>

Privadas de Libertad

Funciones

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH elabora recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA a fin de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En cumplimiento de su mandato, la Relatoría realiza visitas a los Estados miembros de la OEA, organiza seminarios, talleres y reuniones de consulta con expertos y conduce actividades de promoción. Asimismo, la Relatoría asesora a la Comisión Interamericana en el trámite de peticiones y casos individuales, y de medidas cautelares y provisionales en las que se alegan violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad.


Actividades

Desde su creación, y en cumplimiento de su mandato, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad ha realizado visitas de trabajo a más de una docena de países del hemisferio. Algunas de estas visitas son: El Salvador (octubre 2010); Argentina (junio 2010); Ecuador (mayo 2010); Uruguay (mayo 2009); Argentina (abril 2009); Paraguay (septiembre 2008); Chile (agosto 2008); México (agosto 2007); Haití (junio 2007); Argentina (diciembre 2006); Bolivia (noviembre 2006); Brasil (septiembre 2006); Rep. Dominicana (agosto 2006); Colombia (noviembre 2005); Honduras (diciembre 2004); Brasil (junio 2005); Argentina (diciembre 2004); y Guatemala (noviembre 2004).

Durante estas visitas la Relatoría desarrolla fundamentalmente tres líneas de acción: visitas a centros de privación de la libertad de todo tipo; diálogo con las autoridades encargadas del diseño de políticas penitenciarias y la administración de los centros penales; y reuniones con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el trabajo a favor de los derechos de las personas privadas de libertad. Además, se realizan actividades académicas y de promoción, principalmente dirigidas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Asimismo, y en cumplimiento de su mandato de promoción, la Relatoría ha participado también en un importante número de talleres, seminarios y otras actividades académicas. Asimismo, organizó conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina el Primer Seminario Latinoamericano de Buenas Prácticas, celebrado en Buenos Aires en noviembre de 2007.

Entre las contribuciones de la Relatoría al desarrollo de los estándares de protección del Sistema Interamericano se encuentra la elaboración y promoción de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad. Este documento aprobado por la Comisión Interamericana en su 131º Periodo de Sesiones, mediante Resolución No. 1/08, fija lo que la CIDH considera como los principales estándares internaciones de protección relativos a las personas privadas de libertad. En su elaboración se tomó en consideración el desarrollo progresivo del corpus iuris de derechos de las personas privadas de libertad; la jurisprudencia del Sistema Interamericano; y las opiniones de expertos independientes que formularon valiosos aportes a la preparación final de este documento. Además, se llevaron a cabo consultas a los Estados miembros de la OEA como parte del proceso de elaboración de estos estándares en materia de respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.


Peticiones y casos de violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad

Una las actividades principales de la Relatoría es la asistencia a la Comisión para  tramitar las peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad. Así, desde su creación, el aporte de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad ha sido determinante en la tramitación de los informes de fondo de los casos Jorge, José y Dante Peirano Basso (Informe No. 86/09), en el que la Comisión se refirió a los parámetros de aplicación de la detención preventiva a la luz del derecho internacional de los derechos humanos; Antonio Ferreira Braga (Informe No. 35/08), relativo al uso de la tortura como método de investigación criminal y el deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones al derecho a la integridad personal, e indemnizar a las víctimas; César Alberto Mendoza y otros (Informe No. 172/10), relativo a la aplicación de prisión perpetua a adolescentes en conflicto con la ley); y Rafael Arturo Pacheco Teruel y otros “Incendio en el Penal de San Pedro Sula” (Informe No. 118/10), en que definió que el Estado como garante de los derechos de los detenidos debe adoptar todas aquellas medidas necesarias para prevenir las muertes de internos en situaciones de emergencia como incendios y otras calamidades.

Además, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad colabora en el trámite de medidas de protección. La Relatoría ha trabajado en equipo con el resto de la CIDH en medidas provisionales, como por ejemplo las relativas a la Penitenciaría “Dr. Sebastián Martins Silveira” de Araraquara; al Complejo de Tatuapé de la FEBEM; a la Cárcel de Urso Branco; al Internado Judicial Capital El Rodeo I y II; y al Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental: Cárcel de Uribana; del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y II; del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); de Eduardo José Natera Balboa y Francisco Dionel Guerrero Lárez. En el mismo sentido, la Relatoría colabora en el estudio y tramitación de medidas cautelares, como por ejemplo las otorgadas a favor de las personas privadas de libertad en la Comisaría Tercera de Ensenada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y de Néstor Rodríguez Lobaina y familia, en Cuba.


Próximas actividades

La Relatoría de Personas Privadas de Libertad continúa con su programa de visitas de trabajo a los países del hemisferio como método de trabajo para fortalecer la responsabilidad de los Estados respecto a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y continúa el ejercicio de su función general de monitoreo de la situación general de las personas privadas de libertad en las Américas.

Además, a mediano plazo se tiene programada la publicación de un informe temático sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas y la organización del Segundo Seminario de Buenas Prácticas, en esta ocasión dirigido a los países angloparlantes del hemisferio.