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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH valora avances contra la impunidad en Guatemala y expresa preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y las mujeres
27 de marzo de 2012
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Guatemala entre el 7 y 10 de marzo de 2012. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por la Comisionada Dinah Shelton en su calidad de Relatora para Guatemala y Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e integrada por la coordinadora de la Región Mesoamérica y de la Relatoría de Pueblos Indígenas, Isabel Madariaga; la abogada de la Región Mesoamérica, Fiorella Melzi; y la abogada de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Cristina Blanco.
La visita tuvo por objetivo recabar información sobre la situación de derechos humanos, con especial énfasis en la situación de los pueblos indígenas. Asimismo, la visita tuvo como finalidad conocer los planes y programas que pondrá en marcha el actual gobierno en materia de derechos humanos. Con este fin, la Comisionada Shelton se reunió con representantes del Estado, de organismos internacionales, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas. Por otra parte, durante la visita se realizaron reuniones de trabajo sobre peticiones y casos en trámite ante la Comisión, y se impartió un taller de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos.
La Comisionada Shelton destaca importantes avances registrados en materia de derechos humanos en Guatemala, especialmente referente a las investigaciones de graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
Al respecto, reitera el reconocimiento a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, por declarar la autoejecutabilidad de sentencias de casos presentados por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros)”; “Panel Blanca (Paniagua Morales y otros)”; “Bámaca Velásquez”; “Carpio Nicolle y otros”; “Masacre de las Dos Erres” y, ordenar que el Ministerio Público realice nuevas investigaciones para determinar a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos establecidas por la CorteIDH en las respectivas sentencias.
Asimismo, la Comisionada destaca la sentencia emitida recientemente en el caso de la Masacre de las Dos Erres contra el ex militar Pedro Pimentel, quien fue condenado por asesinato y delitos contra la humanidad por su participación en la masacre ocurrida en 1982, donde fueron asesinadas más de 250 personas.
Además, se observa con beneplácito la reapertura del caso de la Masacre de Plan de Sánchez. En el 2011 cinco hombres fueron capturados acusados de haber sido autores materiales de la masacre y actualmente están sometidos a juicio. En la Masacre de Plan de Sánchez, caso enviado por la CIDH a la CorteIDH, fueron ejecutadas 268 personas, en su mayoría miembros del pueblo indígena maya, por miembros del ejército de Guatemala y colaboradores civiles, el día domingo 18 de julio de 1982.
La Masacre de Plan de Sánchez y la Masacre de las Dos Erres fueron dos de las cientos de masacres cometidas en Guatemala durante el conflicto armado (1960-1996), cometidas en su mayoría contra el pueblo indígena maya, en una política de tierra arrasada y genocidio. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró 626 masacres atribuidas a fuerzas del Estado.
La Comisionada destaca asimismo el enjuiciamiento de Efraín Ríos Montt, militar que tras un golpe de Estado, gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los períodos más violentos del conflicto armado guatemalteco. Ríos Montt fue procesado por genocidio contra el pueblo maya y delitos de lesa humanidad. Asimismo, los generales retirados Héctor López Fuentes y José Mauricio Sánchez fueron procesados por genocidio. La CIDH recuerda que estos procesos deben ser conducidos en pleno respeto a las garantías de independencia, imparcialidad y de juez natural conforme al debido proceso.
En el marco de estos esfuerzos para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, la Comisionada espera que las distintas instancias del Estado, en particular el Ministerio de Defensa, garanticen la plena accesibilidad a la totalidad de los archivos y documentos sobre derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno. Igualmente, en aras de proteger los derechos humanos en Guatemala, la Comisionada espera que las iniciativas para restringir el acceso a la información, como la iniciativa 4328, que busca clasificar información en poder el Estado sobre asuntos militares o diplomáticos como confidencial, sean desestimadas. Esta iniciativa fue presentada por el gobierno anterior y actualmente se encuentra en el Congreso.
Asimismo, celebra la labor del Instituto de la Defensa Penal Pública y de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a través de recursos jurisdiccionales y, con base en la doctrina y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha permitido conmutar por la pena máxima de prisión a varias personas condenadas a muerte en Guatemala.
Por otro lado, la Comisionada reconoce la aprobación del Estatuto de Roma por el Congreso de la República el 26 de enero de 2012 y espera que se firme el proyecto de ratificación y se deposite en la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas.
