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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH informa balance y resultados de su trabajo durante el primer semestre de 2018
7 de septiembre de 2018
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del Programa 4 de su Plan Estratégico, dirigido a ampliar la transparencia y rendición de cuentas de su trabajo a la comunidad internacional de derechos humanos, presenta su Informe Parcial con un balance de los principales resultados de su trabajo durante el primer semestre de 2018. La CIDH destaca que el primer semestre ha demostrado un avance en la presencia pública y relevancia de la CIDH en la región, con más visitas de trabajo a los países y una visita in loco a Honduras; un incremento en la visibilización de los derechos humanos por medio de un amplio número de comunicados públicos, campañas y consultas públicas. Asimismo, conquistas importantes como la creación del MESENI y GIEI para Nicaragua, del Equipo de Seguimiento Especial para el caso Ecuador y Colombia, la instalación de la Mesa de Trabajo para Seguimiento de Recomendaciones con República Dominicana, la creación de nuevos sistemas de seguimiento de recomendaciones. La CIDH ha avanzado en la ampliación de espacios para participación de la sociedad civil en sus actividades y publicado dos resoluciones novedosas en materia de corrupción y derechos humanos; y la situación de los migrantes venezolanos. En el marco de su acción prioritaria para el fortalecimiento del Sistema de Casos y Peticiones y la reducción del atraso procesal, se destacan los números inéditos de informes de admisibilidad y fondo aprobados, casos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y medidas cautelares otorgadas en un único semestre. Estos son algunos de los importantes avances que, junto con otros, son presentados a continuación.
Durante el primer semestre la CIDH realizó actividades que permitieron aumentar en forma significativa la visibilización de graves situaciones de derechos humanos en países miembros. Respecto de Nicaragua, donde a partir del 18 de abril de 2018 se planteó una situación grave de violaciones a los derechos humanos en el marco de protestas sociales, la CIDH procedió a crear, el 3 de mayo de 2018, una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de dar especial atención a la situación en ese país. Adicionalmente, la CIDH realizó una visita de trabajo a Nicaragua del 17 al 21 de mayo con el objetivo de observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país, documentar los hechos y emitir las primeras recomendaciones al Estado. Las observaciones preliminares fueron publicadas y divulgadas ;.el 21 de junio se publicó el Informe Final sobre la visita: Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. A fin de dar seguimiento a las recomendaciones incluidas tanto en las observaciones preliminares como en el informe final, la CIDH anunció el 24 de mayo de 2018 la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI); trabaja en recoger y sistematizar los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y en registrar todos los hechos en el contexto de la crisis que atraviesa el país, entre otras tareas. En adición a ello, el 30 de mayo de 2018 la CIDH anunció que se alcanzó la anuencia del Estado de Nicaragua para crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el país, que quedó instalado el 2 de julio de 2018. Desde el inicio de la crisis en Nicaragua, la CIDH emitió 24 comunicados de prensa y adoptó 17 Resoluciones de Medidas Cautelares para proteger a 81 personas en ese país, y en algunos casos también a sus núcleos familiares. Todo el trabajo realizado por la CIDH en este marco fue compilado en una página creada a tales efectos, disponible en el sitio Web de la CIDH. Las autoridades de la CIDH han ofrecido decenas de entrevistas a medios nacionales e internacionales y se han publicado decenas de mensajes en las redes sociales institucionales, a fin de visibilizar la situación registrada.
Adicionalmente, el 27 de marzo de 2018, la CIDH publicó el informe “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”. La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
Por otra parte, la CIDH condujo una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 3 de agosto de 2018 y publicó un comunicado de prensa y las observaciones preliminares de la visita. El objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. La CIDH recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La CIDH realizó visitas a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; y visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares. La CIDH divulgó las conclusiones de su visita y las 25 recomendaciones hechas al Estado de Honduras a través de una conferencia de prensa ofrecida en Tegucigalpa el último día de la visita.
También durante el primer semestre del año, la CIDH realizó otras visitas de trabajo a países de la región. Las visitas de trabajo a Colombia tuvieron por objeto observar la situación de los derechos humanos de las comunidades étnicas después de un año de la implementación del Acuerdo de Paz. En una reunión en Bogotá realizada el 3 de marzo de 2018, se abordó el rol de la CIDH en el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. En otra reunión, que tuvo lugar el 18 de mayo también en la capital colombiana, la CIDH recabó información de parte de la Comisión Étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por último, una tercera visita de trabajo a Colombia tuvo lugar del 26 al 28 de junio, en que se sostuvieron reuniones con las instituciones comprendidas en el Acuerdo de Paz, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Alcaldía de Bogotá, y realizaron actividades de promoción. Asimismo, al inicio de abril de 2018 se realizó una visita protocolar y de trabajo a Honduras. La visita tuvo como objetivo conocer a las autoridades y hacer preparativos para la visita al país que se realizó dos meses más tarde. En esta oportunidad se realizaron reuniones de trabajo sobre medidas cautelares y soluciones amistosas.
Las visitas a los países se diseñaron e implementaron siguiendo la estrategia de priorización de una serie de temas y poblaciones a partir de ejes transversales que la CIDH adoptó en su Plan Estratégico 2017-2021, así como la perspectiva interseccional de toda su agenda de trabajo. Tras la integración estructural de las secciones de monitoreo, se avanzó en un proceso de estandarización y armonización de flujos, procesos e instrumentos de trabajo, así como de elaboración de protocolos. Al finalizar el primer semestre de 2018, la CIDH cuenta con protocolos estandarizados de actuación y flujos armonizados para las visitas de trabajo, las cartas de solicitud de información, los informes temáticos, y las actividades promocionales.
Esta integración y coordinación de la función de monitoreo de derechos humanos que realiza la CIDH en cumplimiento de su mandato, se ve expresada en los productos elaborados, como los informes, comunicados de prensa, cartas de solicitud de información a los Estados, memorandos y audiencias. Asimismo, en el primer semestre se avanzó en el establecimiento de los protocolos de actuación del área, en la construcción de los planes de acción del año, y en la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades temáticas creadas en 2017: Memoria, Verdad y Justicia; Personas Mayores; y Discapacidad. En relación con la Unidad Temática sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, durante el primer semestre del año se contó con el apoyo de un profesional especializado en la materia. Asimismo, la Unidad realizó una consulta pública el 22 de junio de 2018 en Lima, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se contó con la participación presencial de 70 personas, incluyendo personas con discapacidad, activistas, organizaciones no gubernamentales, expertos y expertas, academia y autoridades de los Estados de 17 países miembros de la OEA, quienes trabajaron de manera conjunta en la identificación de los retos más apremiantes que enfrentan las personas con discapacidad en la región, así como también en el diseño de propuestas de las líneas de trabajo que luego pondrá en marcha la Comisión a través de su Unidad temática. Por otra parte, la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH y el Instituto de Políticas Publicas y Derechos Humanos de Mercosur (IPPDH), realizaron el 26 de julio de 2018 actividades dirigidas a fortalecer el conocimiento sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en la región y promover la universalización de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La CIDH y el IPPDH organizaron conjuntamente el panel sobre “Buenas prácticas y desafíos en Politicas Públicas en Materia de Derechos Humanos de las Personas Mayores”. Finalmente, la CIDH y el IPPDH realizaron el lanzamiento conjunto de la exhibición fotográfica “Vivir con Dignidad” que representa un esfuerzo para la visibilización del derecho de las personas mayores a vivir libres de toda forma de discriminación y violencia, y que estuvo disponible en el edificio principal de la OEA hasta el 6 de agosto de 2018.
