En el Perú, la dirección y gestión de los servicios públicos está a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de los Ministerios en los asuntos de sus competencias (Art. 119 de la Constitución Política).

Por su parte, la calidad de los servicios públicos tienen reconocimiento legal de acuerdo al Art. 4 de la Ley 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado", publicada el 30 de enero de 2002 el cual establece que el proceso de modernización de la gestión pública del Estado comprende la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, con la finalidad de lograr una mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, entre las principales acciones que coadyuvan a una efectiva calidad de los servicios públicos está la obtención de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores (Art. 5 de la Ley 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado", publicada el 30 de enero de 2002).

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, el Perú ha suscrito en 2008 la Carta Iberoamericana de Calidad en Gestión Pública que tiene por propósito promover el establecimiento de un enfoque común acerca de las nociones de calidad y excelencia en la gestión pública, a partir del cual se adopte un conjunto de principios y orientaciones que sirvan de referencia a las diferentes Administraciones Públicas Iberoamericanas en la formulación de sus políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan la mejora continua de la calidad de su gestión pública (Carta Iberoamericana de Calidad en Gestión Pública, pág. 5. Aprobada en la "X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado". Realizada en San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008).

De acuerdo al Art. 36 del Decreto Supremo 057-2009 PCM "Decreto Supremo que Modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Decreto Supremo 063-2007-PCM",publicado el 15 de agosto de 2008, es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) la entidad encargada de formular propuestas normativas para la modernización, la transparencia de la gestión pública y demás temas materia de su competencia.

La Secretaría de Gestión Pública (SGP) ha elaborado el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014 como un modelo sistemático de la actuación pública para dirigir y facilitar la implementación de la Política Nacional de Simplificación Administrativa señalada en el Decreto Supremo 027-2007-PCM "Define y Establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimientos para las entidades nacionales del Gobierno Nacional", publicado el 25 de marzo de 2007(¹)

La institución encargada de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública en el país para una efectiva calidad en la prestación de los servicios públicos es la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

La SGP es la entidad nacional competente en materia de organización del Estado para lo cual aprueba y propone normas en materia de estructura del Estado y sistemas administrativos, en concordancia con las normas de modernización, racionalización y descentralización del Estado.

Son funciones de la SGP las siguientes (Art. 37 del Decreto Supremo 057-2009 PCM "Decreto Supremo que Modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Decreto Supremo 063-2007-PCM",publicado el 15 de agosto de 2008):

a) Coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública, así como formular y evaluar las propuestas para su mejora;

b) Emitir opinión sobre autógrafas y proyectos normativos referidos a organización y estructura del Estado, como es la creación de Ministerios, Entidades, Instituciones, Organismos Públicos Descentralizados, Autoridades Autónomas, Corporaciones, Fondos o de cualquier otra entidad del Estado; así como, el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, de los Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados para fines de su aprobación;

c) Proponer normas y directivas en materia de funcionamiento y organización del Estado, ética y transparencia;

d) Detectar los casos de duplicidad de funciones o de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la Administración Pública y proponer las medidas necesarias para su corrección;

f) Emitir informe sobre los proyectos o normas que propongan la fusión de direcciones, programas, dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, comisiones y en general toda instancia de la administración pública central, así como la modificación respecto de la adscripción sectorial de un organismo público descentralizado o de otras entidades;

g) Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar los procesos de simplificación administrativa en relación con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades del Poder Ejecutivo, para lo cual está facultada a solicitar la información que requiera, y emitir directivas y/o lineamientos;

h) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y detectar los incumplimientos para lo cual deberá otorgar a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. De no producirse la subsanación, deberá realizar las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados;

i) Formular propuestas para la aplicación de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

j) Coordinar con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad (CNC);

k) Emitir opinión respecto a los conflictos de competencia entre autoridades del Poder Ejecutivo que son puestos en consideración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM);

l) Emitir opinión técnica en materia de su competencia; y

m) Otras funciones que le sean encomendadas pro la Alta Dirección.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) ha implementado una serie de intervenciones que se encuentran plasmadas en la nueva Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), recientemente aprobada a través del Decreto Supremo N° 109-2012-PCM "Aprueban la Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública", publicada el 1 de noviembre de 2012.

La Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) contiene acciones e instrumentos de mediano y corto plazo que tiene por objetivo mejorar y reformar el Sistema de Modernización del Estado previsto en la Ley 29158 "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 30 de diciembre de 2008".

La Estrategia cuenta con 4 líneas de acción prioritarias:

1. Formulación y aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y del Plan de Implementación al 2021 y alineamiento de los Planes Institucionales Estratégicos y Operativos a dichos instrumentos:

La SGP se encuentra diseñando de manera concertada la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) y su respectivo Plan de Implementación, con objetivos claros y medibles, orientada a resultados, que considere al ciudadano como eje y fin de la reforma, y que contemple mecanismos eficientes para la coordinación y articulación entre las distintas entidades y niveles de gobierno involucrados en el proceso de modernización, así como para el monitoreo y evaluación de los resultados.

La PNMGP establece una nueva visión de Estado: un Estado Moderno al servicio de las personas. Ello implica un Estado orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). Partiendo de esa visión, la PNMGP tiene como objetivo general, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

a) Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno cuenten  objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales y Sectoriales;

b) Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran;

c) Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización;

d) Implementar procesos de simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;

e) Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan;

f) Monitorear y evaluación la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan;

g) Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión;

h) Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como soporte a los procesos de producción y gestión de las entidades públicas  permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto;

i) Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades;

j) Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales;

k) Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales se encuentran articuladas, las cuales se analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la participación ciudadana;

l) Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno;

m) Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan; y

n) Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades.

Para lograr estos objetivos, la apuesta central de la PNMGP es una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. Esta es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan - en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno - por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la "cadena de valor") como los de soporte (los sistemas administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible.

La PNMGP se basa en 5 pilares centrales y 3 ejes transversales. Estos son: i) las políticas públicas nacionales y el planeamiento, ii) el presupuesto para resultados, iii) la gestión por procesos y la organización institucional, iv) el servicio civil meritocrático y v) el seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento; acompañados por: i) el gobierno abierto, ii) el gobierno electrónico y iii) la articulación interinstitucional, siendo animados por un proceso explícito de gestión del cambio.

Luego de aprobarse la Política y el Plan de Implementación, se tiene por propósito priorizar las acciones necesarias para alinear o incorporar en el planeamiento de las entidades públicas, los principios, objetivos y estrategias establecidos en dichos instrumentos, así como aquellas acciones que busquen incorporar en la propia organización, estructura y diseño de procesos de las entidades, los principios orientadores de la política, así como las metas que se planteen en el Plan. Ello tanto a nivel estratégico como operativo. El Plan de Implementación se retroalimentará de las experiencias y resultados de los Pilotos de Modernización, los cuales serán evaluados y monitoreados, a través de un Observatorio de Modernización de la Gestión Pública, el cual se tiene por propósito desarrollar en paralelo.

2. Adecuación del marco normativo que regula la estructura, organización y funcionamiento del Estado

Es necesario revisar y adecuar el marco legal vigente a fin de contar con mecanismos que permitan una estructura del Estado ágil, articulada y eficiente. El objetivo central es encontrar el equilibrio entre la rigidez de un sistema que lleva al incumplimiento y la inacción a uno más flexible hacia el logro de resultados.

Para ello, se han planteado como acciones principales y prioritarias:

• Una clara delimitación de competencias (exclusivas y compartidas) y funciones del ámbito nacional, regional y local, por cada Sector.
• Revisar y modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Revisar y modificar la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública.
• Culminar el proceso de adecuación de las Leyes de Organización y Funciones (LOF) de los Ministerios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) y al proceso de descentralización.
• Establecer lineamientos más flexibles para la elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) y los CAP en los tres niveles de gobierno.
• Brindar asesoría técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno en los aspectos vinculados a su estructura, organización y funcionamiento.

