Violencia, inseguridad
y desapariciones
en México

Situación de Derechos Humanos en México

Durante la visita in loco a México se constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en ese país.

Esta crisis se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia; graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

CIDH presenta el informe:
"Situación de Derechos Humanos en México"

El informe analiza particularmente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.

Ofrece asimismo recomendaciones con el objeto de asistir al Estado de México en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos, conforme con las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por el Estado en materia de derechos humanos.

Tapa del informe de la CIDH, Situación de derechos humanos en México

Crédito Fotográfico: Elenats.93

Avances en políticas de derechos humanos en México

La CIDH valora las reformas constitucionales y legales introducidas desde 2011 en materia de derechos humanos.

Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos.

Se reconocen también los protocolos aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la SCJN que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Audiencia de México: Privatización Sistema Penitenciario. 157 Período Ordinario de Sesiones

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Principales factores que dan lugar a la violencia en México

Actores estatales

Diversas autoridades como las policías (federal, estatales y municipales), miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. Se denuncian prácticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura por funcionarios federales, estatales y fuerzas armadas, entre otras.

Crimen organizado

La corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas. En muchos casos actúan en colusión directa o con aquiescencia de las autoridades. La corrupción permite al crimen organizado actuar con altos niveles de impunidad.

Uso de la fuerza por actores no estatales

El surgimiento grupos de civiles que toman las armas, llamados autodefensas, la proliferación de fuerzas privadas de seguridad, y la privatización de las cárceles son otros elementos que contribuyen a la violencia en México.

Pobreza y exclusión social

En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también algunas de las zonas con los más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación. La pobreza suele ser un obstáculo para el acceso a la justicia porque la carencia de recursos lleva a muchas personas a no denunciar los delitos de los que son víctimas. 11.400.000 de las cuales viven en situación de pobreza extrema.En México hay aproximadamente 55.300.000 personas en situación de pobreza. Es decir, casi la mitad de la población mexicana (46.2%) vive en situación de pobreza.



Tráfico de personas, drogas y armas

Grupos del crimen organizado manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, redes de secuestro y extorsión, y reclutamiento involuntario de personas, generando cifras millonarias con las cuales intentan corromper funcionarios y autoridades del Estado.

Impunidad

La impunidad ante actos de violencia propicia más violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de violencia e impunidad.

Crédito Fotográfico: Marcos Guevara Rivera

“Salimos en algún carro que alguien presta, y nos vamos a la sierra y donde vemos que se hunde un poco la tierra, eso puede ser una señal de que allí enterraron a alguien. Metemos esta varilla y la olemos, y si sale el olor a podrido, ya sabemos que ahí hay un cuerpo.”

Testimonio de un familiar de desaparecido a la CIDH en un predio donde encontraron 18 cuerpos en las cercanías de Iguala.

Desapariciones y desapariciones forzadas

Datos oficiales del Estado mexicano reportan más de 25.000 personas no localizadas o desaparecidas a nivel nacional.

Niñas y niños

Estas desapariciones tienen un efecto desproporcionado sobre niñas y niños, quienes según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan un 30% del total de las desapariciones.

Miedo a denunciar

Durante la visita in loco se recibieron además testimonios de personas que no denuncian violaciones como estas por temor a represalias, por lo que existe un sub-registro en estas cifras oficiales.

Búsqueda de familiares

Ante la incapacidad institucional, familiares de personas desaparecidas se han dedicado a la búsqueda de fosas clandestinas para encontrar a sus familiares desaparecidos.
En Iguala, más de 400 familias se reúnen y llevan a cabo estas búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007. Esta búsqueda ha llevado a encontrar más de 106 cuerpos, de los cuales solo habrían sido identificados oficialmente

Desconfianza

Los testimonios recibidos durante la visita a México revelan desconfianza en las autoridades, apatía por parte del Estado, negligencia y una falta de voluntad por atender a familiares de personas desaparecidas.

Sin atención para víctimas

Muchas víctimas no son atendidas o no son atendidas adecuadamente cuando tratan de presentar una denuncia. En casos extremos, las familias se encuentran con tantas barreras y desconfianza, que prefieren no denunciar o no dar seguimiento con las autoridades.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

“Me dicen: ya no busques porque te voy a cortar la lengua. Ya no busques porque tus otros tres hijos van a aparecer en la puerta de tu casa y van a ir en tu consciencia. Nos dejan ese vacío, esa ausencia, y el corazón congelado, porque no tenemos un cuerpo para llorar.”