Sin perjuicio de los avances señalados, la Comisionada Shelton expresa su profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que afecta a los pueblos indígenas en Guatemala, asociada principalmente a la falta de adopción de medidas estatales dirigidas a garantizar sus derechos sobre la tierra y recursos naturales. De acuerdo a información recibida, la desprotección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Guatemala se caracteriza por la falta de reconocimiento de las tierras indígenas; la falta de un sistema catastral que reconozca el territorio ancestral y permita proteger las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas; la adquisición de tierras por parte de empresas sin la supervisión directa del Estado; y la ejecución de proyectos de inversión, desarrollo y extracción de recursos naturales en contradicción con las normas internacionales en esta materia.
Al respecto, la Relatora recuerda que, de conformidad con las normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, los pueblos indígenas son titulares de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que han ocupado históricamente, y por lo tanto tienen derecho a ser reconocidos jurídicamente como los dueños de sus territorios, a obtener un título jurídico formal de propiedad sobre sus tierras, y a que los títulos sean debidamente registrados. Asimismo, conforme a las normas internacionales vigentes para el Estado de Guatemala, los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho a la delimitación y demarcación de su territorio de manera que gocen de protección efectiva en la práctica. En atención a ello, la Relatora insta al Estado de Guatemala a dar cumplimiento a su obligación de poner en vigencia mecanismos legales e institucionales que garanticen el reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de tierras de propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
Es de especial preocupación la información recibida según la cual se estarían reactivando los desalojos forzosos de comunidades indígenas en diversas zonas del país. En particular, la Relatora expresa su preocupación sobre el modo en que tales desalojos vienen siendo ejecutados, los cuales se han caracterizado por el uso de violencia, que incluso ha terminado en la muerte de personas indígenas; la participación de fuerzas de seguridad privadas y de elementos militares en tareas que corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales; la detención de autoridades, líderes y miembros de comunidades indígenas; y la destrucción y quema de sus bienes, cultivos y viviendas. A lo anterior, se suman las condiciones de precariedad y la crisis alimentaria en la que se encuentran actualmente varias de las comunidades indígenas desalojadas forzosamente de sus tierras ancestrales.
Al respecto, la Relatora condena enérgicamente la muerte de Antonio Beb Ak’, Oscar Reyes y Margarita Chub Ché, miembros de las comunidades maya q’eqchi del Valle de Polochic, desalojadas forzosamente en marzo de 2011. Asimismo, insta al Estado de Guatemala a suspender la ejecución de desalojos forzosos, en tanto suponen mecanismos que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas, frente a la situación de desprotección jurídica en la que se encuentran. Igualmente, la Relatora llama al Estado a dar cumplimiento a las normas de derechos humanos al realizar procesos de desalojos, en particular el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal y el derecho a un debido proceso de las comunidades indígenas y sus miembros.
De otro lado, la Relatora recibió información sobre el otorgamiento por parte del Estado de licencias para la instalación de centrales hidroeléctricas; exploración y explotación de materiales de construcción; y explotación de metales y no metales en territorios indígenas. De acuerdo a la información disponible, estas concesiones habrían sido concedidas sin la realización por parte del Estado de una consulta previa, libre e informada, destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas.
En vista de ello, la Relatora insta al Estado guatemalteco a adoptar mecanismos legales e institucionales para dar cumplimiento a los estándares del sistema interamericano sobre planes o proyectos de desarrollo, inversión y de concesiones de exploración o extracción de recursos naturales que pretenden ejecutarse en territorios indígenas. Al respecto, la Relatora recuerda al Estado de Guatemala que los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales. Asimismo, que la consulta y el consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas.
En Guatemala, el racismo y la discriminación que persiste contra los pueblos indígenas se ve reflejado, por ejemplo, en una incidencia desproporcionada de la pobreza y la pobreza extrema sobre los miembros de pueblos indígenas. Asimismo, el 58,6% de niñas y niños indígenas menores de cinco años sufren desnutrición crónica. La inseguridad alimentaria y nutricional se manifiesta a través de la alta mortalidad en niños de corta edad; la falta de desarrollo inmunológico; y la presencia de enfermedades agudas y crónicas. La Relatora valora la información recibida durante la visita respecto de la voluntad del gobierno de poner en marcha acciones dirigidas a reducir la desnutrición crónica infantil, a través de la activación y adecuación de la política nacional de desarrollo rural integral. Al respecto, recuerda el deber estatal de celebrar consultas con los pueblos indígenas sobre las decisiones que les afecten. Teniendo en cuenta la importancia de poner en práctica una estrategia integral que incorpore los múltiples determinantes de una mala nutrición, la Relatora destaca la importancia que a este efecto puede tener la protección de la propiedad de las comunidades indígenas, y el fortalecimiento del uso y disfrute de sus recursos naturales, de conformidad con sus prácticas tradicionales.
