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Comunicado de Prensa

CIDH culmina su 175º Período de Sesiones

18 de marzo de 2020

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Washington, D.C. / Puerto Príncipe, Haití – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 175º Período de Sesiones en Puerto Príncipe, Haití, del 2 al 8 de marzo de 2020. La CIDH agradece al Estado de Haití por la invitación y por las facilidades brindadas para la exitosa celebración de todos los eventos programados. La Comisión manifiesta su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo haitiano por su colaboración y hospitalidad.

El 175º Período de Sesiones en Haití se enmarca en el Programa de Atención y Colaboración con el Caribe y América Central, contemplado en el Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, que establece como eje prioritario el fortalecimiento de la CIDH con los países del Caribe. La CIDH expresa su satisfacción por la exitosa realización de este importante período de sesiones que permitió acercar a la CIDH a los pueblos de los países miembros del CARICOM.

En el marco del 175º Período de Sesiones, el 2 de marzo la Comisión Interamericana eligió a sus nuevas autoridades. Su mesa directiva quedó integrada por el Comisionado Joel Hernández como Presidente, la Comisionada Antonia Urrejola como Primera Vicepresidenta, y la Comisionada Flávia Piovesan como Segunda Vicepresidenta.

Asimismo, la CIDH celebró 19 audiencias públicas sobre Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México y Venezuela, así como sobre temas regionales, como los sistemas de asilo y refugio frente a las situaciones humanitarias y los DESCA de la población LGBTI en las Américas. Asimismo, se celebraron 28 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos, medidas cautelares, seguimiento de recomendaciones, así como reuniones con representantes de víctimas, Estados y organizaciones de la sociedad civil. Sumado a ello, se realizaron actividades promocionales y de consultas con especialistas.

Este Período de Sesiones también se destacó por la aprobación de 10 informes de fondo. Asimismo, la CIDH aprobó el “Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, así como la planificación del trabajo de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales para el año de 2020. La CIDH tuvo también la oportunidad de revisar y aprobar los prototipos de los Sistemas E-Vote y SIMORE-Interamericano, así como el desarrollo de sus primeras etapas.

Durante las audiencias y reuniones realizadas en el marco del 175º Periodo de Sesiones, la CIDH recibió diversa información sobre la situación general de los derechos humanos en la región americana. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca con preocupación, que las personas en situación de especial vulnerabilidad por razones de discriminación histórica o estructural –como mujeres y niñas, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas LGBTI y personas en el contexto de la movilidad humana– continúan enfrentando serios obstáculos para tener garantizados los derechos a la vida, la integridad personal o la salud, entre otros derechos contenidos en la Convención Americana.

Por otro lado, la Comisión advierte de la persistencia de protestas sociales en la región, que se movilizan en torno a demandas legítimas; particularmente en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La CIDH reconoce la legitimidad de las demandas históricas, en particular sus reivindicaciones respecto a, la desigualdad en el ingreso, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, al agua y otros derechos sociales. Según se ha tenido conocimiento, en general estas jornadas se caracterizan por ser movilizaciones amplias y pacíficas. No obstante, la Comisión también ha tenido información sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Estado, detenciones arbitrarias de manifestantes y otros actos de violencia y vandalismo. Al respecto, la CIDH reitera el llamado a los Estados a adoptar medidas decisivas para la generación de diálogos sociales genuinos a través de la participación ciudadana efectiva, en un ambiente de total transparencia y sin discriminación acorde al enfoque de derechos que requieren los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos. Finalmente, en este ámbito, la CIDH reprueba todo acto de violencia que se de en el marco de las protestas sociales independientemente de quién provenga.

En relación con la situación general de derechos humanos en Bolivia, la Comisión continúa monitoreando de cerca la situación que vive el país, en seguimiento de la visita de observación que realizó en noviembre de 2019. En ese sentido, durante el Período de Sesiones, la Comisión recibió denuncias de actos de tortura física, sexual y psicológica en el marco de la violencia generalizada surgida a partir de octubre de 2019, así como sobre las repercusiones que este contexto de violencia ha tenido sobre la libertad de expresión, la independencia judicial y el acceso a la justicia. Al respecto, la CIDH llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los hechos de violencia ocurridos en el contexto antedicho, así como a reparar a las víctimas y sus familiares, acorde a los estándares interamericanos, y adoptar las medidas para la instalación del Grupo Internacional de Expertos y Expertas Independientes (GIEI). Además, la Comisión reitera que el Estado debe conducir, desde el más alto nivel, un proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana. Adicionalmente, como un tema de especial preocupación, la CIDH dio seguimiento a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, así como de alegaciones relativas al incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, la Comisión exhorta al Estado de Bolivia a emprender medidas de diálogo con los pueblos indígenas que conduzcan a la atención de sus necesidades y demandas. Además, recuerda al Estado las recomendaciones formuladas en el informe Pueblos Indígenas y Tribales de la Panamazonía.

Por otro lado, la Comisión reitera su preocupación por las denuncias de actos de violencia policial contra las personas afrodescendientes en Brasil. Sobre este asunto, durante la audiencia “Violencia policial contra la población afrodescendiente en Rio de Janeiro y São Paulo”, la CIDH escuchó el testimonio de la hermana de un adolescente de 16 años que –al igual que otras 8 personas– murió después de que una acción de la policía militar generara un movimiento de pánico y una estampida entre los asistentes a una fiesta en la Favela de Paraisópolis en São Paulo, hecho que fue condenado por la Comisión en su oportunidad. La CIDH recuerda al Estado de Brasil que, de conformidad con los estándares interamericanos, debe llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos de violencia, para asegurarse que estos no queden en la impunidad. Esta investigación debe estar orientada a la determinación de la verdad, así como la individualización, enjuiciamiento y eventual sanción de las personas responsables de estos hechos. La Comisión Interamericana resalta el deber del Estado de reparar a las víctimas de la violencia y sus familiares, a quienes la Comisión agradece profundamente por los testimonios que han brindado en el marco de este Período de Sesiones. Por último, hace un llamado al Estado de Brasil para continuar en su esfuerzo de implementar políticas públicas de seguridad ciudadana que aborden la problemática del racismo institucional, para evitar que futuras intervenciones policiales tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

La CIDH recibió información sobre violaciones reiteradas a los derechos humanos de mujeres y jóvenes activistas en Cuba. Durante la audiencia las organizaciones de la sociedad civil denunciaron un patrón de acoso, hostigamiento, amenazas, golpizas, descalificación, detenciones arbitrarias, torturas, violación del derecho al libre tránsito al negar salida del país, violación a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, prohibición de asociación, entre otras. Asimismo, en algunas reuniones bilaterales la CIDH recibió información respecto a la falta de atención a la situación de derechos humanos de las personas con discapacidad. La Comisión manifestó su solidaridad con las personas activistas en Cuba y reafirmó su compromiso de seguir monitoreando la situación de derechos humanos en el país.

La CIDH recibió con preocupación información sobre desapariciones de personas en México, tomando nota que niñas, niños y, particularmente, las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad se encuentran en una condición incrementada de vulnerabilidad respecto de este fenómeno. Al respecto, la Comisión destaca la necesidad de contar con una institucionalidad que considere el enfoque diferenciado necesario para prevenir y reaccionar contra actos de violencia que afectan de manera particular a niñas, niños y adolescentes. Además, recuerda que, según los estándares interamericanos, siempre que haya motivos para sospechar de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación de oficio, sin dilación, de manera seria, imparcial, efectiva y orientada a la determinación de la verdad y que permita la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables. Esta búsqueda debe ser efectiva y permitir la localización inmediata de la persona desaparecida o de sus restos mortales, ya sea a través de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. En ese sentido, la Comisión saluda la existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como los esfuerzos realizados por los Estados Unidos Mexicanos para la implementación de un Protocolo Nacional para optimizar la respuesta del Estado frente a casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Otro tema de especial preocupación para la CIDH es la escasez de insumos y servicios básicos en Venezuela. Según la información recibida durante el Período de Sesiones, el colapso de la red eléctrica ha ocasionado interrupciones al servicio con una duración de hasta 5 días en 2020; como consecuencia de lo anterior, solo una minoría de la población estaría recibiendo servicio continuo de agua potable. Aunado a ello, la falta de medicina y alimentos, así como las constantes fallas en el sistema de telecomunicaciones, transporte y manejo de desechos sólidos, tienen impactos negativos sobre el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población venezolana. La Comisión nota que estas condiciones obligan a que una gran cantidad de personas tengan que emigrar a otros países de la región, enfrentándose a una serie de condiciones adversas que los sitúan en una condición particular de vulnerabilidad. La CIDH advierte que los derechos humanos reconocidos en los instrumentos interamericanos protegen a todas aquellas personas que se encuentran bajo la autoridad y control de Estado, y exhorta a los Estados de la región que reciben migrantes venezolanos a adoptar medidas en línea con lo dispuesto en su Resolución 2/18 sobre Migración forzada de personas venezolanas, en especial lo relativo a abstenerse de adoptar medidas como el cierre de fronteras, las restricciones de ingreso a personas que podrían tener necesidades de protección internacional, la penalización por el ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar documentos oficiales, como pasaporte o antecedentes penales, la detención migratoria y discursos de odio. Asimismo, a efectos de prevenir la discriminación y xenofobia, recuerda que los Estados deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales. Asimismo, expresa su preocupación con los graves riesgos a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra.

La Comisión celebró tres audiencias públicas en relación con casos en trámite: Caso 13.615 Comunidad indígena Miskitu de Trasbapounie, Comunidad afrodescendiente de Monkey point, Pueblo indígena Rama, Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields vs Nicaragua; Caso 13.627 Carlos Alberto Moyano Dietrich vs Perú; y Caso 13.388 Fernando Aguirre y otros (53 diputados destituidos del Congreso) vs Ecuador.

