- English
- Español
Comunicado de Prensa
Visita a Colombia: REDESCA observa serios desafíos para la garantía de los DESCA en La Guajira
30 de noviembre de 2022
Enlaces útiles
[enlaces U aquí]
Datos de Contacto
Relatoria Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Lista de distribución
Actividades académicas y promocionales
La Relatora Especial inició la visita participando en diversas actividades de carácter académico y con fines promocionales. Primero en la Universidad del Rosario, donde contribuyó en espacios de diálogo con estudiantado y profesorado, abordando, entre otros temas, la Resolución 3/21 «Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos». Luego, participó en el XVII Encuentro «Todos Somos Jurisdicción Constitucional», evento organizado por la Corte Constitucional de Colombia en Villa de Leyva. Allí, la Relatora Especial brindó una conferencia magistral sobre Cambio Climático y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentando la citada Resolución 3/21. Asimismo, contribuyó como panelista en un espacio enfocado en la protección jurisdiccional de los DESCA.
Por otro lado, la Relatora Especial y el equipo técnico de la REDESCA también sostuvieron encuentros con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, con la Defensoría del Pueblo de Colombia, así como con organizaciones de la sociedad civil y con representantes de pueblos indígenas de distintas zonas del país, como son el Pacífico, el Cauca, el Bajo Cauca, el Chocó y el Putumayo. A todas estas instituciones y personas, la Relatoría Especial agradece su tiempo y disposición para colaborar con la delegación.
Visita de trabajo a la Guajira
La Relatora Especial, junto con el equipo técnico de la REDESCA, desarrolló una visita de trabajo entre los días 1 y 3 de octubre, al Departamento de La Guajira, con objeto de conocer en detalle la situación de los DESCA de la población, con un especial énfasis en el Pueblo Wayuu, frente al cual se destaca la vigencia de medidas cautelares por parte de la CIDH para tres grupos en particular: niños, niñas y adolescentes de Uribia, Manaure, Riohacha, y Maicao; mujeres gestantes y lactantes de Manaure, Riohacha y Uribía; y personas mayores -aproximadamente 3.000- de Manaure, Riohacha y Uribía (mediante las Resoluciones 60/2015, 3/2017 y 51/2017), así como disposiciones a nivel interno pendientes de cumplimiento, tales como la sentencia T-302 de 2017 emitida por la Corte Constitucional, que declara el Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de diversos derechos de la niñez Wayuu.
La visita de trabajo de la Relatoría Especial se desarrolló en Manaure, Maicao, Uribia, Albania y Riohacha, con tres objetivos prioritarios: primero, contribuir en el diagnóstico de la situación; segundo, recabar información sobre los esfuerzos en curso en la implementación de las medidas necesarias para atender las referidas problemáticas y, por último, ofrecer el apoyo técnico de la Relatoría Especial como mandato interamericano especializado en derechos y temas DESCA. Lo anterior, recordando que la visita se basa en el mandato y competencias de la Relatoría Especial y no en los términos del artículo 25 del Reglamento por parte de la CIDH -referente al mecanismo de medidas cautelares-.
En este marco se llevaron a cabo diversos eventos y reuniones claves para evaluar en el territorio la situación de los DESCA desde una perspectiva amplia e integral, con el fin de plantear observaciones y recomendaciones al Estado de Colombia sobre la promoción y protección de tales derechos. Si bien este comunicado pretende brindar algunas observaciones y recomendaciones preliminares, la Relatoría Especial prepara un informe más detallado sobre la visita que publicará oportunamente.
La Relatoría Especial reconoce la apertura y disposición del Estado de Colombia para recibir a la delegación. En particular, la Relatoría Especial reconoce el importante despliegue de autoridades e instituciones estatales de carácter nacional, departamental y municipal, que el Gobierno Colombiano movilizó en la Guajira para reunirse y acompañar en el terreno a la Relatora Especial y su equipo durante la visita. Al respecto, es de precisar que la visita se dio con el beneplácito del nuevo Gobierno, a cargo del Presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto de 2022.
En la misma línea, se extiende el agradecimiento a todas aquellas personas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que brindaron información relevante durante la visita y contribuyeron en la organización de espacios con la sociedad civil, así como también a las comunidades visitadas que compartieron sus testimonios respecto de su situación y afectaciones a sus derechos.
