Entre sus iniciativas se pueden mencionar, entre otras, la reciente publicación de la cartilla “Acceso a la Información Pública”, con la que se pretende clarificar el contenido y procesos relativos a ese derecho, así como la promoción del mismo entre la ciudadanía. Igualmente, los ejercicios de monitoreo, también de acceso a la información pública en 2004 y 2006, cuyo objetivo era identificar las posibilidades de acceder
a la información pública en algunas instituciones.

Fortaleciendo la Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil
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Descripción
El proyecto “Fortaleciendo la Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil” se encuentra enmarcado dentro del Programa de Mejoramiento de la Rendición de Cuentas y Transparencia entre Organizaciones de Sociedad Civil y el programa de Modernización de Chile. Su propósito es contribuir al mejoramiento de la efectividad y el posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil, en especial de aquellas que trabajan en actividades de desarrollo del sector privado, para incorporar e implementar medidas de rendición de cuentas.

El proyecto, que se completó en Julio de 2008, se realizó a través de un préstamo del BID cuyo objetivo fundamental es la trasparencia e integridad en las actividades de cooperación técnica no reembolsables del Banco.

Portal Ciudadano
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Descripción
El Portal Ciudadano es un espacio virtual creado por el Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y la División de Organizaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por medio del cual, las organizaciones de la sociedad civil, pueden interactuar y participaren una comunidad virtual entre las mismas, con el fin de fortalecer su labor.

Constitución Política de la República

El 20 de agosto de 2005 entró en vigencia la Ley Nº 20.050, que reformó la Carta Fundamental de 1980. Entre otros cambios, otorgó rango constitucional a los Principios de Probidad en el ejercicio de las funciones públicas y de Publicidad de la información de los órganos del Estado. Para ello agregó el siguiente Artículo 8º:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.
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Código Penal

El Código Penal Chileno establece en su Título V, (Artículos 216-260), “De los Crímenes y Simples Delitos Cometidos por Empleados Públicos en el desempeño de sus cargos”.Se instituye el catálogo de conductas ilícitas que permiten hacer efectiva la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, con independencia de la civil y administrativa que pudiere afectarles por infracciones a la probidad. Entre otros delitos, sanciona la prevaricación, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, el cohecho y los abusos contra particulares.

Es interesante destacar que, para estos efectos, se reputa empleado público a todo aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración central, o en instituciones o empresas municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado.
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Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se encuentra vigente desde el 5 de diciembre del año 1986, y en ella se establecen los organismos que constituyen la Administración del Estado, las instituciones fundamentales que regulan su funcionamiento, y los principios esenciales que rigen el desempeño de sus autoridades y funcionarios.

Dispone además, la forma en que se encuentra constituida la Administración del Estado de Chile que es conformada por los: Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones, los órganos y servicios creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley, a todos los que impone observar los principios de juridicidad, y de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas.
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Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo

La Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo se encuentra vigente desde el 23 de septiembre del año 1989. En ella se regula la relación entre la Administración del Estado y su personal civil. Igualmente, define las obligaciones funcionarias, las prohibiciones e incompatibilidades, y el procedimiento y sanciones de responsabilidad administrativa.

Entre las obligaciones, incluye la de “observar estrictamente” el principio de probidad administrativa, lo que implica “una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”. Entre las prohibiciones, las de: intervenir en asuntos en que el funcionario tenga interés, su cónyuge, parientes o personas ligadas por adopción; solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para terceros; realizar cualquier actividad política; y usar la autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.
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Ley N.º 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado

La Ley N.º 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rige los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se encuentra vigente desde el 29 de mayo del año 2003. Esta Ley establece y regula el procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, y dispone que este procedimiento esté sometido, entre otros, a los principios de “gratuidad”, “imparcialidad”, “abstención”, “transparencia y publicidad”.