La CIDH supervisó a través de 12 reuniones de trabajo, la implementación de medidas cautelares vigentes correspondientes a los Estados de Argentina, Colombia, Guatemala, Haití, México, Perú y Trinidad y Tobago. La Comisión considera que estos espacios resultan importantes para la implementación de las medidas cautelares vigentes en función del principio de concertación, así como para atender la situación de riesgo de las personas beneficiarias.

Por otro lado, la CIDH sostuvo 7 reuniones de trabajo sobre asuntos bajo el procedimiento de solución amistosa en diferentes etapas de negociación e implementación de acuerdos. En dichas reuniones, las partes avanzaron con la facilitación de la Comisión en la construcción de rutas de trabajo y en la identificación de intereses para la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa. La Comisión valora la voluntad de las partes en dichos casos para avanzar en la negociación y cumplimiento de acuerdos de soluciones amistosas que permitan a las víctimas alcanzar la reparación integral por las violaciones de derechos humanos relacionadas con dichos asuntos.

La Comisión llevó adelante 4 reuniones de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en relación con casos que cuentan ya con un informe de fondo y en los cuales la Comisión adoptará una decisión sobre su eventual sometimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La celebración de reuniones de trabajo en el marco de los Períodos de Sesiones forma parte de una práctica que la Comisión busca incrementar, con el objetivo de procurar una mayor eficacia de sus decisiones en esta etapa.

Durante el Período de Sesiones también se realizaron reuniones de trabajo sobre 5 casos en etapa de seguimiento de recomendaciones, referidos a Brasil, Colombia y Guatemala. La CIDH agradece la información brindada por las partes y saluda los avances en la implementación de las recomendaciones. Asimismo, llama a todos los Estados de la región a seguir implementando las recomendaciones emitidas en sus informes de fondo, de manera efectiva y en concertación con las víctimas y sus representantes, con la finalidad de garantizar una reparación plena e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La CIDH agradece la participación de los Estados y de la sociedad civil en las audiencias públicas, las reuniones de trabajo y los eventos públicos que tuvieron lugar en el marco de este Período de Sesiones. También destaca la importancia de que los Estados participen en todas las audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región. La participación activa de Estados, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus representantes y organizaciones de la sociedad civil, resulta fundamental para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las audiencias son una herramienta esencial para recibir información a fin de cumplir con el mandato que le han asignado los propios Estados Miembros de la OEA, de proteger, promover y defender los derechos humanos en la región.

Adicionalmente, el 4 de marzo, la CIDH celebró una reunión abierta con más de 70 miembros de organizaciones y grupos de la sociedad civil haitiana e interamericana, en la cual se recibió información preocupante sobre diversas situaciones de derechos humanos en Haití. La CIDH destaca la participación y representatividad de organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha permitido obtener un amplio y detallado panorama de los derechos humanos.

También el 4 de marzo, la CIDH llevó adelante un evento promocional de lanzamiento del Informe sobre “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”, que identifica y analiza los avances más significativos, los principales desafíos pendientes y las buenas prácticas existentes en el cumplimiento de sus recomendaciones en materia de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, desde un enfoque interseccional y especialmente focalizado en las causas y consecuencias de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. El evento promocional enfatizó la dimensión racial de la violencia y la discriminación contra las mujeres niñas y adolescentes en la región.

Asimismo, la CIDH presentó los “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”, adoptados mediante Resolución 3/19, en otro evento promocional realizado el 4 de marzo. Estos principios desarrollan lineamientos para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria acordes con las obligaciones estatales de provisión de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Ambos eventos promocionales contaron con la participación de autoridades estatales, sociedad civil y público en general.

El 5 de marzo de 2020, la Comisión realizó una reunión de consulta con personas expertas para la elaboración de una Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos en la región. Esta reunión contó con la participación de más de 40 personas provenientes de diversos países de la región, incluyendo representantes de diversos grupos de personas defensoras entre ellas, defensoras y defensores indígenas, mujeres defensoras, defensoras y defensores del territorio y medio ambiente, afrodescendientes, LGBTI, entre otros. Asimismo, la reunión contó con la participación de organismos estatales autónomos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia y de miembros de los Estados como Colombia, Estado Unidos, Guatemala y México.

En la reunión de consulta sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, varios participantes manifestaron que el desconocimiento de la “personalidad jurídica de los pueblos indígenas” les impide a éstos la defensa y el ejercicio de sus derechos; por lo que la CIDH recomienda a los Estados reconocer plenamente la “personalidad jurídica de los pueblos indígenas” (Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas, art. IX). Asimismo, algunas personas defensoras de derechos indígenas indicaron que no encuentran amparo judicial frente a los discursos de odio que promueven algunos medios de comunicación, al estigmatizarlos como “desleales con su país” por acudir a la CIDH, y que esto luego escala a criminalización, amenazas y atentados. La Comisión recuerda a los Estados su obligación de otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurren a la CIDH conforme el Art. 63 de su Reglamento: “El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Los videos de las audiencias están disponibles, así como también las fotos en alta resolución con licencia para descargarlas y utilizarlas por parte del público interesado. Acompaña a este comunicado de prensa un anexo con los resúmenes de todas las audiencias públicas celebradas en este Período de Sesiones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 056/20