Observaciones y conclusiones preliminares
En la primera visita oficial de la REDESCA a Colombia, la Relatoría Especial observa que, pese a las diversas medidas adoptadas por el Estado, existen serios desafíos para la garantía de los DESCA de la población de La Guajira, particularmente para el Pueblo Wayuu, otros pueblos indígenas, como para personas y comunidades afrocolombianas.
En este contexto, si bien habría un alto nivel de vulnerabilidad de la población en general, existiría una situación de mayor riesgo para niños, niñas y adolescentes; mujeres gestantes y lactantes, y personas mayores (grupos beneficiarios de medidas cautelares en algunos municipios del Departamento mediante las Resoluciones 60/2015, 3/2017 y 51/2017 de la CIDH).
Sin detrimento de ello, cabe destacar que si bien en el marco de su visita de trabajo, la REDESCA además de evidenciar presencialmente esta situación en Riohacha, Uribia, Manaure, Albania y Maicao; recibió información de múltiples fuentes que daban cuenta de una situación de vulnerabilidad generalizada a nivel departamental, siendo todavía más compleja hacia el norte de La Guajira, como en las zonas retiradas de los cascos urbanos.
En atención a este panorama, la Relatoría Especial pudo hacer un análisis más amplio de la situación de los DESCA en el Departamento y recopiló valiosa información y testimonios que explican las causas profundas del "Estado de Cosas Inconstitucional" (ECI) que la Corte Constitucional decretó mediante su sentencia T-302/17, así como la situación de gravedad y urgencia identificada por la CIDH en el marco de las medidas cautelares mencionadas.
De la misma manera, evidenció desafíos para el cumplimiento de otras providencias judiciales, incluyendo la Sentencia T-614/19 de la Corte Constitucional, relativa a la acción de tutela para proteger el derecho a la salud y ambiente sano de una comunidad indígena wayuu frente a las actividades extractivas por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; y la Sentencia SU-698/17, en la que comunidades wayuu accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales por el proyecto de desvío del cauce del Arroyo Bruno, adelantado por Cerrejón.
Ante esta situación estructural de vulneración de derechos, la REDESCA enfatiza que siendo el cumplimiento de la sentencia T-302/17 un paso imprescindible para la garantía de los derechos del Pueblo Wayuu, y particularmente de su niñez, las acciones y medidas adoptadas por el Estado requieren ir más allá de lo ordenado por la Corte Constitucional en dicha sentencia. Así, los avances deben materializarse de tal forma que mejoren de manera urgente y sustancial las condiciones generales de vida de las comunidades y del Pueblo Wayuu.
Al respecto, a continuación se presentan algunas de las medidas socializadas con la REDESCA y adoptadas por el Estado para responder al ECI declarado por la Corte, además de algunas observaciones preliminares sobre las vulneraciones de los DESCA identificadas en el Departamento.
Avances e iniciativas estatales
Durante la visita de trabajo, y en el marco de las reuniones con autoridades del gobierno nacional, así como del nivel local, se constataron medidas que la institucionalidad ha llevado adelante, sobre todo, para hacer frente al ECI declarado por la sentencia T-302 de 2017.
Cabe señalar como denominador común la voluntad manifestada por parte de las instituciones con que REDESCA se reunió durante su visita por proyectar, fortalecer y diseñar acciones mancomunadas que atiendan lo exigido por la mentada sentencia y, especialmente, para mejorar las condiciones de vida del Pueblo Wayuu. Muestra de lo anterior es la existencia de la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira, creada el año 2020, así como los Diálogos Regionales Vinculantes promovidos por el actual Gobierno, mediante los se buscaría promover la participación de las comunidades en la elaboración de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma, se toma nota de la Ley de Presupuesto que el Ejecutivo estaría por sancionar, en la que se dispone que todas las entidades responsables en el marco de la Sentencia T-302 de 2017 deben priorizar sus recursos para dar cumplimiento a la misma.
En cuanto a la crisis de seguridad alimentaria se relevan esfuerzos para atenderla desde distintas áreas. Es así como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha trabajado en los últimos años en la promoción de capacidades, a través del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas. A su vez, se toma nota de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), a través de, por ejemplo, la implementación de granjas integrales autosuficientes o del mejoramiento de capacidades productivas y organizacionales de familias productoras pecuarias.
Igualmente, dentro las iniciativas impulsadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, se destaca la implementación de 2.400 Unidades Productivas de Alimentos para el Autoconsumo (UPAA) que buscarían contribuir al acceso y consumo de alimentos saludables por parte de poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de pilares tales como la producción de alimentos, la promoción de hábitos alimentarios y el uso de productos locales en el marco de la seguridad alimentaria. Al respecto, de acuerdo con información oficial, se ha señalado que se tiene previsto que con estas UPAA se favorezca a 2.100 familias de los municipios del sur de La Guajira.
En línea con los puntos recién expuestos, se resaltan esfuerzos como Familias en su Tierra (FEST), cuyo norte es contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares rurales vulnerables víctimas de desplazamiento forzado, iniciativa que ha permitido, entre otras cosas, implementar unidades de producción agropecuaria de autoconsumo.
También en materia de seguridad alimentaria, a partir de información provista por el Ministerio de Educación Nacional, se constata un incremento de inversión en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre los años 2020 y 2021 que habría permitido acceder a más estudiantes a sus beneficios.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con algunos programas para apoyar en materia de seguridad alimentaria. Por un lado, los Centros de Recuperación Nutricional (CRN) para atender a niñas y niños menores de cinco años con desnutrición aguda, moderada o severa. Por otro lado, las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) para el apoyo de mujeres gestantes, niños y niñas. Al respecto, es destacable el interés por tener un enfoque diferencial en estos espacios. La Relatoría Especial tuvo la oportunidad de visitar un CRN de la zona.
Respecto de la garantía del derecho al agua, se destaca que el Estado ha implementado distintas iniciativas, como es el caso de "Guajira Azul", modelo que contempla la instalación de módulos, puntos de captación, puntos de producción de agua potable y pilas públicas, siendo esta última de sus principales estrategias. Durante la visita de trabajo, el equipo de la Relatoría Especial visitó la pila pública emplazada en la comunidad Sararao entregada en 2021.
Asimismo, se toma nota de la instalación de pozos de agua para uso agropecuario, que contribuye en el mantenimiento y desarrollo de proyectos agrícolas, así como para el consumo de animales. En este marco, vale la pena saludar los esfuerzos orientados a la articulación con distintos servicios sociales del Estado y con otros actores involucrados en torno a la construcción de pilas y la búsqueda de su sostenibilidad.
Por último, en materia de educación, se reconoce la inversión orientada a mejorar la infraestructura que atiende al estudiantado, específicamente en las Residencias Escolares. Igualmente, se destaca la inversión enfocada al financiamiento de modelos educativos flexibles. Con relación al derecho a la salud, se toma nota de los esfuerzos del Ministerio de Salud para atender, no sólo la prestación de los servicios de salud, sino también sus determinantes sociales. Igualmente, se saludan los esfuerzos para concertar un modelo de salud diferencial para el Pueblo Wayuu.
Desafíos para la garantía de los DESCA
La REDESCA observa que el departamento colombiano de La Guajira, pese a ser una tierra llena de riquezas naturales y culturales, enfrenta una situación generalizada de falta de acceso a derechos humanos básicos producto de la pobreza, la desigualdad y la discriminación estructural, la cual se ve agravada por hechos de corrupción y falta de articulación institucional. Dicha situación tiene un impacto diferenciado y desproporcionado sobre el Pueblo Wayuu, así como sobre personas afrocolombianas, otros pueblos indígenas, personas afro-wayuu y personas en situación de movilidad humana.
La identificación de las vulneraciones de los DESCA en el territorio de La Guajira se identifica por la Relatoría Especial a partir de tres ejes: temas, poblaciones y derechos. En este marco, y a modo de contexto, es fundamental considerar que el territorio es predominantemente indígena (representando el Pueblo Wayuu al 48% de la población del Departamento) y que tiene el mayor índice de pobreza monetaria en el país (según el DANE, de un 67,4% en 2021).
Aquellos datos se cristalizan de manera dramática en la muerte prevenible de personas mayores, y de niñas y niños por desnutrición y causas asociadas, la falta garantía de los DESCA de gran parte de la población, así como en situaciones de mendicidad y de calle, incluyendo de niñez.