3. Mejora en la Calidad de Servicios

En los procedimientos administrativos debe promoverse un cambio hacia la búsqueda de mejora continua de la calidad de los servicios públicos y de la atención a los ciudadanos. En ese sentido, la optimización de procesos bajo el enfoque de la gestión por procesos será una de las intervenciones sobre las que se trabajará para avanzar hacia servicios públicos de calidad a nivel nacional:

En el desarrollo de la gestión por procesos es importante continuar con los esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa, ya que ésta contribuye a mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública (¹).

La simplificación administrativa tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública. Como herramienta para promover la simplificación administrativa, se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM "Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa", publicada el 13 de febrero de 2010, la Política Nacional de Simplificación Administrativa (PNSA) que declara los principios, objetivos y estrategias que rigen la reforma.

En esa línea, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) elaboró el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014 como un modelo sistemático de la actuación pública para dirigir y facilitar la implementación de la Política Nacional de Simplificación Administrativa (²). No obstante, la SGP ha elaborado una propuesta de modificación del referido plan para el periodo 2013-2016.

En ese sentido, se busca fortalecer las siguientes líneas centrales de trabajo:

• Simplificación administrativa: (i) implementar el Sistema Único de Trámites (SUT) como medio para simplificación de procedimientos y elaboración de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos; (ii) seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Simplificación Administrativa incluyendo indicadores de impacto; (iii) replicar estrategia TRAMIFACIL para la eliminación de restricciones o problemas que afectan la competitividad de empresas en el país e incorporar trámites vinculados a prestaciones sociales; (iv) implementación de la metodología de costos de los procedimientos y servicios para determinar la tasa por derecho de trámite que se cobra a la ciudadanía.

Las metodologías de simplificación administrativa y de costeo de procedimientos administrativos han sido aprobadas mediante Decreto Supremo 007-2011-PCM "Decreto Supremo que aprueba la metodología de simplificación administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad", publicado el 28 de enero de 2011 y Decreto Supremo 064-2010-PCM "Decreto Supremo que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General", publicado el 5 de junio de 2010, respectivamente. Mediante un diploma virtual y talleres presenciales, se está capacitando a los funcionarios públicos para la implementación de estas metodologías.

• Optimización de Procesos, que busca ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de los procesos de manera que entreguen la mejor calidad al menor costo operativo posible y en el menor tiempo y además respondan a los objetivos y aporten a los resultados institucionales. Para ello es preciso incorporar la Gestión por Procesos.

Mejor Atención al Ciudadano, estrategia multicanal aprobada mediante Decreto Supremo 091-2011-PCM "Decreto Supremo que crea el Centro y el Portal Mejor Atención al Ciudadano", publicado el 3 de diciembre de 2011 que permite ampliar y optimizar los servicios del Estado para una mejor atención a la ciudadanía, y que se compone de:

a) Plataformas presenciales. Centros de atención integrados en los que el Estado - a través de un conjunto de entidades públicas (en el ámbito nacional, regional y local) - brinda servicios públicos en una misma plataforma física  integrada de atención al ciudadano.

b) Plataforma telefónica. Centro de Atención Telefónico "Aló MAC", creado mediante Decreto Supremo 027-2010-PCM "Decreto Supremo que crea el Centro de Atención Telefónica - Aló MAC - como servicio integrado de atención dirigido a la ciudadanía", publicado el 16 de febrero de 2010 como servicio integrado de atención a la ciudadanía que tiene como objetivo brindar a los ciudadanos la información básica sobre requisitos, plazos de atención, costos y el contenido de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades del Poder Ejecutivo, cuya cobertura inicial han sido las entidades del Gobierno Nacional con sede en Lima.

c) Plataforma virtual. Portal Web que permite al ciudadano acceder a los procedimientos administrativos e información del Estado.