Los logros en relación con los esfuerzos para superar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos en el monitoreo de las situaciones de derechos humanos, así como la definición de estrategias de actuación para el uso integrado y articulado de los diversos mecanismos al alcance de la CIDH, dio como resultado un incremento en el uso de ciertas herramientas. Se registró un incremento en la producción de cartas de solicitud de información a los Estados y en la emisión de comunicados de prensa, en comparación con el mismo período del año anterior. La CIDH emitió 48 cartas solicitando información a Estados de la región. Ocho de esas cartas fueron elaboradas en virtud del artículo 18 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; y 40 en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión elaboró 8 de esas cartas, dos de ellas en conjunto con el Relator Especial de Naciones Unidas, y abordaron en su mayoría procesos legislativos sobre iniciativas para la regulación de la publicidad oficial, sobre la responsabilidad de intermediarios, leyes contra el odio o leyes contra actos terroristas. Asimismo, 2 de las cartas fueron elaboradas por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
En relación con los comunicados de prensa emitidos en el primer semestre del año, en los últimos dos años la CIDH ha logrado ampliar su posicionamiento en favor de los derechos humanos en la región, por medio de este mecanismo. En el primer semestre del año, de los 168 comunicados emitidos por la CIDH, 130 se relacionaban con el monitoreo de la situación de derechos humanos en la región, en relación a países y prioridades temáticas de la CIDH, la cooperación técnica y avances en la región, así como de seguimiento de recomendaciones. A través del referido mecanismo, la Comisión ha abordado temas como: desalojos forzados y desplazamiento interno, políticas migratorias que resultan en la separación de niños y sus familias, intervenciones militares en materia de seguridad ciudadana y orden público, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, derechos de las personas LGBTI y de las personas mayores, discriminación racial, los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el derecho a la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros. Los comunicados emitidos en el primer semestre han abarcado todos los temas definidos como prioritarios por la CIDH en su Plan Estratégico. En el período analizado, 16 de los comunicados de prensa emitidos fueron conjuntos con Naciones Unidas y con otros organismos regionales. A través de las cartas de solicitud de información a los Estados y de los comunicados de prensa, así como de audiencias públicas, la CIDH abordó la situación de derechos humanos en 26 países de la región, ya sea como situación general o sobre ciertos temas y grupos poblacionales específicos en el país.
En el primer semestre del año se realizaron 58 audiencias públicas, visibilizando un significativo número de situaciones de derechos humanos, entre el 167 Período de Sesiones que se realizó en Colombia y el 168 Período de Sesiones que tuvo lugar en República Dominicana. La realización de períodos de sesiones itinerantes en diversos países de la región constituye una valiosa herramienta para aumentar la presencia de la CIDH en la región, democratizar el acceso al SIDH y acercar temáticas de derechos humanos a las poblaciones de esos países. Con una amplia participación de víctimas, sociedad civil, academia y representación de Estados a través de sus altas autoridades, sumado a la transmisión en vivo por el Sitio Web de la CIDH y la divulgación posterior de los videos, las audiencias públicas constituyen una plataforma a través de la cual se visibilizan temáticas de derechos humanos regionales, subregionales y nacionales. En este semestre, por primera vez, la transmisión en vivo se puso a disposición adicionalmente a través de las cuentas institucionales de la CIDH en redes sociales, con lo cual las audiencias que se realizaron en Colombia tuvieron un alcance digital adicional de 2.7 millones, y las de República Dominicana, 2.1 millones. Algunas de estas audiencias cubrieron temas inéditos como libertad religiosa y estado laico, proceso electoral e impacto en derechos humanos, criminalización de las drogas, y temas fundamentales como hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos, empresas y derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, entre otros. En búsqueda de garantizar la universalización de la accesibilidad al Sistema Interamericano, la Comisión facilitó la interpretación en lengua de señas en varias audiencias públicas.
También durante el primer semestre del año, la CIDH adoptó y publicó dos resoluciones novedosas vinculadas a asuntos de gran trascendencia en la región por su impacto en materia de derechos humanos. Con la Resolución 1/18 la CIDH por primera vez analiza la forma en que la corrupción afecta a los derechos humanos en su integralidad y el derecho al desarrollo, provoca un debilitamiento de la gobernabilidad y de las instituciones democráticas, fomenta de la impunidad, socava al Estado de Derecho, y exacerba la desigualdad. Los esfuerzos de la CIDH con el apoyo de sus Relatorías Especiales se reflejaron posteriormente en el Compromiso de Lima, el documento acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la OEA durante la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Perú en abril 2018. En virtud de este compromiso, los Estados se comprometieron a enfrentar la corrupción sistémica mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la transparencia, el acceso a la información, la protección de denunciantes y los derechos humanos, incluida la libertad de expresión; la promoción de la transparencia en la financiación de organizaciones políticas y campañas electorales.
La Resolución 2/18, por su parte, aborda las causas de la masiva migración forzada de personas venezolanas a varios países de la región y del mundo; los riesgos que dicha población enfrenta ante la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar; y los múltiples obstáculos para obtener protección internacional, además de la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición de migrantes y refugiados que enfrentan una vez arriban al país receptor; y los obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria. A través de esa resolución, la CIDH exhortó a los Estados Miembros de la OEA a implementar una serie de acciones para dar respuesta a la grave y compleja crisis que representa la migración forzada de personas venezolanas a otros países, conforme a la obligación internacional de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
En cuanto al sistema de peticiones y casos, la continuada relevancia y legitimidad de la CIDH y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la persistencia de graves situaciones de derechos humanos en la región, continúa empujando al alza el número de peticiones que se reciben año a año. En el año 2017 se recibieron 2.508 peticiones; entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 se registraron 1.466 nuevas peticiones . Para atender esta demanda y continuar trabajando en la implementación del programa especial de reducción del atraso procesal, hasta el 31 de julio de 2018, la CIDH ha realizado el estudio inicial del 52% de las peticiones recibidas en el año 2017. Con ello, la Comisión planifica que para el cierre del año, habrá efectuado una primera evaluación del 100% de las peticiones recibidas en el año calendario inmediatamente anterior y dar continuidad a las medidas implementadas para superar el atraso procesal en la etapa de estudio inicial, lo cual se implementaría por segundo año consecutivo. Hay actualmente 4.460 peticiones en la etapa de estudio inicial, pendientes de una decisión sobre su tramitabilidad. De este total, 7 fueron recibidas hasta 2010, 972 entre 2011 y 2015, 572 en 2016, 1.443 en 2017 y 1.466 en 2018. Asimismo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, la CIDH adoptó 67 informes sobre admisibilidad (63 de admisibilidad y 4 de inadmisibilidad) y 15 informes sobre el fondo. Al 31 de julio de 2018, había 1.602 peticiones en etapa de admisibilidad y 981 en etapa de fondo, para un total de 2.583 peticiones y casos en trámite. Debido a que el foco de trabajo de los últimos dos años estuvo concentrado en reducir la cantidad de Peticiones en etapa de estudio inicial, se observa que el retraso procesal se trasladó a las etapas siguientes, admisibilidad y fondo. En el año 2018 el foco está puesto en aumentar el incremento de peticiones evaluadas en etapa de admisibilidad y casos procesados en etapa de fondo. Estos son pasos claves que reflejan el compromiso de la CIDH con el sistema de peticiones y casos. Además, las iniciativas y resultados que se han logrado demuestran la posibilidad real y concreta de implementar más y mejores medidas para dar una respuesta oportuna a las personas que acuden al sistema interamericano. La CIDH actualizó en este semestre los datos estadísticos correspondientes a 2017 de su sistema de peticiones y casos en un cuadro interactivo y comparativo. En cuanto al trabajo ante la Corte Interamericana, en el mismo periodo la CIDH ha remitido 12 casos contenciosos a la Corte IDH y ha cumplido con su rol convencional de comparecer y actuar ante la misma en 8 audiencias públicas de casos contenciosos y en 3 audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia.