Igualmente, la Relatora fue informada sobre situaciones de grave conflictividad surgidas en diversas regiones del país por la presencia de empresas en territorios indígenas. La Relatora observa con preocupación la información recibida según la cual la respuesta estatal frente a episodios de descontento social se ha caracterizado por el uso indiscriminado y prolongado de estados de excepción, la utilización desproporcionada de la fuerza por parte de agentes de seguridad, la presencia creciente de agentes militares en zonas de conflictividad, y la puesta en marcha de mecanismos del sistema de persecución penal en contra de autoridades, líderes y miembros de comunidades indígenas. Es de especial preocupación para la Relatora la información recibida respecto de ocho mujeres indígenas que tendrían órdenes de captura en su contra por la presunta comisión del delito de usurpación, situación que estaría relacionada con su oposición a la actividad minera en las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.
En vista de lo anterior, la Relatora insta al Estado de Guatemala a llevar a cabo, de modo prioritario, acciones dirigidas a solucionar las causas de la problemática. Asimismo, recuerda que la CIDH ha manifestado que: “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.
De igual modo, la Relatora ha tomado conocimiento sobre la existencia de un alto número de denuncias sobre ataques, amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, y de líderes y autoridades indígenas que juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La Relatora observa que ello se enmarca en un contexto de violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, expresado en los 409 ataques registrados durante el 2011, lo que supone un incremento del 34% con relación al año anterior. La Relatora de la CIDH exhorta al Estado a la promoción de acciones y medidas necesarias para actuar con la debida diligencia al investigar estas denuncias, sancionar a los culpables y dar apoyo a las víctimas.
La Relatora fue también informada sobre señalamientos difamatorios realizados públicamente en contra de miembros de comunidades indígenas, defensoras y defensoras de sus derechos, los cuales tendrían por objeto deslegitimar las reivindicaciones de los pueblos indígenas en Guatemala. La Relatora condena tales declaraciones de desprestigio y considera necesario valorar la importante labor que realizan autoridades, líderes y miembros de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos, reconocidos a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, durante su visita, la Comisionada recibió información alarmante sobre el alto nivel de violencia en el país, y la grave situación que atraviesa la administración de justicia. La Comisionada fue informada por la Fiscal General, que no obstante los altos índices de violencia, las muertes violentas se han reducido, de 6,600 en el 2009, a 5,681 en el 2011. La CIDH ha señalado que las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos. La Comisionada recuerda al Estado guatemalteco que dichas políticas generan obligaciones negativas de abstención y respeto y obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención.
En cuanto a la administración de justicia, según cifras conocidas públicamente, en Guatemala el índice de impunidad alcanza un 98%. En este contexto de impunidad, la Comisionada valora y reconoce en forma especial la labor de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien desde que asumió en diciembre de 2010, ha logrado que ex altos funcionarios del Estado sean procesados por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.
Los altos niveles de violencia contra las mujeres que se registran en Guatemala son otro tema de profunda preocupación para la Comisión. Según cifras del Ministerio Público, la violencia contra las mujeres es el delito más denunciado, con más de 40,000 denuncias de violencia por año. Según datos proporcionados por la Comisión Presidencial contra el Femicidio, en el 2011 hubo 705 femicidios y se reportaron 28 casos de mujeres desmembradas. Asimismo, de cada 10 casos de femicidio, tres mujeres ya habían denunciado ser víctimas de actos de violencia, o contaban con órdenes judiciales para su protección. Según información aportada por la sociedad civil, persiste la tendencia de culpabilizar a las mujeres de la violencia de la que son víctimas.
Si bien la impunidad en estos casos es aún muy alta, la Comisionada reconoce avances recientes con la creación de los Juzgados de Primera Instancia Penal y los Tribunales de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango, que con apoyo de la Comisión Presidencial contra el Femicidio, en el 2011, de 935 casos, dictaron sentencias en 335 casos. Ello ha llevado a la ampliación de más juzgados y tribunales penales de femicidio en Huehuetenango y Alta Verapaz. La Comisionada espera que dichos juzgados especializados se extiendan a todos los departamentos del país.
Por otro lado, preocupa a la Comisionada información recibida respecto de la violencia de la que las y los operadores de justicia son víctimas y la falta de respuesta estatal frente a dicho problema. En el cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar, la Comisionada recuerda que la Comisión Interamericana ha establecido que el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.