En esta línea, la REDESCA toma nota de que, pese a los esfuerzos, parte de las medidas estatales para atender la situación de La Guajira, tales medidas no serían generalizadas ni sostenibles, por lo que se consideran como avances algunos proyectos piloto o aumento de cupos de algunos programas que, por un lado, no benefician a toda la población y, por otra parte, enfrentan serios desafíos para mantenerse en el tiempo. Igualmente, se observa que, aún desde su etapa de diseño, los programas no garantizarían un nivel efectivo de consulta y participación del Pueblo Wayuu y de otras comunidades a las que se dirigen tales medidas.
Por esta razón, en el marco de la distribución de recursos escasos y, en algunos casos, sin un enfoque intercultural adecuado que respete las autoridades tradicionales y legítimas del Pueblo Wayuu, se han generado conflictos inter e intra clanes. Esto aunado a un panorama complejo en que las instituciones se desentenderían de sus responsabilidades para responder a la situación, lo cual ocurre, sobre todo, por la ausencia de un plan articulado, concertado y culturalmente pertinente que responda a un censo actualizado y comprensivo del Pueblo Wayuu. Aquel escenario se vuelve aún más complejo al considerar las serias denuncias de corrupción y escasa transparencia, junto a la falta de continuidad de políticas públicas producto de cambios de gobiernos y de la renovación reiterada de las autoridades locales (a modo de ejemplo, 15 gobernadores distintos desde 2011).
Si bien se toma nota que la pandemia y la crisis humanitaria en Venezuela han tenido un impacto en este contexto, la Relatoría Especial observa que la problemática del Departamento es de larga data y que ha sido difícil responder adecuadamente a la misma ante una falta de caracterización adecuada de la población, el subregistro y la brecha rural/urbana que afecta al país. Así, la aproximación a las comunidades sería principalmente a través de un enfoque de beneficencia y no de derechos, trayendo con ello serias amenazas a la supervivencia física y cultural del Pueblo Wayuu, el cual, de acuerdo con lo evidenciado, está sujeto constantemente a la estigmatización y la revictimización.
De esta manera, es de especial preocupación la asimetría de poder que experimentan las comunidades frente a actores empresariales, junto a las amenazas y hostigamiento a las personas defensoras del ambiente, agua, territorio, y de quienes se oponen a los proyectos extractivos, a propósito de las cuales la REDESCA recibió reiteradas denuncias por parte de la sociedad civil durante la visita. Respecto a este último punto, el mandato toma nota que la CIDH ya ha alertado sobre la frecuencia con la que los pueblos indígenas y afrocolombianos, particularmente sus autoridades tradicionales, líderes y lideresas, son víctimas de violencia por parte de actores armados o grupos asociados a los mismos, y cómo esta situación sería agravada en algunos casos por la presencia de actividades extractivas de minerales e hidrocarburos. Igualmente, la REDESCA en su informe anual de 2021 señaló que se requeriría la atención prioritaria del Estado a asuntos tales como el asesinato y criminalización de defensores ambientales, sobre el que se seguiría evidenciado un patrón. Lo anterior, teniendo especialmente en cuenta que a su vez habría una práctica rutinaria de asesinatos y violencia contra quienes se oponen a las industrias extractivas, y no una situación de hechos aislados. En este contexto, se saludan la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú y el plan de emergencia para la protección de líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.
A partir de la visita en terreno y la información recopilada, la REDESCA toma nota de que hay serias vulneraciones a los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, a la educación, a los derechos culturales, a la consulta previa y libre determinación, y al derecho al cuidado, destacando frente a este último la falta de reconocimiento del rol de las mujeres en sus labores.
Esto se ve reflejado, entre otras, en que entre enero y octubre de 2022 ya habían muerto 48 niños y niñas por desnutrición (con reportes de al menos otras seis víctimas entre la culminación de la visita y la publicación de este comunicado de prensa). Esto se ve empeorado por la estigmatización que se presentaría hacía las mujeres que pierden sus hijos o hijas, sobre quienes la REDESCA recibió reportes de cómo a algunas madres y familias les decían que "les estaban dejando morir por descuido o para dar lástima". En consecuencia, se evidenció un fuerte temor de las madres y comunidades a recurrir a la institucionalidad en caso de pérdidas de menores o alto riesgo de perderlos.
