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Comunicado de Prensa

CIDH concluye 2 años de su Programa de Superación del Atraso Procesal y anuncia nuevas acciones aprobadas tras una segunda etapa de consultas participativas

2 de diciembre de 2018

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María Isabel Rivero
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Washington/DC – En el marco de su prioridad de refuerzo del sistema de peticiones y casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido la implementación de su primer ciclo de medidas adoptadas desde septiembre de 2016 para enfrentar el problema del histórico atraso procesal y anuncia una segunda etapa de medidas. Al igual que en la primera etapa, esta segunda etapa fue desarrollada incorporando propuestas realizadas por actores del sistema, recibidas durante un proceso público participativo de consulta que fue abierto en junio de 2018, con el objeto de recibir insumos en materia de fortalecimiento del sistema de casos y peticiones individuales.

La CIDH aprobó el 18 de octubre de 2016 un ciclo de medidas para la reducción del atraso procesal, iniciando un proceso previo a la implementación del Plan Estratégico de la CIDH. A su vez, tras un amplio proceso de consultas regionales participativas, en marzo de 2017 aprobó dicho Plan Estratégico y en mayo siguiente estableció su Plan de Acción del Programa Especial para el Atraso Procesal. Este plan permitió a la CIDH alcanzar resultados históricos en el número de peticiones evaluadas, informes de admisibilidad y de fondo aprobados y medidas cautelares revisadas y aprobadas, que fueron hechos de público conocimiento por medio de un balance acompañado del anuncio de acciones adicionales, en cumplimiento del objetivo estratégico de fortalecer la transparencia en la gestión de la CIDH.

En los últimos 2 años, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH ha destinado recursos significativos para abordar el atraso procesal acumulado desde de los años noventa, modificando sustancialmente la manera en que organiza el trabajo de su Secretaría; haciendo más eficiente y estratégico el manejo de los recursos humanos y de los materiales de gestión y tecnológicos disponibles y generando modelos piloto de gestión, entre otras acciones.

Como se destacó recientemente, a lo largo de 2017 la CIDH aprobó 120 informes de admisibilidad, lo cual constituyó un récord histórico; 35 informes de fondo, que es más del doble que los aprobados el año anterior; el mayor número de reuniones de trabajo de su historia para facilitar acuerdos de soluciones amistosas; y otorgó 45 medidas cautelares. Asimismo, redujo a un mínimo histórico el número de peticiones en etapa de estudio inicial; y evaluó el 100% de las peticiones recibidas el año inmediatamente anterior. Asimismo, ha mantenido un dialogo y armonización periódica con la Corte Interamericana, envió 18 casos a la Corte, 4 solicitudes de medidas provisionales y retomó el envío de solicitudes de Opiniones Consultivas tras casi 10 años sin hacerlo. La CIDH registra también la solución emblemática de sus dos casos más antiguos que tramitaba hace 27 y 23 años respectivamente. A su vez, la sección de solución de soluciones amistosas dio a conocer sus resultados más recientes y la sección de medidas cautelares ha logrado revisar y actualizar integralmente su portafolio y poner al día las respuestas a las solicitudes presentadas, avanzando a responder a una demanda histórica en relación con el retraso en este trámite.

De esta manera, la CIDH alcanzó sus primeros objetivos para fortalecer el sistema de peticiones y casos, reducir el atraso procesal y obtener resultados concretos con miras a hacer más eficiente y oportuna la respuesta para los y las usuarias del sistema.

En este tiempo fueron implementadas importantes medidas de carácter administrativo, entre ellas, la creación de una Secretaría Ejecutiva Adjunta exclusivamente dedicada a la atención del sistema de peticiones y casos, soluciones amistosas y medidas cautelares; el refuerzo del personal de esta Secretaría mediante la adición de 21 nuevos profesionales en relación a agosto de 2016; la dedicación exclusiva de funcionarios y funcionarias en las coordinaciones de las secciones y el fortalecimiento de la estabilidad contractual del equipo de consultores, además de la elevación del status institucional de grupo de protección a una sección de medidas cautelares. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH también puso en funcionamiento en septiembre de 2017 una Unidad de Tramitación, la cual centraliza la tramitación administrativa de peticiones y casos en las distintas etapas procesales de manera que los y las abogadas pudieran desarrollar una labor exclusivamente jurídica. Asimismo, se han tomado diversas acciones de actualización del sistema informático de gestión procesal para agregar nuevas funcionalidades que faciliten el desarrollo del trabajo interno y la transparencia y efectividad. La nueva estructura administrativa fue anunciada el 17 de agosto de 2017 y publicada con su organigrama, mediante comunicado 123/2017.

En materia procesal, una primera acción fue la adopción de la Resolución 1/16 y su aplicación a 360 casos que estaban en trámite hace más de diez años con el fin de unificar el análisis sobre admisibilidad y fondo en un sólo informe. La aplicación de la Resolución 1/16 se ha realizado de manera progresiva y escalonada; hasta la fecha han sido notificadas 307 peticiones. Se trata del mayor número de peticiones que avanzaron a la etapa de fondo en la historia de la CIDH en un período similar.

La CIDH adoptó nuevas medidas luego de un amplio proceso participativo de consultas regionales con los Estados y la sociedad civil, y con especialistas y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH durante la construcción del Plan Estratégico 2017-2021 y su Planes de Acción, tales como la aplicación estricta de los requisitos de apertura a trámite, la disminución del número de solicitudes de información en esta etapa, y la aplicación de una política de desactivación de peticiones sin actividad prolongada de la parte peticionaria. En la etapa de admisibilidad, el uso de nuevo modelo de informe de admisibilidad más conciso; en la fase de fondo, reducción del marco fáctico en los informes y su longitud, buscando simplificarlos, además de la especialización en portafolios de trabajo y el uso de la figura de acumulación. Todos estos cambios buscaron incrementar significativamente la producción de informes preservando la profundidad técnica y la calidad de sus contenidos.

En adición, y en cumplimiento de una demanda histórica del SIDH, estos últimos dos años se logró reforzar el personal del Sistema de Casos y Peticiones. En este sentido, y siguiendo los criterios rigurosos establecidos en su política de contratación, basadas en principios de mérito, de transparencia y de representatividad, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH alcanzó su más importante fortalecimiento institucional y de personal de las últimas décadas. El cuadro siguiente muestra la evolución de personal en cada una de las áreas vinculadas al Sistema de Casos (con sus nomenclaturas actuales).

 

Área Agosto de 2016 Noviembre de 2018
Sección de Estudio Inicial
(antes Sección de Registro)
2 6
Sección de Admisibilidad 6 11
Sección de Casos (antes Sección de Fondo y Grupo Corte) 6 9
Sección de Medidas Cautelares (antes Grupo de Protección) 4 7
Sección de Soluciones Amistosas 2 2
Unidad de Tramitación 8 14
Total 28 49


El área fue reforzada con un total de 21 profesionales, esto es, se registró un incremento del 75%. La lista integral de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva Adjunta está disponible, desagregados por sección.

Con el objetivo de generar continuidad a este importante proceso, y resaltar la importancia al sistema de peticiones y casos, en febrero de 2018 la CIDH creó un grupo de trabajo para acompañar el proceso de superación de atraso procesal. El grupo está conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y los Comisionados Joel Hernández, Francisco Eguiguren, Luis Ernesto Vargas y el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Como primer paso, este grupo lideró la segunda etapa de consultas, abierta a todos los usuarios del Sistema, que fue realizada en junio de 2018 para recibir sugerencias adicionales para enfrentar el desafío de años de atraso procesal. La CIDH agradece los aportes que llegaron de organizaciones y Estados, y de manera especial las propuestas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por su profundo análisis. Tras revisar el conjunto de sugerencias, la CIDH decidió adoptar las siguientes medidas adicionales para esta segunda etapa de medidas del Plan de Acción del Programa Especial para superar el Retraso Procesal establecido en su Plan Estratégico:

FASE DE ESTUDIO INICIAL:

1. Creación de una fuerza-tarea para superar el atraso procesal en la etapa de estudio inicial

La CIDH ha creado un equipo especial para actuar como una fuerza-tarea para resolver el atraso procesal en la etapa de estudio inicial. La CIDH se encontraba realizando una primera evaluación de las peticiones recibidas durante el año 2017. Sin embargo, además de la primera evaluación de peticiones de 2017, existe un gran número de peticiones anteriores a 2017 que aún se encuentran pendientes de una decisión sobre su tramitabilidad. Además, las peticiones evaluadas en los dos últimos años, tampoco fueron integralmente notificadas a las partes. En este sentido, la CIDH va a seguir destinando esfuerzos al estudio y apertura a trámite de las peticiones pendientes, y modificará las prácticas actuales que demostraron ser insuficientes para responder oportunamente al reclamo de las víctimas. La CIDH decidió que este grupo especial fuera temporalmente supervisado directamente por el despacho del SE, que instaló un grupo de especialistas para una constituir dicha fuerza-tarea que actualmente realiza el estudio de todas las peticiones recibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.

ETAPA DE ADMISIBILIDAD

1. Plan piloto de decisiones en serie respecto de la misma temática

La Comisión extendió a la etapa de admisibilidad el plan piloto de adopción en serie de informes inicialmente adoptado para la etapa de fondo respecto de asuntos relativos a temas de debido proceso penal y sancionatorio. En la práctica, la implementación de este plan incrementó la productividad de manera significativa: se aprobaron todos los casos sobre debido proceso penal en el contexto de la aplicación de la pena de muerte en un país; y se avanzó con el tema recurrente de la prisión preventiva y de la doble instancia, por citar algunos ejemplos. La Comisión decidió continuar con la especialización por portafolios en fondo, en admisibilidad e inclusive en el estudio inicial de las peticiones. Para lo anterior, la CIDH instruyó a la Secretaría Ejecutiva a trabajar en forma sistematizada con base a formatos de informes modelos para asuntos repetitivos. De esta manera, se asignó una parte del equipo de la Sección de Admisibilidad a este plan piloto, el cual consistirá en la elaboración de informes sobre admisibilidad con párrafos modelo siguiendo el mismo análisis para las distintas situaciones en cada temática.

2. Análisis de caracterización

Cuando la Comisión adoptó el actual formato de informe de admisibilidad, decidió que el análisis de caracterización fuese un solo párrafo breve. Esto, dado que los informes deben centrarse en el aspecto principal que es el análisis del agotamiento de recursos internos, debiendo la caracterización en general ser solamente una mención a los artículos que se analizarán en el fondo. Sin embargo, en la mayoría de los informes en los últimos años el análisis se ha ampliado progresivamente. La CIDH decidió volver al formato de análisis de caracterización previsto originariamente para generar más agilidad en todo el ciclo de solución: la elaboración, la revisión de informes, la traducción, la discusión y la aprobación.

MEDIDAS COMUNES PARA LAS ETAPAS DE ADMISIBILIDAD Y FONDO:

