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Sección Multimedia: videos de audiencias
Presidenta Bachelet inaugura 158° Periodo de Sesiones de la CIDH
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Santiago, Chile - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 158º Período Extraordinario de Sesiones (158 PES) en Santiago de Chile del 6 al 10 de junio de 2016, a invitación del Estado chileno. Durante estas sesiones, la CIDH celebró reuniones con altas autoridades de Chile y organizaciones de la sociedad civil del país. Asimismo, se realizaron diez audiencias públicas y distintos eventos de promoción de los derechos humanos.
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil de esos países y representaciones de los Estados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela participaron en las audiencias, que se realizaron ante una concurrida asistencia de público en el edificio del ex Congreso Nacional de Chile y que fueron seguidas por transmisión web por miles de personas en toda la región. La Comisión Interamericana agradece a los Estados y la sociedad civil su activa participación en todas las audiencias
A continuación, se presenta un resumen de cada audiencia realizada, en el orden cronológico en que tuvieron lugar:
En la audiencia “Estados, empresas y derechos humanos en América del Sur”, las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron la misma, presentaron información en relación a la falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, a causa de la gestión de las empresas en América del Sur. En particular al respecto hicieron referencia entre otros al caso de la Comunidad campesina de Mala, en Perú, y a la situación de la Represa Mariana en Brasil. Las organizaciones concluyen que la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos provocadas por las empresas es clara, ya sea por la presunta criminalización de los defensores de derechos humanos, por garantizar las operaciones empresariales sin que los requisitos mínimos de la legislación ambiental hayan sido cumplidos, entre otros. Manifiestan que el interés de las empresas se prioriza por sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Consideran que en general, las víctimas han visto vulnerados sus derechos humanos, al no ser considerados como sujetos sino como objetos de la negociación. Al respecto, los participantes señalan la importancia de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, como una forma de aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas; y destacan que este debe ser un proceso verdaderamente participativo y legítimo, que incluya a las víctimas y que sea producto de diagnósticos de las realidades nacionales. Manifiestan que sería fundamental que se puedan establecer estándares generales sobre empresas y derechos humanos, incluyendo las obligaciones estatales en materia de acceso a la justicia y la definición de cómo los Estados son parte de las violaciones cuando no regulan a las empresas. El Comisionado Vannuchi, encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló que la protección de los derechos humanos es el primer paso a seguir y destacó la importancia del empoderamiento de la sociedad civil para participar en los planes de acción en la región.
En la audiencia “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América del Sur”, las organizaciones presentaron las principales conclusiones de un estudio regional sobre patrones de violencia que mujeres y niñas sufren por parte de los Estados cuando buscan servicios de salud reproductiva. Resaltaron la discriminación y prejuicios de género en todos los ámbitos de su vida, que se agrava en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes, políticas y prácticas basadas en estereotipos discriminatorios y que a su vez funcionan como un aparato reproductor de más violencia contra ellas. Enfatizaron que ciertas denegaciones de servicios o malos tratos en la atención en salud sexual y reproductiva son también una forma de violencia contra las mujeres que en algunos casos constituye tortura. Señalaron asimismo la violencia contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos que es facilitada por los Estados, al no reconocerles la legitimidad e importancia de su rol. La CIDH manifestó su preocupación por la situación que atraviesan las mujeres y niñas en este ámbito, así como el retroceso de algunos gobiernos en materia de derechos humanos que parecen ignorar la salud reproductiva de las mujeres, en particular la violencia institucional que se inflige contra ellas. Asimismo abordó el riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos de estas causas.
En la audiencia “Derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en Bolivia”, las organizaciones informaron sobre varios proyectos que afectan los derechos de los pueblos indígenas en los cuales no se habría efectuado una consulta previa, libre e informada conforme a la propia Constitución boliviana y los instrumentos internacionales en la materia. Destacaron las acciones estatales en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y señalaron que varias organizaciones nacionales, internacionales y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron sobre las irregularidades en dicha consulta. También informaron sobre represión de protestas en el marco de las cuales exigían la realización de una consulta frente a los proyectos en la zona de Takovo Mora. Por su parte, el Estado boliviano expuso la normativa constitucional y legal existente sobre los derechos de los pueblos indígenas e informó algunos detalles de los procesos de consulta realizados en los últimos años, incluida la relativa al TIPNIS. Indicó que la misma se hizo conforme a sus obligaciones internacionales y con relación a ciertos aspectos del proyecto en la zona Takovo Mora, indicó que no correspondía realizar la consulta pues no afecta territorio indígena. Agregó que los pueblos supuestamente afectados podrían utilizar la acción popular para hacer valer sus derechos. La Comisión tomó nota de las posiciones divergentes, recapituló algunos elementos de análisis en materia de consulta previa, libre e informada y consentimiento, y solicitó algunas precisiones a las partes.
