COMUNICADO DE PRENSA
Nº R22/09
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEPLORA ASESINATO
DE PERIODISTA EN MÉXICOY SOLICITA AL ESTADO INVESTIGAR EL CASO
Washington, D.C, 7 de mayo de 2009 –
En la tarde del 3 de mayo, Ortega retornaba a su casa en el pueblo de Santa María El Oro, cuando dos camionetas lo interceptaron, y personas no identificadas lo obligaron a bajar del auto, según la información publicada por la prensa local y organizaciones no gubernamentales. Al resistirse, le dispararon varias veces en la cabeza, y el periodista murió de inmediato. Ortega trabajaba en el periódico El Tiempo de Durango. Días antes, el reportero habría denunciado en un artículo que fue amenazado por representantes del gobierno local en relación a una nota que había publicado antes sobre presuntos hechos de corrupción.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, urgió a las autoridades de México a que realicen una investigación seria y exhaustiva del crimen para castigar a los responsables. "El asesinato de un periodista es la forma más grave de censura. En lo que va de 2009, al menos otros cuatro periodistas han sido asesinados en la región por razones que podrían estar vinculadas a su labor, y sin embargo no parecen existir resultados satisfactorios contra la impunidad ni sistemas adecuados de protección de periodistas en riesgo", señaló. "Las autoridades deben garantizar la seguridad de todos los periodistas para que personas como los asesinos de Ortega no cumplan con el objetivo de silenciarlos", añadió.
De acuerdo a información recopilada por la Relatoría Especial, entre 1995 y 2005, en México fueron asesinados 20 personas por motivos presuntamente relacionados con el ejercicio del periodismo. En 2006, se registraron nueve asesinatos y un desaparecido. Al año siguiente, se reportaron tres homicidios y tres desapariciones, y en 2008, cinco asesinatos y una desaparición.
Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/relatoria.