De acuerdo con ellos, las actuaciones de la Administración “son gratuitas para los interesados”; ella “debe actuar con objetividad” y “respetar el principio de probidad”, tanto en “la substanciación del procedimiento” como en “las decisiones que adopte”; las autoridades y funcionarios se deben “abstener de intervenir en el procedimiento”, entre otras situaciones, si tienen interés personal en el asunto; y el procedimiento debe realizarse “de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”.
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Ley Nº 19.882, Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos, crea la DNSC

La Ley Nº 19.882, vigente desde el 23 de junio de 2003, crea la “Dirección Nacional del Servicio Civil”, a la que asigna, entre otras funciones, gestionar el “Sistema de Alta Dirección Pública”, el cual obliga a la Administración del Estado a profesionalizar, a través de procesos de selección, el nombramiento de los funcionarios de exclusiva confianza política, que desempeñen cargos de jefaturas en los órganos o servicios públicos, y cuyas funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y de provisión directa de servicios a la comunidad.

Conforme a esta ley, “la competencia profesional, la integridad y la probidad son criterios básicos que han de prevalecer en el acceso al Sistema de Alta Dirección Pública; así como para la evaluación de los directivos que la integran”.
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Ley Nº 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios

La Ley N º 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios se encuentra vigente desde el 30 de julio del año 2003, y en ella se establecen las normas que rigen los contratos que la Administración del Estado celebra para el suministro de bienes muebles y de servicios.
Prohíbe suscribir esta clase de contratos con ciertas personas, por ejemplo, con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa; con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco; con sociedades de las que aquéllos o éstas formen parte o sean accionistas; y con sus gerentes, administradores, representantes o directores.

De acuerdo con la ley, los contratos celebrados con infracción a lo anterior son nulos, y los funcionarios que participan en su celebración incurren “en contravención al principio de probidad administrativa”, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.
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Ley Nº 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero

Ley Nº 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero.La Ley Nº 19.913, se encuentra vigente desde el 18 de diciembre del año 2003, creo la Unidad de Análisis Financiero con el objeto de “prevenir e impedir que se utilice el sistema financiero y otros sectores de la actividad económica”, para ocultar o disimular el origen ilícito de bienes provenientes del tráfico de drogas o del terrorismo, o de otras actividades prohibidas y sancionadas por leyes particulares, como las de control de armas, del mercado de valores o de bancos.

Entre otras facultades, la UAF puede solicitar, verificar, examinar y archivar información calificada de sospechosa; organizar, mantener y administrar archivos y bases de datos, pudiendo integrarlos a redes de información nacionales e internacionales; recomendar medidas preventivas; impartir instrucciones generales; intercambiar información; e imponer sanciones administrativas.
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Ley Nº 20.205, Que Protege al Funcionario que Denuncia Irregularidades y Faltas al Principio de Probidad

Ley Nº 20.205, Que Protege al Funcionario que Denuncia Irregularidades y Faltas al Principio de Probidad

Ley N º 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado

La Ley N º 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, fue publicada el 20 de agosto del año 2008, y en ella se regula “el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información”.

Asimismo, crea el “Consejo para la Transparencia”, como órgano autónomo encargado, entre otras tareas, de fiscalizar el cumplimiento de la ley; aplicar las sanciones en caso de infracción; dictar instrucciones generales y formular recomendaciones a los órganos de la Administración; proponer normas e instructivos; y realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos.
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Para información detallada sobre la legislación de Chile en la materia, visitar los informes presentados por el país en la Primera y Segunda Rondas del MESICIC
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2º Ronda »

A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Chile

1. Organización de los Estados Americanos (OEA)

Convención Interamericana contra la Corrupción
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Chile ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1998 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.

Los objetivos de la Convención son promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, entre los Estados Miembros.

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental, mediante el cual se brinda apoyo a los Estados Miembros en el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención.  

