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CIDH

Comunicado de Prensa

Informe sobre el 153 Período de Sesiones de la CIDH

29 dediciembre de 2014

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 153º Período Ordinario de Sesiones del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014. La CIDH está integrada por Tracy Robinson, Presidenta; Rose-Marie Belle Antoine, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; José de Jesús Orozco Henríquez; Rosa María Ortiz; Paulo Vannuchi; y James Cavallaro. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares; estudió diversos planes a fin de resolver el atraso procesal; celebró 53 audiencias públicas y 31 reuniones de trabajo sobre casos y medidas cautelares; y sostuvo reuniones con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, entre otras actividades.

Asimismo, en el marco de una continua profundización de los lazos de cooperación con el sistema universal de derechos humanos, la CIDH recibió en el marco de estas sesiones al Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere; y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Comisionado Iván Velásquez Gómez. Asimismo, se recibió a una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encabezada por el representante regional Shelly Pitterman. Por su parte, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Juan E. Méndez participó durante el periodo de sesiones de un conversatorio sobre criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.

Durante la sesión, la Relatora Especial Rashida Manjoo se unió a la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Tracy Robinson, para una reunión privada con representantes de organizaciones de la sociedad civil para discutir sus puntos de vista sobre los temas prioritarios que afectan a los derechos de las mujeres en las Américas. En particular, las y los participantes discutieron el vacío normativo sobre la violencia contra las mujeres en el sistema internacional de derechos humanos, y debatieron sobre los potenciales beneficios y riesgos de la adopción de un tratado internacional sobre la violencia contra las mujeres.

Asimismo, la CIDH celebró un evento en Washington para presentar un informe temático, "El Derecho de los Niños y Niñas a una familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas." Los panelistas fueron la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz, y la Coordinadora de la Oficina de la Relatoría, Marisol Blanchard; Cecilia Anicama de la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños de las Naciones Unidas; y Barbara Ammirate, Directora de SOS Aldeas Infantiles. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, participó como moderador. El informe analiza el alcance y contenido del derecho del niño y de la niña a una familia, así como la obligación de los Estados de fortalecer la capacidad de las familias para cuidar adecuadamente a los niños y las niñas, prevenir violaciones de sus derechos, y evitar la institucionalización. El informe también establece una serie de recomendaciones destinadas a ayudar a los Estados en el cumplimiento de las normas internacionales relativas a esta cuestión.

En estas sesiones, la Comisión recibió con preocupación información sobre la situación de exclusión estructural en la que viven millones de personas en la región, lo cual genera graves violaciones a los derechos humanos. Persiste el trabajo esclavo y la explotación laboral en varios países, situación que también afecta a niños y niñas, lo cual reproduce los círculos de exclusión y vulnerabilidad en las futuras generaciones. La discriminación racial continúa siendo un problema extendido, en muchos casos estructural, y en estas sesiones se recibió información sobre su incidencia en sistemas de justicia penal. En el transcurso de varias audiencias se puso de manifiesto la preocupación por los elevados índices de violencia en los países de la región y por el impacto desproporcionado que ésta tiene en los adolescentes y jóvenes pertenecientes a determinados grupos sociales tradicionalmente excluidos, en especial afrodescendientes, así como por el tratamiento que éstos reciben por los agentes de seguridad del Estado y el sistema de justicia. Mientras tanto, millones de personas enfrentan obstáculos significativos en el acceso a la educación y la salud, entre otros derechos económicos, sociales y culturales, con un efecto desproporcionado en sectores de la población en especial situación de vulnerabilidad, tales como niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, poblaciones rurales, migrantes en situación irregular, personas en situación de apatridia y personas desplazadas internamente. Las mujeres son otro grupo especialmente afectado por estos problemas, a lo que se suma la falta de acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Por su parte, las personas trans también enfrentan graves obstáculos para acceder a empleos y a servicios básicos de salud y educación. Niños y adolescentes sufren acoso en las escuelas por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y se han dado casos de suicidio relacionados al mal manejo de estos casos por parte de las autoridades escolares.

Por otra parte, la Comisión recibió información sobre defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento, con el objetivo de obstaculizar sus labores y restar legitimidad a sus causas. Esto, a su vez, los hace más vulnerables a las agresiones y ataques en su contra. Asimismo, la CIDH llevó a cabo durante las sesiones un conversatorio para la elaboración del informe sobre criminalización de defensoras y defensores, en que participaron el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos Michel Forst, y otras expertas y expertos.

La Comisión expresa su más profunda preocupación ante las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de autoridades estatales. En este sentido, en el marco de una reunión con defensores y defensoras, el Relator sobre Defensoras y Defensores de la CIDH recibió información según la cual el Presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) habría anunciado que tomaría acciones legales en contra del Colectivo Yasunidos si continúa su “amenaza” y “permanente ofensiva” al Estado de Ecuador por haber denunciado ante la CIDH la falta de consulta popular para la explotación del Parque Nacional Yasuní. Al respecto, la Comisión recuerda a los Estados que el artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que éstos deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

A continuación se presentan resúmenes de las audiencias públicas que tuvieron lugar durante este período de sesiones, en orden cronológico. Grabaciones de audio y vídeo de las audiencias, así como fotografías, están disponibles aquí.

Situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos

La Comisión llevó a cabo recientemente una visita a la frontera sur de Estados Unidos como parte de sus esfuerzos en curso para supervisar y reportar la situación de los derechos humanos de los niños y las niñas y las familias migrantes y refugiadas en los Estados Unidos. En una audiencia sobre el tema en esta sesión, las organizaciones peticionarias proporcionaron información sobre la práctica de detener a los niños con sus madres; la falta de personal cualificado y debidamente capacitado para atender a estas familias; violaciones del derecho de los niños migrantes y sus familias para solicitar y recibir asilo; y los procedimientos de deportación expedita, muchos de las cuales se llevan a cabo sin que las personas tengan representación legal. El Estado se refirió a los esfuerzos que ha realizado para garantizar la seguridad de los niños y niñas migrantes, y al apoyo brindado a los países de origen para aplicar políticas para disuadir la migración irregular. La Comisión lamentó que las autoridades del estado de Texas no estuvieran presentes en la audiencia, y observó la necesidad de una cooperación directa sobre las causas de la migración en lugar de medidas de disuasión y la adopción de medidas que faciliten la migración regular, en especial en los casos de reunificación familiar. La CIDH reiteró que en las normas internacionales, las medidas distintas de la detención deben ser adoptadas en el mejor interés de los niños y las niñas migrantes, con pleno respeto de todos sus derechos humanos, entre ellos el derecho a solicitar asilo o refugio.

Caso 12.626 - Jessica Lenahan (Gonzales), Estados Unidos - (Seguimiento de recomendaciones)

Las partes presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la decisión de méritos de la Comisión de 21 de julio de 2011. Los peticionarios, entre ellos Jessica Lenahan, brindaron información relativa a los desafíos pendientes, incluyendo el fracaso continuo, en los 15 años desde los acontecimientos que llevaron a este caso, para investigar la muerte de Leslie, Katherine, y Rebecca Gonzales y conceder reparaciones, implementar reformas de políticas que aborden las causas fundamentales de la violencia contra las mujeres, y comprometerse de manera significativa con los peticionarios. La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, también participó en la audiencia como parte de la delegación de peticionarios. En su declaración, hizo hincapié en que la violencia contra las mujeres es una violación generalizada de los derechos humanos enraizada en múltiples formas de intersección de discriminación, y debe ser abordada de manera holística. El Estado destacó los esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito federal, incluyendo la aprobación de la Ley de Violencia contra la Mujer. También reiteró las limitaciones en el sistema federal de Estados Unidos en relación con la provisión de reparaciones y la investigación de la muerte de las hijas de Jessica Lenahan. El Estado también sugirió que se organice una audiencia sobre el caso de Jessica Lenahan durante la sesión de marzo de 2015. La Comisión expresó su preocupación por el número de recomendaciones pendientes que no han sido aplicadas por el Estado, en particular la falta de investigación de las muertes de Leslie, Katherine, y Rebecca Gonzales. La CIDH recordó al Estado el Derecho de la señora Lenahan al esclarecimiento de lo sucedido a sus tres hijas, y la determinación de responsabilidad por sus muertes.

Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Texas, Estados Unidos

Según organizaciones peticionarias en esta audiencia, las altas temperaturas que se producen durante los meses más calurosos del año dentro de cárceles en Texas han llevado a peleas, enfermedades y hasta muertes. Ellos presentaron un video en el que los propios internos atestiguaron a los problemas que, según dijeron, eran insoportables y prevenibles. Los peticionarios, quienes señalaron que el personal penitenciario también se vio afectado, dijeron que las altas temperaturas han provocado la muerte de 14 internos desde 2007, y constituyó una forma de castigo cruel e inhumano. Los peticionarios señalaron que los funcionarios de prisiones y las autoridades del gobierno estatal eran conscientes del problema, pero que la voluntad política no existiría para proporcionar alivio. Los peticionarios informaron que en Texas, a diferencia de otros estados de Estados Unidos, los reglamentos penitenciarios no incluyen estándares sobre las temperaturas máximas. La delegación de los Estados Unidos informó a la Comisión que había pedido explicaciones a Texas, pero que la habían rechazado y pedido que la audiencia se cancelara debido a un litigio en curso sobre el asunto. El Estado señaló que la cuestión estaba ante el Tribunal Federal de Estados Unidos y que era importante dar el sistema legal de Estados Unidos la posibilidad de agotar los recursos internos. Los miembros de la Comisión hicieron hincapié en la necesidad de investigar las muertes de internos causados por las altas temperaturas y establecer mecanismos para vigilar las condiciones generales y abordar los problemas. La Comisión lamentó que los representantes de Texas no participaron en la audiencia y señaló que daría seguimiento al tema.

Denuncias sobre racismo en el sistema de justicia de Estados Unidos

La Comisión convocó esta audiencia por su propia iniciativa, como resultado de su creciente preocupación por el tratamiento de los afroamericanos por el sistema de justicia penal de los Estados Unidos y, particularmente, por los agentes del orden. La CIDH recibió información preocupante sobre el problema de la discriminación racial por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel local, estatal y federal. Peticionarios mencionaron programas específicos basados en la discriminación racial, como el programa de "parar-y-examinar" ("stop-and-frisk", en inglés) en la ciudad de Nueva York, y leyes estatales de inmigración aprobada en Arizona, Alabama, y en otros lugares. También señalaron la necesidad de actualizar la Guía sobre el Uso de la Raza por las Agencias Federales de Aplicación de la Ley, hecho en 2003 por el Departamento de Justicia. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la falta de responsabilidad penal en los casos de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden. Carter Stewart, Fiscal Federal para el Distrito Sureño de Ohio, reconoció que Estados Unidos encarcela de manera desproporcionada a las personas de color y afirmó que el Fiscal General de Estados Unidos se ha comprometido a abordar estas disparidades en el sistema de justicia penal. En este sentido, mencionó la creación de un Grupo de Trabajo de Disparidades Raciales y el “Smart on Crime Program” en el que el Departamento de Justicia, entre otras iniciativas, modificó las políticas de tarificación en el caso de los acusados de ciertos delitos no violentos, delitos menores relacionados con drogas, y estableció medidas de servicio comunitario como alternativas al encarcelamiento. La Comisión expresó sus preocupaciones particulares con respecto a que en varios estados todavía se puede juzgar, sentenciar y encarcelar a adolescentes como adultos, a los efectos de la discriminación racial en los adolescentes, los abusos ejercidos por la policía; señaló la necesidad de priorizar las políticas de prevención, la recolección y análisis de datos para abordar las causas de los delitos cometidos por los jóvenes, y borrar automáticamente sus registros o antecedentes.

Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador

Los peticionarios presentaron información sobre la implementación de proyectos de desarrollo destinados a la exploración y extracción de recursos naturales como el petróleo y la minería en el país y como los mismos continúan operando en territorios de los pueblos indígenas sin consulta previa. Los peticionarios a su vez manifestaron su preocupación ante el impacto nocivo de dichos proyectos en el medio ambiente y la situación de riesgo, violencia, criminalización y estigmatización de los líderes y lideresas y defensoras y defensores que persiguen la protección de los derechos de sus pueblos. Se refirieron en específico a las actividades de exploración y desarrollo del petróleo en el Parque Nacional Yasuní sin el respeto por los derechos de los pueblos indígenas afectados en dicha zona, incluyendo los que se encuentran en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Entre los derechos violados, según los peticionarios, se encuentran el derecho a la vida y a la integridad cultural, y el derecho a la consulta previa, libre e informada. La Comisión aseguró su interés en continuar ofreciendo un seguimiento cercano a esta situación y expresó su interés en recibir información adicional sobre afectaciones al derecho a la consulta previa, la falta de una educación intercultural, y sobre la deslegitimación de la justicia indígena.

Situación de la independencia judicial en Ecuador

La Comisión continuó recibiendo información sobre el proceso de reforma judicial iniciado en 2011 por parte del Consejo de la Judicatura Transitorio. Las organizaciones peticionarias denunciaron que, en el marco del control disciplinario a cargo de dicho Consejo, se estaría utilizando de manera discrecional la causal de “error inexcusable”, establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, con el objetivo de separar de sus cargos a jueces y juezas en represalia de las decisiones que adoptan. Los peticionarios indicaron así que entre julio de 2011 y enero de 2013 se habrían destituido a 132 jueces, y entre los meses de enero y noviembre de 2013 a un total de 88 jueces invocando esta causal. Ante la falta de participación del Estado en esta audiencia, y en consecuencia, de una explicación en relación con los argumentos de los solicitantes, la Comisión reitera que en ningún caso la separación de un juez o jueza puede estar motivada en el juicio jurídico que desarrolle en sus decisiones. Tal y como lo señaló la CIDH en su “Informe sobre las Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia”, en aquellos Estados en donde se establece esta causal del error judicial inexcusable, existe un deber especial de la autoridad disciplinaria a analizar mediante una adecuada motivación la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de una eventual sanción.

Situación de derechos humanos en la región del Pacífico colombiano

La Comisión recibió información sobre la supuesta falta de medidas efectivas por parte del Estado para garantizar los derechos de las poblaciones étnicas y ancestrales que habitan los territorios en la región del pacífico colombiano, en particular, en el Departamento de El Chocó y el municipio de Buenaventura. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que en esta región existe una crisis humanitaria y social, que se registran altos índices de pobreza y graves desafíos en la cobertura de servicios públicos. Denunciaron además la ocurrencia de graves crímenes como desapariciones forzadas y homicidios, en un contexto de alto impacto del conflicto armado en la región. La Comisión también fue informada sobre ciertos planes de desarrollo implementados por el Estado que estarían afectando la supervivencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en la región. Señalaron que no se estarían llevando a cabo procesos de consulta adecuados. Por su parte, el Estado reconoció que la región del pacífico colombiano presenta desafíos en materia de derechos humanos y que ha adoptado medidas para proteger a la población y destacó la grave situación de violencia que se verifica por la presencia de actores armados ilegales.

Políticas y legislación en materia de reparaciones por violaciones de derechos humanos en Colombia

Tanto la sociedad civil como el Estado señalaron que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia. Reconocieron, al igual que la Comisión, que las Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha promovido el concepto de reparación integral y ha creado un marco institucional para abordar las necesidades de las víctimas. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil participantes indicaron que ciertos desafíos permanecen, incluyendo la insuficiente formación de los que aplican la ley y la falta de coordinación nacional y local entre las agencias. Expresaron también su preocupación con respecto a las tasas de compensación que, según ellos, eran insuficientes, sobre todo para las víctimas del desplazamiento forzado. También se presentó información sobre la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en la presentación de acusaciones penales, de conformidad con la Ley 906 de 2004. Las organizaciones dijeron que la posibilidad de la participación era limitada, ya que las víctimas tienen un papel secundario centrado sólo en las reparaciones relacionadas con la propiedad. El Estado afirmó que el sistema de justicia penal colombiana se ha diseñado para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y que las instituciones se están preparando para hacer frente a los desafíos que el sistema de justicia se enfrentará una vez que el conflicto armado ha terminado. El Estado indicó que esta cuestión se está abordando desde el punto de vista de la reparación integral, tanto administrativa como judicial, y que las víctimas tienen garantizados sus derechos en todas las etapas del proceso. La Comisión recibió con preocupación información sobre la existencia de una serie de proyectos de ley que buscarían ampliar el alcance de la justicia penal militar y policial. El Estado señaló que no se habían aprobado estas iniciativas, e indicó que estaba abierto a recibir las preocupaciones relacionadas con ellas. La CIDH señaló que es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos que violaciones de derechos humanos sean conocidas por tribunales militares o jurisdicción especiales y que cualquier iniciativa dirigida en ese sentido, significaría un claro retroceso en cuanto a la protección de los derechos humanos en Colombia.

Denuncias sobre violencia contra personas LGBTI en el Caribe colombiano

La CIDH recibió información sobre el impacto perturbador del conflicto armado en la vida de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en la región Caribe de Colombia, que está habitada en su mayoría por afro-descendientes de los sectores socioeconómicos más bajos. Peticionarios dijeron que muchas personas LGBTI son objetivos específicos de los grupos armados, en particular por parte de bandas criminales (BACRIM). Personas LGBTI y sus defensores y defensoras de los derechos humanos serían víctimas de asesinatos, ataques y amenazas de muerte de forma frecuente, lo que obligó a muchos de ellos a situaciones de desplazamientos internos. Según los peticionarios, las personas LGBTI no gozan de ningún tipo de protección una vez que son desplazadas, y que son discriminadas por miembros de las comunidades en las que terminan. Peticionarios también indicaron que las personas LGBTI a menudo no entran en la definición de líderes sociales y por lo tanto no están protegidos por la Unidad Nacional de Protección. La CIDH ha tomado nota de la afirmación del Estado de que se adopte una política pública nacional sobre los derechos de las personas LGBTI en los próximos meses. Asimismo, la CIDH reconoció los esfuerzos del Estado en la investigación de los actos de violencia contra las personas LGBTI y en la capacitación de los fiscales en temas de orientación e identidad sexual y de género, así como en la capacitación en prevención del abuso a los oficiales de policía y en las cárceles. La CIDH instó a Colombia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus leyes, políticas y procedimientos proporcionen una atención específica a las víctimas del conflicto armado que son personas LGBTI, y que la Unidad Nacional de Protección garantice la protección de todas las personas LGBTI, no sólo a los afiliados con una organización.

Derecho a la participación efectiva de las mujeres en el proceso de paz y la justicia transicional en Colombia

Las organizaciones peticionarias discutieron tres tipos de obstáculos y desafíos de derechos humanos que enfrentan las mujeres sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. En primer lugar, se refirieron a los mayores y diferenciados impactos que sufren las mujeres en el contexto del conflicto armado, simplemente porque son mujeres - con especial incidencia en las mujeres que viven en zonas rurales - y la situación actual de riesgo que enfrentan las mujeres que trabajan en la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, explicaron que este impacto contribuye a las barreras que las mujeres tienen que superar para tener acceso y control adecuado sobre sus tierras y recursos. En tercer lugar, hay una necesidad de que el Estado adopte medidas de acción positiva para garantizar que las mujeres puedan realizar eficazmente sus derechos. Las peticionarias también discutieron los problemas referentes al contenido de las reparaciones con respecto a las mujeres víctimas del conflicto armado, y subrayaron la falta de un enfoque integral para hacer frente a todas las dimensiones de los daños sufridos. El Estado reconoció que las mujeres se ven especialmente afectadas por el conflicto armado y que requieren una consideración especial. Expresó su compromiso de atender mejor las necesidades de las mujeres víctimas y garantizar la inclusión de las mujeres y de la sociedad civil en el proceso de paz. La Comisión solicitó más información sobre la capacitación específica en temas de género para los operadores y las operadoras de justicia y medidas de protección adoptadas para garantizar la seguridad de las personas en situación de riesgo. La Comisión pidió a las organizaciones peticionarias más información sobre lo que ellas identificaron durante la audiencia como los estereotipos de género en las evaluaciones de riesgos.

Denuncias sobre desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo en Colombia

La CIDH recibió información sobre la implementación de una serie de proyectos de desarrollo orientados a la exploración y extracción de los recursos naturales en territorios indígenas y campesinos, y, según los peticionarios, sin un proceso de consulta previa, libre e informada de las poblaciones afectadas. Las organizaciones peticionarias se refirieron en particular a megaproyectos energéticos, mineros y petroleros, así como a la construcción de represas. También se indicó los impactos del desplazamiento forzado, la militarización, el conflicto armado, y la contaminación ambiental sobre varios pueblos indígenas, entre otros problemas. Las organizaciones también se refirieron al clima de hostigamiento, amenazas de muerte, criminalización, persecución judicial y la privación arbitraria de la libertad que estarían afectando a los líderes y lideresas y defensores y defensoras de las causas indígenas. Los peticionarios indicaron que las medidas que el Estado ha adoptado para hacer frente a la situación han sido ineficaces. Adicionalmente, solicitaron un visita in loco de la CIDH a las zonas afectadas para conocer la realidad de la situación. El Estado informó que varios megaproyectos se estarían impulsando en el marco de las políticas de desarrollo para enfrentar la situación de pobreza extrema en el país. El Estado indicó que una razón de peso que estaría originando los desplazamientos internos es la pobreza extrema de las zonas marginadas y de difícil acceso. Asimismo, el Estado indicó que, basado en el derecho interno, se estarían realizando consultas previas para el otorgamiento de licencias ambientales. La Comisión Interamericana solicitó mayor información al Estado, más allá de la normativa y de las políticas públicas implementadas, para conocer la magnitud de las afectaciones presentadas.