La CIDH aprobó las siguientes medidas:
1. Reasignación de los y las profesionales especialistas abogados con más experiencia del Sistema de Casos y Peticiones, para actuar directamente en las respectivas secciones de admisibilidad y fondo como medida para concentrar esfuerzos para superar el atraso procesal en dichas etapas;
2. Disminuir el número de solicitudes de observaciones en las fases de admisibilidad y fondo, manteniendo la flexibilidad que sea necesaria en función de los casos;
3. Continuar avanzando en la simplificación de los informes de admisibilidad y fondo, y profundizarla en función de casos idénticos a otros ya resueltos por la CIDH o Corte IDH, siempre ejerciendo cautela para que el caso pueda ser eventualmente sometido sin limitaciones fácticas a la jurisdicción de la Corte;
4. Mantener la medida de acumular casos cuando exista identidad de partes, hechos o patrones similares, siempre garantizando el pleno respeto del derecho de defensa e igualdad de las partes;
5. En cuanto a la política de archivos, la CIDH decidió modificar el plazo de inactividad de las partes de cuatro a tres años para el envío de la advertencia de archivo; y archivar casos en fondo por el incumplimiento de un requisito reglamentario por la parte peticionaria, específicamente, la no presentación de observaciones adicionales sobre el fondo, en aplicación de los supuestos a) y b) del artículo 42.1 del Reglamento. El envío de advertencias de archivo se realiza ante un período de inactividad, habiendo o no trámites pendientes. La CIDH considera oportuno indagar con los peticionarios si subsisten los motivos de la petición y el interés en continuar con el trámite dado que nuevos hechos pueden haber ocurrido y puede ser que ya no exista voluntad en continuar con el trámite de la petición o caso. Es decir, se archivará la petición o caso, en aquellos casos en que la CIDH no cuente con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la petición o caso, a pesar de los esfuerzos realizados para obtener dicha información, por haber un indicio relevante de desinterés en la tramitación.
6. Continuar aplicando la política de desactivación de peticiones sin actividad de la parte peticionaria con la mayor cautela, atendiendo a las circunstancias del caso y la existencia de información que permita a la CIDH resolver, aún sin impulso de la parte peticionaria
7. Seguir con la implementación de su política de estudio anticipado de peticiones o per saltum, en particular en casos en que la decisión pueda comprobadamente remediar situaciones estructurales graves en que tengan impacto en el goce de los derechos humanos, o de otras situaciones en las que el paso del tiempo pueda privar a la decisión de su efecto útil.


En el marco del Programa de Transparencia del Plan Estratégico y con base en los datos disponibles hasta la fecha, y con miras a hacer de conocimiento público los desafíos de superación del retraso procesal, la Secretaría Ejecutiva ha tomado la decisión de publicar las siguientes estadísticas:


1. En la etapa de estudio inicial siguen pendientes cerca de 7,400 peticiones de una decisión definitiva sobre tramitabilidad. Estas peticiones involucran solicitudes que comprenden los años 2005 hasta 2018. La CIDH proyecta resolver este grave rezago en 2 años por medio de la fuerza tarea ya constituida y generar una metodología que permita que el estudio inicial se realice al recibir las peticiones a partir del 1 de enero de 2019. En 2 años se han agregado 4 nuevos profesionales a esta sección, lo cual representa un incremento de 200% en relación a agosto de 2016.
2. A su vez, la etapa de admisibilidad hoy cuenta con 3.184 peticiones pendientes de elaboración de un informe. De estas, 293 están procesalmente listas para decisión. Estas peticiones comprenden casos que ingresaron desde los 1990 hasta 2018. Para resolver este grave rezago la CIDH ha agregado 5 nuevos profesionales, incrementando en 83% el personal existente en relación a agosto de 2016.
3. En la etapa de fondo, existen hoy 1.054 casos admitidos pendientes de un informe sobre el mérito. De éstos, 269 están procesalmente listos, es decir, considerados completos para la elaboración de un informe sobre el fondo. Para resolver este grave rezago histórico, la CIDH ha agregado 3 nuevos profesionales, incrementando en 50% el personal existente en relación a agosto de 2016.
4. El conjunto de medidas adoptadas en los dos últimos años, específicamente, la creación de la unidad de tramitación, que libera a los abogados especialistas de tareas administrativas; la simplificación del formato de los informes sobre el fondo; la acumulación de casos; la transferencia de las medidas provisionales para la sección de medidas cautelares; la transferencia de parte de las labores relacionadas a seguimiento de recomendaciones para una nueva sección específica, entre otras medidas de micro gestión han permitido aumentar el promedio de elaboración de informes de fondo y admisibilidad por funcionaria.
5. A partir de estas nuevas condiciones, la CIDH proyecta resolver dentro de los próximos dos años los casos procesalmente listos a la fecha, tanto en admisibilidad como en fondo; meta equivalente a toda la producción de informes realizada en los últimos 10 años.
En suma, en 2 años la Secretaría Ejecutiva Adjunta para el Sistema de Casos, Peticiones y Medidas Cautelares de la CIDH ha sido reforzada con 21 nuevos funcionarios para todas sus áreas. Se trata del refuerzo más importante de recursos humanos realizado al Sistema de Casos la CIDH en toda su historia.