Para ver los informes de avance en la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC, haga clic en los siguientes enlaces:

1ª Ronda de análisis
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2ª Ronda de análisis
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3ª Ronda de análisis
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2. Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
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Ratificado por Chile en el 2006, los objetivos de la Convención son los siguientes:

1) Prevenir y combatir la corrupción de manera más eficiente y eficaz
2) Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos
3) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos

B.Programas de Cooperación con Chile financiados por Organismos Internacionales

1. Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Chile
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Los principios y objetivos fundacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fundada en 1945 y compuesta por 192 países de todas las regiones del mundo, se implementan a través de las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, siendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una de sus agencias de cooperación de mayor importancia e impacto. El PNUD trabaja promoviendo los principios fundamentales del Sistema, como son la universalidad y presencia internacional, el acceso al conocimiento, la neutralidad, transparencia y dedicación a las naciones más vulnerables.

Programa País para Chile (2007-2009) (PNUD)
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 2007-2009” busca apoyar las grandes prioridades de equidad y desarrollo definidas por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los aspectos críticos vistos en el diagnóstico, la experiencia y ventajas del PNUD, los acuerdos de acción coordinada con las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas,  y las posibilidades de asociación con otros actores del desarrollo. El Programa se concentrará en 5 áreas: Equidad, sustentabilidad ambiental y energética, gobernabilidad democrática y desarrollo local, consolidación política del desarrollo humano y la cooperación Sur-Sur.

Mejoramiento de la gestión y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) y Gobiernos Locales a través de Software Libre (2006-2009) (PNUD)
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El proyecto tiene como objetivo potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y Gobiernos Locales, para fortalecer su gestión y estimular su crecimiento.  Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo de las aplicaciones para implementarlas en distintas Pymes seleccionadas como experiencia piloto. Se está desarrollando un plan de capacitación de acceso remoto (e-learning).

Red para la Democracia (2007-2009) (PNUD)
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El proyecto se enfocó en fortalecer y expandir la red de los actores que promueven el desarrollo de la democracia ciudadana. El objetivo principal fue influir en los programas políticos tanto regionales como nacionales, para promover reformas institucionales y estatales que pueden crear las condiciones favorables para que la democracia ciudadana pueda florecer.

Fortaleciendo la transparencia y probidad en la gestión pública en Chile (2008-2010) (PNUD)
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El proyecto Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en Chile a través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de UNCAC, se propone centrar el trabajo de la asistencia técnica en cinco áreas clave:

1. Cooperación Internacional para seguimiento de UNCAC y sobre modelos de Contraloría y buenas prácticas institucionales en auditoría y control de la gestión pública.

2. Análisis y sistema de seguimiento a la corrupción

3. Seguimiento y fiscalización del gasto estatal para fines electorales

4. Interlocución entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil

Fortalecimiento de la Gestión Pública Participativa y Cohesión Social (2009-2011) (PNUD)
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El proyecto se orienta a fortalecer el funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, difundiendo nuevas metodologías de trabajo validadas y experiencias exitosas y disponiendo de un instrumento de medición que ofrezca información sintética sobre indicadores objetivos y subjetivos en materia de gestión pública participativa y cohesión social, integrando la valoración que de ella hacen los propios ciudadanos en términos de sus aspiraciones, intereses y necesidades.

2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estrategia de País (2006-2010) (BID)
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La Estrategia de País del Banco con Chile está extremamente alineada con las prioridades indicadas por el gobierno. “El primer desafío planteado por el Banco es apoyar al país en la reducción de las brechas de oportunidades, donde se destacan acciones como la expansión de la educación inicial y la mejoría de la calidad de la educación chilena, la disminución de los niveles de pobreza y el fortalecimiento del sistema de protección social, el cual incluye la implementación de un conjunto de acciones destinadas a perfeccionar el sistema previsional del país. Adicionalmente, se promoverá una mayor inclusión y desarrollo de las políticas y programas orientados hacia los grupos más vulnerables.”