Ante este panorama, la Relatoría Especial, a su vez, observa con especial preocupación que estas vulneraciones de los DESCA estarían intrínsecamente relacionadas con el rol de los actores empresariales, en el que no sólo las organizaciones de la sociedad civil y comunidades señalaron el actuar de la empresa Carbones del Cerrejón Limited por sus impactos en la salud, el agua, medio ambiente y derechos de información y participación, sino también a empresas eólicas que, en el marco de sus actividades, no estarían actuando con la debida diligencia en tanto replican la forma de actuar de las empresas extractivas en el territorio.
Frente al planteamiento recién mencionado, la REDESCA sigue con atención el hecho de que actores empresariales concentran tanto el uso de recursos y bienes naturales, como de la infraestructura crítica, sin que los réditos de sus actividades económicas se reflejen en un beneficio para las comunidades. Por esta razón, resulta complejo pensar en dar un rol protagónico a los actores empresariales en algunas soluciones frente a esta grave situación de derechos humanos sin antes garantizar un proceso de reparación efectivo y la participación adecuada de las comunidades. Ello, sin dejar de enfatizar que es en el Estado en el que recae la obligación principal de garantizar los DESCA de esta población en el ámbito de las actividades empresariales.
La falta de garantía del derecho humano al agua impide el disfrute de los otros DESCA
En relación con tales derechos, la Relatoría Especial observa preliminarmente que la falta de garantía del derecho al agua genera un círculo vicioso de privaciones de los DESCA, al tratarse de un recurso vital para asegurar la vida de las comunidades y del medio ambiente. Lo anterior se da en un contexto de grave afectación de suelos y cuerpos de agua, a partir de las actividades empresariales y en el que cada vez son más evidentes los impactos del cambio climático, reflejados en lluvias o sequías intensas, así como en la disminución sustantiva de los alimentos que consumían las comunidades tradicionalmente. Frente a ello, se constata que en su informe anual de 2020, la Relatoría Especial ya había alertado sobre la falta de garantía del derecho al agua en el departamento, con un especial énfasis en las áreas rurales.
En esta línea, pese a que una de las estrategias principales del Gobierno para garantizar el derecho al agua es a través de la instalación de pilas públicas del programa Guajira Azul, la Relatoría Especial nota que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades oficiales, las propias comunidades y organizaciones de la sociedad civil, las mismas son insuficientes para garantizar el derecho al agua potable por su baja cobertura y por problemas en su sostenibilidad, cuyo resultado es una baja disponibilidad de agua para las personas y desafíos para su continuidad una vez que son entregadas producto de la falta de mantenimiento. Así, pese a que se prevén 24 pilas públicas dentro del programa para 2022, a la fecha solo habría cinco construidas y cuatro en funcionamiento.
Por su parte, en tanto los determinantes básicos y sociales de la salud no están siendo efectivamente atendidos (tales como el agua, la alimentación y la pobreza), el riesgo de vulneración al derecho a la salud es muy alto, siendo agravado por el hecho de que la aproximación no es de tipo preventivo y que las instalaciones, bienes y servicios de salud no serían accesibles ni contarían con la dotación suficiente para atender adecuadamente a toda la población, además de no contar con un enfoque intercultural. A modo de ejemplo, se denuncia la falta de controles prenatales, esquemas de vacunación incompletos, entre otras.
En esta línea, preocupan, a su vez, las denuncias sobre asma y afectaciones respiratorias a personas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, y comunidades, a raíz de las actividades extractivas, particularmente por la dispersión continua de material particulado y polvillo de carbón. En atención a ello, las comunidades sostuvieron reiteradamente que no reciben una atención médica adecuada y que la privatización del servicio de salud generaría, en algunos casos, mayores obstáculos para la garantía de su derecho ante trabas de tipo burocrático que les impiden acceder con celeridad a los servicios que requieren.
