Libertad de Expresión

Comunicado de Prensa R97/11

COMUNICADO DE PRENSA

R97/11

 

RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE DOS MUJERES PERIODISTAS EN EL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO

 

 

Washington D.C., 7 de septiembre de 2011— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron encontrados el 1 de septiembre en un parque de la capital mexicana.

 

Las autoridades  desconocen la razón de los asesinatos e investigan varias hipótesis. La Relatoría Especial considera indispensable investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos asesinatos podrían haber sido motivados por el ejercicio del periodismo y urge a las autoridades esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.

 

De acuerdo con la información recibida, las periodistas tenían una cita la noche del 31 de agosto. El último contacto que se tuvo con ellas habría sido alrededor de las 10 de la noche. Algunas personas que pasaban por el parque El Mirador, en la delegación Iztapalapa del D.F. hallaron los cuerpos de las mujeres en la mañana del 1 de septiembre, con marcas de violencia. Horas después las autoridades confirmaron la identidad de las victimas.

 

Marcela Yarce era una de las fundadoras de la revista Contralínea, reportera y encargada de relaciones públicas de esa publicación. Anteriormente había trabajado en diversos medios de comunicación escritos y televisivos. Por su parte, Rocío González era periodista independiente y con anterioridad se había desempeñado como reportera de los noticieros de la cadena Televisa.

 

Contralínea, fundada en 2002,  se ha distinguido por un periodismo crítico acerca de temas políticos y especialmente por formular importantes denuncias en materia de corrupción. La revista y sus periodistas han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento, como ataques armados, amenazas, robos de equipos e información y restricciones judiciales.

 

Con estos dos crímenes ascienden a ocho los comunicadores asesinados en México durante 2011, en cuyos casos no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional. Anteriormente habían sido registrados los homicidios de  Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; Miguel Ángel López Velasco, el 20 de junio en Veracruz; Yolanda Ordaz, el 26 de julio en Boca del Río, Veracruz;  y Humberto Millán, el 25 de agosto en Culiacán. Además, el 7 de junio desapareció en Guerrero el periodista Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero todavía es desconocido.   En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora de periódicos, Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

 

La Relatoría Especial exhorta nuevamente al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes, sin descartar la hipótesis de que los asesinatos estén relacionados con el ejercicio periodístico de las víctimas. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia contra la prensa en México.

 

La situación de violencia contra los medios de comunicación y periodistas en México ha sido puesta de presente en el informe especial de esta oficina sobre la situación de la libertad de expresión en ese país. En el reporte oficial se recomienda enfáticamente a las autoridades mexicanas la adopción urgente de medidas como el reforzamiento de las capacidades y recursos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones y juicios de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera y la implementación de manera pronta y efectiva de mecanismos de seguridad necesarios para proteger la vida e integridad de las y los periodistas amenazados.

 

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".