En 1858, J.S. Mill escribió: “Es de esperar, que haya quedado atrás el tiempo en el que es necesario la defensa de la libertad de expresión como una de las garantías en contra de gobiernos corruptos o autoritarios”. [1]

 

Desafortunadamente en los últimos años en el hemisferio, alrededor de 150 periodistas han sido asesinados, cientos amenazados, y constantemente son desarrollados mecanismos indirectos para poner límites a la libertad de expresión, ya sea por vía de legislación, sentencias de tribunales de justicia, o iniciativas gubernamentales.  Casi un siglo y medio después del comentario de Mill, sigue existiendo la necesidad de defender a la libertad de expresión, y no únicamente en contra de gobiernos dictatoriales, sino también frente a gobiernos elegidos democráticamente.[2]

 

Las últimas dos décadas pasarán a la historia como fundamentales en cuanto a cambios políticos.  Ciudadanos de todos los países dejaron atrás los regímenes opresivos y autoritarios, para recibir gobiernos más abiertos y elegidos a través de procesos electorales.  Elecciones libres y transparentes se convirtieron en el instrumento utilizado por la sociedad para retornar al sistema democrático.  Indudablemente, éstas son una condición necesaria para que exista democracia.  Sin embargo, no son una condición suficiente.  Los regímenes autoritarios no se van a convertir en democráticos gracias a una sola elección o un par de elecciones, por más libres, y transparentes que éstas sean.

 

Para lograr un desarrollo democrático participativo y estable, no solamente son necesarias una serie de elecciones, sino también que se desarrollen otros elementos propios de las sociedades democráticas, como son el respeto y reconocimiento de los derechos humanos; un poder judicial y legislativo independiente y eficaz, un sistema de partidos políticos que faciliten una comunicación fluida entre los ciudadanos y sus líderes, una sociedad civil participativa, y sobre todo una amplia libertad de expresión basada en un libre acceso a la información que asegure la existencia de una ciudadanía bien informada para tomar sus decisiones.

 

Dentro de los requisitos para una democracia estable y participativa, indudablemente la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen los demás elementos para el fortalecimiento democrático.  De ahí, que en varias oportunidades se haya considerado la libertad de expresión como la libertad fundamental para la existencia de una sociedad democrática.

 

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es  indispensable para la formación de la opinión publica.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los  sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.”[3]

 

Asimismo, para que la libertad de expresión se desarrolle plenamente, hace falta que se encuentre efectivamente protegida por la voluntad política de los gobiernos, que cuente con una legislación adecuada que siente las bases legales para su defensa, y un Poder Judicial independiente y eficaz que garantice el ejercicio pleno de este derecho.

 

El respeto por la libertad de expresión ha progresado significativamente en todo el hemisferio. En comparación con décadas pasadas, en donde gran parte de los países del hemisferio se encontraban bajo gobiernos dictatoriales o fuertemente autoritarios, la democracia ha producido una mayor libertad de expresión.  Sin embargo, si las instituciones democráticas son utilizadas como instrumentos para limitar la libertad de expresión, la democracia no encontrará un terreno fértil para continuar avanzando sobre la sociedad.  Por el contrario, si existirá un terreno fértil para las tendencias autoritarias que aun sobreviven el advenimiento de la democracia.[4]

 

Hoy en día en varias democracias latinoamericanas existe una debilidad en las instituciones públicas encargadas del control de las autoridades y ciudadanos. Por ejemplo, en muchos casos, el Poder Judicial es ineficiente cuando se trata de investigar efectivamente los hechos que llegan a su conocimiento, y en su caso sancionar a los responsables; la corrupción y el narcotráfico han erosionado en numerosos casos las instituciones públicas.  En esos Estados, es la prensa quien se ha transformado en el principal instrumento de control de las autoridades y sus ciudadanos, trayendo al debate público aquellos hechos ilegales o abusivos que han evadido los mecanismos de control o han encontrado en éstos un aliado o cómplice. Es así, que la prensa en muchas ocasiones se ha transformado en el instrumento más efectivo de control y freno a aquellos actos ilegales o abusivos de las autoridades o particulares, lo que ha ocasionado diversas situaciones de peligro para ésta.

 

Este es el marco de análisis que utilizará la Relatoría para evaluar la libertad de expresión en el hemisferio. Sería limitado cualquier intento de evaluar la libertad de expresión sin tener en cuenta el contexto democrático en el que ocurre.  Elecciones libres, respeto a los derechos humanos, poderes públicos independientes,  eficaces y libertad de expresión, entre otras, son características fundacionales de la democracia que no pueden ser evaluadas en forma aislada.

 

Este primer informe del Relator para la Libertad de Expresión, considerando el poco tiempo que lleva en su cargo, pretende ser el punto de partida de una serie de informes tanto de carácter general como temático.  En esta oportunidad, se hará una reseña en términos generales de los principales objetivos que tendrá la Relatoría para la Libertad de Expresión y se expondrán las preocupaciones iniciales del Relator sobre la materia.

 

En el Capítulo I se hará mención a los antecedentes y objetivos que consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear la Relatoría para la Libertad de Expresión, el plan de trabajo del Relator para sus tres primeros años, y un recuento de sus principales actividades en estos primeros cinco meses. En el Capítulo II se hace una reseña de las normas sobre libertad de expresión consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Convención") y la jurisprudencia desarrollada por los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, se hace una breve mención a los casos que se encuentran en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Capítulo IV el Relator expresa sus principales preocupaciones en materia de libertad de expresión y trata tres temas específicos, asesinatos de periodistas, leyes de desacato y normas sobre colegiación obligatoria de periodistas. Finalmente, en el Capítulo V el Relator formula sus Consideraciones Finales y Recomendaciones a los Estados miembros.