Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R41/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN PERÚ
R41/11
Washington D.C. 6 de Mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Julio Castillo Narváez, ocurrido el 3 de mayo en Virú, departamento de La Libertad, y reconoce la inmediata intervención de la Policía para identificar e intentar capturar a los criminales. La Relatoría insta al Estado peruano a efectuar una investigación diligente y exhaustiva que ponga especial atención a las amenazas recibidas recientemente por el comunicador y que permita capturar a los responsables intelectuales y materiales del crimen, procesarlos, sancionarlos y reparar de manera adecuada a la familia de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, el periodista almorzaba en un restaurante cuando varios hombres ingresaron al local simulando ser clientes y de repente le dispararon hasta asesinarlo. En el lugar habría sido encontrado el teléfono celular de la víctima en el cual habría quedado registrada una amenaza de muerte. La Policía anunció que al menos uno de los presuntos autores de los disparos ya está identificado y se espera que sea capturado pronto.
Según lo informado, Julio Castillo Narváez tenía más de 20 años de ejercer el periodismo, era el conductor del programa radial "Noticiero Ollantay" y mantenía una posición crítica de las autoridades locales de La Libertad. Radio Ollantay habría confirmado a medios peruanos que el periodista recibía amenazas constantes desde marzo, cuando emitió un audio que involucraba a algunos funcionarios públicos de La Libertad en posibles irregularidades.
Para la Relatoría Especial es esencial que el Estado profundice líneas de investigación del homicidio que consideren el posible nexo del crimen con la actividad profesional del periodista, dadas las denuncias que el comunicador había hecho en su noticiero. Es imprescindible, además, la pronta identificación captura y procesamiento de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato, como parte de la obligación de sanción que debe cumplir el Estado, para hacer justicia al periodista y sus familiares y evitar la repetición de tales ataques. Los atentados contra comunicadores no solo afectan a la víctima y sus allegados sino que dañan a la sociedad como un todo, al ser agresiones contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".