Se estima el costo anual del personal del área en agosto de 2016 era al menos U$ 2.816.600,00, y que hoy asciende al menos a U$ 4.446.100,00 lo que representa un incremento de 58%. Parte de este aumento incluye la reclasificación de funciones para integrantes del equipo del Sistema de Casos. Los costos totales de mantenimiento del Sistema de Casos incorporan adicionalmente otros gastos de traducción, participación en sesiones de la Corte (viáticos y pasajes para equipo y peritos), impresiones, y mantención del sistema informático entre otros.

Asimismo, la representatividad geográfica del equipo total de la Secretaría Ejecutiva ha sido aumentada; antes representaba 18 nacionalidades y hoy representa 23 nacionalidades. También se ha triplicado la representación afrodescendiente y caribeña en la Secretaria Ejecutiva.

La CIDH entiende que todas sus medidas para superar el atraso procesal deben ser interpretadas acorde a la finalidad de aumentar la eficacia y la efectividad de la respuesta a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En este sentido, tras implementar la primera etapa y aprobar la segunda etapa por medio de amplias y participativas consultas con todos los actores relevantes en la temática de atraso procesal en el trámite de peticiones, casos y medidas cautelares, especialmente con las víctimas y organizaciones que las representan, la CIDH ha decidido mantener con regularidad una revisión y evaluación semestral de sus medidas anunciadas e implementadas. La respectivas coordinaciones de secciones de la SEA de Peticiones y Casos presentarán informes públicos de progreso semestrales sobre sus resultados como parte del los informes y/o balances anuales y semestrales de la ejecución de su Plan Estratégico a fin de mantener constantes las nuevas prácticas de transparencia y publicidad de sus informaciones relevantes. Las nuevas acciones que se decidan a partir de este proceso de revisión y consultas permanentes serán difundidas por la CIDH.

En el marco de su programa de transparencia, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH también realizará una llamada pública de hojas de vida para la contratación de consultores especializados en organización estadística para estructurar su producción de información interna y desagregar algunas de los datos relativos al trámite de casos, como por ejemplo la construcción de series históricas de productividad, cruces de información estadísticas, fechas de año en que se hacen los cortes para generar las cifras estadísticas actuales, indicar a qué años corresponden las peticiones pendientes, cuantas de las peticiones han sido notificadas, en cuantas se ha pedido información adicional antes de abrir a trámite, datos desagregados de los diferentes tipos de peticiones pendientes, temáticas o países de mayor carga de litigio, temáticas más recurrentes entre las causas pendientes, principales organizaciones peticionarias por países y temas, desagregar informaciones sobre peticiones en estudio inicial y en registro temporal, entre otras.

Es importante registrar que, durante el año de 2017, la CIDH ha realizado una gran reestructuración del trabajo interno con la formación efectiva de equipos de trabajo que han identificado duplicación de tareas y una revisión general de los flujos de trabajo, eliminando procesos innecesarios y simplificando las dinámicas y flujos de trabajo en la elaboración de cada uno de sus productos. Este trabajo exhaustivo permitió diseñar 31 flujos de trabajo, en constante revisión. La principal meta trabajo fue reflejar los procesos internos, evitar duplicaciones y establecer con transparencia y claridad cada uno de los pasos para alcanzar una decisión dentro de la Secretaría Ejecutiva en sus diferentes instancias. Para lo anterior, ha resultado crucial contar con una visión integrada de la labor de la Secretaría Ejecutiva, identificando los puntos de articulación entre cada una de las Secretarías Ejecutivas Adjuntas y así garantizar la consistencia y coordinación en la respuesta institucional. Acceda aquí a este documento de trabajo.