La CIDH continuó implementando el programa de expansión del uso de las soluciones amistosas en el marco de su sistema de peticiones y casos. En el primer semestre del año la CIDH facilitó el procedimiento de negociación de soluciones amistosas en 120 asuntos, de los cuales 55 se encuentran en etapa de admisibilidad y 65 se encuentran etapa de fondo. De este total, 41 cuentan con acuerdos de solución amistosa suscritos entre las partes, que están en proceso de implementación. Durante este período, la CIDH facilitó 20 reuniones de trabajo con la participación de Estados, peticionarios y víctimas, sobre asuntos en diversas etapas de negociación o implementación de acuerdos de solución amistosa. Las reuniones se realizaron en el marco de los períodos de sesiones de la CIDH, así como en una visita de trabajo a Chile y otra a Honduras, realizadas específicamente para el impulso de las negociaciones. Adicionalmente, se llevaron a cabo 7 reuniones de portafolio con representantes de los siguientes Estados: Argentina (2), Colombia, Ecuador (2), México y Paraguay. En relación a los 137 asuntos que cuentan con Acuerdos de Solución Amistosa homologados, según lo establecido en el artículo 49 de la Convención Americana, la CIDH dio seguimiento a 80 asuntos, de los cuales 77 presentan un nivel de cumplimiento parcial y 3 se encuentran pendientes de cumplimiento. A finales de este semestre, se realizaron solicitudes de información a los Estados con una nueva metodología que incluye preguntas específicas, cuando el asunto lo amerita, sobre el cumplimiento de las recomendaciones o cláusulas del Acuerdo de Solución Amistosa que no fueron declaradas cumplidas totalmente por la CIDH en su Informe Anual de 2017. Las cartas cuentan con dos anexos, el primer anexo establece la metodología para el seguimiento, en el cual se le explica cómo debe ser presentada la información para que la Comisión pueda evaluar integralmente el cumplimiento de recomendaciones y Acuerdos de Solución Amistosa y también por cada una de las cláusulas específicas. En el segundo anexo, incluye copia del acuerdo de solución amistosa publicado resaltando las cláusulas sobre las que se requiere información. Por otra parte, en su calidad de Relatora de país, la CIDH participó en abril de 2018, en un foro de consulta para la elaboración de un protocolo sobre medidas de protección para líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, México; dicho foro fue parte del proceso de negociación de un acuerdo de solución amistosa de un caso específico. En julio de 2018, la CIDH también participó, como testigo de honor, en la firma del primer acuerdo de solución amistosa del Estado de Costa Rica. El 10 de mayo de 2018, la CIDH lanzó la edición actualizada de su Informe de Impacto del procedimiento de Solución Amistosa, en el marco de su 168 periodo de sesiones, en Santo Domingo, República Dominicana. Asimismo, en junio de 2018, se realizó un taller de capacitación sobre el mecanismo de soluciones amistosas a estudiantes de la Universidad de Milán, Italia y un seminario llevado a cabo a mediados de junio sobre las Controversias Internacionales entre Estados y Particulares en el que participaron representantes de Estados, sociedad civil especializada en derechos humanos y especialistas en arbitraje y mediación internacional.
Durante el primer semestre de 2018, la CIDH logró mantener su respuesta oportuna en materia de medidas cautelares, en un escenario de continuidad en el alto número de solicitudes recibidas. Hasta el 31 de julio de 2018 se recibieron más de 930 solicitudes de medidas cautelares, lo cual representa el 89.7% de las solicitudes recibidas durante todo el año 2017 (1.037 solicitudes). Este es el máximo histórico de medidas cautelares recibidas por la CIDH en este período del año. Se han emitido 56 resoluciones: 49 otorgamientos, 5 levantamientos, 1 ampliación, y 1 seguimiento. Lo anterior representa el mayor número de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde la reforma al artículo 25 del Reglamento ocurrida en el año 2013. Todas las solicitudes recibidas a la fecha han sido analizadas y clasificadas con base en los indicios de mayor gravedad y urgencia. A julio de 2018 se logró realizar en tiempo real la evaluación jurídica del 90% del total de solicitudes recibidas durante el primer semestre del año conforme a los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento. La Comisión sostuvo 18 reuniones de trabajo respecto de medidas cautelares vigentes dentro de sus periodos de sesiones con el fin de identificar y solucionar dificultades en su implementación.
En este período se adoptaron medidas cautelares que desarrollaron nuevos estándares o temas novedosos. Sobre el acoso sufrido en varios entornos, incluyendo en el ámbito escolar, derivado de la violación sexual de una niña indígena, la CIDH otorgó medidas cautelares a la niña y su familia (MC 1014-17) en mayo de 2018, ordenando en lo pertinente la adopción de las medidas culturalmente adecuadas con perspectiva de género y considerando su interés superior para garantizar el derecho a la educación de la niña y pueda estudiar en un ambiente seguro. En relación con desalojos y desplazamiento interno, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a personas desalojadas y desplazadas de la Comunidad Laguna Larga (MC 412/17) en septiembre de 2017, a las familias indígenas de Comunidad Chaab´il Ch´och’ (MC 860/17) en enero de 2018, a la Comunidad Maya Q’eqchi "Nueva Semuy Chacchilla” (MC 872-17) en febrero de 2018 y a la Comunidad Maya Q’ueqchi “La Cumbre Sa’kuxhá” (MC 43/18), en junio de 2018. A través de dichas medidas y de su Informe sobre la Situación de derechos humanos en Guatemala, la CIDH se ha pronunciado por primera vez sobre el desplazamiento interno ocasionado por los desalojos forzosos y estableció estándares en concordancia con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos con la finalidad de prevenir el desplazamiento; proteger y brindar asistencia durante el desplazamiento; prestar y facilitar la asistencia humanitaria; y facilitar el retorno, reintegración, reasentamiento, y la rehabilitación o la justa compensación, en condiciones de seguridad.
La CIDH adoptó algunas medidas institucionales para reforzar la capacidad de gestión de las medidas cautelares. Durante su 168º Periodo de Sesiones, el 10 de mayo de 2018, la CIDH adoptó la Resolución 3/2018 con el objetivo de garantizar la eficiencia del mecanismo de medidas cautelares y favorecer una mayor celeridad en la toma de decisiones. Esta resolución permite concentrar los esfuerzos en el análisis de los asuntos de personas que se encuentran en riesgo y que precisan una medida cautelar para salvaguardar sus derechos. A través de dicha resolución, la Comisión transparentó algunos de los asuntos o pretensiones que de manera histórica y consistente ha venido considerando que no son susceptibles de ser analizados a través del mecanismo de medidas cautelares, en vista de que su análisis requiere un examen de fondo de las alegaciones presentadas con las obligaciones establecidas en la Declaración o Convención Americana, el cual es propio del sistema de peticiones y casos. Lo anterior, fortalece la metodología de estudio inicial de las solicitudes recibidas, garantizando más previsibilidad sobre el alcance del mecanismo y favoreciendo la toma de decisiones en relación con tales tipos de asuntos. Asimismo, con el fin de contar con información actualizada por parte de los solicitantes y agilizar el análisis de las solicitudes recibidas, la CIDH resolvió desactivar las solicitudes en las cuales se haya solicitado información a las o los solicitantes y, una vez vencido el plazo establecido en la comunicación, no se cuente con su respuesta. Asimismo, se resolvió desactivar las solicitudes donde no se haya solicitado información al Estado y no se cuente con información actualizada por parte de las o los solicitantes en un plazo mayor a 6 meses contados a partir de la última información presentada. A partir de la fecha de la Resolución, se procede a verificar periódicamente –cada tres meses- los asuntos en inactividad para su desactivación. En caso de haberse desactivado un asunto y presentarse información adicional, la información presentada será tramitada con un nuevo registro de medida cautelar atendiendo a la situación de riesgo actual.