CH-T1053: Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (2007-2008) (BID)
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El objetivo general del Proyecto de Análisis y Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, a ser llevado a cabo en forma conjunta entre el BID y el BIRF, es “apoyar los esfuerzos del Gobierno en mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia del sistema nacional de compras públicas, generando ahorros en tiempo y costo de las obras, bienes y servicios que se contratan, redundando así en mayor disponibilidad de recursos para inversión en otras prioridades publicas, tales como educación y salud, entre otros, y atender así las demandas sociales del país.”

CH-M1012: Mejoramiento de la Rendición de Cuentas y Transparencia entre Organizaciones de la Sociedad Civil (2007-2008) (BID)
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El proyecto de Mejoramiento de la Rendición de Cuentas y Transparencia entre Organizaciones de la Sociedad Civil se enmarca dentro de la cooperación técnica que el Banco provee al proceso de Reforma y Modernización del Estado en Chile.

El objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad y eficiencia de las organizaciones de sociedad civil. El propósito del proyecto es el de fomentar la incorporación de medidas de rendición de cuentas entre las organizaciones de la sociedad civil. Más específicamente, busca animar a las organizaciones Chilenas de la sociedad civil a incorporar e implementar medidas de rendición de cuentas.

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Para más información sobre otros proyectos del BID aprobados en materia de anticorrupción y transparencia, haga clic aquí.

3. Banco Mundial (BM)

Estrategia de Alianza con el País para la República de Chile (2007-2010) (BM)
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“El objetivo de la estrategia de alianza con el país (EAP) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) consiste en ayudar a Chile a alcanzar su objetivo de convergencia con los niveles de ingreso y de vida de la Organización de  Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a través de la aceleración del crecimiento y la intensificación de la igualdad de oportunidades. La EAP, que abarca cuatro años -desde el ejercicio de 2007 hasta el ejercicio de 2010- y comprende el período en funciones del actual gobierno, contempla un programa indicativo de financiamiento de hasta US$250 millones. Las áreas identificadas inicialmente incluyen las siguientes: innovación, gestión del sector público e infraestructura.”

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Obras Públicas (2007-2013) (BM)
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El objetivo del proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Obras Públicas es asistir al Gobierno de Chile en lograr un acercamiento sostenible e integrado a la planificación de la infraestructura; a los niveles regulares de servicio así como a los procedimientos modelo que promuevan la competencia y establezcan retos apropiados para la infraestructura. El proyecto apunta a conformar un sistema integrado de manejo de procesos, un servicio de infraestructura confiable, y una distinción organizacional de las áreas de planeación, contratación, ejecución y de regulación.


Reporte de Información sobre Chile, 1996-2009 (Country Data Report for Chile, 1996-2009) (Banco Mundial)
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Este indicador es el resultado de la percepción de expertos y ciudadanos en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. La información tiene fuentes diversas, como institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. Los reportes contienen indicadores sobre el desempeño de los países en seis ejes específicos, tales como participación ciudadana y la rendición de cuentas, la eficacia gubernamental, estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo, calidad de la regulación, estado de derecho y control de la corrupción. 

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Herramientas Nacionales

Encuesta de Corrupción 2009: Percepción y Realidad
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Esta encuesta anual, desarrollada por Libertad y Desarrollo, “busca ir más allá de la percepción de los niveles de corrupción, acercándose al análisis de la naturaleza de los hechos de corrupción. Analiza los hechos de corrupción conocidos por los encuestados: tipo de corrupción, instituciones afectadas, propósito de los hechos de corrupción y sanciones. Cuestionario aplicado a empresarios seleccionados en forma aleatoria.

Cultura Política de la Democracia en Chile: 2006 (Proyecto de Opinión Pública en América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
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El estudio forma parte de Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre corrupción, percepción de la democracia, gobernabilidad en Chile, entre otros. La investigación sobre Chile se basa en una encuesta nacional con 1.500 entrevistados, sobre valores, actitudes, opiniones. La investigación nos permite examinar temas como legitimidad política, tolerancia política, apoyo a una democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, evaluación de los gobiernos locales y la participación en ellos, victimización por el delito, victimización por la corrupción y comportamiento electoral. El estudio contiene un análisis de las áreas relacionadas con los valores y comportamientos democráticos.