Testimonio de una madre a la CIDH en Ciudad de México .

Ejecuciones extrajudiciales

Según proporcionada al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias por las autoridades mexicanas, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102.696 homicidios intencionales.

La SEDENA informó que entre 2007 y 2012, en supuestos eventos de “agresiones en contra de personal militar”, fallecieron 158 elementos militares y 2.959 “presuntos agresores” civiles. Indicaron que por cada elemento militar fallecido, murieron 18.7 civiles.

En México, elementos castrenses pueden utilizar la fuerza para prevenir la comisión inminente de un crimen para proteger de una agresión. En función de ello, las fuerzas armadas frecuentemente intentarían alterar la escena del crimen para hacer aparecer que cualquier incidente con personas civiles aparezca como producto de una confrontación.

No existen leyes federales específicas sobre el uso de la fuerza pública. A pesar de que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional, pareciera que "Manual del Uso de la Fuerza" de 2014 regulariza la presencia de las fuerzas armadas en dichas tareas.

Tortura

La prevalencia de la práctica de tortura es alarmante en México.

El Estado mexicano informó que la PGR contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre torturaSólo 15 sentencias condenatorias por tortura a nivel federal

Las modalidades de tortura incluyen golpes, patadas, insultos, humillaciones, descargas eléctricas en los genitales, presenciar tortura de otras personas, asfixia húmeda y seca, desnudez forzada y hasta tortura sexual.

Falta de tipificación

Es preocupante la falta de adecuación a los estándares internacionales de la tipificación de la tortura en la normativa mexicana. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no se refiere a la tortura cometida con fines discriminatorios o con “cualquier otro fin”, y exige, cuando un particular comete el delito, que el torturado esté detenido.

Investigación y sanción

Las denuncias de torturas y malos tratos suelen quedar en la impunidad, y no está clara la voluntad estatal para investigar y sancionar a las autoridades responsables de haber cometido estos actos; ello se refleja claramente en la falta de correspondencia del número de investigaciones –y principalmente de condenas– en relación con la situación generalizada de tortura que enfrenta el Estado mexicano.

Temor a denunciar

A pesar de que el número de denuncias por casos de tortura y malos tratos es preocupante, éste no refleja la problemática real. Esto se debe principalmente a la falta de denuncias por temor a represalias o desconfianza hacia las autoridades, a la tendencia a calificar a estos actos como delitos de menor gravedad, y a la dificultad en la obtención de datos basada principalmente en la ausencia de un registro nacional de casos de tortura.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Situaciones específicas

Son de particular atención los siguientes hechos acontecidos entre el 2014 y 2015, en donde se han denunciado graves violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por la policía federal, fuerzas armadas y la marina.

Tlatlaya, Estado de México

El 30 de junio de 2014, 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico resultaron muertas en una bodega de la comunidad “Cuadrilla Nueva”, en el municipio de Tlatlaya tras un enfrentamiento con integrantes del ejército mexicano. Algunas de estas personas habrían sido detenidas y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente por los soldados.

Se iniciaron acusaciones por homicidio, de delitos de ejercicio indebido de servicio público; abuso de autoridad, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y de encubrimiento a diversos miembros del ejército.

Según el documento operativo oficial los elementos militares tenían órdenes de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Cuatro de los militares procesados en la jurisdicción civil fueron liberados por violaciones al debido proceso. Es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas de ningún tipo.

Apatzingán, Estado de Michoacán

El 6 de enero de 2015 según una investigación periodística que reconstruye los hechos, se habrían ejecutado extrajudicialmente a al menos 16 personas civiles desarmadas, en su mayoría menores de 20 años, en Apatzingán por parte de agentes federales. Estas personas se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán por haber sido presuntamente despedidos por el ex comisionado federal de la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sin indemnización ni remuneración.

El Estado indicó que la razón por la que la Policía Federal se habría presentado fue porque habrían recibido un denuncia sobre un grupo armado realizando una protesta. La resolución emitida por el Juez Quinto de Distrito determinó que no se encontraban probados elementos claves sobre quién portaba las armas aseguradas durante la detención y que la cantidad de personas no coincidía con la cantidad de armas aseguradas.

Para varias organizaciones de la sociedad civil, los sucesos de Apatzingán representan otro caso del uso de la fuerza letal indebida, además de un encubrimiento por parte de las autoridades para conocer la verdad de los hechos, con lo cual siguen denunciando insuficiencias en la investigación. Los hechos ocurridos en Apatzingán siguen siendo investigados.

Tanhuato, Estado de Michoacán

El 22 de mayo 2015 tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo criminal fallecieron 43 personas (42 civiles y un policía federal) en el Rancho del Sol, en los límites entre los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Según la versión estatal, se trató de un enfrentamiento. Sin embargo, según información en los medios de comunicación, hay controversia respecto a los hechos. Por ejemplo fotografías y testimonios de personas del lugar indicarían actos de posible tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas. Más del 70% de las víctimas habrían sido encontradas con un tiro de gracia en la nuca; también, una de las víctimas no habría muerto por un impacto de bala, sino que habría sido matada a golpes.

Asimismo, los cuerpos habrían sido movidos y las armas con las que habrían sido encontrados tendrían cargadores que no eran del mismo modelo, por lo que no hubieran podido ser accionadas en combate. Según información en medios de prensa, los familiares de una de las personas fallecidas, presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, indicaron que tras analizar las fotografías de los cuerpos vieron quemaduras visibles y extremidades rotas. Del mismo modo, vecinos aseguraron que los cuerpos de sus hijos regresaron castrados, con marcas en los dedos, en algunos casos les faltaba dientes y un ojo. La PGR ha atraído la investigación.

La actuación en casos que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. En todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales o militares el Estado mexicano debe realizar de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Mujeres

Las mujeres en México serían víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres.

Las mujeres en México son víctimas del 82% de las violaciones simples.Las mujeres en México son víctimas del 81% de los delitos de trata de personas.Las mujeres en México son víctimas del 79% de los delitos de abuso sexual.Las mujeres en México son víctimas del 79% de los delitos de violencia familiar.Las mujeres en México son víctimas del 71% de los delitos de violación equiparada.Las mujeres en México son víctimas del 83% de otros delitos contra la libertad y seguridad sexual.








Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

La situación de violencia y ataques contra la vida e integridad personal en contra de las mujeres son unas de las razones por las que la sociedad civil ha solicitado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diferentes ocasiones.
El Estado informó que de las 9 solicitudes de alerta que se tramitan: una fue declarada procedente a los 15 meses de la solicitud (Morelos); otra fue declarada improcedente debido a la respuesta del gobierno estatal para atender las recomendaciones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo (Guanajuato); y las 7 solicitudes restantes están en proceso dentro de los plazos establecidos.

Asesinatos y "feminicidios"

Según el INEGI, entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México.Según información al alcance de la Comisión, alrededor del 90% de las mujeres víctimas de violencia en el estado de Chihuahua son menores de 18 años.El OCNF documentó que entre enero de 2012 y diciembre de 2013 fueron asesinadas 3.892 mujeres en México, y solamente el 15.75% (613) fueron investigados como casos de violencia basada en el género o “feminicidios”. La mayoría de estos casos queda en la impunidad.





Tortura y tortura sexual

Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado la existencia de una práctica de violencia física y psicológica, específicamente de tortura sexual, en contra de mujeres que son atacadas y/o detenidas por agentes de la policía, militares o marinos, usualmente en el marco de las políticas de seguridad estatales.

La CIDH apoya la creación y dará seguimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de mujeres, el cual es producto del acuerdo entre el Estado mexicano y las organizaciones peticionarias de la audiencia temática de violencia sexual, en el marco del 154° periodo de sesiones.

Crédito Fotográfico: Rompeviento Television en Vimeo

Violencia contra pueblos y comunidades indígenas

Líderes indígenas defensores del medio ambiente que se oponen a proyectos extractivos son objeto de actos de violencia a manos de particulares, en ocasiones con el apoyo de fuerzas de seguridad locales.

Se estima que el 35% del territorio mexicano ha sido concesionado a través de más de 29.000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica. El 17% de estas concesiones se encuentran dentro de algunos territorios indígenas.

La violencia en el contexto de estos megaproyectos ha resultado en asesinatos, ejecuciones, hostigamiento y amenazas en contra de personas indígenas en muchos estados del país.

También se recibió información de violencia a manos de agentes del Estado mexicano en comunidades indígenas, así como un abuso del derecho penal contra defensores indígenas, ambientalistas y campesinos.

Crédito Fotográfico: Luis Enrique Aguilar

Mujeres trans y personas LGBT

En México es una práctica habitual aproximarse a las investigaciones de crímenes contra personas LGBTI clasificándolas con antelación como “crímenes pasionales.”

Entre los años 1995 y 2014 se han registrado 1.218 homicidios motivados por el prejuicio contra personas por su orientación sexual y/o identidad de género, real o percibida, en México, según el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) de la organización de la sociedad civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C.

