RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO
DE UN REPORTERO GRAFICO EN EL SALVADOR
R38/11
Washington D.C. 2 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen contra el reportero gráfico salvadoreño Alfredo Hurtado y solicita a las autoridades de ese Estado conducir una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el trabajo periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, Alfredo Hurtado se dirigía a su trabajo la noche del lunes 25 de abril, cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad cercana donde operan grupos delictivos.
Según la información disponible, Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como motivo del asesinato. Sin embargo, voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales del camarógrafo.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impedir la impunidad de este crimen mediante el impulso decidido de las investigaciones que permitan aclarar el motivo del crimen y juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. El combate de la impunidad es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
La Relatoría Especial recuerda que, según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".