El primer centro integrado de atención al ciudadano denominado Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), fue inaugurado en 2010. Este local ha atendido en 18 meses a más de un millón de personas y atiende a 3000 personas diarias. El segundo MAC ha sido inaugurado en el Callao y es administrado por el Gobierno Regional de Callao. Se tiene previsto abrir cuatro nuevos MAC hasta el 2014.

• Campañas de fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente y campañas para la eliminación o simplificación de trámites con la participación de la ciudadanía.

4. Gobierno Abierto: transparencia, ética pública y participación ciudadana

El gobierno del Perú elaboró un Plan de Acción para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM "Aprueba el Plan de Acción para su incorporación en la Sociedad de Gobierno Abierto", publicada el 10 de abril de 2012. Este Plan contiene compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, integridad pública, gobierno electrónico y promoción del desarrollo de nuevas tecnologías, participación ciudadana y rendición de cuentas, con el fin de promover un gobierno más abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública (³).

En ese sentido, el gobierno abierto se inserta dentro de la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), a fin de alcanzar como  objetivo la institucionalización en los tres niveles de gobierno, de la ética pública, la transparencia y la participación ciudadana. Para tal fin, se han priorizado las siguientes acciones:

1. Procurar la participación activa del Estado peruano en la Sociedad de Gobierno Abierto.
2. Adecuada implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto.
3. Implementación de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en todas las entidades de los tres niveles de gobierno.
4. Diseño e implementación del Portal de Datos Abiertos.
5. Lanzamiento del Ranking de Buenas Prácticas en materia de Gobierno Abierto y del Distintivito de Gobierno Abierto, certificación que otorgará la SGP a aquellas entidades que cumplan con estándares adecuados en materia de buen gobierno, ética, transparencia y acceso a la información pública y vigilancia ciudadana
6. Diseñar e implementar un plan de capacitaciones para los funcionarios responsables de acceso a la información pública y de actualizar la información en los PTE sobre la nueva normativa.
7. Diseñar la metodología de supervisión y los indicadores que permitan  verificar el nivel de cumplimiento en la actualización oportuna de información en los PTE por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
8. Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía para garantizar una participación y vigilancia informada y activa en la gestión de las políticas públicas, sensibilizándoles sobre sus derechos y responsabilidades al involucrarse en estos procesos.
9. Promover el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores públicos para dar importancia a los procesos de participación ciudadana, así como para garantizar que estos realicen de forma exitosa y de acuerdo a las normas.
10. Promover en las instituciones públicas la utilización de tecnologías de la información para recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía, así como para devolverles información relevante.
11. Ampliar el uso de la tecnología de la información para facilitar una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía, identificando y tomando lecciones aprendidas de las iniciativas existentes.   

La Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) busca, entre otras cosas, generar impacto en un plazo menor y con énfasis en los gobiernos descentralizados, mediante la implementación de acciones graduales y habilitantes que permitirán luego escalar las medidas a otros territorios o jurisdicciones.

Para ello, se implementará un mecanismo llamado Piloto de Modernización, contemplado en la Ley 27658 "Ley Marco de Modernización del Estado", publicada el 30 de enero de 2002.

Pilotos de Modernización

Este instrumento, debe permitir diseñar e institucionalizar una intervención articulada a nivel de la administración pública central, regional y local. La base de esta intervención de gestión serán los gobiernos regionales y locales quienes serán los ejecutores. La SGP tendrá un rol rector y articulador de diversas entidades del Poder Ejecutivo que serán las que brinden herramientas para modernizar la gestión pública. Dichas herramientas deberán ser brindadas en función de las necesidades específicas de cada nivel de gobierno y se priorizarán de manera concertada, contando con los incentivos suficientes para el logro de los resultados

Los pilotos de modernización consisten en un paquete de medidas a corto plazo que se basa en el mejoramiento de la gestión del gobierno descentralizado, en función a la articulación con los demás sistemas administrativos que intervienen en la cadena de valor de la prestación de servicios públicos al ciudadano, a fin de hacerla más eficiente y eficaz. Lo que se busca es lograr que los gobiernos descentralizados alcancen mayores niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al ciudadano en su respectivo ámbito de competencia. Asimismo, que están en la capacidad de acceder a los incentivos que ofrecen los programas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y puedan reinvertir a mejorar la gestión y la provisión de servicios públicos para el ciudadano.

