La Oficina del Inspector General es responsable de asegurar el cumplimiento de las normas y el reglamento de la Secretaría General, tanto en términos financieros como en términos operacionales y administrativos, con plena objetividad y completa independencia de criterio.

La OIG verifica la observancia y el cumplimiento de las políticas, reglas y prácticas establecidas por la Secretaría General con el propósito de constatar su exactitud, eficacia y economía, tanto en la Sede como en las Oficinas en los Estados Miembros.

El Inspector General asesora al Secretario General, cuando lo considere oportuno, sobre cualquier aspecto financiero, operativo o administrativo que en su opinión requiera una modificación para asegurar la utilización más eficiente de los recursos encomendados a la Secretaría General y el cumplimiento de normas y reglamentos, así como de los compromisos contraídos con los países donantes.

El mandato de la Oficina del Inspector General se encuentra en los artículos 116 al 121 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General; La Orden Ejecutiva No. 95-05, del 8 de mayo de 1995. Las recomendaciones que presenta el Inspector General en sus informes de auditoría, inspecciones e investigaciones tienen carácter obligatorio para los funcionarios de la Secretaría General luego de ser aprobadas por el Secretario General.