En la audiencia “Derecho a la salud y acceso a medicamentos en Venezuela”. Los representantes de las organizaciones solicitantes destacaron la afectación a grupos vulnerables como niños recién nacidos y sus madres, adultos mayores y personas que viven con el VIH. Relataron testimonios impactantes de padres que buscaban desesperados medicamentos para sus hijos enfermos, que en muchos casos fallecen por falta de acceso a medicamentos y atención oportuna, y solicitaron medidas urgentes para atender la situación. Por su parte, el Estado venezolano estuvo representado por su Ministra de Salud, que hizo un recuento de las medidas adoptadas en los últimos 17 años para mejorar las condiciones de vida de la población en general, y en particular para la atención de la salud. La representante estatal afirmó que las condiciones de salud y calidad de vida han mejorado en dicho periodo, y por otra parte señaló que los venezolanos tenían el mayor índice de consumo de medicamentos de América Latina. La Comisión tomó nota de que las partes estaban de acuerdo sobre la gravedad de la situación, e indicó que se mantendría al tanto de las medidas que adopte el Estado para resolverla.
En la audiencia “Territorio, derechos humanos y construcción de paz en los Departamentos del Cauca y de Córdoba, Colombia”, las organizaciones participantes hablaron sobre la importancia de un enfoque de derechos humanos en la formulación de planes para la construcción de la paz en ambas regiones. Particularmente, en vista de una serie de problemas estructurales que han afectado a ambos departamentos, debido a la persistencia de una situación de pobreza, violencia, presencia de grupos armados, la necesidad de acceso a tierras, entre otros factores que han impacto de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones de la sociedad civil destacaron la necesidad de que la academia, a través de las universidades de la región, tengan garantías de participación en la creación de los planes orientados a alcanzar y consolidar la paz en ambos departamentos. Por su parte, el Estado manifestó que efectivamente ambos departamentos han sufrido las consecuencias directas del conflicto armado y que, como principal medida, se estarían gestionando una serie de acciones para alcanzar la paz. Además, señaló una serie de programas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, medidas de prevención y acciones que permitan reconstruir el tejido social en las dos regiones. La CIDH señaló que continuará acompañando a Colombia en las acciones que se están adelantando para lograr la paz.
En la audiencia “Afectaciones a los derechos humanos por la actividad minera en Brasil”, las organizaciones peticionarias denunciaron el impacto medioambiental y socioeconómico de la minería en Brasil y la ausencia de medidas estatales para proteger los derechos humanos de las personas afectadas. Una de ellas dio su testimonio sobre los efectos de la ruptura el 5 de noviembre de 2015 de un dique de una empresa minera que contenía desechos tóxicos en Minas Gerais, lo cual provocó la muerte de 17 personas y la afectación de más de 3 millones de personas. Denunciaron además que el proyecto de ley de marco regulatorio de la minería no contempla la participación de las comunidades. El Estado por su parte informó que inició una acción pública contra las empresas responsables por la ruptura del dique y que se creó una fundación, fiscalizada por un comité interfederativo, para el otorgamiento de reparaciones a las poblaciones afectadas. Dicha fundación fue criticada por las organizaciones debido a su naturaleza privada y al hecho que las empresas, responsables por el desastre natural, son las protagonistas en la distribución de compensaciones.
En la audiencia “Derecho a la libertad de expresión y normas penales sobre difamación en América del Sur”, las organizaciones participantes presentaron un estudio sobre la vigencia en la región de legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión y formularon recomendaciones que pueden guiar los esfuerzos estatales para la adecuación de la normativa a estándares internacionales en esta materia. En la audiencia las organizaciones participantes dieron cuenta de lo que calificaron como un resurgimiento alarmante, en países de América del Sur como Perú y Ecuador, del uso de disposiciones penales de difamación e injurias para castigar a periodistas críticos y crear un efecto intimidatorio en la prensa. Indicaron que los políticos y funcionarios públicos son quienes recurren con mayor frecuencia a estas leyes y que los tribunales encargados no aplican estándares internacionales que señalan que en este tipo de casos la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles. Los participantes también pusieron de presente una tendencia emergente a la penalización de expresiones de interés público a través de otras figuras penales, como el terrorismo y sabotaje, y los efectos negativos que esta práctica puede tener sobre la función periodística, la protesta social y la defensa de derechos humanos en la región.
