Libertad de Expresión

Honduras

Amenazas y agresiones

 

166.     El 24 de octubre de 2002, algunos periodistas fueron atacados y otros sufrieron lesiones al cubrir una manifestación de protesta en Tegucigalpa.  Los manifestantes, miembros del Bloque Popular, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y el Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), al parecer destrozaron parte de una barrera que la Policía había erigido en torno al Congreso.  La Policía utilizó diversos medios para someter a la multitud, incluidas granadas de gas, un tanque de agua, escudos antimotines y disparos de armas de fuego como advertencia.  La multitud contraatacó con palos y piedras, ante lo cual el camarógrafo de Canal 11, Edwin Murillo, fue golpeado por oficiales de la Policía en los brazos y en el hombro izquierdo.  Además le destrozaron el equipo, valorado en más de US$18.000.  Mario Fajardo, fotógrafo de La Tribuna, fue herido en la boca por una piedra.  El camarógrafo de TN5, Carlos Lagos, también fue herido por una piedra que lo golpeó en la pierna.  Otros de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos atacados fueron  Estalin Irías (El Heraldo); Sergio Flores (Canal 63); Miguel Osorio (TN5); Aldo Enrique Romero (TVC); Jorge Méndez Carpio (Canal 36); Onan Figueroa (66); Jessenia Bonilla (Canal 11); Carlos Paz (Radio Reloj); Jimy Alvarado (Canal 63); Jairo Amador (Canal 13), y Jorge Valle (HONDURED).[i]

 

Acciones judiciales

 

167.     En mayo de 2002, la Relatoría Especial fue informada de la existencia de una acción judicial pendiente contra la periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio América.  La Sra. Sánchez difundió una cinta que contenía conversaciones entre Vera Sofía Rubí, ex Contralor y Ministra del Interior y Justicia, y un ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia.  Durante la conversación, la Sra. Rubí se comprometió, a instancias del juez, a ejercer presión sobre su hermano, un magistrado, para ayudar a resolver un caso de determinada manera.  La Sra. Rubí, a su vez, pidió al juez que diera prioridad a los casos de carácter político.  En el curso de la conversación, los dos se burlaron también del Procurador General de la Nación.  Después que la cinta salió al aire, la Sra. Rubí presentó una denuncia judicial por espionaje contra la Sra. Sánchez.[ii]

 

168.     A partir de marzo de 2002, seis periodistas de La Jornada fueron citados para ser interrogados por la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con dos casos que ésta investigaba.  Esos periodistas habían reseñado ciertos aspectos de esos casos en La Jornada, y la PGR les pedía que revelaran sus fuertes.  A uno de ellos, Gustavo Castillo, se le dijo que no podía invocar su derecho a mantener la confidencialidad de sus fuentes porque había sido citado como testigo, y se le denegó asistencia letrada durante el interrogatorio.[iii]  Cabe recordar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su Principio 8, establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.



[i] Comité para la Libertad de Expresión (CLIBRE) y Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 27de octubre de2002.

[ii] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 16 de mayo de 2002.

[iii] Sindicato de Trabajadores de La Jornada, 18 de noviembre de 2002.