Seguridad y ciudadanía económica de las mujeres

En los últimos tres años las economías de los países de las Américas se han visto afectadas  por una de las crisis financieras más profundas del siglo, la cual, según diversos estudios  ha tenido un impacto desigual en las mujeres y los hombres. Estas diferencias y desigualdades en los efectos de la crisis están condicionando las oportunidades económicas y sociales de las mujeres, así como los niveles de calidad de vida logrados en el periodo previo.

Actualmente las mujeres de la región siguen enfrentando limitaciones y condicionantes para el ejercicio de la ciudadanía económica, en particular ahora en el contexto de los efectos de la crisis financiera.

La condición de pobreza de las mujeres de las Américas continúa siendo uno de los obstáculos que limita sus posibilidades de desarrollo humano, alcanzar niveles satisfactorios de seguridad económica, y participar activamente en la vida  política de los países. En Latinoamérica y el Caribe hay actualmente 189 millones de personas en estado de pobreza, y la exposición a la pobreza de las mujeres es más alta que la de los hombres en todos los países de la región.

En la mayoría de los países de la región, por efecto de la crisis, el desempleo de las mujeres ha aumentado. La información disponible al 2009 para 12 países (OIT), muestra que la tasa de desempleo femenina continúa más alta que la masculina.

En América Latina y el Caribe, un 44% de la población ocupada urbana y un 37% de la población ocupada total, están afiliada y aportan a los sistemas de seguridad social, cifra que se ha mantenido casi invariable desde el 2002, con diferencias significativas entre países y entre hombres y mujeres. Solo el 15% de las mujeres y un 25% de los hombres de entre 15 y 65 años están afiliados a la seguridad social (CEPAL, 2008).

Pese a que las mujeres han aumentado significativamente su escolaridad y calificación laboral continúan siendo objeto de discriminación y exclusión en todas las esferas del quehacer económico de la región. Los costos de esta desigualdad y discriminación negativa hacia las mujeres son altos para las economías, para el crecimiento y para la consolidación de la democracia en la región.  

Dentro de este contexto, la CIM trabaja en las siguientes áreas estratégicas:

  • Abrir un diálogo político sobre la seguridad económica desde una perspectiva de género
  • Crear mecanismos institucionales formales de participación de las mujeres en la definición y gestión de políticas económicas y financieras
  • Apoyar la creación de políticas y redes de protección social para mujeres sin ingresos
  • Avanzar la valoración social del trabajo no remunerado en la economía del cuidado con nuevos aportes y perspectivas.