Washington D.C., 14 de agosto de 2014. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes ocurrido el 12 de agosto en el municipio de Tarazá, subregión del Bajo Cauca, departamento de Antioquia, Colombia. La Relatoría Especial manifiesta su preocupación e insta a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con la información recibida, Cervantes se desplazaba como pasajero en una motocicleta cuando habría sido abordado por desconocidos quienes le habrían disparado en varias ocasiones. Cervantes, periodista de la radio comunitaria Morena FM y corresponsal hasta 2013 del canal Teleantioquia Noticias, habría recibido amenazas contra su vida desde el 2010. En su momento, se habría señalado que estas amenazas podrían tener como causa la emisión de informes sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno local y que podrían venir por parte de bandas criminales. Las amenazas habrían persistido, la última de ellas la habría recibido el 22 de julio de 2014 en la que le decían que tenía dos horas para irse del municipio luego de que el periodista presuntamente se hubiera negado a transmitir una información sobre bandas criminales en la emisora.
Debido a su situación, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) habría aprobado medidas de protección, las cuales habrían sido implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde junio de 2012 hasta el 24 de julio de 2014.
Sobre este tema, el 12 de agosto la UNP emitió un comunicado en el que señaló que la decisión de levantar el esquema de seguridad se habría tomado el 5 de junio de 2014 en virtud de que la información en poder del Estado indicaba que no habría un nexo causal entre las amenazas y el trabajo periodístico, entre otras razones porque Cervantes ya no ejercía el periodismo desde hacía más de un año, pues su trabajo en la emisora consistía en ser programador musical.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como fortalecer los importantes mecanismos de protección existentes, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrática.