COMUNICADO DE PRENSA
Nº R15/09
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEPLORA ASESINATOS
DE PERIODISTA RADIAL EN HONDURAS Y DE PERIODISTA TELEVISIVO EN GUATEMALA. SOLICITA A LOS ESTADOS INVESTIGAR EL CASO
Washington, D.C, 3 de abril de 2009 –
En la tarde del 31 de marzo de 2009, en San Pedro Sula, personas no identificadas dispararon desde un automóvil contra Rafael Munguía, según la información publicada en la prensa local y organizaciones no gubernamentales. El reportero murió en el lugar al recibir varios disparos. Munguía trabajaba como corresponsal de Radio Cadena Voces y recientemente había estado informando sobre hechos de violencia y sobre el crimen organizado. En octubre de 2007, Carlos Salgado, locutor de un programa también de Radio Cadena Voces, fue asesinado a disparos al salir de la emisora en Tegucigalpa.
En Ciudad de Guatemala, el 1 de abril de 2009, cuando Rolando Santiz y el camarógrafo Antonio de León se desplazaban en un auto del canal, fueron atacados por dos personas no identificadas que les dispararon desde una moto. Santiz murió de inmediato como consecuencia de los disparos que recibió, en tanto el camarógrafo fue herido de gravedad. Ambos reporteros retornaban de cubrir un asesinato, según la información publicada en la prensa local y difundida por organizaciones no gubernamentales. Santiz solía cubrir información policial, lo que incluía temas relacionados al crimen organizado. Según la información recibida, el periodista habría recibido amenazas probablemente vinculadas con el ejercicio de su profesión periodística.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, solicitó a las autoridades hondureñas y guatemaltecas que realicen una investigación exhaustiva sobre los dos asesinatos. "Estos asesinatos resultan particularmente preocupantes, en tanto la labor de los dos reporteros se habría caracterizado por informar sobre hechos vinculados al crimen organizado. Es de vital importancia que estos asesinatos no queden impunes, que se repare adecuadamente a sus familiares y que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que los homicidas consigan su objetivo: silenciar a la prensa y mantener desinformada a la sociedad sobre su actuación delictiva. En ese sentido, las autoridades de ambos países deben garantizar la de manera efectiva la seguridad de todos los periodistas para que puedan seguir informando a la sociedad sobre hechos que, como el crimen organizado, son de enorme interés publico", señaló la Relatora Especial.
Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión". En ese sentido, el mismo principio señala que: "Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/relatoria.