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Comunicado de Prensa

En ocasión del Día Mundial del Refugiado, la CIDH insta a los Estados de la región a adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las personas refugiadas

21 de junio de 2019

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. – En ocasión del Día Mundial del Refugiado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce la importancia de las medidas que han adoptado diversos Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar las múltiples dinámicas del desplazamiento forzado en la región, al tiempo que estima necesario recordar a los Estados que todavía hay cientos de miles personas que requieren protección internacional y que por tanto deberían ser reconocidas como refugiadas y garantizárseles el principio a la no devolución, la protección complementaria u otra respuesta de protección internacional, así como sus derechos humanos.

En un contexto en el que los desplazamientos forzados siguen aumentando de manera dramática a nivel global, el informe “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2018” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado el día de ayer, evidencia que para finales de 2018 en los países de las Américas se registraban, 1,026,504 solicitantes de asilo con sus casos pendientes de resolución, 232,767 personas refugiadas, 58,834 personas en situación similar a las de personas refugiadas, 23,900 refugiados retornados y 8,061,972 personas desplazadas internas.

En los últimos 3 años el número de personas solicitantes de asilo ha crecido de manera alarmante en un 219% en las Américas, al tiempo que sólo se ha observado un aumento del 16% de las personas que han sido reconocidas como refugiadas. La CIDH expresa su preocupación por la disparidad que existe entre el drástico aumento de personas solicitantes de asilo y el limitado aumento en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas.

De acuerdo con cifras del ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para principios de junio de 2019, el número de personas venezolanas que abandonaron su país había alcanzado los 4 millones, de las cuales 3.2 millones se encuentran viviendo en países de América Latina y el Caribe. Esta situación representa la mayor crisis de migrantes y refugiados de la historia reciente de las Américas. Al respecto, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela pasó de 45,088 a finales de 2016 a 464,229 a finales de 2018, lo cual representa un aumento del 930%.

A su vez, en Centroamérica, el impacto de diversas formas de violencia, la pobreza, el impacto de los desastres naturales y el cambio climático, así como la falta de seguridad jurídica respecto a la propiedad de la tierra han sido algunas de las principales causas que han convergido en el desplazamiento forzado, tanto a lo interno como internacional, de cientos de miles de personas de países del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), quienes desde el año pasado volvieron a retomar visibilidad al desplazarse en las denominadas “caravanas de migrantes”. Las causas antes mencionadas han generado un aumento alarmante de 143,597 personas solicitantes de asilo y 42,675 personas refugiadas para finales de 2016 a 282,677 personas solicitantes de asilo y 70,556 personas refugiadas para finales de 2018, lo cual representa un aumento del 97% y 65% respectivamente. A su vez, en México también ha se ha observado un crecimiento significativo de 64,269 solicitantes de asilo y 10,385 personas refugiadas a finales de 2016 a 89,796 solicitantes de asilo y 12,870 refugiados a finales de 2018, lo cual representa un crecimiento de cerca del 40% y 24% respectivamente.

En adición, los hechos de represión estatal que se iniciaron en Nicaragua en abril del 2019 llevaron en un año a que más de 62,000 personas se vieran forzadas a huir de Nicaragua. Para finales de 2016, había 2,126 solicitantes de asilo y 1,419 refugiados nicaragüenses a nivel mundial, cifras que aumentaron para finales de 2018 a 32,269 personas solicitantes de asilo y 1,673 refugiados, lo cual representa un aumento del 1,418% de las personas solicitantes de asilo y 18% de las personas refugiadas.

El informe “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2018” del ACNUR, también evidencia que el desplazamiento interno forzado continua en aumento en Colombia, creciendo de 7,410,816 a finales de 2016 a 7,816,472 a finales de 2018, lo cual representa un aumento del 5%.

Asimismo, en los últimos años, la CIDH ha observado con preocupación que, ante el aumento de los movimientos migratorios en la región, algunos Estados también han endurecido su retórica y las medidas que han adoptado para responder a la situación de migrantes y refugiados, así como en contra de los defensores de derechos humanos de estas personas y a quienes les brindan asistencia humanitaria en rutas migratorias y en zonas de frontera. Otra situación de preocupación tiene que ver con la exigencia de documentos vigentes como pasaportes o de certificados de antecedentes penales o apostillas, que representan requisitos de difícil cumplimiento para muchas personas en situaciones de vulnerabilidad y precariedad que requieren protección internacional.

En los meses recientes, la CIDH ha observado el aumento de medidas tendientes a la criminalización, en particular a través de la detención y deportación de migrantes y personas con necesidades de protección internacional, así como la realización de acuerdos bilaterales para que solicitantes de asilo esperen la tramitación de sus procedimientos en lugares en donde su vida e integridad estaría en riesgo o para el establecimiento de acuerdos de tercer país seguro en países que no cuentan con condiciones de seguridad, como medidas dirigidas a disuadir la búsqueda de protección internacional de personas que están en riesgo. Estas medidas de externalización del control migratorio se suman otras medidas que ya se han venido adoptando en materia de securitización y militarización de las fronteras.

En este contexto, la CIDH recuerda a los Estados que migrar no es un delito y que muchas de las personas que integran los movimientos migratorios tienen necesidades de protección internacional y muchas otras se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y requieren de protección especial. Asimismo, la CIDH urge a las autoridades en países de tránsito y destino a tomar medidas urgentes para garantizar que las personas que ayudan a los migrantes en tránsito y a las personas refugiadas pueden ejercer su labor, libres de temor y sin ser criminalizadas por las labores que realizan. La CIDH también hace un llamado a los Estados de la región recortar, suspender o eliminar los fondos de asistencia internacional a países que lo necesitan, sino por el contrario, a reforzar los recursos que se destinan para abordar las causas estructurales de la migración forzada, a la vez que se brinda acceso al asilo y se garantiza la no devolución a personas cuya vida e integridad está en riesgo.

La Comisionada Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, expresó que: “La situación de personas refugiadas requiere una respuesta regional e internacional basada en la garantía de los derechos humanos y la responsabilidad compartida a brindar protección a las personas que lo necesitan.” A lo anterior, añadió: “Según las cifras del ACNUR, el número de nuevos desplazamientos forzosos a nivel mundial es de 37,000 personas por día. Urge una respuesta integral por parte de la comunidad internacional, cada día que pasa son vidas que dejamos de salvar. Desde la CIDH también reconocemos los grandes esfuerzos que a diario realizan las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, defensores de derechos humanos y la academia para la protección de los refugiados y los desplazados. Es necesario que los Estados y todos los actores relevantes una fuerzas para promover la solidaridad y la protección hacia las personas refugiadas.”

Al respecto, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señalo que: “Estamos siendo testigos de una situación sin precedentes para la región, cual plantea las mayores cifras de personas refugiadas en la historia, desplazadas internas y otras personas en necesidad de protección internacional que huyen de manera forzosa para buscar seguridad y protección afuera de sus países.” Al mismo tiempo, advirtió que “los discursos nacionales que criminalizan la migración y disminuyen la protección que deben otorgar los Estados, están siendo cada vez más recurrentes en nuestro continente, contrario a la urgencia de soluciones basadas en derechos humanos que la crisis de personas solicitantes de asilo y refugiadas plantea para garantizar la protección de estos grupos vulnerables en la región.”

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 155/19