Situación de derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo en las Américas en el 30º aniversario de la Declaración de Cartagena

En el marco del proceso conmemorativo del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, organizaciones de la sociedad civil de la región, en conjunto con el ACNUR y el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, Chaloka Beyani, participaron en una audiencia para discutir acerca de las principales problemáticas que vulneran los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos en las Américas. Según el ACNUR, a finales de 2013, el continente americano brindaba protección internacional a un total de 806.000 refugiados, lo cual corresponde a un 7% de la cifra total de refugiados en el mundo. Las organizaciones señalaron que el contexto actual de la región ha conllevado a que más personas requieran protección internacional frente a las nuevas dinámicas de la migración forzada como las que plantea la violencia del crimen organizado transnacional, desplazamientos generados por megaproyectos de desarrollo o desastres naturales y cambio climático. Asimismo, se destacó el impacto de la violencia en la migración forzada de niños y niñas, mujeres y personas LGBTI, así como los obstáculos que enfrentan para que se reconozca que requieren de protección internacional. Otro de los aspectos destacados por las organizaciones, en el contexto de la movilidad humana, es la necesidad de que se garanticen los derechos humanos de las personas al momento en que ingresan a un país o cuando se encuentran en zonas de frontera, en particular en que se garantice el derecho a solicitar y recibir asilo y el principio de no devolución (non-refoulement). El representante de ACNUR destacó la importancia de que más Estados del continente se sumen al programa regional de reasentamiento solidario y que este beneficio está disponible también a refugiados de países del Triángulo Norte de Centroamérica. Asimismo, destacó que en el marco de MERCOSUR y sus acuerdos migratorios, se espera favorecer la libre circulación de refugiados en la región, incluyendo la implementación de programas de movilidad laboral y regularización migratoria a través de la residencia.

Participantes en la audiencia señalaron que es necesario que los Estados continúen avanzando en la adhesión o ratificación de los instrumentos internacionales en materia de protección a personas apátridas; revisen la legislación interna en materia de nacionalidad; fortalezcan los registros civiles; y adopten una normativa interna para la protección de apátridas, incluyendo el establecimiento de mecanismos para la determinación de dicha condición. Por último, en lo que respecta a la situación de los desplazados internos, el Relator Especial de la ONU, Chaloka Beyani, destacó que a finales de 2013 había más de 6 millones de desplazados internos en los países del continente americano como consecuencia de conflictos armados, violencia criminal y violaciones a derechos humanos. Muchos desplazados internos se trasladan a áreas urbanas en donde siguen en riesgo de ser hallados por los grupos criminales que los forzaron a desplazarse en un primer momento. Asimismo, estás personas enfrentan múltiples obstáculos y formas de discriminación cuando intentan acceder a educación, salud y empleo. El Relator Beyani hizo un llamado para que, teniendo en cuenta otras experiencias regionales, los Estados de las Américas desarrollen un instrumento regional vinculante para la protección de los derechos humanos de los desplazados internos.

Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Cuba

Peticionarios afirmaron que los principales problemas en las cárceles cubanas incluyen el hacinamiento; la falta de atención médica; el uso excesivo de la fuerza y comisión de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en particular las golpizas; y la aplicación arbitraria y abusiva del aislamiento en celdas de castigo oscuras e inmundas. Ellos también discutieron el problema de la corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria; la falta de control judicial de las detenciones y el amplio margen de discrecionalidad de la policía; y la falta absoluta de mecanismos de monitoreo independientes, y de mecanismos para que los reclusos o sus familiares presenten peticiones y quejas a la administración. Las organizaciones participantes indicaron que las huelgas de hambre se reprimen en celdas de castigo y con la privación de agua como medio disuasorio. Destacaron igualmente que se desconoce el número exacto de reclusos que mueren por causas imputables a las propias autoridades, visto que no se da información veraz a los familiares, ni se investigan estos hechos. Asimismo, refirieron que se restringen o impiden arbitrariamente las visitas familiares, y que no se da atención especial a personas pertenecientes a grupos vulnerables. Miembros de la Comisión destacaron, entre otras medidas, la necesidad de establecer mecanismos independientes de monitoreo de las condiciones generales de los centros penales; de establecer una jurisdicción especializada en casos de menores infractores; y de prevenir e investigar las muertes de personas en custodia del Estado y dar a conocer sus causas reales. De acuerdo con los participantes, en Cuba habría entre 65.000 y 70.000 personas privadas de libertad. La Comisión Interamericana lamenta la falta de comparecencia del Estado cubano en la audiencia.

Seguimiento del Informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Jamaica

La Comisión convocó a una audiencia, por iniciativa propia, para dar seguimiento a su informe de 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jamaica. Peticionarios informaron que no se han seguido violaciones de derechos humanos relacionados con la detención arbitraria de personas bajo custodia del Estado; ejecuciones extrajudiciales; la impunidad policial y la falta de investigaciones penales adecuadas; abuso sexual en los hogares de los niños y las niñas; la continua violencia, la discriminación y la hostilidad contra las personas LGBTI, y la falta de legislación contra la discriminación relacionados con este tema. La CIDH está particularmente preocupada por la situación de falta de vivienda y el desplazamiento de los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres, y los obstáculos que enfrentan las personas LGBTI en el acceso a los servicios de justicia y de salud, debido al temor de que la revelación de su orientación sexual e identidad de género dará lugar a la estigmatización y más violación, en un país que criminaliza la intimidad consensual entre adultos del mismo sexo. Sin embargo, los peticionarios reconocieron que ciertas mejoras se han hecho por el Estado. El Estado señaló que se habían adoptado varias medidas y políticas para abordar las preocupaciones y conclusiones de la Comisión de su informe de 2012. En este sentido, el Estado se refirió a los temas de acceso a la justicia, el establecimiento de una unidad nacional de derechos humanos, la situación de violencia e inseguridad, los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad, la Ley de Trata de Personas de 2013, la detención y condiciones de las cárceles, y las mujeres y los derechos del niño y de la niña. Por otro lado, el Estado lamentó que limitaciones económicas severas habrían hecho difícil de implementar algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de 2012. La Comisión expresó su preocupación por las amenazas de persecución penal efectuada por agentes del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de sus mandatos. La Comisión sigue preocupada por los niños y niñas que se colocan en las celdas policiales y considera que se debe hacer énfasis en la atención, protección y rehabilitación.

Impacto de las actividades de empresas mineras canadienses sobre los derechos humanos en América Latina

Los peticionarios alegaron que el Estado canadiense juega un papel central en permitir los impactos adversos en los derechos humanos de las empresas mineras canadienses en el extranjero a través de actos de comisión y omisión, como el ejercicio de la diplomacia minera, por una parte, y la ausencia de políticas y leyes que trate de los efectos extraterritoriales de la minería canadiense, por el otro. Los peticionarios presentaron una serie de casos para ilustrar la situación, citando el informe "Impacto de la Minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá". Por su parte, el gobierno de Canadá declaró que espera que todas las empresas que operan internacionalmente respeten las leyes nacionales, y señaló algunas de sus iniciativas, como el Marco de Responsabilidad Social Corporativa (Corporate Social Responsibility, en inglés) que abarcaría todos los sectores industriales. Los Comisionados señalaron que a pesar de las seguridades dadas por Canadá, la CIDH continúa recibiendo información sobre una serie de graves abusos contra los derechos humanos relacionados con la minería canadiense en la región, incluso en relación con el derecho a la vida, y destacaron el hecho de que los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales.

Derechos humanos e Internet en las Américas

La Comisión Interamericana sostuvo la primera audiencia regional sobre la importancia de las tecnologías de la comunicación en la promoción y protección de los derechos humanos. Los peticionarios subrayaron la importancia de que la Comisión se involucre en el debate público sobre Internet a fin de fortalecer la lectura de este tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Ellos sostuvieron que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha puesto en amenaza al derecho de privacidad así como también ha generado una tensión entre el derecho de autor y el derecho al conocimiento debido al potencial del Internet en el acceso a la información. Ellos también advirtieron sobre la vigilancia estatal a las comunicaciones y las prácticas de responsabilizar a los intermediarios; la remoción, cancelación, fuga y bloqueo de contenidos; el uso del derecho penal y civil para acallar opiniones críticas sobre funcionarios públicos; la regulación de retención de datos; y la implementación de regulaciones desproporcionales de protección al derecho de autor. Aunque el Internet pueda ser un facilitador de las voces de los grupos marginados, según los peticionarios, violaciones de derechos humanos relacionados con la tecnología también pueden reforzar la desigualdad. Los solicitantes señalaron que Internet tiene enormes oportunidades para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea pero, que a su vez presenta desafíos y riesgos para la vigencia de los principios desarrollados por el sistema interamericano. Asimismo, destacaron el informe “Libertad de Expresión e Internet” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como un antecedente positivo para el trabajo futuro en estos temas. Por último, destacaron la importancia de desarrollar marcos legales holísticos que tengan foco en los derechos humanos y en el interés público.

Situación sobre la independencia judicial en Venezuela

La Comisión recibió información sobre la presunta falta de imparcialidad de las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como consecuencia de la modificación en 2004 de su ley orgánica que determinó el incremento en el número de magistrados que integran dicho Tribunal y su nombramiento por mayoría simple, en vez de calificada, por parte de la Asamblea Nacional. Los peticionarios informaron que en un estudio que realizaron de más de 40.000 decisiones, la vigencia del referido sistema de nombramiento así como del control político ejercido por altas autoridades del Estado, habría ocasionado que entre los años 2005 y 2013 se fallara consistentemente a favor del Estado. El Estado afirmó que los jueces y juezas fallarían de conformidad con lo establecido en el marco normativo e indicó que la investigación presentada por los solicitantes no representaría una evidencia en sentido contrario. La Comisión manifestó que el estudio presentado por los solicitantes sería cuidadosamente analizado y reiteró que los sistemas de selección y nombramiento de operadores de justicia deben revestir garantías que aseguren su imparcialidad. En este sentido, la CIDH manifestó su preocupación por la continuidad en los nombramientos de jueces y juezas en situación de provisionalidad indefinida y la falta de apertura a concursos.

Situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela

La CIDH recibió con preocupación información sobre la alegada persistencia de agresiones, amenazas, hostigamientos, detenciones y estigmatización contra periodistas en Venezuela. Asimismo, la Comisión recibió información sobre la impunidad que imperaría sobre este tipo de asuntos y los efectos que tendrían para el derecho a la integridad personal, la libertad de expresión y el ejercicio profesional de periodistas en Venezuela. La CIDH también recibió información sobre alegados hechos de censura, despidos y renuncias forzadas de periodistas como consecuencia de la acentuación del problema de la escasez del papel de prensa y la venta de medios de comunicación a personas o grupos vinculados y/o afines al gobierno nacional. Igualmente, las organizaciones peticionarias pusieron de presente los obstáculos que existirían para el acceso a la información pública sobre salud sexual y reproductiva en el país. A su turno, el Estado informó que en Venezuela existían plenas garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. La representación del Estado exhibió titulares de prensa críticos al gobierno y alegó que el Estado no interviene en las transferencias o negocios de medios de comunicación. Añadió que no existía prueba acerca de hechos de amenazas o señalamientos en contra de periodistas.

Situación general de derechos humanos en Venezuela

El Estado de Venezuela y organizaciones de la sociedad civil, de manera separada, hicieron solicitudes para la celebración de una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en la cual ambos participaron. La sociedad civil presentó información sobre seguridad ciudadana, principalmente en relación con altos índices de homicidios que se registrarían en el país. La Comisión también recibió información sobre altos índices de impunidad, en particular, en los casos de violencia contra la mujer ya que, según cifras oficiales, de los 71.812 casos que habrían ingresado al Ministerio Público, sólo el 0.7% habría alcanzado la etapa de juicio. La Comisión también fue informada que en el contexto de manifestaciones ocurridas durante los primeros meses de 2014, se detuvieron a 3.306 personas que participaron en las protestas y el Ministerio Público inició 189 investigaciones, incluyendo dos homicidios. Las organizaciones peticionarias alegaron la existencia de patrones en casos de presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, según las alegaciones, víctimas fueron objeto de órdenes de aprehensiones arbitrarias e ilegales y del uso desproporcionado de la fuerza; médicos forenses no estuvieron disponibles para documentar lesiones; y que las personas detenidas no tuvieron acceso adecuado a la defensa técnica ni al expediente. Asimismo, presentaron información sobre la supuesta actuación de grupos armados civiles, especialmente en zonas residenciales, con la alegada participación de organismos de seguridad del Estado.