En relación con la Medida Cautelar 309/18, Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, Colombia y Ecuador, tras evaluar la propuesta del Estado de Ecuador, mediante comunicado de prensa de 11 de mayo de 2018, la CIDH anunció su decisión de conformar un equipo de seguimiento con atención especial y diferenciada en el marco de la MC 309-18, otorgada para proteger la vida e integridad de miembros del Equipo periodístico del Comercio, quienes fueron secuestrados por un grupo disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador y asesinados en abril de este año. Según fue señalado por la CIDH, “el equipo de seguimiento especial se dedicará a acompañar a los familiares de las víctimas y apoyar técnicamente las investigaciones mantenidas por las autoridades e instituciones nacionales”. Hasta la fecha, se han organizado dos reuniones de trabajo, una en Washington, DC y otra en Quito en el mes de julio, para la puesta en marcha del equipo especial de seguimiento.
En relación con la Medida Cautelar 409/14, estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, durante el primer semestre de 2018 la CIDH aprobó un segundo período de trabajo para el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA), el cual presentó un informe de balance que contiene el seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la medida cautelar mencionada. El Informe de Balance señala los avances que las autoridades mexicanas han tenido en materia de legislación sobre desaparición forzada y tortura, así como en la atención médica de Aldo Gutierrez y Edgar Vargas, dos de los estudiantes lesionados en el caso Ayotzinapa. En cuanto a medidas estructurales, la Comisión valora que el Estado adoptó la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Tortura. Asimismo, se destaca los pendientes en las 11 líneas de investigación penal, en las cuales el MESA ha recomendado elementos claves para profundizar la investigación del caso. Hasta el momento, durante 2018 se ha realizado una visita oficial y una visita técnica, 2 audiencias públicas y 2 reuniones de trabajo en el marco de las sesiones de la CIDH en Colombia y República Dominicana. La presencia del Mecanismo en el terreno a través de sus visitas oficiales logró espacios de interlocución entre todas las partes involucradas, en particular con los familiares, lo que facilitó el intercambio de información. Dichos encuentros fueron espacios de discusión respetuosos, francos y abiertos. La CIDH, asimismo, reconoce y valora que en atención a los planteamientos del Mecanismo, el Estado mexicano inició diligencias sugeridas con el fin de avanzar en las investigaciones.
En este período, la CIDH avanzó en la puesta en marcha de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones con el fin último de estimular la efectividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se ha trabajado en el desarrollo y mejoría de las metodologías de seguimiento de recomendaciones de la CIDH y se ha incrementado el número de acciones con miras a la construcción de rutas consensuadas para el cumplimiento de dichas recomendaciones. La Sección está a cargo de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los casos con informes de fondo publicados, y en ese marco, realizó acciones de seguimiento en los expedientes de 100 casos en esta etapa. Se realizaron cinco reuniones de trabajo durante los períodos de sesiones del primer semestre; tres reuniones de portafolio con las representaciones de los Estados de Argentina, Ecuador y México, y diversas reuniones con peticionarios. En el período cubierto por este informe de balance, se enviaron 100 cartas a los Estados solicitando información sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de fondo publicados. A partir de la respuesta recibida, las cartas serán trasladas a los peticionarios para recibir sus insumos, y con las respuestas de ambos elaborar el capítulo del informe anual sobre seguimiento de recomendaciones. Asimismo, se sistematizó la información sobre las recomendaciones realizadas por la CIDH en esos 100 informes de fondo publicados, a manera de estudio comparativo en la evolución de los conceptos de las medidas de reparación por parte de la CIDH. La Sección ha trabajado también en la sistematización de información, incluyendo una base de recomendaciones incluidas en informes temáticos de la CIDH e informes de fondo publicados. Se prepararon asimismo dos estudios temáticos sobre el cumplimiento de recomendaciones en informes de fondo publicados: uno relativo a los 34 casos de pena de muerte y otro relativo a los 12 casos donde los derechos a la vida o la integridad de mujeres y niñas hayan sido afectados. La Comisión también se encuentra colaborando con el proyecto de elaboración de fichas de jurisprudencia de la CIDH relativas a los informes de fondo y de soluciones amistosas, en el que está trabajando con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
También en el área de seguimiento de recomendaciones, la CIDH ha hecho además una apuesta fundamental en la consolidación y creación de Mecanismos Especiales, como el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA) – adoptado en relación con México; la Mesa de Trabajo de seguimiento a la implementación de Políticas de Derechos Humanos en República Dominicana; y el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI). Los Mecanismos Especiales de Seguimiento facilitan un análisis más holístico de las decisiones y recomendaciones de la CIDH, dan una exposición pública al caso o la situación, dan una sistemática de seguimiento periódico al tema/país lo que resulta en un seguimiento más profundo y enfocado por parte de la CIDH, y con un mejor acompañamiento de los resultados.
En este período también se registraron avances con relación a la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana, creada para el seguimiento de recomendaciones y compromisos relativos a la adquisición de la nacionalidad, migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y las políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género. La primera reunión de la Mesa de Trabajo tuvo lugar el 24 y 25 de julio de 2018 en la sede de la CIDH en Washington, D.C. Como parte de esta Mesa tuvo lugar una reunión de trabajo entre representantes del Estado y de la sociedad civil sobre migración, mujer, género, igualdad y discriminación y nacionalidad. La CIDH preparó un cuestionario previo y lo envió al Estado y a la sociedad civil con el objetivo de obtener información actualizada sobre la situación de derechos humanos y la implementación de políticas públicas relativas a los temas de atención de la Mesa. Esta primera reunión de la Mesa de Trabajo ha sido un espacio importante para seguir trabajando en conjunto el seguimiento de las recomendaciones de la CIDH y actualizar la información respecto de la implementación de políticas en materia de derechos humanos. La Mesa de Trabajo se reunirá una vez más a fin de año en Santo Domingo, sin perjuicio de la voluntad expresada tanto por el Estado como por la sociedad civil de sostener reuniones internas en República Dominicana. La Mesa de Trabajo es una oportunidad para avanzar hacia la implementación de políticas de derechos humanos en República Dominicana y constituye una herramienta complementaria en la estrategia de la CIDH, acorde con su Plan Estratégico 2017-2021.