Al respecto, la REDESCA visitó el Centro de Salud El Pájaro y evidenció que el mismo se encontraba cerrado en plena tarde. Una vez abierto para la visita, las instalaciones eran evidentemente precarias y no se contaba con medicamentos para hacer frente a la desnutrición, pese a que ésta es una de las problemáticas más complejas en el territorio. Es de señalar que, de acuerdo con la información recopilada, la mortalidad infantil por causas asociadas a la des nutrición en el Departamento es siete veces mayor a la media nacional y que la desnutrición es tres veces más que la media nacional.
Teniendo esto en cuenta, resulta de especial preocupación que los programas de asistencia nutricional no tengan una cobertura universal y que, de acuerdo con diversos testimonios, no cuenten con los requerimientos nutricionales suficientes, ni con pertinencia cultural, regularidad y supervisión. Es de señalar que estas denuncias se dieron de forma generalizada frente a diversos programas e iniciativas, incluyendo el PAE, las UCA y los CRN.
Dado que algunas de las iniciativas mencionadas están ligadas a los programas educativos, llaman la atención las denuncias sobre falta de contratación de docentes, de cobertura y calidad del PAE, de disponibilidad del transporte escolar, así como deficiencias en la infraestructura de los centros educativos que pudo visitar la Relatoría Especial. De igual forma, se toma nota de que si bien los programas aportarían parcialmente en la seguridad alimentaria de quienes son beneficiarios y beneficiarias, en los periodos de receso o vacaciones, los niños y niñas quedarían en una situación de vulnerabilidad al no recibir los componentes nutricionales que proveen estos programas, por lo que a su regreso a clases en algunos casos podrían llegar en estado de desnutrición.
En el marco de las actividades empresariales, la Relatoría Especial observa que habrían serios desafíos para el respeto y garantía de los estándares interamericanos en materia de Empresas y Derechos Humanos, tanto en el caso de las industrias del sector de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), como en aquellas que operan en cuanto a las denominadas energías limpias. Así, se recibieron testimonios en los que se denunciaba el desplazamiento de comunidades por parte de los proyectos de estas empresas, como la falta de garantía de sus derechos a la información, participación, como a la protección de su derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Al respecto, la Relatoría Especial hace un llamado a la urgente aplicación de los estándares interamericanos en la materia.
A partir de su visita, la REDESCA toma especial nota de las denuncias de desplazamiento por parte de la Comunidad El Rocío y el impacto de las actividades en las fuentes hídricas -particularmente en el Arroyo Bruno-; la aplicación del test de proporcionalidad establecido en las Directivas Presidenciales 10 de 2013 y 08 de 2020 para la comunidad del corregimiento de Cañaverales en el marco del proyecto minero de Best Coal Company (en detrimento de su derecho a la consulta libre, previa e informada, pese a que esta decisión fue revocada recientemente por el juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha); y el desplazamiento de diversas comunidades ante la construcción de 65 parques eólicos en La Guajira. Es de señalar que el uso de energías limpias sería especialmente desafiante al considerar que habría diversos vacíos jurídicos mediante los que se denuncia que se estarían concediendo territorios a perpetuidad y sin respetar los derechos a la propiedad colectiva, consulta y consentimiento previo, libre e informado de diversos pueblos indígena.
Por último, en relación con los derechos laborales, pese a que su protección y garantía son un canal efectivo para asegurar los medios de vida de la población y, con ello, hacer frente al círculo vicioso de la pobreza, se habría denunciado que existe una discriminación en el acceso al trabajo por parte del Pueblo Wayuu. Adicionalmente, la Relatoría Especial observó que no habría apoyo a los emprendimientos productivos de las comunidades, lo que va en detrimento de sus conocimientos ancestrales y culturales, además de facilitar su explotación y afectar su capacidad de implementar sus propias prioridades e iniciativas de desarrollo. Ante este panorama, la REDESCA destaca que garantizar el derecho al trabajo para el Pueblo Wayuu es instrumental para hacer frente a su situación de inseguridad alimentaria.