En la audiencia “Situación de la independencia judicial en América del Sur”, las organizaciones peticionarias expresaron preocupación sobre temas relativos a la independencia judicial en Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia. Sobre Colombia indicaron que: i) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no realiza prontamente los concursos para jueces o empleados judiciales, lo que genera provisionalidad, además de la alta discrecionalidad para proveer los cargos; ii) no existe equilibrio de género entre las Altas Cortes y las vacantes en las mismas no se llenan oportunamente; y iii) existe una concepción del gobierno judicial que no es respetuosa de la pluralidad. Sobre Ecuador, destacaron: i) la influencia general de la política en el Poder Judicial; ii) que el órgano disciplinario ejerce su facultad de manera discrecional y aplica la figura del error judicial inexcusable sin la debida motivación y delimitación; y iii) que la Corte Constitucional no ejerce adecuada e independientemente el control constitucional. Sobre Argentina, indicaron que a pesar de las reformas, no se han logrado revertir las sospechas de intervención política especialmente en los procesos de selección y destitución de magistrados, en los cuales también hay altos niveles de discrecionalidad así como demoras, lo que a su vez genera falta de estabilidad. Agregaron que no hay transparencia hacia la ciudadanía y que no hay un control disciplinario objetivo y transparente del desempeño de los jueces y juezas. Finalmente, sobre Bolivia, informaron que persisten los problemas estructurales dentro de los que destacaron la falta de presupuesto adecuado y las implicaciones de dicha situación en la falta de cobertura, infraestructura y especialización del Poder Judicial, incluyendo a la Defensa Pública. También mencionaron las demoras en el proceso de transición constitucional hacia los nuevos órganos, lo que genera que la mayoría de los cargos sean provisionales. La Comisión agradeció la información aportada y expresó preocupación por algunos de los datos recibidos. En particular consideraron importante contar con información complementaria sobre los desafíos de los órganos de la magistratura y judicatura, así como información sobre buenas prácticas en los procesos de selección y nombramiento.
En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Provincia de Mendoza, Argentina”, los participantes expresaron que a pesar de las diferente medidas adoptadas por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y los compromisos asumidos por el Estado en dicho ámbito, la situación sigue siendo grave. Asimismo, indicaron que las soluciones no pueden ser con normas procesales que constituyan un abuso de la prisión preventiva; que debe haber transparencia de la información y participación de la sociedad civil; y que debe otorgarse el Procurador de las Personas Privadas de Libertad los recursos humanos y materiales que permitan su labor de manera independiente e imparcial. Por su parte, el Estado expresó su voluntad de cumplir las metas establecidas para contar con un sistema penitenciario ajustado a los estándares internacionales. Entre otras medidas, anunció la consolidación de una mesa de consenso de construcción de políticas penitenciarias. Asimismo, extendió una invitación al Relator sobre los Derechos de las Personas de la Libertad para que visite los centros de detención de la Provincia de Mendoza.
En la audiencia “Afectaciones a los derechos humanos por derrames de petróleo en Perú”, los participantes presentaron información sobre las violaciones a los derechos humanos que han provocado los derrames de petróleo en la Amazonía peruana, así como la falta de medidas efectivas de prevención y reparación por parte del Estado. Informaron que se han producido 40 derrames en los últimos 20 años, 20 de ellas en los últimos 4 años, lo cual ha producido un envenenamiento de las aguas y los bosques, dejando a las comunidades sin agua y sin alimentos. Producto de lo anterior, el Presidente de la comunidad Quininico y el Presidente de la Nación Wampis, informaron acerca de múltiples enfermedades que están sufriendo los miembros de sus comunidades y la falta de atención médica. El Estado señaló que ha tomado medidas para preservar la flora, fauna y salud de las personas. Entre ellas la suspensión del flujo de petróleo hasta que se supere la emergencia, la declaración de emergencia sanitaria, el acceso a agua potable en las comunidades con limitaciones y el suministro de ciertos víveres por parte de la empresa Petro Perú. EL Presidente del Directorio de Petro Perú invitó a la CIDH a la zona, y el Relator de país, Comisionado Enrique Gil Botero aceptó la invitación, al tiempo de señalar la obligación del Estado de prevenir futuros derrames, así como de proveer reparación integral en los casos en que se produzcan.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 075A/16