Mandato

El mandato principal de la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia es promover los procesos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas, en general, en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, en el marco de la justicia transicional, la Relatoría promueve, protege y asegura los derechos de las víctimas y sus familiares dentro de la jurisdicción de los 35 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Funciones de la Relatoría sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación:

Las funciones de la Relatoría se enmarcan en los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación, la protección de los derechos de las víctimas y familiares y la justicia transicional, entre las que se destaca:

  • Monitorear la situación de los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación, así como las garantías de no repetición, en general, tras contextos de graves violaciones a los derechos humanos en las Américas, interviniendo a favor de los derechos de las víctimas y familiares;
  • Proveer análisis especializados en la evaluación y procesamiento de las peticiones, casos, solicitudes de medidas cautelares y medidas provisionales presentadas ante la CIDH;
  • Realizar actividades de promoción como conferencias, seminarios y reuniones con representantes de los Estados, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, para divulgar información, fomentar el conocimiento amplio y estimular la conciencia pública;
  • Organizar y celebrar visitas a fin de observar y documentar la situación de las víctimas y sus familiares en el terreno;
  • Elaborar informes y estudios especializados con recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros de la OEA para la protección y promoción de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares; así como dar seguimiento a las recomendaciones realizadas;
  • Brindar asesoría y cooperación técnica en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, tanto a los Estados Miembros de la OEA, como a sus órganos políticos, organismos regionales, y otras instituciones públicas y organizaciones sociales;
  • Impulsar la adopción e implementación de medidas legislativas, políticas públicas, programas y acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación, participación social, mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, producción y acceso a la información, perspectiva de género y enfoque intercultural y priorización de grupos en situación de vulnerabilidad;
  • Contribuir en el desarrollo de los estándares interamericanos sobre memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como los derechos de las víctimas y sus familiares en el marco de la justicia transicional.