Opiniones de la Ciudadanía sobre Corrupción (Chile Transparente - Capítulo Chileno de Transparencia Internacional)
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El estudio, realizada en 2006, recoge indicadores de opinión sobre el tema de la moral y los estándares éticos de la población y hace un análisis de las principales percepciones de la población sobre el tema de la transparencia y la corrupción. Informe presenta los resultados del “Barómetro” que aplicó MORI para Chile Transparente Capitulo Chileno de Transparencia Internacional.

Proyecto Índice Regional de Transparencia Legislativa (Corporación Participa)
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El Proyecto Índice Regional de Transparencia Legislativa, Participa-Chile es la continuación del proyecto Congreso Transparente (2005), por medio del cual se analizan “los niveles de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en la normativa y los estándares, que los Congresos de estos países deben observar, en estas tres dimensiones. Esta herramienta se extenderá en su aplicación en otros países y regiones del mundo.     

Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria
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El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria se basa en una encuesta realizada a legisladores, expertos académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en relación a varios temas vinculados al acceso de información presupuestaria, la disposición de las autoridades a procurar la opinión ciudadana sobre decisiones acerca del presupuesto, y la credibilidad de las instituciones como las auditoras internas y externas. El objetivo de esta herramienta es apoyar el “aumento de la capacidad de la sociedad civil para analizar e influenciar los procesos, instituciones y resultados presupuestarios gubernamentales.”

La metodología utilizada en este proyecto fue diseñada en el año 2000 y aplicada en 2001 en varios países de del hemisferio Americano. En lo que se refiere a los países que se han incluido en esta parte de la guía, el estudio comprende también a Colombia, Ecuador y Perú.

Herramientas Internacionales

Reporte de Información sobre Chile, 1996-2009 (Country Data Report for Chile, 1996-2009) (Banco Mundial)
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Este indicador es el resultado de la percepción de expertos y ciudadanos en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. La información tiene fuentes diversas, como institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. Los reportes contienen indicadores sobre el desempeño de los países en seis ejes específicos, tales como participación ciudadana y la rendición de cuentas, la eficacia gubernamental, estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo, calidad de la regulación, estado de derecho y control de la corrupción. 

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Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial, 1996-2008 (Banco Mundial)
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Mediante la aplicación de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad se estudiaron las seis dimensiones que definen el nivel de gobernabilidad en 212 países alrededor del mundo entre los años 1996 y 2008. El estudio recogió las opiniones de expertos sobre la gobernabilidad en el sector público, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como las de miles de ciudadanos y firmas privadas encuestadas en todo el mundo.

Los indicadores que miden la percepción de la gobernabilidad fueron clasificados como se indica a continuación:

• Participación ciudadana y rendición de cuentas: mide el grado de libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobiernos y las libertades de expresión, asociación y prensa.
• Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo: mide el grado de inestabilidad política del gobierno y la posibilidad de derrocar al gobierno mediante medios inconstitucionales o violentos.
• Eficacia gubernamental: mide la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos; la administración pública y el nivel de independencia de las instituciones respecto del poder político; los procesos de formulación e implementación de políticas; y la credibilidad del Gobierno en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.
• Calidad de la regulación: mide la habilidad del Gobierno para formular e implementar políticas y normas sólidas que permiten y promueven el desarrollo del sector privado.
• Estado de Derecho: mide el nivel de confianza y sujeción a la ley que observan los ciudadanos, en particular, el cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la obediencia a la policía y a las cortes, así como los niveles de crimen y violencia.
• Control de la corrupción: mide la magnitud en la cual el poder público es ejercitado para la obtención de beneficios privados, incluyendo los pequeños y grandes niveles de corrupción, así como el control del Estado por parte de élites y conglomerados privados.

Para más información del Banco Mundial, haga clic aquí.