Parte de los cambios y mejoras en la eficiencia del trabajo de la CIDH se deben a la duplicación del presupuesto asignado por la OEA para el funcionamiento de la CIDH. Como es de conocimiento público, la duplicación del presupuesto del fondo regular no significa necesariamente una duplicación del presupuesto financiero global de la CIDH. Sin mantener los mismos niveles de contribuciones voluntarias, el efecto principal de la duplicación del presupuesto del fondo regular será exclusivamente generar estabilidad del nivel actual de gastos y actividades tomando como referencia la planta financiera de 2017.

Para el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, “La CIDH cuenta con un mecanismo único para la protección de los derechos humanos en la región, que es el sistema de peticiones y casos y las soluciones amistosas. Este primer conjunto de medidas reflejadas en el Plan Estratégico estuvieron centradas en 3 ejes: reorganización administrativa; revisión de flujos, protocolos y sistemas de trabajo y dialogo con la Corte Interamericana. La segunda etapa de medidas presentan a la CIDH nuevos horizontes. Los viejos e históricos desafíos se van resolviendo y en seguida van surgiendo otras demandas. Esta labor de búsqueda de una gestión más eficiente debe ser permanente”.

La primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño expresa que “estamos muy satisfechos y esperanzados con las transformaciones promovidas por la Secretaría Ejecutiva en los 2 últimos años. Hoy tenemos metas claras, medibles y, principalmente, resultados concretos y visibles. La nueva estructura administrativa de la CIDH ha generado un impacto muy importante en la capacidad de respuesta de la CIDH. “Agrega que “se deben articular las acciones para enfrentar el atraso procesal con las acciones de seguimiento de recomendaciones. El fortalecimiento de las acciones de seguimiento de recomendaciones es fundamental para enfrentar globalmente el incremento de la demanda. Cuanto más cumplimiento de las decisiones por parte de los Estados, menos desafíos en materia de violaciones a derechos humanos. La eficacia numérica debe estar conectada con la eficacia en la implementación".

De acuerdo con el Plan Estratégico, se ha fortalecido el seguimiento de recomendaciones de la CIDH, de manera transversal a todo el trabajo de la Comisión. El seguimiento se desarrollará mediante programas y acciones que fortalezcan una implementación integral de las recomendaciones, incluyendo a diversos actores de sociedad civil, instituciones académicas y entidades autónomas; en coordinación con las autoridades estatales.

A su vez, el programa de fortalecimiento de las soluciones amistosas previsto en el Plan Estratégico deberá tener un rol fundamental para enfrentar el retraso procesal: “La expansión del uso del mecanismo de soluciones amistosas debe tener una centralidad. Una justicia adecuada es una justicia célere y con capacidad de generar una adecuada respuesta jurídica ajustada a cada caso concreto a la luz de los estándares existentes”, afirmó el Comisionado Francisco Eguiguren.

Las respuestas de la CIDH deben incorporar integralmente todos sus mandatos y herramientas de protección tales como las actividades de cooperación técnica para la implementación integral de las recomendaciones y estándares interamericanos. “Difundir el Sistema y aclarar sus protocolos y especificar los criterios de tramitabilidad pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, el número de peticiones manifiestamente infundadas que generan mucho trabajo de la CIDH. Fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas gubernamentales en materia de derechos humanos, ayudan en la prevención y apuntan a generar soluciones estructurales para un futuro con menos violaciones de derechos humanos”, sostiene el Comisionado Joel Hernández.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas resalta la importancia de incorporar experiencias comparadas exitosas en materia de atraso procesal. “Muchos países e incluso otros sistemas internacionales de protección a los derechos humanos viven desafíos similares. En adición al incremento de recursos humanos, que tiene un límite claro de financiamiento, la CIDH ha adoptado y se compromete a adoptar nuevos procesos de trabajo y a realizar una fuerte inversión en tecnología para facilitar el acceso al SIDH”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 257/18