La participación de la sociedad en la gestión pública de México se ha desarrollado de manera importante en la última década, y se ha sustentado principalmente a través de la "Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicada el 11 de junio de 2002 , la "Ley  Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil", publicada el 9 de Febrero de 2004 y las normatividades complementarias en materia de participación ciudadana, a través de diversas leyes federales.

Asimismo, y atendiendo a la organización federal del país, prácticamente todas las entidades federativas en México cuentan con una Ley de Participación Ciudadana con mecanismos específicos como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular entre otros.

También es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2007-2012) dedica un apartado completo a la participación ciudadana, en el cual se establecen estrategias para lograr que los ciudadanos se involucren activamente en las políticas públicas de México.

El 20 de septiembre de 2011, el Presidente Felipe Calderón (período 2006-2012), se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto, siendo México uno de los ocho primeros países en conformarla junto con ocho organizaciones de la sociedad civil. Esta Alianza es un esfuerzo por construir mejores gobiernos a partir de los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación y tecnología.

De acuerdo a la Alianza para el Gobierno Abierto, el gobierno de cada país ha establecido su Plan de Acción con compromisos específicos en torno a los siguientes retos:

a) Mejora de los servicios públicos,

b) Aumentar la integridad pública,

c) Manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia,

d) Construcción de comunidades más seguras, y

e) Aumento de la rendición de cuentas por parte de las empresas.

Algunos de los compromisos de México plasmados en su Plan de Acción son la mejora sustantiva de 300 trámites y servicios a su cargo, el rediseño y mejora de su Sistema de Contrataciones Públicas Electrónicas, la difusión de información socialmente útil para la toma de las decisiones de los ciudadanos y propiciar el uso de datos abiertos del gobierno por parte de la sociedad con la finalidad de involucrarlos en las políticas públicas.

Las instituciones responsables del fomento de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública son: a) La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), b) La Secretaría de Gobernación, c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y d) La Secretaría de Relaciones Exteriores (Art. 10 de la "Ley Federal de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil", publicada el 9 de Febrero de 2004).

Para el cumplimiento de sus fines, la "Ley Federal de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil", publicada el 9 de Febrero de 2004, ha previsto la conformación de un Consejo Técnico Consultivo, como órgano de asesoría y consulta tanto para el registro de las organizaciones como para la evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.
Este Consejo Técnico Consultivo, está formado por nueve representantes de organizaciones; cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural;  un representante de cada Cámara del Poder Legislativo Federal; y un Secretario Ejecutivo (Art. 27 de la "Ley Federal de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil", publicada el 9 de Febrero de 2004).

Según el Art. 13 de la "Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil", publicada el 9 de Febrero de 2004 las acciones que el Consejo Técnico Consultivo debe desarrollar para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil son:

a) Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan;

b) Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta que establezca la normatividad correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas públicas;

c) Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;

d) Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades;

e) Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las obligaciones que esta ley establece;

f) Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades;

g) Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley; y

h) Otorgamiento de incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.

Las estrategias y mecanismos que posibilitan la participación de la sociedad en la gestión pública de México, están contenidas en diferentes normas e instrumentos entre los que cabe destacar:     
                                                           
1. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2007-2012) que en su Eje 5 "Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable" ha considerado como Objetivo 3 la Participación Ciudadana para Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

Con esa finalidad, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2007-2012) plantea estrategias específicas encaminadas a institucionalizar y desarrollar instancias formales para la participación ciudadana en las políticas públicas.

Tomando en consideración esa finalidad, se plantean las siguientes estrategias:

a) Estrategia 3.1: Promover la creación de consejos de participación ciudadana como mecanismos fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.

b) Estrategia 3.2: Promover la creación de comités ciudadanos independientes que participen en el establecimiento de los tabuladores para regular los salarios de todos los servidores públicos.

c) Estrategia 3.3: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promoverlos en las dependencias y entidades de la administración pública federal.

2. La "Ley de Planeación", publicada el 5 de enero de 1983  cuyo Capítulo Tercero establece la participación ciudadana como órgano de consulta permanente a través de foros de consulta popular en los que también participan los parlamentarios del Congreso de la Unión. Este mecanismo es utilizado para la elaboración del  Plan Nacional de Desarrollo (PND) al principio de cada administración presidencial.

Más allá de lo que establece el marco normativo, en 2008 la Secretaría de la Función Pública (SFP) llevó a cabo la Convocatoria Ciudadana para Identificar el Trámite Más Inútil. Bajo un esquema de concurso se invitó a los ciudadanos a escribir cuál consideran que es el trámite más redundante, tardado e ineficiente, tanto en el nivel federal como en el estatal y el municipal. Se recibieron 21,113 participaciones, y los ganadores en cada nivel de gobierno fueron seleccionados por un Jurado de cinco intelectuales de reconocida trayectoria en México.

Esta experiencia, contribuyó al desarrollo de la estrategia de Regulación Base Cero, la cual se propuso combatir la parálisis que genera una normatividad excesiva y cerrar la puerta a la discrecionalidad para crear y aplicar disposiciones que provocan opacidad y costos innecesarios para el gobierno y para los ciudadanos. Se inició con:

a)  Un inventario de las normas vigentes del gobierno federal;

b) Se publicaron nueve manuales de aplicación general para la Administración Pública Federal que tienen como objetivos centrales estandarizar los procesos de administración para proveer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos y derogar toda la normatividad innecesaria y facilitar los trámites y servicios gubernamentales para atender mejor a los ciudadanos;

c)  Se identificaron duplicidades de esas normas con relación a los nueve manuales generales; y

d) Se decretó su eliminación definitiva. Hasta octubre de 2011 el gobierno federal mexicano ha eliminado así 16,207 normas y 2,257 trámites y servicios ineficientes.

Tanto la Convocatoria Ciudadana para Identificar el Trámite Más Inútil comola estrategia de Tala Regulatoria fueron reconocidas con dos primeros lugares del Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2011 en la región de América Latina y el Caribe, en las categorías de Promoción de la participación ciudadana y de Prevención y combate a la corrupción en el servicio público, respectivamente.