Conclusiones y recomendaciones preliminares
Ante la grave vulneración de derechos humanos, y particularmente de los DESCA, evidenciada en la visita de trabajo de la Relatoría Especial al Departamento de La Guajira, la REDESCA considera que la situación no admite espera y se requieren medidas urgentes e inmediatas para la protección de las comunidades haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, asegurando el cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a la no discriminación como al desarrollo progresivo de los DESCA, con particular énfasis en la protección del Pueblo Wayuu y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior, debe implementarse desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género, a partir de un enfoque diferenciado, interseccional y culturalmente apropiado que, de conformidad con los estándares internacionales e interamericanos en la materia, asegure la protección y garantía de los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, a la educación, a los derechos culturales, a la propiedad colectiva, a la consulta previa y libre determinación, y al derecho al cuidado de todas las personas que habitan La Guajira.
Para tal fin, es imprescindible una aproximación integral al territorio que entienda que las medidas deben ser dirigidas a La Guajira como un Departamento afectado por problemáticas similares en todo su territorio, así como al Pueblo Wayuu en su integralidad. Para ello, se requiere que el Estado respete y dialogue con las autoridades legítimas y tradicionales del Pueblo Wayuu, sin generar controversias al reconocer autoridades ajenas a las costumbres propias.
En el mismo sentido, dado el rol protagónico que han tenido los actores empresariales en las vulneraciones a los DESCA que se dan en el territorio, se requiere la aplicación efectiva de los estándares y recomendaciones interamericanos sobre empresas y derechos humanos contenidos en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos. Estos cobran especial relevancia en el marco de las industrias extractivas, empresas dedicadas a las energías limpias, empresas prestadoras de servicios de salud y todos los actores empresariales involucrados en la prestación de servicios públicos en el Departamento. Es de destacar que toda actividad que se asigne, coordine o tercerice con empresas públicas o privadas en el marco de un "Estado de Cosas Inconstitucional" como el decretado por la Corte de Constitucionalidad Colombiana, requiere de manera reforzada la información, participación, consulta y cooperación con las comunidades involucradas, así como procesos expeditos de reparación y justicia en los casos correspondientes.
Es de destacar que, como línea base, se requiere un diálogo genuino y participativo con las autoridades legítimas del Pueblo Wayúu, así como una caracterización adecuada de las comunidades y sus necesidades. Ello debe ir de la mano con un plan integral, consensuado y articulado que permita avanzar en la garantía de los derechos humanos y, especialmente los DESCA, para la población de La Guajira, con especial atención en el Pueblo Wayuu, las personas afrocolombianas, otros pueblos indígenas, personas afro-wayuu y personas en situación de movilidad humana.
Todas las acciones mencionadas con anterioridad deben enmarcarse dentro del respeto y garantía de los derechos de acceso a la participación, información y justicia para las comunidades, así como en respeto a su derecho a la libre determinación, dentro del cual se hace crucial reconocer la noción de desarrollo construida desde su cosmovisión. Igualmente, se requiere la adopción de medidas efectivas e inmediatas para la protección y no criminalización de las personas defensoras del ambiente y de quienes se oponen a los proyectos extractivos.
La REDESCA destaca que, de no adoptarse estas medidas de manera inmediata, se seguirá poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural, además de incrementándose las muertes prevenibles de personas mayores, niños y niñas del Pueblo Wayuu. Sin detrimento de ello, la Relatoría Especial ve positivamente la disposición del Gobierno Nacional para atender esta situación, así como la expectativa de diálogo que tienen las comunidades para construir soluciones consensuadas que hagan frente al "Estado de Cosas Inconstitucional" experimentado en el Departamento. Para tal fin, la Relatoría Especial se pone a disposición del Gobierno Nacional y de todas las instituciones del Estado, como de la sociedad civil y autoridades del pueblo Wayuu, para apoyar los esfuerzos, diálogos y medidas que se adelanten en la materia, incluyendo, particularmente, las acciones de seguimiento que está llevando a cabo la Corte Constitucional a través de su sentencia T-302/17.
Por último, dado que atender esta situación requiere de un financiamiento sostenible y sustancial de las diversas iniciativas, se hace un llamado enfático a investigar y sancionar todos los hechos de corrupción, junto a la adopción de una política fiscal justa y transparente basada en la planificación responsable que permita la sostenibilidad de las iniciativas y programas que se implementen. Sólo de esta manera, el crecimiento económico y los beneficios que se generan en la región estarán verdaderamente al servicio de la gente y contribuirán para la protección adecuada de sus comunidades y del medio ambiente.