En los primeros meses de 2018 la CIDH continuó realizando actividades como parte de la preparación de otros informes temáticos y de país. El 21 de marzo de 2018, la CIDH realizó una consulta de expertos y expertas en Ciudad de México para la elaboración del informe sobre Debido Proceso y Protección Judicial en los Procedimientos para el Reconocimientos de la Condición de Refugiados, Protección Complementaria y Apatridia, contando con la presencia de representantes de ACNUR, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Relacionado con el mismo informe, la CIDH publicó un cuestionario de consulta dirigido a los Estados, la sociedad civil, y otros actores no estatales. Del 18 al 20 de junio de 2018, la Comisión Interamericana participó en un Encuentro relativo al Informe sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Panamazonia, en Quito, Ecuador. En el marco de la realización del informe temático relativo a Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Desafíos y buenas prácticas, las Relatorías sobre los Derechos de las Mujeres y sobre los Derechos de la Niñez realizaron dos consultas con expertas y expertos, en Bogotá (Colombia) y en Lima (Perú. Asimismo, en el marco de la realización de dicho informe, la CIDH publicó un cuestionario de consulta dirigido a los Estados miembros, a la sociedad civil y actores no estatales. Durante este semestre fue realizada una consulta regional para el Informe sobre “Desplazamiento interno en el Triángulo Norte: Lineamientos para la formulación de políticas públicas”, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 en la Ciudad de Guatemala. En la consulta se buscó identificar las principales causas e impactos del desplazamiento interno en cada uno de estos tres países; relevar los obstáculos y desafíos de los Estados en los ámbitos de actuación (institucional, normativo, gestión pública, etc.) para la protección de los derechos de las personas desplazadas internas; identificar buenas prácticas en materia de esquemas institucionales, normativas y políticas públicas; y reflexionar sobre las capacidades y oportunidades existentes en los Estados de la región para avanzar en una agenda de trabajo de promoción y protección de derechos de la población desplazada interna.
La CIDH ha logrado consolidar su actuación en acciones de capacitación, promoción y campañas para promover el pensamiento y la cultura en derechos humanos en la región, mejorando el entendimiento sobre el mandato de la CIDH y sobre los estándares interamericanos de derechos humanos por parte de las personas usuarias del SIDH. Alrededor de 282 personas recibieron capacitaciones en los diferentes cursos y talleres realizados o patrocinados por la CIDH en el primer semestre de 2018. La CIDH también continuó con la divulgación de los estándares y la promoción de una cultura de derechos humanos a través de medios digitales. El sitio Web de la CIDH superó las 2 millones de visitas en el período analizado, y las publicaciones en redes sociales tuvieron un alcance aproximado de 46 millones de impresiones en el primer semestre, con 10 millones de impactos en la cuenta oficial de la CIDH en Facebook y 36 millones a través de la cuenta institucional en Twitter. En este período la CIDH realizó una campaña digital sobre pobreza y derechos humanos que tuvo un alcance total de casi 5 millones, incluyendo las visitas al micrositio interactivo.
En este semestre, la Comisión ha continuado fortaleciendo la colaboración con América Central a través del Proyecto sobre Democracia y Derechos Humanos en el Triángulo Norte, en particular con respecto a estándares relativos a desplazamiento forzado. En el marco de este proyecto, realizado en asociación con la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF) y destinado al fortalecimiento de la institucionalidad pública con enfoque de derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras, se desarrollaron en este período capacitaciones dirigidas a funcionarios estatales de los tres países. Se realizaron tres talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades para funcionarios de las procuradurías de derechos humanos (sistemas nacionales de protección de derechos humanos) de los tres países en materia del conocimiento y uso de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de las normas y estándares interamericanos. Estas capacitaciones tuvieron lugar en El Salvador el 16 y 17 de abril, con una participación de 30 personas; en Honduras el 19 y 20 de abril, con una participación de 34 personas; y en Guatemala el 23 y 24 de abril, con una participación de 28 personas. Asimismo, se realizaron otros tres talleres de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos en materia de normas y estándares de derechos humanos de personas y migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados y otras personas en el contexto de la movilidad humana. Estas jornadas tuvieron lugar en Honduras el 26 y 27 de abril, con 33 personas participantes; en El Salvador el 16 y 17 de mayo, con 20 personas participantes; y en Guatemala el 23 y 24 de mayo con 12 personas participantes. En el marco de este programa, el 22 de febrero de 2018 la CIDH realizó una consulta regional en Ciudad de Guatemala sobre desplazamiento interno. A partir de estos insumos, la CIDH elaboró y aprobó el Informe sobre “Desplazamiento interno en el Triángulo Norte. Lineamientos para la formulación de políticas públicas”. Por otro lado, durante los días 27 y 28 de julio de 2018, tuvo lugar el primer Foro Regional en Honduras: “Intercambio de experiencias sobre estándares internacionales y buenas prácticas relativas a desplazamiento interno, protección a defensores/as de derechos humanos y a poblaciones LGTBI en Guatemala, El Salvador, Honduras y México”. El Foro, en el que participaron alrededor de 200 personas entre representantes de distintas instituciones estatales, miembros de la sociedad civil, academia y público en general, tuvo el objetivo de intercambiar reflexiones, experiencias e información sobre la situación de los derechos humanos de las personas y comunidades LGBTI; defensores y defensoras de derechos humanos y sobre distintos aspectos relativos a movilidad humana y desplazamiento interno en los países del Triángulo Norte.
Adicionalmente, la CIDH realizó en julio de 2018 cuatro jornadas de capacitación para sociedad civil, estudiantes y movimientos sociales sobre los mecanismos de la CIDH y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en Managua, Nicaragua, en el marco de las actividades desplegadas por el MESENI. Un total de 108 personas fueron capacitadas en estas actividades. También se realizó desde la CIDH un taller sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos entre el 11 y 15 de junio destinado a 17 alumnos del master de derechos humanos de la Universidad Milano-Bicocca. Por otra parte, el 27 de junio de 2018, fue lanzada la convocatoria al Curso Internacional sobre Políticas Públicas en Derechos Humanos que la CIDH realizará durante el segundo semestre de 2018 y parte del 2019 en alianza con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. El curso está destinado a 100 participantes, con cupos dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos responsables del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas, miembros de organizaciones y movimientos sociales, académicos y a la sociedad en general.
La CIDH ha continuado además su trabajo conjunto y coordinado con otros mecanismos regionales de derechos humanos, como la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESCVI), la Comisión sobre la Situación de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas, la Conferencia de Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Asimismo, en mayo de 2018, la CIDH participó en la Novena Asamblea General del Movimiento Global para la Democracia realizado en Dakar, Senegal, Building Strategic Partnerships for Democratic Renewal. En el marco de la OEA, la CIDH participó en una reunión convocada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), sobre “Desafíos en materia de derechos humanos en los tribunales de tratamiento de drogas”, que tuvo lugar el 17 de abril de 2018 con el fin de discutir sobre los avances y desafíos en el tema de tribunales de drogas.
En el marco del acuerdo firmado entre la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para la creación del Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en América, el 1 de marzo de 2018 se llevó a cabo la primera reunión de puntos focales del mecanismo conjunto en Bogotá, con la presencia de puntos focales de la CIDH y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, América del Sur, Colombia, Guatemala, Honduras y México. Las oficinas de OACNUDH y la CIDH acordaron profundizar acciones conjuntas para avanzar en la implementación efectiva del Mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en América. Asimismo, se avanzó en la consolidación del mecanismo de acciones conjuntas con propuestas específicas de acción para el 2018 en cinco líneas prioritarias: estudios conjuntos, monitoreo y protección, incidencia, promoción y asistencia técnica. Para alcanzar dichas acciones, se acordó intercambiar periódicamente información entre ambos órganos para el análisis conjunto de temas y situaciones de especial preocupación, así como acciones para alcanzar la efectiva y oportuna protección a personas defensoras en riesgo. También se presentó un borrador de Diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en América (2012-2017) que constituye un insumo para las acciones conjuntas a desarrollarse. La CIDH y la OACNUDH realizaron durante el primer semestre una serie de acciones conjuntas como: la emisión de pronunciamientos conjuntos sobre situaciones de mutua preocupación, participación conjunta en actividades de monitoreo y promoción y el incremento en el intercambio de información y análisis sobre la situación de derechos humanos de las personas defensoras en la región, incluyendo información de relevancia sobre las medidas cautelares.
