Libertad de Expresión

COMUNICADO DE PRENSA Nº R72/09

LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EXPRESA PREOCUPACIÓN

POR OLA DE ATAQUES CONTRA PERIODISTAS EN ECUADOR

 

Washington, D.C., 1° de octubre de 2009- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la creciente ola de agresiones contra medios y periodistas en Ecuador, llama a las autoridades a investigar los incidentes, y advierte sobre los riesgos que tiene para la libertad de expresión y, en general, para la convivencia pacifica,  el fortalecimiento de la democracia, y la creación de un clima de intolerancia y polarización social.

 

La Relatoría Especial ha recibido información sobre las graves agresiones sufridas por la corresponsal de la cadena televisiva TeleSUR en Ecuador, Elena Rodríguez. La periodista fue atacada en la noche del miércoles 16 de septiembre, en Quito, cuando circulaba en su vehículo particular, por personas presuntamente opositoras al gobierno actual. De acuerdo a la información recibida, los agresores la golpearon con la culata de un revólver, la sacaron del automóvil a la fuerza y le propinaron patadas en el suelo, provocándole traumatismo craneal y hematomas en todo el cuerpo. Rodríguez señaló que el ataque está relacionado con su actividad profesional, dado que al día siguiente encontró una nota en su auto que la acusaba de trabajar para el gobierno del presidente Rafael Correa e indicaba: "la próxima vez no te salvarás".

 

La Relatoría Especial también ha sido informada sobre las graves agresiones sufridas por el periodista Rafael Castro y el camarógrafo Jorge Cabezas, del programa "En busca de respuestas" que se transmite en Ecuador TV, quienes fueron severamente golpeados el jueves 24 de septiembre por presuntos estudiantes que protestaban en las manifestaciones organizadas por el sindicato de maestros en la ciudad de Guayaquil. Durante las protestas también fueron fuertemente agredidos el camarógrafo Mauricio Cerón, de la cadena televisiva Ecuavisa, el reportero gráfico del Diario Hoy, César Muñoz y una periodista de medios estatales que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

 

Asimismo, la Relatoría Especial recibió información sobre las amenazas recibidas por  varios periodistas, entre otros, Yamila Murillo Zaldúa, de Diario Correo, ubicado en la localidad de Machala, y Aquiles Arismendi, de radio "La Voz de su Amigo", localizada en la ciudad de Esmeraldas.

 

La Relatoría Especial exhorta al Estado de Ecuador a investigar y esclarecer los graves hechos de violencia registrados contra los periodistas y llama a las autoridades a que promuevan una cultura del respeto por el pensamiento diverso y a que se abstengan de hacer declaraciones que, de cualquier manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social.

 

Como lo ha indicado de forma reiterada la Relatoría, la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de de todas las ideas y opiniones, es condición esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación.

 

En este sentido, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que el "asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".