La Comisionada fue informada sobre iniciativas de reformas a la Ley de Carrera Judicial, que tienen por objeto abordar las omisiones y falencias de las que adolece el marco jurídico actual que regula la carrera judicial, tales como la inestabilidad en los cargos de jueces y magistrados. La Comisionada insta a las autoridades legislativas a impulsar dichas reformas y que las mismas vayan acorde con los principios de independencia e imparcialidad de jueces y magistrados que permean los sistemas universal y regional de derechos humanos.
En el marco de la visita, la Comisionada también recibió información preocupante respecto de la situación de indefensión que se encuentran personas migrantes, y sobre denuncias que indican que a pesar de la promulgación de la Ley de adopciones en el país, el negocio de las adopciones ilegales se seguiría llevando a cabo con la connivencia de algunas autoridades estatales.
Además, durante la visita se celebraron reuniones de trabajo sobre casos en trámite ante la CIDH. En particular, la Comisionada valora los avances realizados por las partes con miras a alcanzar un acuerdo de solución amistosa en los casos por la desaparición forzada del matrimonio compuesto por Alma Libia Samayoa y Víctor Hugo Quintanilla (9.245) y la desaparición forzada de Jorge Granados Hernández (9.552). Asimismo, valora los importantes esfuerzos de las partes en la petición 793-06 (Osmin Ricardo Tobar Ramírez y otros), que refiere a adopciones irregulares de niños cometidas por funcionarios del Estado. En estos casos, las partes se comprometieron a suscribir los acuerdos de solución amistosa en los próximos dos meses. En la petición 1139-04 (Masacre de la Aldea de los Josefinos), el Estado ofreció avanzar en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa firmado por las partes el 18 de diciembre de 2007. A casi cinco años de la firma de dicho acuerdo, la Comisionada espera que las partes logren avances sustanciales en este acuerdo en el transcurso de este año. En la petición 992-05 (Carlos Antonio Pop), la Comisionada valora el acercamiento que hubo entre las partes con miras a alcanzar un acuerdo de solución amistosa, sin embargo observa obstáculos en este proceso.
Durante la visita, se realizó un taller de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos, dirigido a líderes y lideresas indígenas de Mesoamérica. Participaron en el taller líderes y lideresas y abogados indígenas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, México, Costa Rica y Nicaragua.
Los representantes y funcionarios del Estado con los que la delegación se reunió fueron el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Harold Caballeros, el Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, el Director de la Policía, Gerson Oliva, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández; la Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, la Ministra de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, el Secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia, Elmer López, el Representante del Comisionado Presidencial de Desarrollo Rural, Jorge Morales, la Comisionada Presidencial contra el Femicidio, Alba Trejo, el Secretario de la Paz, Antonio Arenales, la Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Ruth del Valle, el encargado el Programa Nacional de Resarcimiento, Jorge Herrera, así como con representantes de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, se reunieron con el Presidente de la Junta Directiva del Congreso, Gudy Rivera Estrada, el Vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Mario Santiago Linares, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Luis Fernando Pérez Martínez y los diputados Manuel de Jesús Barquín y Amilcar de Jesús Pop Ac, y con el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales Alvarado y su equipo.
En la reunión con el Presidente de la República, la Relatora fue informada sobre los programas contemplados en su programa de gobierno, esto es, el pacto por la paz, la seguridad y la justicia; el pacto fiscal y; el pacto hambre cero. En la oportunidad, la Comisionada planteó, entre otros asuntos, la importancia de avanzar en materia de justicia y reparaciones en relación con el conflicto armado; la necesidad de consultar a los pueblos indígenas respecto de los planes y proyectos que les afecten; la preocupación por el alto índice de desnutrición, incluso crónica, en niñas y niños indígenas; las cifras alarmantes de violencia contra las mujeres, así como la preocupación por las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Asimismo, agradeció la disposición del Estado de Guatemala para alcanzar acuerdos de solución amistosa en los casos que se tramitan ante el sistema interamericano.
También se celebraron reuniones con el Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala, Alberto Brunori y con el Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Comisionado Francisco Dall’Anese. Por otra parte, la delegación mantuvo asimismo fructíferas reuniones con organizaciones indígenas y con organizaciones no gubernamentales.
La Comisión agradece la cooperación brindada por el Gobierno para la realización de la visita y por la información entregada por las diferentes autoridades del Estado sobre los desafíos que enfrentan en materia de derechos humanos. Asimismo, la CIDH agradece a las lideresas, líderes y autoridades tradicionales indígenas, así como a los demás representantes de la sociedad civil por el análisis profundo y minucioso que presentaron en las diferentes reuniones sobre los principales problemas que afectan a la sociedad guatemalteca en materia de derechos humanos y los retos para avanzar en la protección de los derechos fundamentales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
No. 33/12