Los derechos humanos y la violencia contra las mujeres

Los países de América Latina y el Caribe han adaptado gradualmente su legislación nacional al marco jurídico internacional e interamericano sobre los derechos de las mujeres, dentro del cual se hace particular referencia a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

De acuerdo a la OECD, en el mundo en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe es la región que ha alcanzado más progreso en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres – desde la adopción de compromisos a nivel internacional e interamericano o el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres a nivel constitucional, hasta la formulación de leyes y política públicas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En términos generales, la discriminación por parte de las instituciones sociales es baja, aunque éste todavía no se ha traducido en una protección adecuada de la autonomía e integridad física de las mujeres.

Sin embargo, para muchas mujeres en la región, la legislación vigente a nivel internacional y nacional y las garantías constitucionales de igualdad todavía no se han traducido en una realidad vivida. Persisten numerosos obstáculos a la plena realización de los derechos y de la ciudadanía de las mujeres – desde su acceso a la educación, al empleo con remuneración y beneficios igualitarios, a la salud y otros servicios sociales, hasta la capacidad de las mujeres de negociar sus relaciones sexuales y su autonomía reproductiva, de protegerse contra la violencia, incluyendo en sus propios hogares, y de incidir en la toma de decisiones en los ámbitos político, económico y social.

Es en este contexto hemisférico que opera la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), con la misión central de apoyar a los Estados Miembros de la OEA en sus esfuerzos para cumplir con sus respectivos compromisos adquiridos a nivel internacional e interamericano en materia de derechos de las mujeres e igualdad de genero, para que estos se conviertan en políticas públicas efectivas, contribuyendo a la plena e igualitaria participación de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.