Barómetro Global de la Corrupción (2006)
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El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta de opinión realizada por Transparency Internacional (TI). El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. Este informe se diferencia del estudio “Índice de Percepción de la Corrupción” en que este ultimo esta basado principalmente en percepciones del sector privado, mientras que el Barómetro se enfoca en las percepciones y opiniones del sector del público.

Es una encuesta de opinión pública realizada por la organización Gallup International, que mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros.

Índice de Percepción de la Corrupción (2009)
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Esta es una herramienta de análisis que mide el nivel percibido de la corrupción del sector público en aproximadamente 180 países, incluyendo Latinoamérica. El indicador es realizado por la organización Transparency International y es el resultado de la aplicación de diferentes investigaciones elaborados por empresas e instituciones del sector público y privado.

De los 180 países incluidos en el estudio, Chile ocupa el lugar 25 y tiene una puntuación de 6,7. Nueva Zelandia queda en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.

Para más información, haga clic (en inglés).

Informe Latinobarómetro de la Corrupción (2009)
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Para la elaboración del Informe 2009, se realizaron alrededor de 20.204 encuestas aplicadas en 18 países de América Latina, representando a más de 500 millones de habitantes. Hay versiones de estudios de años anteriores disponibles en la página web.

Las encuestas buscan captar las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los ciudadanos en torno a varios temas, incluyendo la corrupción a través de una unidad metodológica y técnica que permite la representación de las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los elementos medidos.

En cuanto a la corrupción, la percepción de Chile del progreso en la reducción de la corrupción queda 7 puntos más alto que el promedio de 39. En primer lugar se ubica Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con la menor puntuación de 13. Además, frente a la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses, Chile quedó con la puntuación baja de 8 puntos. El promedio fue 13 y en primer lugar quedó Brasil con una puntuación de 34.

Democracia, Mercado y Transparencia 2009
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Esta edición ofrece el Ranking Global 2009 “Democracia, Mercado y Transparencia”.Según este informe, para alcanzar el progreso político, económico e institucional, se deben garantizar tres ejes: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental.

Para la elaboración de este informe, se utilizan los datos que aparecen en las ediciones 2009 de las siguientes publicaciones: Freedom in the World, de Freedom House; Index of Economic Freedom, de The Heritage Foundation y Wall Street Journal; y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International 2009.

Con base en lo anterior, el ranking significa que Chile, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 18º de los 168 países en el índice.

Global Integrity Index (Índice de Integridad Global) (2009)
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El índice es desarrollado por la organización Global Integrity (Integridad Global) y está enfocado en la calidad de la rendición de cuentas, la transparencia y el control social. Además, evalúa la existencia, la efectividad y la accesibilidad de los mecanismos de anticorrupción implementados por el Gobierno. Cuenta con más de 300 indicadores de integridad para cada país, los cuales se obtienen a partir de entrevistas.

Para acceder al documento en Excel que especifica los indicadores de integridad a evaluarse para determinar el Índice de Integridad Global, haga clic.

Barómetro de las Américas
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El Informe ofrece importante información sobre la percepción de los ciudadanos sobre tolerancia política, participación ciudadana, corrupción, rol de la mujer y apoyo a sistemas democráticos o autoritarios, entre otros temas. Los informes se realizan en los países de la región evaluando actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros.

Sistema Nacional de Integridad
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En este estudio de los países de la región, la organización Transparency International evalúa la integridad, transparencia y rendición de cuentas en el gobierno, sociedad civil, comunidad empresarial y otros sectores, proporcionando información pertinente sobre la eficacia de los esfuerzos nacionales en la lucha contra la corrupción.

Analizan las instituciones y prácticas que funcionan de manera interrelacionada para proteger a la sociedad de la corrupción. Los SNI ofrecen un nuevo enfoque de diagnóstico y una potencial solución para la corrupción. En lugar de analizar instituciones por separado, estudian las interrelaciones, la interdependencia y la efectividad combinada en un enfoque integral.