Si bien algunos casos llegan a juicio, la mayoría no se resuelven y no se acusa a nadie por ellos.

México debe investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra personas LGBT y adoptar medidas para prevenir esta violencia, incluyendo políticas que busquen erradicar la discriminación social contra las personas LGBT, la cual potencia y refuerza la violencia pasada en perjuicio.

Situación de derechos humanos de indígenas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en las Américas. Ronald Céspedes, Nación Quechua – Bolivia / Amaranta Gómez Regalado, Nación Zapoteca – México.

147 Período de Sesiones de la CIDH - Situación de derechos humanos de indígenas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en las Américas. Ronald Céspedes, Nación Quechua – Bolivia / Amaranta Gómez Regalado, Nación Zapoteca – México.
Crédito Fotográfico: Oliver Contreras/Eddie Arrossi Photography

Niños, niñas y adolescentes

Asesinatos y muertes violentas

Cifras llegan a cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes entre 2006 y 2014, la mitad sucederían en presuntos enfrentamientos con la participación de las fuerzas de seguridad.Según prensa, en el 2012, 372 niñas fueron asesinadas en el Estado de México, constituyendo 'la cifra más alta en los últimos 10 años'.México no presenta datos sistemáticos oficiales sobre el número total de niños, niñas y adolescentes víctimas de muertes violentas, como tampoco sobre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Violaciones sexuales

Se señaló un incremento de 270% en casos de violaciones sexuales perpetradas contra niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, pasando de 213 a 789 denuncias al año.Se señaló un incremento de 270% en casos de violaciones sexuales perpetradas contra niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, pasando de 213 a 789 denuncias al año.

Crimen organizado

Es común que los niños, niñas y adolescentes se conviertan en víctimas de la violencia por parte del crimen organizado, en los enfrentamientos entre el crimen organizado. Igualmente, preocupa el número elevado de huérfanos a raíz de la pérdida de uno o ambos padres.

Privación de la libertad

A los de niños, niñas y adolescentes en alguna modalidad de reclusión o privación de libertad, se les aplicarían medidas disciplinarias mediante castigos corporales y aislamientos prolongados.

No existiría una regulación ni supervisión adecuada de las instituciones que proveen cuidados alternativos a los niños y las niñas, lo cual los expone a situaciones de violencia, negligencia, abuso y explotación

Crédito Fotográfico: Luis Enrique Aguilar

Migrantes y desplazamiento interno forzado

Ante la falta de cifras oficiales, las estadísticas del IDMC indican que para finales de 2014 México registró una cifra de al menos 281.400 desplazados internos.

Durante la visita a México, se contató que la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país provoca que miles de personas se vean forzadas a desplazarse internamente.

La violencia ha generado desplazamiento forzado particularmente en pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. La falta de información oficial sobre este problema evidencia la invisibilización del mismo.

Es preocupante la utilización de la detención migratoria de migrantes y personas sujetas a protección internacional continúa siendo la regla y no la excepción en México.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Personas privadas de libertad

En México es grave la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de la puesta a disposición de la justicia.

Uso excesivo de la prisión preventiva

Existiría una inaplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad, lo que estaría asociado tanto a prácticas judiciales como al marco normativo. Esto no sólo implica afectaciones concretas en personas individuales, sino que conlleva un importante costo financiero para el Estado, y es causa de otros problemas como el hacinamiento y la falta de separación entre procesados y condenados.Según cifras de la Secretaría de Gobernación, para el mes de agosto de 2015, de las 254.469 personas privadas de libertad en centros de detención mexicanos, 107.441 permanecían en prisión preventiva, esto es, el 42% de la población penitenciaria a nivel nacional.

Detenciones arbitrarias políticas

En particular, durante su visita in loco, la Comisión recibió información preocupante respecto a que a nivel estatal las detenciones arbitrarias son utilizadas políticamente como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles.

Flagrancia equiparada

De acuerdo con la Constitución mexicana, una persona puede ser detenida sin orden judicial previa si es aprehendida en el momento en que esté cometiendo un delito o “inmediatamente después de haberlo cometido”. Este supuesto se conoce como “flagrancia equiparada”.

El concepto de flagrancia equiparada otorga demasiada discreción al Estado en relación con la detención de personas sospechosas, y pone en riesgo el respeto al debido proceso penal contrario a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.Según cifras de la Secretaría de Gobernación, para el mes de agosto de 2015, de las 254.469 personas privadas de libertad en centros de detención mexicanos, 107.441 permanecían en prisión preventiva, esto es, el 42% de la población penitenciaria a nivel nacional.

