CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH y Relatoría Especial expresan preocupación por actos de violencia y aumento de tensiones políticas en Haití
11 de octubre de 2019
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan su preocupación ante el reciente incremento de los actos de violencia en el marco de la crisis política que tiene lugar en Haití desde mediados de 2018, que incluye presiones para la interrupción del mandato del presidente del país, y el uso desproporcional de la fuerza por parte de la policía para reprimir las manifestaciones. La CIDH urge al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas. Asimismo, llama a todas las fuerzas políticas en Haití a que retomen las vías pacíficas de concertación política, y a preservar las instituciones democráticas en el país.
De acuerdo con información recibida por la CIDH, en las últimas semanas se ha presentado un aumento de protestas sociales derivadas de factores económicos y políticos, que estarían centradas en el rechazo al mandato del presidente Jovenel Moïse. A la crisis desatada a raíz de la presentación de un informe sobre la gestión de fondos PetroCaribe en enero de este año, respecto de actos de corrupción por parte de autoridades gubernamentales y otros actores, se habrían sumado la escasez de combustibles, y la falta de energía y alimentos con episodios de violencia generada por grupos organizados. En particular, durante su 173º Periodo de Sesiones, la Comisión recibió información por parte de representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre la parálisis de servicios públicos básicos como salud y educación, afectando especialmente a niños y niñas, mujeres, y personas mayores. En este sentido, la CIDH se suma a la preocupación expresada el 2 de octubre por las Naciones Unidas respecto del potencial desabastecimiento de agua potable en sitios críticos tales como orfanatos y sobre las dificultades de acceso a hospitales y a servicios de emergencia.
Según información que reporta la prensa local, bajo el clima de profunda insatisfacción política y social, se habrían producido episodios violentos, que llegaron a su clímax en las protestas de septiembre pasado, registrando al menos 17 personas fallecidas. En particular, la CIDH destaca lo ocurrido el lunes 23 septiembre cuando un senador haitiano abrió fuego en inmediaciones del parlamento de Haití, acontecimiento que dejó como saldo a dos personas heridas –un periodista y un guardia de seguridad.
En esta misma línea, como lo registró la Relatoría Especial en su comunicado R151/19 de 14 junio, a raíz del asesinato del periodista Pétion Rospide, los distintos episodios de picos de violencia durante las manifestaciones y protestas que se viven en el país han incluido ataques contra periodistas en el marco de la cobertura de las manifestaciones públicas. El mismo periodista Rospides denunciaba en su programa radial las agresiones por parte de manifestantes violentos contra diferentes medios de comunicación, en específico contra las radios, que son el medio más popular en el país. Asimismo, según información de público conocimiento, el pasado lunes 30 de septiembre, un periodista fue herido cuando la policía habría disparado municiones reales para dispersar a los manifestantes en Port-au-Prince. Además, el reportero Edmond Joseph Agenor, de la emisora de Radio Sans Fin (RSF), habría sido perseguido por una turba de manifestantes que le arrojaban piedras cuando era trasladado al hospital en una motocicleta.
La Comisión manifiesta su profundo rechazo ante estos actos de violencia, y en este contexto, insta al Estado haitiano a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la vida, la integridad personal y seguridad de sus habitantes. Asimismo, el Estado debe realizar las acciones necesarias para asegurar que las protestas sociales puedan desarrollarse de manera pacífica. La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. Las autoridades deben investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes.
En el mismo contexto, la CIDH fue informada sobre la circulación de discursos de odio que incitan a la violencia en Internet y a través de transmisiones radiales. Dichos discursos estarían exacerbando la polarización política y los ataques contra la prensa en general. En este sentido, la CIDH reitera que frente a las lecciones de la historia acerca de ejemplos de graves crímenes ocurridos por la exacerbación del odio contra determinados grupos, toda sociedad democrática debe adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar estos hechos, especialmente en un contexto regional de aumento de discursos discriminatorios.
“El contexto adverso que enfrenta Haití presenta tres preocupaciones principales: necesidad de retomar el diálogo político, garantía de protestas libres y pacíficas, y reactivación plena de los servicios básicos interrumpidos por la escalada de violencia”, destacó la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora de la CIDH para Haití. “En este contexto, la Comisión continuará e intensificará sus actividades de monitoreo respecto de la situación que enfrenta el país”, añadió.
De igual forma, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, recordó: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 258/19