Libertad de Expresión

Comunicado de Prensa R24-10

RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION

CONDENA  ASESINATO DE PERIODISTA EN HONDURAS

 

Washington, 5 de marzo de 2010- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Joseph Hernández Ochoa y las graves agresiones sufridas por la periodista Karol Cabrera en el atentado llevado a cabo el 1° de marzo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.  La Relatoría Especial insta a las autoridades hondureñas a investigar el crimen de manera rápida y eficaz, hallar y sancionar a los culpables y determinar si el ataque está relacionado con la actividad profesional de las víctimas.

 

Según la información recibida, en la noche del lunes 1° de marzo, el automóvil en que viajaban los periodistas Hernández Ochoa, del canal 51, y Cabrera, de Radio Cadena Voces y el Canal estatal 8, fue atacado por varios individuos con armas de fuego. La información señala que Hernández Ochoa falleció a causa de los disparos, mientras que Cabrera recibió tres impactos de bala, pero se encuentra recuperándose en un hospital. Según reportes de la prensa local, Cabrera –quien en varias ocasiones denunció haber recibido amenazas - contaba con protección policial en su domicilio y era el objetivo de los agresores.

 

La Relatoría Especial hace un llamado a las autoridades del gobierno de Honduras para que investiguen el crimen, capturen y sancionen proporcionadamente a los responsables  y determinen si el atentado fue motivado por la actividad profesional de los comunicadores. Asimismo, la Relatoría Especial exhorta al Estado de Honduras a promover una cultura de respeto y a fomentar un clima de tolerancia social, que inhiba las agresiones contra los comunicadores cualquiera sea su línea editorial.

 

La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que el  "asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".