Tortura y malos tratos

La tortura y los malos tratos serían “generalizados” y durante las primeras horas de detención, las personas privadas de libertad se encuentran en especial riesgo.

La tortura y los malos tratos suelen tener el objetivo de extraer confesiones o información incriminatoria, y de castigar.

Los métodos de tortura más frecuentes son los golpes tanto con puños, patadas con botas, macanas y culatas de armas en diversas partes del cuerpo; los insultos, amenazas, y humillaciones; descargas eléctricas generalmente en los genitales; el presenciar y/o escuchar la tortura de otras personas; asfixia húmeda y seca; la desnudez forzada, y la tortura sexual.Según estimaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), aproximadamente 10.000 personas estarían actualmente siendo torturadas anualmente en México en el sistema de justicia penal1. Esta cifra habría sido calculada utilizando como base una cifra anual de 2.000 personas que anunció la PGR para el sistema penal federal, y proyectando la cifra en forma proporcional para el sistema penal estatal, que tiene cinco veces más personas procesadas. Se había indicado también que el estimado es conservador, ya que las denuncias permiten pensar que en el sistema estatal hay un mayor porcentaje de casos de tortura que en el sistema federal.

Precarias condiciones de detención

En reclusorios federales y estatales se presentan patrones comunes y estructurales: hacinamiento, corrupción y autogobierno descontrolado en aspectos como seguridad y acceso a servicios básicos, violencia entre internos, falta de atención médica, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, falta de atención diferenciada a grupos de especial preocupación, maltrato por parte del personal penitenciario, y la falta de mecanismos efectivos para la presentación de quejas.

Hacinamiento

Respecto a los centros de detención estatales, su principal problema sería el hacinamiento, éstos se caracterizarían también por condiciones más graves y precarias debido a la falta de recursos económicos de las entidades federativas.

Corrupción

Los altos niveles de corrupción se presentarían en gran medida, debido a que el personal carcelario resulta insuficiente, trabaja abora en condiciones muy precarias, y no cuenta con los elementos requeridos para desempeñar su función.

Las personas privadas de libertad estarían sujetas a cobros indebidos por parte de personal penitenciario a fin de que sean provistas de servicios y bienes básicos, tales como comida y agua, y salud; también se les exige cuota a fin de que no sean golpeadas y abusadas en los centros de detención.

Autogobierno descontrolado

Hay informaciones sobre el control absoluto que ejercen los propios internos en ciertos centros penitenciarios, particularmente en los estados del Norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada.

En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones. Además, no se permitiría que los familiares provean artículos de primera necesidad a los internos, sino que los vendería una empresa dentro del penal a precios exorbitantes.

Imposición de sanciones desproporcionadas

Se observa que la aplicación de sanciones disciplinarias resulta desproporcionada en relación con el acto que se sanciona, y a menudo responde a criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas.

Uno de los castigos más comunes consiste en la imposición del régimen de aislamiento en celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares.

Otra de las sanciones que suelen imponerse consiste en los traslados de centros de detención, con el objeto de restringir el contacto con el exterior. Frente a los traslados, no existiría una notificación oficial a las internas, familiares o representantes legales; e incluso, durante los mismos, las personas trasladadas serían sometidas a malos tratos y tortura.

Privatización y certificación de las prisiones

Desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado. A fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito.

Es preocupante la falta de disponibilidad de información sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil.

Esta Comisión manifiesta su preocupación respecto a, por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos.

Falta de atención diferenciada

En lo que respecta a las mujeres privadas de libertad, se indicó que desde el momento de su detención se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas.

Respecto a las personas con discapacidad, se señaló que la mayoría de éstas se encuentran en centros que no resultan acordes para su tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones y sufren condiciones de insalubridad y hacinamiento, agravadas por sus necesidades de salud.

Respecto a las personas migrantes, se observa con suma preocupación que la utilización de la detención migratoria de migrantes y personas sujetas a protección internacional continúa siendo la regla y no la excepción en México.

Crédito Fotográfico: Terceravia.mx

“Me subieron por discutir con un jefe de seguridad, por exigir mis derechos. Me dejaron sin llamadas. Las custodias me lastimaron las manos. No atienden mi mano. No confío en las autoridades”

Testimonio recibido por la CIDH en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, la interna refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada.

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habrían ocurrido 107 asesinatos de periodistas entre el año 2000 y septiembre de 2015.En el período 2006-2012, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 245 agresio­nes en contra de personas defensoras.22 personas defensoras y 5 integrantes de sus familias presuntamente asesinadas por motivos relacionados con su defensa de derechos humanos, y reportaron que se desconocía el paradero de 6 perso­nas defensoras.

Con asesinatos y amenazas se intenta silenciar a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, jueces y otros operadores de justicia, para apagar su reclamo de verdad y justicia y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar.

Periodistas

Periodistas que han denunciado corrupción administrativa, narcotráfico y delincuencia organizada son asesinados, desaparecidos, amenazados, secuestrados y agredidos. En la última década, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. A pesar de reformas constitucionales y legislativas para protegerlos, la violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores en los medios ha venido en aumento.

Defensoras de derechos humanos

Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia provoca un amedrentamiento en muchas personas, que no denuncian violaciones a derechos humanos por temor a represalias.
Esto ha generado un grave problema de sub-registro en las cifras oficiales de graves violaciones.

Crédito Fotográfico: Knight Foundation

“No hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y la búsqueda la tenemos que hacer nosotros. Estamos padeciendo la indiferencia.”

Madre de un desaparecido en el estado de Nuevo León.

Colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado

En muchos casos, los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales.

Durante la visita in loco, se recibieron testimonios, sobre todo en zonas rurales, sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales. Algunas autoridades mexicanas han reconocido también que muchas policías municipales se ven sobrepasadas o cooptadas por el crimen organizado.

Debido a esta situacion, estas organizaciones criminales han logrado establecer un regimen de violencia generalizada y graves violaciones a derechos humanos, en algunos casos con la complicidad de autoridades estatales.

Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes el crimen organizado, ya que según la versión oficial la policía municipal de Iguala estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes. Asimismo, según el GIEI, autoridades de la policía estatal, federal y del Ejército habrían acompañado los incidentes. Por lo tanto también podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Políticas de drogas: “guerra contra el narcotráfico”

Desde el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.

Además del alto nivel de homicidios, preocupa que la gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad.

Militarización y violaciones a los derechos humanos

La atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles para combatir el narcotráfico ha provocado un aumento en la violencia y las violaciones de derechos humanos en México.

Entre 2007 y 2011, se duplicó el número de agentes de fuerzas armadas en tareas de seguridad publica y desde el inicio del presente Gobierno las compras de armas incrementaron 100 veces más que en Gobiernos anteriores.

El índice de letalidad en México en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es de más de 7 civiles muertos por cada civil herido. Esto contrasta con un uso legítimo de la fuerza en el que la policía debe buscar incapacitar y no matar.

Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.

Impunidad, acceso a la justicia e independencia judicial

Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de esta impunidad.

Los niveles de impunidad en México se han mantenido altos históricamente, y la CIDH ha recibido información alarmante que indica que hasta el 98% de los delitos denunciados en México no culminan en una sentencia condenatoria.

Este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, muchas procuradurías y genera una percepción generalizada de impunidad.

Además, la impunidad y la corrupción, fenómenos estrechamente relacionados, menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que contribuye a exacerbar el clima de violencia.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México

Corrupción

México debe adoptar medidas para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Ley General sobre Tortura

México debe adoptar una Ley General sobre Tortura que excluya “pruebas” y “confesiones” obtenidas mediante tortura del proceso penal y establecer el uso de cámaras y otros protocolos de seguridad para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas

México debe mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único y permitir que una persona sea registrada como víctima de desaparición forzada.

Investigación de desapariciones

México debe desplegar mecanismos para obtener información que permita localizar a las personas desaparecidas y realizar todas las investigaciones para procesar y sancionar a las personas responsables de forma eficaz y expedita.

Búsqueda de personas desaparecidas

México debe establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional.

Procuradurías

México debe fortalecer las procuradurías en el país con el fin de garantizar las debidas investigaciones, y establecer un plan coherente de cooperación de autoridades que permita la debida investigación de graves violaciones de derechos humanos.

Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana

México debe desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

Personas migrantes

México debe cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas en el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.

Desplazamiento interno

México debe adoptar legislación específica para abordar el desplazamiento interno y asegurar que haya una institución a cargo de la protección de las personas desplazadas internamente.

Defensores y defensoras

México debe fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad. A su vez, se insta al Estado mexicano a incorporar las perspectivas de género y multicultural en el diseño y adopción de medidas de protección para defensoras y periodistas;
Tapa del informe de la CIDH, Situación de derechos humanos en México