Por su parte, el Estado rechazó la información presentada e indicó que en el país se garantiza la vigencia y respeto a los derechos humanos, aunque no aportó información específica al respecto. El representante del Estado venezolano se refirió a las “acusaciones infundadas de las ONGs” que participaron en la audiencia, cuestionando su legitimidad para presentar información sobre la situación de derechos humanos en el país y tachándolas como un atentado a la “soberanía del Estado”. La Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida y los señalamientos realizados por el Estado en contra de organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, las cuales son aún más graves por haber sido manifestadas en el marco de una audiencia. La CIDH urge nuevamente al Estado a abstenerse de formular este tipo de pronunciamientos en el futuro.

Acceso a la justicia y el legado del conflicto armado interno en Guatemala

Las organizaciones peticionarias alegaron que el Estado de Guatemala tiene una política estatal que niega el acceso a la justicia a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno. Entre los obstáculos que harían que el acceso a la justicia resulte “ilusorio”, mencionaron la falta de independencia judicial, ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, falta de acceso a información y escasa colaboración del Ministerio de la Defensa, uso abusivo y dilatorio de recursos y acciones constitucionales, y aplicación de amnistías. Por su parte, el Estado confirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos. No obstante, enfatizó la inexistencia de genocidio durante el conflicto armado interno, e indicó que la jurisdicción de la Corte Interamericana se circunscribe a determinar la responsabilidad estatal por violaciones a los derechos humanos, y no responsabilidades penales individuales. En relación con la cuestión de paz, reconciliación y amnistía en Guatemala, la CIDH planteó el seguimiento que ha dado a esta temática por décadas, mediante la realización de visitas in loco, la preparación de informes especiales, y la tramitación de casos al respecto, y señaló contar con un claro entendimiento respecto de la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Para la CIDH es particularmente preocupante tal como señaló en el 2009, que se mantengan a la fecha órdenes de captura en contra de personas imputadas de graves delitos cometidos durante el conflicto armado interno sin que se ejecuten. Tal es el caso del coronel José Antonio Solares, involucrado con la masacre de la Comunidad de Río Negro, quien a pesar de la orden de aprehensión en su contra, continúa prófugo de la justicia y recibiendo mensualmente pensiones del Estado.

Denuncias sobre militarización en Guatemala

Organizaciones de la sociedad civil alertaron respecto de los peligros que representa para el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos la creciente militarización de las funciones de seguridad ciudadana. Esta tendencia, según los peticionarios, está caracterizada por la designación de militares retirados en posiciones de decisión y gestión de políticas de seguridad, y por el empleo cada vez mayor del ejército en tareas de seguridad ciudadana que corresponderían a la policía. Los peticionarios expresaron preocupación por el empleo de estados de excepción como mecanismos para reprimir situaciones catalogadas de alta conflictividad social, y denunciaron abusos cometidos por miembros del ejército en el marco de los mismos. Ellos también cuestionaron la alegada transitoriedad de estas medidas al considerar que la asignación presupuestaria del Estado no está orientada a fortalecer las instituciones policiales, sino al ejército. El Estado, por su parte, adujo que el empleo del ejército en tareas de seguridad tiene sustento constitucional y que está determinado por la necesidad de atender a desafíos que excederían de sus posibilidades, hasta que se fortalezcan las capacidades de la policía nacional. La CIDH reiteró que la declaratoria de estados de excepción o de suspensión de garantías se ajuste a las disposiciones vinculantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión instó se adopten medidas concretas para asegurar que aquellas tareas de seguridad ciudadana que por su naturaleza no competan al ejército sean asumidas por instituciones civiles.

Situación general de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala

Los peticionarios informaron que en el año 2014 habrían ocurrido 791 agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Ellos señalaron que dichas amenazas se producirían en un contexto de difamación y señalamientos por parte de altas autoridades en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que luchan contra la impunidad y que defienden el derecho a la tierra, al territorio y al medio ambiente sano. El Estado rechazó las afirmaciones realizadas por los peticionarios e indicó que el gobierno no fomenta o tolera acciones que pretendan impedir las actividades de defensa de los derechos humanos realizadas en conformidad con la ley. La Comisión resaltó la importancia de recibir información actualizada sobre la situación de defensores y defensoras en Guatemala y recordó que el Estado debe adoptar medidas efectivas para su protección. Como parte de estas medidas, la Comisión resaltó que los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus legítimas labores.

La Comisión también recibió con preocupación información sobre el aumento de alegados hechos de violencia y detenciones cometidas en contra de periodistas y comunicadores sociales en Guatemala y la impunidad que imperaría sobre estos crímenes. Asimismo, los peticionarios aportaron información sobre presuntos hechos de espionaje y ataques cibernéticos a medios de comunicación, así como demandas judiciales iniciadas en contra de periodistas críticos. La Comisión también recibió información sobre alegados problemas en el diseño e implementación de un mecanismo de protección a periodistas y sobre las actividades de la Unidad de Delitos Contra Periodistas. A su turno, el Estado informó que es respetuoso con los periodistas. Asimismo, informó que el Estado ha creado mecanismos e instituciones de protección a defensores de derechos humanos y periodistas y que ha brindado protección a diversas personas en riesgo.

Situación de independencia judicial en Guatemala

Los peticionarios alegaron una serie de irregularidades en el proceso de selección de magistrados para Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. En particular, indicaron que los criterios que en la práctica fueron utilizados para la calificación de los candidatos no fueron establecidos con precisión en la Ley de Comisiones de Postulación. Por ejemplo, se habría otorgado un mayor puntaje a los jueces que desempeñaron cargos en la magistratura y uno menor a quienes hicieron parte de la judicatura, lo cual no está previsto en la referida ley. El Estado, por su parte, afirmó que los procesos de selección y nombramiento recientes se realizaron conforme a la ley y la Constitución; sin embargo, reconoció que las propuestas de los distintos sectores de la sociedad civil pueden contribuir a mejorar el procedimiento. La Comisión recordó la importancia de que el Estado otorgue garantías que permitan la selección de las y los candidatos con base en el mérito y capacidad profesionales. La Comisión enfatizó que se requiere que se apliquen criterios objetivos y previamente establecidos para reducir el margen de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección con el objetivo de garantizar el acceso a los cargos de operadores de justicia en condiciones de igualdad.

Impacto de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo sobre la vigencia de los derechos humanos en Argentina

Peticionarios alegaron que desde abril de 2009 el Estado argentino no cuenta con un Defensor del Pueblo ya que la Comisión Bicameral encargada de su nombramiento no ha iniciado el procedimiento. Indicaron que lo anterior habría tenido un impacto negativo en la protección de los derechos humanos de la sociedad argentina, ya que el representante ínterin de la Defensoría habría iniciado escasas acciones para proteger los derechos de la ciudadanía, sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad. El Estado de Argentina subrayó que, conforme establecido por ley, el actual Secretario General de la Defensoría del Pueblo ejerce las funciones del Defensor del Pueblo hasta que el Congreso designe un nuevo Defensor del Pueblo. La representación del Estado señaló que las oficinas a nivel provincial de Defensores de Derechos Humanos estaban ayudando a garantizar la protección de derechos humanos, y añadió que hasta la fecha en 2014, las agencias habían recibido un total de más de 236.000 denuncias, de las cuales casi 14.000 se encontraban en trámite. La CIDH reiteró que los Defensores y Defensoras del Pueblo desempeñan un importante rol en la protección de los derechos humanos, y recordó que su establecimiento constituye un avance en la consolidación de las instituciones democráticas. La Comisión instó al Estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se inicie el proceso de selección del Defensor del Pueblo.

Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, Argentina

La Comisión recibió información según la cual, a pesar de las distintas medidas y políticas públicas diseñadas por el Estado, aún persisten graves deficiencias estructurales en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Esto incluye problemas relacionados con sobrepoblación; deficiencias en la calidad de la alimentación que se provee a los internos; falta de atención médica adecuada; malos tratos por parte del personal penitenciario; deplorables condiciones de sanidad e higiene; y falta de oportunidades de participar en actividades productivas que favorezcan la resocialización. Los peticionarios describieron la situación específica de la Unidad 15 de Batán. Ellos indicaron además que, en mayo de 2014, la provincia alcanzó su mayor número de personas privadas de libertad en los últimos quince años (33.166 internos), y que el nivel de personas en prisión preventiva sigue siendo preocupante, al mantenerse en un 60% del total de la población penal. Los peticionarios también mencionaron que el Ministerio de Justicia no ha producido información estadística confiable respecto de la cantidad de camas o espacios de alojamiento de las unidades penitenciarias y de los criterios objetivos utilizados para definir capacidad de alojamiento. El Estado por su parte aportó información detallada acerca de una serie de medidas y reformas institucionales que se estarían adoptando en el ámbito penal y penitenciario; esto incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de la autonomía de los defensores públicos en casos criminales, la capacitación del personal penitenciario y la disminución de los niveles de personas en prisión preventiva.

Situación de derechos humanos de las mujeres indígenas en Nicaragua

Las organizaciones peticionarias ofrecieron información sobre la difícil situación de las mujeres indígenas en el Atlántico del país y en la región costera del Caribe. Los peticionarios identificaron seis áreas en las que las mujeres indígenas experimentan barreras económicas, geográficas, lingüísticas e interculturales para el pleno ejercicio de sus derechos humanos: la salud, el acceso a la justicia, el ejercicio de los derechos colectivos, la exclusión económica, la discriminación y la violencia, y la participación política. Ellos presentaron estadísticas que muestran que los problemas como la mortalidad materna y los embarazos precoces tienen un impacto desproporcionado en las mujeres indígenas. También se refirieron al problema de los desplazados como resultado de la ejecución de proyectos de desarrollo, junto con las barreras para su acceso y control sobre los recursos económicos, tales como el empleo y el crédito. Los peticionarios también mencionaron las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas en estas regiones y el problema de la impunidad. Los peticionarios concluyeron con un pedido de la visita de la Comisión a la del Atlántico y del Caribe. En respuesta, el Estado destacó la legislación y los tratados aprobados por la Asamblea Nacional con respecto a mujeres indígenas, incluyendo el Convenio de la OIT Nº 169. La Comisión solicitó más información al Estado sobre la aplicación de sus políticas relacionadas con el acceso al crédito, la participación política, cuestiones de salud materna, y violencia contra las niñas. Asimismo, la Comisión reiteró su interés en realizar una visita al país a Nicaragua para evaluar más a fondo los problemas discutidos.

Situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en las Américas

En seguimiento a las audiencias anteriores, la Comisión celebró una audiencia regional para examinar la situación de los niños migrantes, familias y refugiados en la América. Organizaciones peticionarias presentaron información con respecto a la crisis humanitaria y la falta de un marco institucional del Estado, políticas eficaces, y la coordinación interinstitucional de las medidas preventivas conducentes a la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes. Subrayaron la violación de los derechos del niño y la niña en las prácticas de control de las fronteras, detención y deportación, así como los efectos negativos de la criminalización y de una respuesta militar a la migración. Los peticionarios hicieron especial hincapié en la importancia de acompañar a los niños migrantes a través de su proceso de repatriación. La Comisión observó la falta de sistemas integrales de protección en los países de la región, y destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de la situación con el fin de garantizar una respuesta integral.

