CIDH expresa preocupación por las personas que siguen detenidas y con procesos judiciales, por participar en las protestas en Cuba

16 de febrero de 2022

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Washington D.C – A siete meses de las protestas masivas en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante la continuidad de la privación de libertad y realización de procesos judiciales en contra de personas, entre ellas adolescentes, que participaron en las manifestaciones.

Al 7 de febrero, más de 700 personas siguen encarceladas en Cuba como consecuencia de su participación en las protestas de julio de 2021, ello según información de la sociedad civil. Las condiciones en que estas personas se encuentran detenidas, se caracterizarían, entre otras cuestiones, por altos niveles de hacinamiento, falta de acceso de acceso a agua potable y alimentación adecuada, negligente atención médica, y bajo el empleo de medidas de aislamiento.

Respecto de los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio, según información oficial de 24 de enero, la Fiscalía General de la República reconoció que un total de 790 personas son acusadas de "actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden". Asimismo, señaló que las sanciones que se sean impuestas –de hasta 30 años de prisión– estarían en correspondencia con la gravedad de los hechos.

De acuerdo con información disponible, la mayoría de estas personas detenidas estarían bajo el régimen de prisión preventiva, en contraposición con los principios internacionales de su aplicación. Además, los procesos judiciales se basarían en tipos penales abiertos y cargos penales infundados y desproporcionados. De igual forma, se tiene información de afectaciones al debido proceso, como la restricción de acceso a expedientes penales o copias de las sentencias, y ausencia de defensa técnica adecuada y de contacto con representantes legales.

Respecto de la situación de los adolescentes, la Fiscalía de Cuba informó que 55 tienen entre los 16 y 18 años, y fueron acusados de delitos en el contexto de las protestas. De los cuales, 28 estarían bajo prisión preventiva, y a 18 acusados se les modificó la solicitud de sanción por otras de menor severidad. Al respecto, sociedad civil ha denunciado que estos adolescentes habrían sido privados de la libertad y sometidos a procesos judiciales sin respecto a los estándares que rigen el sistema penal de justicia juvenil, especialmente en lo que respecta al acompañamiento de las madres y padres en el proceso. Además, destacan que enfrentarán acusaciones de delitos graves, que incluyen elevadas condenas, de hasta los 20 años de prisión.

Por otra parte, la CIDH recibió denuncias sobre la persistencia de actos de intimidación, hostigamiento y violencia por parte de fuerzas de seguridad del Estado y personas afines al gobierno en contra de familiares de las personas acusadas, así como periodistas y activistas. Ello, como consecuencia de manifestarse en contra de los procesos y de las altas condenas que se están llevando a cabo como respuesta a la participación en las protestas. En este contexto, la Comisión tomó nota con preocupación de la denuncia de 11 personas detenidas el 31 de enero, en las afueras del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana, por protestar contra el enjuiciamiento de personas manifestantes del 11 de julio.

La CIDH urge al Estado cubano a liberar a todas las personas privadas de la libertad, adolescentes y adultas, por el hecho de participar en las protestas, así como a cesar la práctica de hostigamientos y detenciones por causas relacionadas con la protesta social u otros derechos conexos. Asimismo, recuerda que el Estado debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas, de conformidad con los estándares interamericanos.

Finalmente, la Comisión reitera que la detención de adolescentes es una medida que debe utilizarse como último recurso, y de manera excepcional por el período más breve posible. En este sentido, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo el contacto de esta población con los sistemas de justicia penal.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 031/22

10:30 AM