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Comunicado de Prensa

CIDH urge a Colombia a tomar medidas urgentes para proteger a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales

27 de marzo de 2018

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el elevado número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados este año en Colombia y urge al Estado a tomar medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país así como a llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia en los primeros dos meses de 2018. La mayoría de estos asesinatos se concentraron contra personas defensoras en situación de especial vulnerabilidad en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso. Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 desplazamientos. En relación a los responsables de los asesinatos, en diciembre de 2017 el Fiscal General de la Nación señaló haber identificado la presencia de reductos de autodefensas que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país.

La Comisión observa que a partir de la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de personas defensoras han aumentado sostenidamente. De acuerdo a un informe del Defensor del Pueblo, desde enero de 2017 a febrero de 2018, ocurrieron 121 asesinatos de defensoras y defensores. La Comisión observa con preocupación que muchos de estos defensores y defensoras asesinados desempeñaban acciones para la implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra. Asimismo, la Comisión ha recibido información consistente que indica una afectación acentuada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y afrodescendientes.

Los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la consolidación del Estado de Derecho.

"Estamos muy preocupados por esta situación, y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto", dijo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren.

Es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión llama al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respectos de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país.

La CIDH toma nota de la reciente aprobación del Decreto 2124 de 2017 por el que se restituye a la Defensoría del Pueblo la titularidad de las alertas tempranas que pueden contribuir a la adopción de medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos. Igualmente observa el anuncio hecho por el Ministro del Interior en relación al borrador de un decreto que crea una ruta para la protección colectiva de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos. La CIDH alienta la aprobación de dicho decreto con suma urgencia una vez terminadas las consultas respectivas con organizaciones de la sociedad civil.

La CIDH insta igualmente al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos. Para tal efecto, hace un llamado urgente a las autoridades colombianas para que estas medidas de investigación y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sean abordadas desde una perspectiva integral y coordinada sobre las fuentes de riesgo, con el objeto de abordar tanto el riesgo individual como las situaciones de riesgo de tipo estructural.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 065/18