Detención migratoria y medidas alternativas en las Américas

Esta audiencia regional, la cual fue solicitada por más de 160 organizaciones de la sociedad civil, también contó con la participación del ACNUR y el testimonio de David Pierre, quien fue detenido durante 1.144 días en siete diferentes centros de detención de migrantes en los Estados Unidos. Organizaciones peticionarias señalaron el preocupante aumento de detención automática y extendida en algunos países de la región; el carácter punitivo de este tipo de privación de libertad; y la falta de garantías para el debido proceso y la revisión judicial en los casos de detenciones de migrantes. Otro motivo de preocupación, dijeron, involucra la falta de transparencia y la ausencia de vigilancia de los centros de detención por parte de la sociedad civil o del gobierno o de organismos internacionales de derechos humanos, lo cual a menudo conduce a los migrantes a estar sujeto a condiciones inhumanas o abuso durante su detención, que puede durar meses o incluso años. Además del impacto en la libertad personal, los peticionarios destacaron el impacto negativo de la detención de migrantes en la seguridad de los detenidos, en particular aquellos en situaciones vulnerables, como los niños, las niñas, las familias, las víctimas de la trata de personas, solicitantes de asilo, refugiados y apátridas. Con respecto a esto, la Comisión reiteró que en el caso de los migrantes adultos, la detención debe ser ejercida sólo como una excepción y como último recurso, después de haber analizado la posibilidad de medidas alternativas. Con respecto a los niños y las niñas, la Comisión indicó que los Estados no pueden detener a los niños y las niñas migrantes, junto con sus padres, o a niños y niñas no acompañados/as o que han sido separados de sus familias. Por último, la Comisión señaló que los Estados también tienen la obligación de garantizar que los lugares donde las personas migrantes son detenidas sean monitoreados de manera independiente, a fin de evitar otras violaciones de los derechos humanos.

Situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Bajo Aguán, Honduras

La Comisión, desde hace mucho tiempo, ha mantenido una preocupación acerca de la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán, Honduras, y lo ha incluido en los informes anuales y ha emitido medidas cautelares pertinentes. Los peticionarios presentaron información basada en un estudio reciente de 22 asentamientos en el Valle del Aguán Bajo, de cómo se violan los derechos de los niños y las niñas y adolescentes como consecuencia de la situación compleja y la respuesta del Estado militarizado. Las organizaciones presentaron estadísticas sobre múltiples muertes de adolescentes causadas por el conflicto y la falta de investigación y la impunidad que rodea a estas violaciones graves de los derechos humanos. También se refirieron a los datos sobre cómo los niños y las niñas y adolescentes se ven afectados en su derecho a la integridad personal, la salud, la educación, y a una vida digna. El Estado discutió sus esfuerzos para promover los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en el Valle del Aguán Bajo, pero no presentó información específica respecto a los asentamientos en cuestión. La CIDH destaca especialmente la alta tasa de embarazos entre las adolescentes a partir de una edad muy temprana, y el alto porcentaje, según se informa, de abusos sexuales sufrido por niñas. La Comisión también expresó su preocupación por la falta de políticas públicas y el marco institucional en los asentamientos especificados, y sobre las medidas adoptadas con respecto a los desalojos de la familia y las violaciones cometidas por las autoridades durante el conflicto.

Caso 12.585 - Ángel Pacheco León, Honduras

La Comisión llevó a cabo una audiencia sobre el Caso 12.585 relacionado con el asesinato de Ángel Pacheco León en Honduras, y la alegada falta de investigación para esclarecer su muerte, e identificar y sancionar a las personas responsables. En la audiencia los peticionarios (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) y representantes del Estado de Honduras presentaron sus argumentos de fondo sobre el caso. Asimismo, la CIDH escuchó los testimonios de José Pacheco y Marleny Pacheco, hermano y hermana de Ángel Pacheco León, respectivamente.

Derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en Honduras

Las organizaciones peticionarias presentaron información acerca de las crueles condiciones de trabajo de los trabajadores en la industria de la maquila textil en el departamento hondureño de Cortés, de los cuales la mayoría son mujeres. Se refirieron a problemas tales como jornadas de trabajo más largas no permitidas por la ley, la naturaleza repetitiva de las tareas implicadas, y las cuotas indebidamente altas de producción, que conducen a enfermedades y lesiones para las mujeres trabajadoras. Las organizaciones discutieron cómo las mujeres se ven afectadas por las lesiones musculo esqueléticas causadas por movimientos repetitivos, así como problemas de salud mental como la depresión. En general, los peticionarios alegaron que el Estado no protege suficientemente los derechos de las trabajadoras en la industria textil, que viola una serie de sus derechos humanos, incluido el derecho a condiciones de empleo dignas y de calidad, así como su derecho a la salud. El Estado, por su parte, explicó las medidas que ha adoptado para hacer frente a la situación descrita por los peticionarios, incluyendo la adopción de políticas públicas en el sector laboral y facilitación de espacios de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas. La Comisión solicitó más información sobre la situación de los sindicatos en la industria textil, el marco legal y las condiciones de funcionamiento de las empresas transnacionales, la aplicación de normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en estas áreas, y la cobertura de la seguridad social en lo que respecta a las enfermedades laborales, entre otros aspectos.

Discriminación contra personas trans en las Américas

Peticionarios destacaron una serie de problemáticas, incluyendo la invisibilidad particular de hombres trans y la violencia y discriminación que sufren los niños y las niñas intersexuales , niños y niñas trans y personas trans privadas de libertad. Asimismo, los peticionarios presentaron un estudio sobre la situación de las personas trans en Colombia, Costa Rica y Chile, en el que se llama la atención a la triple discriminación que sufren, no sólo en función de su identidad de género, sino también porque muchas de estas personas son mujeres y afro -descendientes. Como resultado, las personas trans han visto muchos de sus derechos comprometidos, tales como el derecho a la salud, el trabajo y el acceso a la justicia. Asimismo, los peticionarios señalaron que los defensores de los derechos humanos trans son víctimas de la persecución, y que el abuso policial y la situación de las personas trans migrantes siguen siendo graves preocupaciones. La CIDH expresa su preocupación por los graves obstáculos que personas trans enfrentan al acceder a los servicios básicos de salud, educación y empleo, los cuales están vinculados a la discriminación por parte de sus familias y la sociedad en general y arraigados en la falta de reconocimiento a sus identidades de género por parte de los Estados. La CIDH desea destacar que, al igual que con todas las otras personas, las personas trans e intersex tienen derecho a una vida digna. La Comisión insta a los Estados a llevar a cabo programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo las fuerzas de seguridad, y a adoptar no patologización y legislación de identidad de género que incluya a niños y niñas, así como políticas públicas y guías para hacer frente a la situaciones de violencia y discriminación que sufren por personas trans. Por último, la Comisión también insta a los Estados Miembros de la OEA a adoptar protocolos de acción en relación con el nacimiento de las personas intersexuales, que sean respetuosos de su integridad personal y salud, y evitar cirugías "normalizadoras".

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las Américas

En esta audiencia regional, varias organizaciones de derechos de mujeres presentaron información sobre las múltiples formas de discriminación, basadas en el sexo, la etnia, la raza, el estatus socioeconómico, la orientación sexual, y la condición de refugiados, que mujeres aún enfrentan para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Peticionarios expresaron su preocupación por la tendencia regional de la criminalización de abortos, la prohibición de los anticonceptivos, y el otorgamiento de un status jurídico igualitario a los no nacidos. Asimismo, indicaron que estos problemas contribuyen a mayores tasas de mortalidad materna, a la práctica de abortos clandestinos e inseguros, a la violencia obstetricia, al trato inhumano de las mujeres durante y después de abortos, y a las barreras en el acceso a la información completa perteneciente a la salud reproductiva de las mujeres. Estas problemáticas también están relacionadas con el ejercicio de los derechos de las mujeres a la vida, la integridad, la dignidad y la libertad, entre otros derechos. Las organizaciones peticionarias se refirieron también a la precaria situación de las adolescentes, que a menudo carecen de acceso a la educación sexual la cual es necesaria para tomar decisiones informadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y señalaron los aumentos en las tasas de embarazo en adolescentes y las tasas de deserción escolar. Los peticionarios también destacaron deficiencias en la respuesta del Estado a estas problemáticas debido a la falta de fondos, y la ausencia de un enfoque integral en el diseño de políticas públicas, entre otros problemas. Los peticionarios solicitaron que la Comisión adopte recomendaciones que alienten a los Estados a diseñar políticas públicas interculturales y con perspectiva de género; adoptar las medidas necesarias para ofrecer una educación sexual integral; monitorear el impacto en la salud pública de la criminalización del aborto; y producir más información y estadísticas sobre las problemáticas relativas a los derechos sexuales y reproductivos. La Comisión, por su parte, afirmó que las situaciones relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos son una prioridad en su labor de promover la observancia de los derechos humanos en la América. Asimismo, la Comisión pidió a los peticionarios, información sobre retrocesos en la protección de los derechos sexuales y reproductivos; sobre el riesgo que enfrentan los defensores y las defensoras de los derechos humanos que protegen estas causas; y recomendaciones que peticionarios consideraban debían ser formuladas por la Comisión para abordar los problemas existentes.

Denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas dentro de las fuerzas armadas de Bolivia

La Defensoría denunció que recibe constantemente denuncias de agresiones a militares cometidas por otros miembros del personal militar de rango superior, incluso reportándose casos de muertes y lesiones graves permanentes, y que sólo ocasionalmente los responsables son sujetos a leves llamadas de atención, ya que por regla general son absueltos de culpa o sujetos a condenas que no se ejecutan. El Estado enumeró una serie de políticas que ha diseñado e implementado para mejorar las condiciones de vida de soldados y policías, e informó de un plan de capacitación y formación en derechos humanos dentro de las fuerzas militares, reconociendo sin embargo que el proceso de transformación cultural que se requiere al interior de las instituciones de las fuerzas de seguridad, necesita más trabajo y tiempo para hacerse efectivo. La Comisión por su parte saludó el reconocimiento del problema por parte del Estado, así como las medidas encaminadas a solucionarlo, haciendo énfasis en que poner fin a la impunidad, es la tarea pendiente más importante para lograr acabar con la violencia al interior de las fuerzas de seguridad.

Detención preventiva y derechos humanos en Bolivia

Por otro lado, en audiencia sobre Bolivia la Comisión recibió información según el sistema penitenciario tendría una capacidad de alojamiento de aproximadamente 4.884 plazas, sin embargo la población penal sería de más de 14.400 reclusos, lo que representaría un nivel de hacinamiento de 195% por encima del nivel máximo de ocupación. En este contexto, se calcula que aproximadamente el 84% de las personas privadas de libertad están en prisión preventiva, y en la franja etaria de 16 a 21 años el nivel de internos en prisión preventiva asciende al 90%. En términos comparativos, se indicó que en los últimos nueve años la población penal del país se habría duplicado y la de personas en prisión preventiva se habría triplicado. Las organizaciones participantes atribuyeron esta situación, principalmente, a cuestiones de diseño legal – entre 2003 y 2014 se produjeron más de doce modificaciones a la ley penal y procesal penal que tuvieron como efecto el aumento de la población penal – y a las graves deficiencias estructurales propias del sistema de administración de justicia. Asimismo, se refirieron a la mora judicial, las condiciones deplorables de reclusión en algunos centros penales y a la corrupción, y a las condiciones en las que viven más de 1.300 niños con sus padres en los centros penales, como algunos de los principales problemas que padece el sistema penitenciario boliviano. Las organizaciones participantes reconocieron las medidas que ha ido impulsando el Estado en materia de política criminal, como el otorgamiento de indultos y la creación del penal modelo de Qalauma, pero destacaron que éstas serían siempre insuficientes si no se producen cambios de mayor alcance como el fortalecimiento institucional de la administración de justicia y la elaboración de un plan nacional de reducción del hacinamiento. En esta audiencia el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de libertad reiteró que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional que sólo tiene como fines legítimos el impedir que el acusado se evada del proceso o que interfiera el curso normal de las investigaciones, y que en todo caso debe estar debidamente fundamentada y prolongarse por un plazo razonable acorde con la necesidad real de su aplicación. Asimismo, la CIDH acoge con beneplácito el que el Estado boliviano haya reiterado su anuencia a una visita del Relator sobre Personas Privadas de Libertad.

Programa Nacional de Derechos Humanos de México

En la audiencia “Programa Nacional de Derechos Humanos de México”, el Estado –como solicitante de la misma– señaló que el instrumento en referencia es el resultado de un diálogo entre distintos actores involucrados con la temática de derechos humanos cuyo objetivo es la efectiva implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El Estado hizo referencia a la ejecución extrajudicial de 22 personas a manos del ejército mexicano en el municipio de Tlataya y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa –acaecidos durante este año– e indicó que estos hechos ponen a prueba los avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos. En particular, el Estado mexicano manifestó su compromiso de investigar los hechos, sancionar a los responsables, dar atención a las víctimas y dialogar con sus representantes. Las organizaciones participantes, por su parte, señalaron que desde hace varios años, México atraviesa una seria crisis en materia de derechos humanos que no ha sido atendida. En este contexto, refirieron que la desaparición forzada de los 43 estudiantes guerrerenses, la ejecución extrajudicial de 6 personas (entre ellos, tres estudiantes normalistas y un niño), y los más de 20 estudiantes lesionados con armas de fuego en el municipio de Iguala, son el resultado de la perpetración y perpetuación de violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como de la ausencia de medidas efectivas para investigar, sancionar y evitar la repetición de hechos de esta naturaleza. Además, mostraron preocupación por la cifra oficial de aproximadamente 22.300 personas desaparecidas desde el año 2006, y de 100.000 ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones participantes se refirieron también a la contradicción que se presenta en México, respecto a los avances normativos, y a los patrones generalizados de violaciones de derechos humanos que resultan en una tasa de 98% de impunidad. Por su parte, la Comisión lamentó los dramáticos hechos acaecidos recientemente en el Estado mexicano, y manifestó su interés por conocer las medidas que tomará para dar respuesta a estos graves hechos, en particular, la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Por último, la CIDH se refirió al desafío que enfrenta México a fin de lograr una coherencia entre la buena voluntad de las autoridades federales y las actuaciones de las autoridades a nivel estatal y municipal.

Denuncias sobre destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de mega proyectos de desarrollo en México

Los peticionarios informaron sobre cómo el impulso estatal sin consulta previa de megaproyectos sobre hidroeléctricas y energía eólica, estarían afectando la biodiversidad cultural en el país y violando de forma continua los derechos de los pueblos indígenas, resultando en despojos de territorios indígenas, desplazamientos, incidentes de violencia interétnica, y la contaminación del medio ambiente. Señalaron que ante el permiso para la siembra de soya transgénica, el Estado no estaría protegiendo la propiedad colectiva indígena de herencia milenaria como la miel y el maíz. Por otra parte, manifestaron su preocupación por las agresiones y el uso indebido del derecho penal contra defensores indígenas, ambientalistas y líderes campesinos. Solicitaron finalmente que la CIDH continúe monitoreando la situación, realice una visita in loco al país, e incluya a México en el informe sobre industrias extractivas. Por su parte, el Estado indicó que en México se han adoptado una serie de medidas orientadas al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, informando que desde el 2013 existe un protocolo sobre la implementación de la consulta previa para la implementación de megaproyectos, además de una armonización legislativa acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Indicaron que el poder judicial federal habría emitido sentencias que constituyen un referente para la protección de los derechos humanos a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas. Por otra parte, señalaron que estudios científicos demuestran que ante el uso de transgénicos no existe impacto ambiental negativo, siendo por el contrario el objetivo del Estado el garantizar el derecho a la alimentación y el medio ambiente sano. La CIDH por su parte solicitó mayor información sobre el alcance y cumplimiento de las medidas referidas por el Estado encaminadas a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México

Los peticionarios refirieron que el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en 2006, se llevó a cabo sin justificación y sin haber cumplido su mandato de investigar los crímenes ocurridos durante la “guerra sucia” en México. Además, manifestaron que con el cierre de esta institución, sus investigaciones fueron remitidas a la Dirección de la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que hasta la fecha no habría mostrado avances para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad. Los peticionarios manifestaron su preocupación por la represión contra los disidentes políticos por parte del Estado que ha tenido lugar desde los años cincuenta hasta la fecha, y lamentaron los actos de represión ocurridos este año, contra los 6 jóvenes ejecutados en Iguala y contra los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El Estado reconoció que los resultados de la FEMOSPP fueron “muy limitados”, y que por ello están trabajando en la reconstrucción de la investigación penal, priorizando la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, México enfatizó la importancia de lograr avances acordes a los principios de justicia restaurativa y reparación del daño. Por su parte, la CIDH se refirió a la conexión entre la impunidad por los crímenes de la “guerra sucia” y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente en el país. Por último, la Comisión mostró su preocupación respecto a que a la fecha, sólo existiría una condena por los crímenes de esa época, que no había sido ejecutada por la avanzada edad del imputado.

Denuncias de impunidad por graves violaciones de derechos humanos en México

Durante esta audiencia, diversas organizaciones de la sociedad civil plantearon que la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos continúa siendo una constante estructural e histórica a pesar de diversas reformas en materia de justicia y derechos humanos. Las organizaciones brindaron información actualizada sobre la situación específica de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y reiteraron que las autoridades del Estado habrían fallado en buscarlas, identificar los cuerpos e investigar y sancionar estos crímenes. Asimismo, destacaron la denominada “Guerra contra las Drogas del sexenio 2006/2012, así como la reciente desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, como muestra de la incapacidad del Estado de prevenir hechos de tal naturaleza. Agregaron que sólo se han producido a nivel federal seis sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con las organizaciones peticionarias, el fenómeno de la impunidad en México se produce, entre otras razones, por la falta de capacidad institucional de las agencias de investigación; y por la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que se encuentren involucrados integrantes de sus propias instituciones. El Estado, por su parte, reiteró su compromiso y apertura frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconoció la existencia de “fallas estructurales profundas” en el sistema de justicia, y la necesidad de adoptar una serie de medidas concretas para reducir los altos niveles de impunidad por graves violaciones de derechos humanos. La CIDH subrayó la necesidad de generar un cambio real en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley. La CIDH también consideró que graves violaciones a derechos humanos, como las planteadas en la audiencia, no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el Gobierno Federal tiene el deber de desarrollar los mecanismo pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en las entidades federativas.

Derechos humanos y protesta social en México

La CIDH recibió con preocupación información sobre la alegada tendencia por parte de las autoridades a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012. Dicha tendencia se estaría presentando a través de iniciativas de leyes, algunas de ellas ya aprobadas, y normas federales y locales que presentarían restricciones mediante la regulación del espacio público para manifestaciones sociales, la obligación de dar aviso a las autoridades con anticipación, el uso de un lenguaje ambiguo en dichas leyes, así como el uso del derecho penal. Asimismo, señalaron el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no solo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo. El Estado por su parte manifestó su respeto por la protesta social como una herramienta del derecho a la libertad de expresión, y agregó que sus regulaciones están encaminadas a garantizar la seguridad de los manifestantes así como de la población en general. Una de esta sería la regulación del uso de la fuerza por parte de las autoridades. Asimismo, el Estado señaló que cuenta con un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que ha brindado protección a personas en riesgo.

Situación de derechos humanos de mujeres en situaciones de emergencia hospitalaria en Brasil

Peticionarios señalaron que el marco legal de Brasil contempla la atención integral de las mujeres que sufren violencia sexual, incluyendo el tratamiento de las lesiones físicas y de atención médica, psicológica y social. La legislación vigente autoriza la práctica del aborto cuando el embarazo es el resultado de un delito sexual. Sin embargo, los peticionarios indicaron que la asistencia sanitaria prestada a las mujeres es de muy mala calidad y que las víctimas son a menudo objeto de trato irrespetuoso y discriminatorio cuando reciben servicios de salud. Los peticionarios presentaron una serie de ejemplos de violencia institucional, especialmente en los casos donde se necesita atención después de un aborto involuntario o un aborto. Estos incluyen mujeres que tuvieron que esperar un número excesivo de horas en casos de hemorragia e infección; otras que fueron interrogadas sobre si tuvieron abortos inducidos; y casos en los que el legrado se realizó sin anestesia. El Estado presentó información sobre las medidas que se han adoptado para garantizar que los derechos de las mujeres están garantizados en el ámbito de la atención sanitaria. Se refirió específicamente a la Secretaría Nacional de Políticas para las Mujeres, la cual ha adoptado una serie de estrategias en la atención obstétrica para reducir y prevenir la mortalidad materna y la atención inadecuada en situaciones de parto y prácticas de aborto. El Estado también informó sobre la Rede Cegonha, una estrategia creada para promover el cuidado de la salud basado en los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, y se refirió a los esfuerzos para incorporar una perspectiva intercultural y de género en la prestación de servicios de atención a la salud en general.

Denuncias de violencia policial y desaparición forzada en el Estado de Goiás Brasil

La Comisión fue informada que desde el año 2000, 43 personas han desaparecido en el estado brasileño de Goiás. Los peticionarios informaron que las autoridades no están abordando adecuadamente esta situación, puesto que ninguna ley ha sido promulgada para definir y clasificar el delito de desaparición forzada y debidas investigaciones no se han realizado para resolver estos casos. Por otra parte, la Comisión recibió información preocupante respecto a la inseguridad pública y la falta de confianza en las fuerzas de seguridad en Goiás, un problema que es exacerbado por los indicios de que la policía podría estar involucrada en las desapariciones. Peticionarios afirmaron que los intentos por parte de defensores y defensoras de derechos humanos para presionar por una investigación exhaustiva han sido enfrentados por hostigamiento y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo a defensores públicos. Los peticionarios indicaron que la intervención federal era necesaria para abordar estas situaciones ya que el estado de Goiás parecía estar tomando medidas que sólo empeorarían la situación, tales como la contratación de agentes de la policía a través de métodos no convencionales y sin un entrenamiento adecuado. Los peticionarios señalaron, además, que la Comisión Especial para la Defensa de la Ciudadanía ya había emitido varias recomendaciones al estado de Goiás para mejorar la situación, pero que el Estado no había implementado las recomendaciones. Representantes del estado de Goiás y del gobierno federal reconocieron que la inseguridad pública en Goiás es un problema, pero afirmaron que se está abordando de manera adecuada y que se están implementando las recomendaciones de la Comisión Especial. Asimismo, las representaciones de ambos niveles estadual y federal declararon que se han realizado muchas investigaciones sobre los abusos cometidos por agentes de la policía y las cuales han dado lugar a la detención y procesamiento de varios oficiales. La Comisión recordó al Estado que debe hacerse todo lo posible para investigar las desapariciones forzadas y para prevenir el acoso y las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. La Comisión acogió cualquier información adicional que las partes pudieran tener con respecto a las investigaciones de estos casos de desaparición forzada.