El 14 de mayo de 2018 la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, junto con la oficina OACNUDH Honduras, realizaron conjuntamente un seminario sobre estándares en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos en Tegucigalpa. Dos comunicados conjuntos fueron publicados, uno sobre amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto post-electoral en Honduras; y otro sobre asesinatos de defensores indígenas y campesino en Guatemala. Asimismo se han realizado varias reuniones conjuntas con el fin de organizar una conferencia regional en el mes de octubre en Panamá. Entre el 23 y 24 de julio, la CIDH participó en la segunda reunión inter mecanismos realizada en Nueva York. Entre el 27 y 28 de julio, la CIDH tuvo una participación conjunta con representantes del OACNUDH-Honduras en un foro organizado por PADF sobre estándares de protección a defensores.
En este período también se realizó el Segundo Diálogo trilateral entre CIDH, Comisión Africana y expertos en derechos humanos de la ONU sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales, el cual tuvo lugar del 26 al 28 de marzo de 2018 en la sede de la CIDH. A los miembros de la Comisión Interamericana y sus Relatorías Especiales se les unieron cinco miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y nueve expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas para un diálogo de tres días sobre normas, mejores prácticas, desafíos, y la identificación de posibles áreas de colaboración entre los sistemas. La reunión tenía tres objetivos generales: compartir mejores prácticas y desafíos, identificar campos de colaboración y reafirmar el compromiso de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y los sistemas regionales de derechos humanos interamericanos y africanos en la erradicación de la violencia y la discriminación en base a la orientación sexual y la identidad de género. Los expertos y las expertas presentes coincidieron en que trabajar para garantizar que todas las personas disfruten de una vida libre de dicha violencia y discriminación debe seguir siendo una prioridad.
Adicionalmente, la CIDH está desarrollando el Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones de la CIDH (SIMORE Interamericano), que contará con la base de información de todas las recomendaciones hechas por la CIDH, por sus distintos mecanismos, a los Estados Miembros de la OEA. La relevancia de dicho sistema ha sido reconocida por la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). La Asamblea General de la OEA de junio de 2018 aprobó una Resolución sobre Promoción y Protección de Derechos Humanos que reconoce los esfuerzos de la CIDH en poner en funcionamiento un sistema digital de seguimiento de recomendaciones en el marco de su Plan Estratégico 2017-2021, e insta a que continúe desarrollando sus capacidades para dar seguimiento a sus recomendaciones (AG/DOC.5641/18). El SIMORE Interamericano está basado en la herramienta desarrollada por Paraguay de sistematización de las recomendaciones internacionales de derechos humanos realizadas al país y permite el acceso público a información sobre las acciones desplegadas por el Estado, vinculadas al cumplimiento e implementación de las mismas. El sistema contiene una herramienta específica para la participación de la sociedad civil. Para este año, la CIDH espera conformar la base de datos pública de las recomendaciones de la CIDH en el SIMORE Interamericano. Durante este semestre se avanzó en la capacitación del equipo de la CIDH y de verificación de las condiciones técnicas para la instalación del Sistema. El Taller de presentación de las herramientas del Sistema y capacitación de los puntos focales de la CIDH ocurrió del 25 al 27 de junio de 2018 en Washington, y contó con la participación de más 50 personas, incluyendo la participación de diez misiones de los Estados ante la OEA en la presentación del sistema. En la oportunidad, el Estado de Paraguay entregó el código fuente del sistema a la CIDH. En el marco de la implementación del plan, fue preparado un “Documento de estudio comparado de Modelos de indexación de información – Sistemas de Seguimiento de Recomendaciones” con el fin de preparar la propuesta de la base de indexación de las recomendaciones en el SIMORE.
En relación con la construcción de una red académica especializada en el sistema interamericano y la firma de convenios con centros académicos de investigación sobre el SIDH, durante el primer semestre de 2018 la CIDH firmó 4 convenios con universidades de la región: Universidad Católica del Perú; la Universidad de Brown; la Universidad Nacional de Córdoba; y la Universidad de Los Ángeles. Por su parte, se encuentra negociando otros 15 convenios con universidades de los países de la región.
En el marco de dichos convenios se está avanzando en la ampliación del Programa de Becas y del Programa de Personal Asociado, así como en actividades de capacitación, promoción e investigación académica.
En esa línea, otra de las prioridades de la CIDH ha sido la negociación de Convenios Institucionales que permitan que recibir becario/as o personal asociado por parte de instituciones, universidades y otras entidades. Durante el primer semestre de 2018 se recibió una persona como personal asociado que prestó sus servicios en la REDESCA. Asimismo, se prevé el ingreso de al menos 4 personas durante el segundo semestre de 2018. Igualmente, durante el primer semestre de 2018 se firmaron 8 Convenios de cooperación interinstitucional con Save the Children y la REDLAMYC; con el Instituto de Responsabilidad social y Derechos Humanos; con la Universidad Católica del Perú; con el Ministerio Público del Trabajo de Brasil; con la Universidad de Brown; con la Universidad Nacional de Córdoba, con el International Land Coalition; y con la Universidad de Los Ángeles.
En el marco del programa de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, se registraron progresos concretos en este período en la estructuración de la Sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas en Derechos Humanos. Se avanzó tanto en la redacción de instrumentos e insumos destinados a quienes se ocupan de la formulación de políticas públicas como en la consolidación de vínculos para prestar asistencia técnica y apoyar las estrategias de fortalecimiento institucional de los Estados y establecer acciones de cooperación con otras instituciones. Igualmente, se ha avanzado en la redacción de lineamientos generales para la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que pueda servir de insumo a los funcionarios y funcionarias de los países de la región. En esa línea, se elaboró un informe que contiene lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno, denominado “Desplazamiento interno en el Triángulo Norte. Lineamientos para la formulación de políticas públicas”, para brindar una herramienta práctica en la promoción y protección de los derechos de las personas desplazadas internas.
Asimismo, el 22 de febrero de 2018 la CIDH firmó un convenio de cooperación técnica con Colombia para promover el SIDH proporcionando asistencia técnica al Estado en la implementación del Acuerdo de Paz. Adicionalmente, la Unidad Técnica del Sector Justicia de El Salvador solicitó la cooperación técnica de la CIDH para profundizar el conocimiento, la reflexión y el diálogo del Poder Judicial sobre procesos de justicia transicional en ese país. En la misma línea, se avanzó en el diseño de propuestas de trabajo de cooperación técnica con distintas instituciones gubernamentales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tienen por objetivo apoyar los esfuerzos nacionales en la promoción de los derechos humanos y en la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en diversos temas de mutuo interés, entre los que se destacan: derechos de las personas LGBTI, mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, apoyo en la implementación de Planes Nacionales de Derechos Humanos y mecanismos de participación social.
En este período, la CIDH también ha continuado trabajando en mejorar el uso de tecnologías de la información y comunicaciones a fin de aumentar la productividad, reduciendo costos y horas de personal en trabajos manuales. Además de la implementación del SIMORE Interamericano antes mencionado, la CIDH está abocada a la creación de un sistema de votación electrónica para la optimización de las labores de debate y toma de decisiones de las consultas a la CIDH. Durante este período se pusieron en línea sistemas automatizados para la recolección automática de información digitalizada, tales como la recepción de solicitudes de audiencia y reuniones de trabajo para los Períodos de Sesiones, la convocatoria para participar en la consulta pública de la Unidad sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; y los llamados a personas interesadas para las Becas sobre Derechos de Personas LGBTI y sobre Protección Internacional y Desplazamiento Interno. A nivel de innovaciones tecnológicas, se implementó por primera vez la digitalización de todos los documentos relativos al 167 Período de Sesiones, incluyendo audiencias y reuniones de trabajo, documentos internos y otros, a fin de mejorar el flujo de información electrónica para los Comisionados y las Comisionadas, agilizando los procesos y aumentando la productividad. Asimismo, se diseñó el Plan Integral de Reestructuración Digital, para que los espacios de almacenamiento de información electrónica y sistemas de información estuviesen actualizados y compatibles a la nueva estructura organizacional de la CIDH. Se actualizaron el sistema de manejo de documentos (DMS), sistema de gestión de peticiones y casos (PCMS), sistemas de almacenamiento de información digital y casillas de correo electrónico institucionales para el contacto e intercambio de información con los usuarios de la CIDH. Se trabajó en la transferencia digital de los portafolios de casos en los diversos sistemas, para adaptarlo al nuevo organigrama institucional. También se actualizaron 208 cartas modelos en el PCMS; se crearon dos nuevos trámites en dicho sistema a fin de que los peticionarios puedan ver en el Portal las cartas de no otorgamiento; y se implementó un cambio en la vista principal de pendientes en el sistema DMS para facilitar una mejor visualización de los temas pendientes y sus documentos relacionados, lo cual acelera el proceso de revisión de correspondencia e instrucciones dentro del sistema.
En relación con el plan de sostenibilidad financiera, se implementó la primera parte del incremento del fondo regular, cuyo aumento se aprobó para ser efectuado en tres años, completando la duplicación para 2020. El primer tercio del aumento fue efectuado a partir de 2018, y con esos recursos se logró sacar a concurso varias posiciones anteriormente financiadas con donaciones voluntarias. La propuesta del Programa-Presupuesto para 2019 ha sido presentada al Consejo Permanente e incluye el segundo tercio de la duplicación. Esta propuesta será considerada en la Asamblea General Extraordinaria sobre temas financieros, la cual está programada llevarse a cabo el 30 de octubre 2018. Por otra parte, el Comité de Movilización de Fondos instituido por la Secretaría Ejecutiva se reunió para definir la agenda y la estrategia de movilización para los Programas del Plan Estratégico y de manera particular para la visita in loco a Honduras. El Comité concluyó sobre la necesidad de hacer una rendición de cuentas a los donantes con la presentación de los resultados de avance de la ejecución del Plan Estratégico en el primer año no solo a donantes sino también a los Estados miembros. Fueron realizadas dos reuniones sub-regionales y una presentación ante el Consejo Permanente. También se continuó implementando el plan de sostenibilidad financiera con prospección de diversificación de fuentes. Se avanzó en la conformación de un banco de proyectos en desarrollo del Plan Estratégico para la movilización de fondos. También se ha avanzado en el mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas a donantes, no solo nivel de los resultados del plan estratégico sino en el contenido de los informes específicos sobre ejecución de proyectos, para lo cual ha sido fundamental el fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de proyectos. La CIDH también ha trabajado en la ampliación y diversificación de su base de donantes, explorando y buscando el acercamiento con otras fuentes como organizaciones que canalizan cooperación y algunas fundaciones empresariales.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión diseñó su Plan de Acción 2018-2021, el cual recoge insumos recibidos de la sociedad civil y expertos regionales a través de los distintos mecanismos, así como es el resultado del monitoreo sobre la situación de la libertad de expresión en la región que realiza en forma permanente la oficina. La RELE ha mantenido un diálogo permanente con los Estados a través de reuniones individuales y en espacios como los períodos de sesiones de la CIDH, visitas a los países y en el Consejo de Asuntos Jurídicos y Políticos o en ocasión de las tareas preparatorias de la Asamblea General. El nuevo plan de acción incluye una agenda temática renovada que aborda tres dimensiones principales: la gobernabilidad democrática; la defensa del espacio cívico; y los desafíos a la libertad de expresión en línea. Entre los temas concretos que la oficina priorizará en su plan de acción se encuentran los siguientes: la seguridad de periodistas, incluyendo mujeres periodistas y la cuestión de la impunidad de estos crímenes; la libertad de expresión y acceso a la información en períodos electorales; el ejercicio de la protesta social; acceso a la información pública y la excepción de seguridad nacional; y el ejercicio de la libertad de expresión e internet. Bajo este nuevo plan de acción se prevé un trabajo en línea con el Plan Estratégico de la CIDH.
Adicionalmente, como parte del conocimiento experto que ofrece la Relatoría a la CIDH, la relatoría evacuó múltiples consultas en el marco de la adopción de la Resolución adoptada en Junio 2018 por la Asamblea General de la OEA, en uno de cuyos capítulos los Estados miembros expresaron preocupación por la diseminación de información deliberadamente falsa, a través de redes sociales e incluso durante períodos electorales y solicitaron a la Relatoría Especial una guía práctica de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión, y el acceso a información de diversas fuentes en internet durante el desarrollo de procesos electorales, sin interferencias indebidas.
En relación con el monitoreo de la situación de la libertad de expresión, la Relatoría Especial también cumplió importantes objetivos. Participó de la visita preliminar de la CIDH a Nicaragua en mayo Adicionalmente, se destaca la publicación del informe sobre la misión oficial del Relator Especial a México en conjunto con el Relator de Naciones Unida para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; allí se incluyó una serie de recomendaciones para superar la crisis de violencia contra periodistas y la cuestión de la impunidad, así como para abordar otros temas sustantivos para la democracia mexicana como los temas de vigilancia en línea y publicidad oficial.
En cuanto a otras temáticas, la Relatoría Especial llevó a cabo 4 consultas. En materia de acceso a la información pública realizó consultas respecto a la excepción de seguridad nacional y su aplicación en distintos países, en preparación del informe temático sobre el Derecho de Acceso a la Información y la Seguridad Nacional que prepara la oficina. La segunda consulta busca monitorear el estado de las recomendaciones incluidas en el Informe “Acceso a la información, violencia contra mujeres y la administración de justicia”, y permitirá a la RELE conocer e informar sobre la situación del acceso a la información para combatir la violencia contra las mujeres en la región. En total, se recibieron 33 respuestas de Estados, organizaciones de la sociedad civil y particulares. Adicionalmente, se llevó a cabo una consulta cerrada en Bogotá, Colombia, en preparación del próximo informe de la Relatoría Especial “Libertad de expresión y mujeres periodistas” en la que participaron 23 mujeres de toda la región, incluyendo representantes de grupos afrodescendientes, indígenas, LGTBI, periodistas víctimas de violencia, entre otras. Finalmente, una consulta fue lanzada en mayo 2018 para recibir información en preparación de la visita oficial del Relator Especial a Ecuador que tuvo lugar a fines de agosto de 2018.
Finalmente, 27 comunicados de prensa fueron publicados y replicados por distintos medios. Del total de comunicados de prensa, la Oficina emitió 11 para llamar la atención sobre hechos relacionados con el asesinato o desaparición de periodistas en México, Guatemala, Haiti, Brasil y los Estados Unidos. En otros comunicados, la Relatoría Especial anunció la puesta en marcha de los procesos de consulta mencionados, el lanzamiento del informe anual 2017, del informe conjunto sobre la libertad de expresión en México, del curso en línea para jueces y operadores de justicia, de la sección multimedia del informe sobre “Estándares para un Internet abierto, inclusivo y plural”, y de la Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la era Digital de mayo 2018.
En 2018, la Relatoría Especial ha hecho especial uso de sus redes sociales para diseminar los comunicados de prensa, los eventos de promoción y capacitación, y los estándares avanzados, entre otros materiales y herramientas.
A partir del trabajo adelantado durante los últimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en lo que va de 2018 tres sentencias que refieren a la libertad de expresión: Nelson Carvajal Carvajal y familia (Colombia), Vladimir Herzog y otros (Brasil) y San Miguel Sosa y otras (Venezuela). Estos, junto al informe de fondo del caso Vladimiro Roca Antúnez y otros (Cuba) que fue publicado en abril de 2018, representan el avance por parte de la CIDH y su relatoría Especial en la adopción de jurisprudencia relevante para la protección del ejercicio de derechos civiles y políticos a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y en la identificación de las obligaciones específicas de los Estados en relación con investigar con debida diligencia los ataques de violencia premeditada contra periodistas y otras nuevas temáticas. Adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones de Seguimiento de recomendaciones de casos
En cuanto al Sistema de peticiones, cinco informes de admisibilidad fueron presentados por la Relatoría Especial y aprobados por la CIDH: P-1519-08. Adicionalmente, la Relatoría Especial elaboró las respectivas secciones del derecho la libertad de expresión de tres informes de fondo que luego fueron sometidos a la aprobación de la CIDH.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión avanzó en el cumplimiento de sus proyectos relativos a la capacitación de operadores judiciales en los estándares interamericanos de libertad de expresión. La Relatoría Especial, en alianza con UNESCO, capacitó en este período a 2.200 jueces de la región en la aplicación de los estándares interamericanos de libertad de expresión, a través de un curso en línea alojado en la Universidad de Austin (Texas), que cuenta con la participación de los Relatores y ex Relatores/as de libertad de expresión y el tutorial de un equipo expertos. Este curso alcanzó a 7.000 jueces de las Américas durante el actual mandato. Actualmente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión está estudiando la idea de ofrecer el curso a otros profesionales como académicos, periodistas y abogados y hacer cursos especializados en ciertas temáticas como internet o uso del derecho penal.
Además, la Relatoría Especial ha organizado y/o participado de 10 eventos de diseminación de estándares interamericanos en materia de libertad de expresión en la región y en foros internacionales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujeres (CSW62) en Naciones Unidas; la celebración del World Press Freedom Day en Ghana; la Cumbre de las Américas y la Conferencia sobre Internet y Privacidad en Bruselas. Las temáticas se han enfocado en acceso a la información y ambiente, acceso a la información y mujeres, violencia contra mujeres periodistas, Internet y libertad de expresión, regulación de la publicidad oficial, y desafíos a la libertad de expresión desde una visión regional, y también particularmente en Argentina y Venezuela. Alrededor de 450 personas (60% mujeres), han participado de estos eventos de promoción, incluyendo miembros de la sociedad civil, académicos, estudiantes, legisladores y operadores de justicia.
Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA)
Durante el primer semestre de 2018 la REDESCA preparó su primer plan de trabajo y agenda estratégica, diseñando su logo e imagen institucional, todo lo cual fue aprobado por el pleno de la Comisión. Con esa base elaboró propuestas de proyectos de financiamiento para el funcionamiento y sostenibilidad de la misma, avanzando en la promoción y aprovechamiento de las oportunidades de comunicación del mandato. También ha continuado manteniendo una fructífera agenda de reuniones y de contactos con sociedad civil, Estados, otras instancias de la OEA, instituciones públicas, academia, titulares de derechos, organismos intergubernamentales y posibles donantes. A finales del mes de junio la Relatora inició una gira de trabajo a Europa por tres semanas con el objeto de buscar alianzas estratégicas y fuentes de financiamiento que permita fortalecer y dar sostenibilidad al trabajo de la Relatoría. Durante este tiempo el equipo de la Relatoría se ha ido fortaleciendo gracias a la generación de valiosas alianzas con instituciones públicas, académicas y al seno de la propia CIDH.
También llevó adelante importantes actividades promocionales y académicas en varios países de la región sobre diversos temas vinculados a su mandato, como las realizadas con la Universidad de Nuevo León y la Universidad de Monterrey (México), el Taller sobre retos y buenas prácticas en Planes Nacionales de DDHH sobre empresas y derechos humanos, experiencias en Colombia, Chile y México, organizado con el Gobierno colombiano (Colombia), la presentación empresas y derechos humanos realizada a pedido de la CAJP (OEA) o su participación en el Foro “Restoring the Faith in Freedom” organizado por el Centro Carter (Atlanta, USA).
Como parte del trabajo de monitoreo sobre DESCA, resalta la participación de la REDESCA en la visita de trabajo a Nicaragua y el informe emitido sobre la misma en el que se documentan graves violaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas sociales iniciados el 18 de abril de 2018. En particular, se enfocó en la garantía del derecho a la salud y el efecto en otros derechos sociales como alimentación, educación y trabajo, continuando estas labores hasta el presente en constante coordinación con el MESENI de la CIDH. Más recientemente, el aporte de la Relatoría Especial DESCA se refleja en los trabajos realizados mediante su participación en la visita de la CIDH a Honduras y las contribuciones a los documentos derivados de la misma. También trabajó de manera coordinada con las demás unidades de la CIDH en más de una decena de audiencias temáticas, emitió tres comunicados de prensa y una carta de solicitud de información bajo el artículo 41 de la Convención Americana.
En relación con el sistema de casos y peticiones, la REDESCA participó en 26 proyectos de informes en la etapa de admisibilidad, 3 en la etapa de fondo, 5 resoluciones sobre solicitud de medidas cautelares y 1 audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la Relatoría Especial preparó la nota conceptual e índice preliminar del informe sobre estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos, celebrando dos audiencias temáticas regionales en la materia en lo que va del año y publicando un cuestionario dirigido a los Estados miembros de la OEA, sociedad civil y público interesado en entregar sus aportes. Sus mayores esfuerzos se centran ahora en procesar todos los insumos recibidos, así como en redactar el que será el primer informe temático de la CIDH y así del sistema interamericano en la materia.
A partir de los avances identificados, se puede concluir que, entre enero y julio del 2018, la CIDH ha verificado los resultados positivos de las medidas estructurales implementadas en el 2017, ampliando su capacidad de respuesta y relevancia frente a los importantes desafíos en materia de derechos humanos en la región y cumpliendo con los objetivos propuestos para el periodo en su Plan Estratégico 2017-2021. Sugerencias y comentarios pueden ser enviados a [email protected].
Finalmente, la CIDH agradece a la sociedad civil interamericana de derechos humanos, a los Estados miembros y observadores de la OEA, a los organismos internacionales y regionales, así como al equipo de su Secretaria Ejecutiva por todo el apoyo prestado para alcanzar los logros presentados en este balance. Agradece a los Estados miembros la implementación de la primera parte del incremento del fondo regular, cuyo aumento se aprobó en el 2017 para ser efectuado en tres años. También agradece a los países miembros, observadores y donantes cuyas contribuciones voluntarias han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados: Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, México, Panamá, República Dominicana, así como otras organizaciones como ACNUR y la Fundación Panamericana para el Desarrollo –PADF.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 198/18