Objetivos generales:

• Retroalimentación y ajustes al Plan de implementación al 2021.
• Réplica de la experiencia a nivel macro-regional y local.

Objetivos específicos:

• Alinear los planes estratégicos institucionales de los gobiernos descentralizados con la Estrategia de Modernización, haciendo lo propio con su estructura organizacional, procesos relevantes y mecanismos de coordinación.
• Reforzar su capacidad gerencial, con el fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.
• Apoyar a los gobiernos descentralizados a articularse con las intervenciones sectoriales como por ejemplo aquellas canalizadas a través de programas presupuestales.
• Proporcionar un paquete de medidas y herramientas que puedan ser replicadas.

Para llevar a cabo estos objetivos, se suscribirá Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional que serán complementados luego, dependiendo el caso, con planes de acción contenidos en Convenios Específicos ya sea para implementación de los Centros de Servicios Mejor Atención al Ciudadano (MAC), o para la implementación de los Pilotos de Modernización (que implicarán la inyección de un paquete de herramientas, metodologías, optimización de procesos, etc.). Todo ello, se llevará a cabo con la asistencia técnica de la SGP, la cual tendrá además un rol articulador. Llevar a cabo Pilotos de Modernización, que deben permitir diseñar e implementar una intervención articulada y sostenible a nivel de la administración pública central y descentralizada.

Una de las herramientas normativas con las que también se cuenta, es el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014. Dicho plan consta de seis objetivos estratégicos:

a) Objetivo Estratégico 1: Generalizar la gestión de procesos en los procedimientos y los servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por el ente rector (Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014).

b) Objetivo Estratégico 2: Universalizar en forma progresiva el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación en las distintas entidades públicas y promover la demanda de servicios en línea por la ciudadanía.

• La Secretaría de Gestión Pública (SGP) impulsó el desarrollo de la primera Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Esta plataforma soporta actualmente el aplicativo de constitución de empresas en línea y debe albergar en los próximos años los procedimientos administrativos más demandados del país.
• Por otro lado, en enero de 2013 debe entrar en funcionamiento el Sistema Único de Trámites -SUT, el cual registra el total de trámites de las entidades públicas en los distintos niveles de gobierno. El SUT permitirá crear, modificar, aprobar y eliminar procedimientos administrativos y servirá como medio de análisis de la información relativa a los procedimientos administrativos existentes en el país.
• Así mismo, se ha trabajado con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) un plan de trabajo para la implementación de firmas digitales en los procedimientos administrativos.

c) Objetivo Estratégico 3: Proveer al personal de las entidades públicas de las competencias adecuadas para facilitar su relación con la ciudadanía y las empresas, e incentivar su participación y motivación.

d) Objetivo Estratégico 4: Involucrar a los diferentes actores para impulsar y consolidar el proceso de simplificación administrativa.

e) Objetivo Estratégico 5: Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento.

• La Secretaría de Gestión Pública (SGP) trabaja de manera participativa todas las iniciativas de cambio normativo. Así por ejemplo, la Política Nacional de Simplificación Administrativa, incluyendo su respectivo Plan, y las metodologías de simplificación y costos han sido trabajados involucrando a diferentes actores.

f) Objetivo Estratégico 6: Fortalecer la institucionalidad y liderazgo vinculados con la simplificación administrativa.

• A través de TRAMIFACIL se busca empoderar a las entidades públicas en su rol supervisor de los diferentes aspectos vinculados a la Simplificación Administrativa.