Acceso a la justicia por graves violaciones de derechos humanos en Brasil

La Comisión fue informada de que las graves violaciones de los derechos humanos, cometidas durante la dictadura militar en Brasil, siguen impunes pese a las recomendaciones de la Corte Interamericana, emitidas en el Caso Gomes Lund y otros. vs. Brasil, que indican que ley de amnistía de Brasil no debe impedir la investigación, procesamiento y sanción de estos delitos. Según los peticionarios, la judicatura de Brasil sigue implementando la ley de amnistía del país y encontrando otras maneras de impedir los intentos de atribuir responsabilidad penal a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. La Comisión recibió información preocupante que indica que la falta de una definición legal y clasificación adecuada de desaparición forzada sigue siendo un obstáculo a la justicia, y que los intentos de procesar estos crímenes bajo otros delitos, como el secuestro y la ocultación de un cadáver, no han tenido éxito debido a que los jueces suelen citar los plazos de prescripción para estos delitos. El Estado dijo que es consciente de los problemas actuales que impiden el castigo de los presuntos autores de graves violaciones de los derechos humanos, pero aseguró a la Comisión que considera la sentencia Gomes Lund totalmente ejecutable y de aplicabilidad inmediata. La delegación del Estado informó a la Comisión de que Brasil ha implementado y seguirá implementado las recomendaciones que emitió la Corte Interamericana en la sentencia de Gomes Lund y tomó nota de varias medidas adoptadas con respecto a esto. Asimismo, el Estado hizo hincapié en su compromiso con la promulgación de una ley que define y clasifica la desaparición forzada, y señaló que recientemente depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas con la Organización de los Estados Americanos. Además, el Estado señaló que hay varios casos en trámite ante el poder judicial del país y que se le debe permitir a este proceso desarrollarse de modo que los tribunales pueden interpretar y aplicar la sentencia Gomes Lund. La CIDH recordó al Estado que el cumplimiento y la aplicación de una sentencia es la responsabilidad del Estado y que debería analizar qué acciones, más allá de persecución legal, se podrían tomar para hacer cumplir de inmediato la citada sentencia. También recordó al Estado que violaciones graves de los derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad y que los plazos de prescripción no se aplican a este tipo de delitos.

Avances y desafíos de la Ley 169/14 en República Dominicana

Las organizaciones peticionarias expresaron su preocupación en relación con la continuidad y agravamiento del proceso de desnacionalización de miles de personas dominicanas de origen extranjero, principalmente haitiano, por las acciones que ha seguido tomando la Junta Central Electoral (JCE) tras la entrada en vigor de la mencionada ley. También sostuvieron que existen diversos obstáculos que dificultan la aplicación de esta ley que dividió a la población afectada en dos grupos, el primer grupo de personas consiste en los afectados que en algún momento fueron inscritos en el Registro Civil como dominicanos; y un segundo grupo, compuesto por los afectados que no figuran inscritos en el registro civil. Respecto al primer grupo, las organizaciones señalaron que los procedimientos vienen siendo aplicados de manera discrecional y arbitraria, en forma discriminatoria y a través de mecanismos que están muy lejos de poder ser considerados sencillos, claros, rápidos ni justos. Señalaron que los nacimientos que se habían registrado en los registros normales están siendo transcritos en "volúmenes de transcripción", que llevan a la fecha actual y no hacen referencia a un certificado de nacimiento anterior. Las organizaciones dijeron que la transcripción de estos registros constituye un acto de segregación que afecta a una población particularmente vulnerable ya estigmatizados por la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso, TC-168-13. Dijeron que la JCE está avanzando con los casos anteriores y la presentación de los nuevos para tratar de anular la ciudadanía de los dominicanos de ascendencia haitiana, aunque hayan sido debidamente registrados. Con respecto a los no incluidos en el Registro Civil, las organizaciones señalaron que las pocas personas que han podido acogerse a la ley siguen siendo considerados extranjeros y permanecerán en el limbo legal por los próximos dos años, mientras esperan para ver si pueden llegar a ser naturalizados como ciudadanos dominicanos, situación que los deja apátridas. Por su parte, el Estado dominicano destacó la importancia de su plan de regularización ambicioso y explicó que hay dos pilares centrales: 1) el Plan Nacional para regularizar extranjeros en situación migrante irregular, y 2) Ley Especial 169-14, diseñado para hacer frente a la situación irregular de los descendientes de los inmigrantes indocumentados. Según el Estado, 83.000 migrantes han comenzado el proceso de regularización de su situación migratoria, y el presidente Danilo Medina ha ordenado que deportaciones no pueden tener lugar durante el período en que el plan está en vigor. El Estado indicó que Juliana Deguis Pierre, cuyo caso llevó el fallo de la Corte Constitucional, había recibido sus documentos de identidad, junto con otros 972 individuos que habían presentado una solicitud de un certificado de nacimiento en el país. La delegación del Estado también expresó su preocupación con respecto a las declaraciones que sugieren que la decisión del Tribunal Constitucional deja a miles de personas sin estado, y dijo que la afirmación de que podría haber 200.000 o incluso 400.000 personas afectadas por la sentencia es falsa. La delegación reiteró el firme compromiso del gobierno para proteger los derechos fundamentales y fortalecer las instituciones del país. La CIDH expresa su preocupación por la ausencia de una delegación del Estado que estuviera en condiciones de responder a las preguntas de las y los Comisionados, así como a los temas que surgieron en el curso de la audiencia.

Denuncias de violación de derechos humanos de pueblos indígenas en Costa Rica

Los peticionarios informaron que no se estaría respetando el derecho a la integridad cultural de dichos pueblos en el país. Describieron la situación de invisibilidad que afectaría a dichos pueblos ante la falta de su reconocimiento a nivel constitucional, lo cual fomenta su marginalización y la pérdida de su identidad indígena. Expresaron que la ausencia de normativa y de acciones para la recuperación de las tierras de los pueblos indígenas en el país es ejemplificada por la falta de aprobación de la ley indígena que lleva 20 años estancada, además de la falta de representación indígena en el diseño de políticas públicas. Indicaron que los territorios ancestrales a su vez estarían siendo ocupados por terceros, lo que habría motivado la defensa y recuperación pacífica de sus tierras, y actos de violencia contra los pueblos afectados y sus representantes. Manifestaron por otra parte que el Estado estaría impulsando proyectos de desarrollo en territorios indígenas sin consulta previa y sin tomar en cuenta el libre consentimiento, la realidad cultural, y la cosmovisión indígena. Solicitaron finalmente una visita in loco para que la CIDH conozca la realidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. El Estado por su parte afirmó su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas. Como prueba de ello, hizo referencia a la propuesta de reforma constitucional para reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de los pueblos indígenas y otros proyectos de ley y políticas con miras a proteger sus derechos. La CIDH expresó su interés en continuar monitoreando la situación pertinente a los problemas presentados y solicitó información sobre los actos de violencia por parte de terceros, la situación de respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos afectados, y mayor información sobre la normativa y las políticas mencionadas por el Estado con miras a proteger los pueblos indígenas en el país.

Uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos

La Comisión convocó esta audiencia por su propia iniciativa para examinar cómo el derecho penal se utiliza para limitar la defensa de los derechos humanos, para un informe que la Comisión está preparando sobre el tema. Se informó a la Comisión de que acusaciones criminales vagas o ambiguas como "incitación a la rebelión", "terrorismo", "sabotaje", "instigación a la delincuencia", o "ataques contra o resistencia a la autoridad pública" –son a menudo llevadas a cabo arbitrariamente por las autoridades. Tales casos criminales a menudo se prolongan indefinidamente y se acompañan de medidas como la prisión preventiva y la prohibición de salir del país. Según las organizaciones participantes, la criminalización de los defensores de los derechos humanos no sólo los afecta a ellos y a sus familias sino que también afecta a las víctimas y las causas que representan. Las organizaciones discutieron algunos de los contextos en los que los defensores y las defensoras de derechos humanos tienden a ser criminalizados: manifestaciones de protesta social; la ejecución de proyectos de desarrollo masivos; y la defensa de los derechos laborales o los derechos sexuales y reproductivos. Las organizaciones señalaron que los agentes no estatales a menudo desempeñan un papel en traer acusaciones infundadas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Muchos defensores y defensoras de los derechos humanos son aún más vulnerables porque pertenecen a grupos tradicionalmente sujetos a discriminación, incluyendo líderes indígenas, afro-descendientes, o campesinos. La Comisión también recibió información preocupante sobre cómo la criminalización de la intimidad del mismo sexo en 11 países afecta a la defensa de los derechos humanos, la restricción del acceso a la justicia y alimentando la intolerancia. Según la información recibida por la Comisión, los que defienden los derechos de las personas LGBTI en estos países son vistos como "criminales auto-declarados". La CIDH señaló que Belice y Trinidad y Tobago aún tienen legislación en vigor que prohíbe la entrada de los gays al país, lo cual tiene un grave impacto sobre el derecho de reunión de los que trabajan para defender los derechos LGBTI.

Derechos Humanos y estado de emergencia en Perú

Peticionarios denunciaron que se viene dando un proceso de criminalización de la protesta social, sumada a una represión policial y militar de las manifestaciones, que ha ocasionado incluso la muerte de distintos miembros de la sociedad civil, delitos que continúan en la impunidad. En este contexto, se denunció que el Estado utiliza la fórmula de la declaratoria de estado de emergencia para militarizar el control de la protesta social, y que más recientemente, se aprobó el Decreto Supremo 1095, que habilita al Estado para usar las fuerzas militares en el control de la seguridad sin necesidad de que se decreten estados de emergencia. La Comisión por su parte, manifestó su preocupación por el uso y prórrogas frecuentes de los estados de emergencia, así como por la militarización del control de la seguridad ciudadana, llamando al Estado a que aborde las protestas sociales desde el diálogo con las comunidades.

Derecho de los pueblos indígenas a la personalidad jurídica y a la propiedad en Perú

Los peticionarios denunciaron que su identidad jurídica e integridad territorial se ven vulneradas por su clasificación como “comunidades indígenas o campesinas”, y no como “pueblos originarios o indígenas”, clasificación que sí se correspondería con su dimensión integral como grupo etnolingüístico. Los peticionarios denunciaron que dicha clasificación permite que el reconocimiento de sus territorios se corresponda y limite sólo a sus asentamientos habitacionales y sus espacios de cultivo y ganadería, dejando por fuera los bosques y fuentes hídricas que han poseído y de las cuales han dependido ancestralmente. Según manifestaron, dicha fragmentariedad de su personalidad jurídica y territorial, se agrava ante la falta de consulta previa respecto de mega proyectos que el Estado autoriza, dentro de sus territorios. La Comisión reconoció el esfuerzo del Estado por regular la consulta previa, y exhortó a que dichas disposiciones se cumplan a cabalidad.

Plan Nacional de Derechos Humanos en Perú

El Estado presentó su Plan Nacional de Derechos Humanos para el período 2014-2016. Dicho Plan tiene entre sus ejes principales la promoción de una cultura de derechos humanos en el país, que permitirá que el Estado invierta en educación en derechos humanos, así como el diseño y fortalecimiento de políticas públicas de promoción y protección de los derechos humanos, con énfasis en grupos de especial protección. El plan aspira a que todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos se traduzcan en lineamientos para la elaboración de políticas públicas dentro de cada una de las ramas del Estado. La Comisión saludó la elaboración del Plan, y la importancia que el mismo revestirá en la promoción y protección de los derechos humanos en Perú. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación por la exclusión de la población LGBTI del plan, especialmente porque estuvo presente en el Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2006-2010. El estado indico que había decidido adoptar una estrategia separada para abordar el problema de la discriminación generalizada en contra de las personas LGBTI. La CIDH indicó su interés de recibir información que indique que ha habido capacitación de defensores y defensoras públicas así como investigaciones dirigidas por el estado sobre crímenes de odio. La Comisión también expresó su preocupación de que el Plan Nacional de Derechos Humanos prevé la defensa y promoción de la inversión privada como un supuesto básico para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La CIDH señaló que los seres humanos, no la implementación de un modelo económico, deben estar en el centro de cualquier plan de derechos humanos o de la política.

Denuncias sobre violencia contra campesinos en Paraguay

Durante esta audiencia, la sociedad civil informó respecto de la alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocos, los atentados perpetrados contra campesinos, su impunidad, el agravamiento del uso indebido de la fuerza por parte del Estado y la criminalización de la protesta social. Las organizaciones denunciaron la existencia de un patrón de violencia contra campesinos orientado a desarticular a las organizaciones campesinas. Indicaron haber registrado 115 atentados contra campesinos, incluyendo 5 menores de edad, entre 1989 y diciembre de 2013 y que 336 niños y niñas han perdido uno o ambos de sus padres en el conflicto. Los desalojos llevados a cabo con fuerza excesiva han llevado a violaciones de los derechos a la vida e integridad personal de las familias campesinas, de acuerdo a los peticionarios. Sostuvieron que existe impunidad respecto de estos hechos dadas las pocas investigaciones iniciadas y su ineficacia. La Comisión escuchó a Martina Paredes quien narró su situación respecto de las presuntas ejecuciones de sus hermanos Fermín y Luis en la masacre de Marina Cué, así como la afectación de su familia por estos hechos y solicitó al Estado que se investigue. El Estado, por su parte, informó sobre la política de Estado en derechos humanos sin ofrecer información específica sobre la situación de violencia abordada en esta audiencia y extendió sus sinceras condolencias a Martina Paredes. Asimismo, el Estado solicitó a la CIDH un informe sobre los estándares jurídicos del acceso a la tierra y las obligaciones derivadas de los Estados. La Comisión instó al Estado a que trabaje en dichas investigaciones y le preocupa que el mensaje sea “que se puede matar en el campo a dirigentes en procesos sociales, sin que el Estado de la respuesta adecuada”, dado que nada afecta más a los derechos humanos que la impunidad.

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas

Durante esta audiencia, que fue convocada por iniciativa de la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil presentaron información sobre una serie de temas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), tanto desde una perspectiva regional como nacional. Entre las preocupaciones presentadas por las organizaciones se incluyen problemas relacionados con el trabajo forzado y el trabajo infantil en la región, así como la importancia del trabajo decente como un componente esencial del desarrollo. Otras preocupaciones relacionadas con el trabajo incluyen el impacto de las industrias extractivas en los trabajadores, y las infracciones al derecho de los trabajadores a la asamblea, incluyendo los asesinatos de sindicalistas. Las organizaciones participantes pidieron a la Comisión a profundizar en estos temas, en coordinación con la OIT, y para llevar a cabo un análisis de los derechos laborales en la región y hacer recomendaciones a los Estados. Las organizaciones también han planteado una serie de problemas relacionados con la pobreza, incluyendo el derecho al agua, señalaron que 77 millones de personas en la región carecen de acceso al agua de calidad, así como el derecho a la vivienda y los servicios básicos. Las organizaciones han instado a los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para financiar una futura Relatoría Especial sobre los DESC y destacaron la importancia de un informe de la CIDH en toda la región sobre el tema.

Desde el año pasado y a lo largo de 2014, la Unidad de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, y ha llevado a cabo una serie de consultas sobre este tema en toda la región para evaluar la situación de la región y para desarrollar un plan de trabajo. En abril de 2014, la Comisión estableció un fondo especial para crear hasta el final de 2015 una Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales. El principal obstáculo para este objetivo es la falta de fondos suficientes.

Derecho a la alimentación y regulaciones de semillas en las Américas

Las organizaciones alertaron a la CIDH sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada en la región, en particular del campesinado y los pueblos indígenas, el impacto de los modelos de desarrollo, los problemas derivados de las normas que regulan el uso de semillas y el rol de la justicia en estas temáticas. Indicaron que las comunidades afectadas habrían recurrido al poder judicial, pero alegaron que el acceso a la justicia sería inefectivo. Resaltaron que las semillas son parte de la vida y la cultural y un elemento central de toda la economía y la identidad campesina y que las nuevas regulaciones las convertirían en una mercancía. Asimismo, los peticionarios presentaron información sobre la situación en Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay y Guatemala para ilustrar las problemáticas en la región. Indicaron que tales problemáticas incluyen, por ejemplo, el acaparamiento de tierra y recursos naturales, la expansión de industrias extractivas, la privatización de las semillas, el accionar de empresas transnacionales y grandes corporaciones, la criminalización de defensores y defensoras de Derechos humanos, y la impunidad frente a quienes vulneran el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de los pueblos campesinos. Por ello, solicitaron a la CIDH que monitoree la situación del campesinado y de los pueblos indígenas, particularmente en lo referente a la privatización y acaparamiento de tierras y del agua; que se analicen las afectaciones que se estarían produciendo en las Américas con respecto a las nuevas regulaciones en materia de semillas; que se intensifique el trabajo con respecto al impacto de las empresas transnacionales en la situación de derechos humanos de las poblaciones circundantes a las mismas y sobre actuación extraterritorial de los Estados. Finalmente, reiteraron la necesidad de efectuar seguimiento a los casos de criminalización y persecución de defensores de derechos en esta materia; y que la CIDH intercambie con las Naciones Unidas sobre los avances normativos que se están dando sobre el derecho a la alimentación y los derechos del campesinado.

Situación de violencia contra las poblaciones Creole y Garífuna en Centroamérica

Durante la audiencia, los peticionarios presentaron información sobre violaciones de los derechos humanos que sufren las mujeres, adolescentes y niños y niñas de ascendencia africana en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los peticionarios señalaron que poblaciones criollas y garífunas de la región se enfrentan a diferentes formas de violencia, verbal, psicológica, física, sexual y de género, como resultado de la discriminación y la exclusión social, y esta violencia a menudo queda impune. La violencia contra los niños y las niñas es un problema muy extendido; los peticionarios citaron un estudio que mostraba que el 44 por ciento de las víctimas de delitos sexuales eran menores de 14 años. Sin embargo, los peticionarios señalaron, que sólo el 5 por ciento de los delitos de violencia sexual son reportados, debido al estigma y la desconfianza en la policía y el sistema judicial. Tampoco existe un marco jurídico adecuado para prohibir y prevenir toda forma de violencia contra los niños y las niñas. Los peticionarios también se refirieron al problema de los feminicidios y la situación de los embarazos entre las niñas de entre 15 y 19 años de edad. Los peticionarios subrayaron la importancia de alentar a los Estados a elaborar datos detallados, desglosados por variables claves, tales como el sexo, la raza, la etnia y la edad, señalando que mejores datos permitirían desarrollar políticas públicas más eficaces. Asimismo, los peticionarios solicitaron que la Comisión tenga en cuenta la situación específica de las poblaciones afrodescendientes en la labor de sus relatores de la Niñez y de la Mujer, y en su seguimiento de las acciones del Estado para dar cumplimiento a la Convención de Belém do Pará.

Reuniones de trabajo

La CIDH convocó 19 reuniones de trabajo sobre peticiones y casos individuales, de las cuales 4 fueron canceladas por falta de comparecencia de una de las partes. Cada reunión que se celebró fue conducida por el respectivo Relator(a) de país y tuvieron tres finalidades: promover el acercamiento de las partes en la negociación de acuerdos de solución amistosa; hacer seguimiento a las recomendaciones de informes de fondo; y, hacer seguimiento al cumplimiento de las cláusulas adoptadas en acuerdos de solución amistosa suscritos entre las partes.

En cuanto a la negociación de acuerdos de solución amistosa se celebraron reuniones de trabajo entre Estados y peticionarios en los casos 11.820 (Eldorado dos Carajás) y 12.200 (Henrique Trindade y Juvenal Ferreira Trindade), ambos de Brasil; en los casos 12.528 (Raul García Linera y otros), 11.426 (Marcela Alejandra Porco) y 12.709 (Juan Carlos Bedregal y familiares) de Bolivia; y P-06-06 (Juan Manuel Guerra) y 12.905 (Osvaldo Isaías Migueles y Pablo Rafael Galván) de Argentina. Cabe resaltar los importantes avances que se lograron en las negociaciones en los casos de Marcela Alejandra Porco y de Osvaldo Isaías Migueles y Pablo Rafael Galván.

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de informes de fondo, se sostuvieron reuniones de trabajo en los casos 11.565 (Ana, Beatriz y Celia González Pérez) y 12.689 (J.S.C y M.G.S.) de México; y, 11.566 (Favela Nova Brasilia) y 12.568 (Urso Branco) de Brasil. Vale la pena resaltar como un avance significativo, la propuesta de términos para un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo presentada por los peticionarios en el caso de Ana, Beatriz y Celia González Pérez.

Finalmente, en cuanto a los casos de seguimiento al cumplimiento de acuerdos de solución amistosa, se llevaron a cabo las siguientes reuniones: Caso 11.545 (Marta Saire) de Honduras y los casos P-452/TE (Casos del Comunicado de Prensa Conjunto de 22 de febrero de 2001) y 12.191 (Maria Mamérita Mestanza) de Perú. La CIDH quisiera resaltar la importancia de que dicho cumplimiento se realice por parte de los Estados de forma articulada y coordinada con los respectivos peticionarios de caso. Asimismo quisiera instar a los Estados a continuar con los esfuerzos para que dicho cumplimiento se haga con mayor celeridad y bajo los términos establecidos en los instrumentos suscritos por las partes.

Contribuciones financieras

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados en lo corrido del año 2014, por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

En particular, la CIDH agradece las contribuciones recientes, realizadas por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y México. También desea agradecer a los Países Observadores Permanentes que apoyan las actividades de la Comisión: Dinamarca, España, Finlandia, Países Bajos y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas de la Comisión Europea, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Fundación Arcus, Plan Internacional, Save the Children-Suecia, y la Universidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.

No. 131A/14

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