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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH culmina su visita a la frontera de Colombia con Venezuela
28 de septiembre de 2015
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a la frontera de Colombia con Venezuela del 10 al 12 de septiembre de 2015. El propósito de la visita fue monitorear la situación de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad colombiana que fueron deportados o que retornaron a Colombia, tras el cierre del principal cruce fronterizo entre San Antonio, estado de Táchira, Venezuela, y Cúcuta, departamento de Norte de Santander, Colombia, el 19 de agosto de 2015 y la declaratoria del estado de excepción por parte del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 21 de agosto de 2015.
Conforme a las normas que rigen su mandato, la CIDH solicitó la correspondiente anuencia a los Estados de Colombia y de Venezuela, y recibió la respuesta afirmativa de Colombia, por lo que la visita sólo pudo realizarse en dicho país. La Comisión agradece al Gobierno del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al pueblo colombiano, todas las facilidades brindadas para la realización de la visita. La CIDH lamenta la falta de respuesta del Gobierno de Venezuela respecto a la solicitud.
La delegación de la CIDH estuvo compuesta por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, Relator para Colombia; el Comisionado Felipe González, Relator sobre Derechos de las Personas Migrantes y Relator para Venezuela; el Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza; y Karin Mansel y Álvaro Botero, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Durante la visita, la delegación de la CIDH visitó Bogotá, así como Cúcuta y Villa del Rosario en la zona fronteriza del departamento de Norte de Santander, Colombia. La CIDH sostuvo reuniones con las autoridades estatales colombianas, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos, y representantes del Sistema de Naciones Unidas, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia.
La CIDH pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encuentran las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor y la situación que estaban viviendo en Venezuela. La Comisión recibió información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, la cual indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas. Dentro de este contexto, la CIDH recibió graves denuncias de violaciones de los derechos a la libertad, seguridad, e integridad de la persona; a la igualdad ante la ley; a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar; a la protección a la maternidad; a la protección del niño y la niña; de residencia y tránsito; a la preservación de la salud y al bienestar; a la educación; al trabajo; a la inviolabilidad del domicilio; a la propiedad; a la protección contra la detención arbitraria; a la protección judicial y al debido proceso; a la prohibición de expulsiones colectivas; a solicitar y recibir asilo; y al principio de no devolución (non-refoulement).
La Comisión recibió testimonios e información que indica que a partir del 21 de agosto de 2015, el punto migratorio de Villa del Rosario, Colombia, y San Antonio del Táchira, Venezuela, atravesó una situación crítica, por la llegada masiva de personas deportadas desde Venezuela o que por temor a ser deportadas habían decidido retornar a Colombia. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reportó que, desde el 21 de agosto al 9 de septiembre, 1.482 personas colombianas fueron deportadas desde Venezuela a través de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada. Según OCHA, otras 19.952 personas colombianas habrían retornado a Colombia como consecuencia de la situación que estaban enfrentando en Venezuela. Muchas de estas personas tuvieron que retornar por las dificultadas que estaban teniendo para acceder a alimentos y servicios de salud y a actos de discriminación y persecución por parte de autoridades, principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también en algunos casos por parte de personas particulares. Entre personas deportadas y personas que retornaron la cifra alcanzaba las 21.434 personas.
En consideración de la información recabada y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDH exhorta al Estado venezolano a establecer, en conjunto con el Estado colombiano, mecanismos que permitan la reunificación familiar de todas las familias fueron separadas en este contexto, y la restitución de bienes y enseres de las personas afectadas, o en su defecto, una indemnización. Asimismo, la Comisión urge al Estado venezolano a detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria, y/o sumaria, a garantizar que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento migratorio que cumpla con las garantías de debido proceso y a que se proteja el principio de unidad familiar. Asimismo, Venezuela debe garantizar la aplicación de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio, la excepcionalidad de la detención migratoria, la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes, la detención en condiciones acordes a la dignidad humana y la prohibición de las expulsiones masivas. Finalmente, la Comisión urge a Venezuela a para garantizar que refugiados y solicitantes de asilo de origen colombiano no sean deportadas o retornadas a Colombia.
Respecto de la llegada masiva de personas colombianas, y en menor medida también venezolanas, al territorio colombiano, la CIDH recibió información sobre las medidas implementadas por el Estado colombiano, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales en materia de asistencia humanitaria y protección de derechos de las personas afectadas. La Comisión reconoce la importancia de la respuesta del Estado colombiano, así como los decretos de emergencia económica que han sido promulgados, para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas afectadas como consecuencia de las deportaciones y retornos masivos desde Venezuela.
Desde el inicio de la situación en la frontera colombo-venezolana a finales de agosto y hasta el 12 de septiembre, el Estado colombiano había incluido en el Registro Único de Damnificados (RUD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a 15.176 personas entre quienes fueron deportadas y quienes retornaron. Las personas registradas pueden acceder a la oferta institucional prevista por el Estado colombiano en materia de alojamiento, subsidios de arrendamiento, acceso a servicios de salud y educación, acceso a capacitación y empleo, entre otras. Ante la continuidad de las deportaciones y retornos de personas colombianas por cruces informales en otras partes de la frontera colombo-venezolana, la Comisión recomienda al Estado colombiano a garantizar que se mantenga abierto el RUD mientras continúe está situación.
La Comisión también recibió información preocupante acerca de la situación de las personas que se no se encuentran en los albergues del Estado colombiano, también denominadas “autoalbergadas”, quienes no estarían accediendo en igual medida a la asistencia humanitaria y la oferta institucional. Asimismo, existían preocupaciones sobre la situación de las personas que han llegado informalmente a otros municipios del país, así como personas colombianas que se encuentran en Venezuela con intención de retornar a Colombia, en particular aquellas que retornasen después del cierre del registro.
La Comisión observa que con posterioridad a la visita, el Presidente Nicolás Maduro y el Presidente Juan Manuel Santos sostuvieron una reunión en Quito, Ecuador, en la cual llegaron a siete acuerdos tendientes a la progresiva normalización en la frontera entre Venezuela y Colombia.
Anexo a este comunicado, la CIDH presenta sus Observaciones Preliminares sobre la visita. La Comisiónexpresa su voluntad de colaborar con los Estados de Venezuela y Colombia en la búsqueda de soluciones duraderas integrales que protejan los derechos humanos y cumplan con los estándares internacionales en la materia.
La Comisión Interamericana continuará monitoreando éste y otros serios problemas que ha documentado durante esta visita, y a través de sus diversos mecanismos formulará recomendaciones orientadas a la superación de esta grave crisis humanitaria y la reparación integral de las violaciones de derechos humanos que evidencia esta situación.
No. 109/15