En atención a la situación evidenciada por la REDESCA tras su visita de trabajo a La Guajira, la Relatori´a Especial recomienda al Estado de Colombia:
- 1. Adoptar medidas prioritarias, urgentes y debidamente financiadas para, de conformidad con los estándares internacionales e interamericanos, garantizar los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, a la educación, a los derechos culturales, a la propiedad colectiva, a la consulta previa y libre determinación, al desarrollo y al derecho al cuidado a la población de La Guajira. Lo anterior, bajo un enfoque de género, diferenciado, interseccional y culturalmente apropiado que ofrezca una especial protección al Pueblo Wayuu, las personas afrocolombianas, personas afro-wayuu, otros pueblos indígenas y personas en situación de movilidad humana.
- 2. Elaborar e implementar un plan integral, consensuado y articulado que permita avanzar en la garantía de tales derechos, priorizando el cumplimiento de las Medidas Cautelares vigentes de la CIDH y de las sentencias relacionadas de la Corte Constitucional Colombiana, movilizando todos los recursos necesarios para evitar nuevas muertes por causas asociadas a la falta de acceso al agua o desnutrición, protegiendo de manera reforzada a la infancia, las mujeres gestantes y personas mayores.
- 3. Tomar las anteriores medidas a partir de un diálogo genuino y participativo con las autoridades legítimas y tradicionales del Pueblo Wayuu, así como de una caracterización adecuada y pormenorizada de todas las comunidades y sus necesidades.
- 4. Garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y adoptar medidas orientadas a combatir discursos estigmatizantes en su contra, a valorar su cultura y tradiciones, como aportes al desarrollo local y la protección del medio ambiente.
- 5. Combatir de forma efectiva y sostenible la pobreza y pobreza extrema en el Departamento, incluyendo políticas fiscales justas y retributivas, así como medidas que permitan prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva hechos de corrupción.
- 6. Garantizar la aplicación efectiva de los estándares y recomendaciones contenidos en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos, prestando especial atención a los derechos de acceso, información, participación y justicia de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
- 7. En el marco de las actividades empresariales, garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, en cumplimiento con los esta´ndares interamericanos en la materia, y tomando en cuenta las caracteri´sticas, usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado. Ello con especial atención a las concesiones, licencias o permisos de exploracio´n o explotacio´n de recursos naturales que afecten sus tierras o territorios ancestrales, así como aquellas autorizaciones y concesiones en el marco de proyectos de transición energética y uso de energías limpias.
- 8. Establecer un mecanismo que permita evaluar la necesidad de una modificacio´n a los te´rminos de las concesiones otorgadas y/o proyectos en implementacio´n, para preservar la supervivencia fi´sica y cultural de comunidades y pueblos indi´genas. De igual forma, adoptar medidas que mitiguen y reparen los impactos de proyectos inconsultos.
- 9. Tomar acciones efectivas e inmediatas para la protección y no criminalización de personas defensoras del ambiente y de quienes se oponen a proyectos extractivos en el Departamento, investigando de manera diligente, efectiva e imparcial, todos los casos de amenazas, hostigamiento y violencia en su contra.
- 10. Garantizar la aplicación efectiva de los estándares y obligaciones interamericanas de derechos humanos frente al cambio climático, contenidos en la Resolución 3/21 "Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos".
- 11. Establecer un programa de cooperación con la REDESCA para el seguimiento e implementación de las presentes recomendaciones, que incluya, entre otras, una invitación abierta a la Relatoría Especial para visitar nuevamente el territorio como parte del seguimiento, así como, en su caso, junto a la CIDH en cuanto a las medidas cautelares vigentes relacionadas con los grupos beneficiarios del pueblo Wayúu de La Guajira.
Por otro lado, la REDESCA recomienda a las empresas e instituciones financieras internacionales con operaciones en La Guajira:
- 1. Implementar de manera efectiva los estándares y recomendaciones dirigidas a las empresas e instituciones financieras internacionales contenidas en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos.
- 2. Cooperar con el Estado de Colombia para eliminar la pobreza en La Guajira, contribuyendo con sus operaciones y programas al desarrollo sostenible del Departamento, a partir de modelos de negocio que pongan en el centro el bienestar y derechos de las personas que lo habitan, como la protección de sus ecosistemas.
No. RD265/22
8:51 AM