Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R30/23
La RELE condena el asesinato del periodista
Alexander Álvarez en Paraguay y urge al Estado a tomar medidas para prevenir la
violencia contra la prensa
28 de febrero de 2023
Washington D.C. – La Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Alexander Álvarez
en la ciudad Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay; en
Paraguay, zona fronteriza con Brasil. Alexander Álvarez sería el noveno
periodista asesinado en este departamento desde 1991. Esta Oficina llama al
Estado paraguayo a investigar los hechos de forma completa, efectiva e
imparcial, teniendo en cuenta el trabajo periodístico como posible móvil del
crimen. De igual manera, insta al Estado a juzgar y sancionar a quienes
resulten responsables.
De acuerdo con la información
disponible, el 14 de febrero, un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta
disparó con un arma de fuego al periodista Alexander Álvarez, quien se
encontraba en su automóvil en un cruce de semáforo, en la ciudad de Pedro Juan
Caballero. El reportero habría recibido impactos de proyectiles en la cabeza,
por lo que fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde
posteriormente se registró su fallecimiento. Al momento de los hechos, el
reportero iba acompañado de un hermano, quien resultó ileso del ataque.
Esta Oficina ya ha señalado con anterioridad que la ciudad de Pedro Juan
Caballero es una de las más peligrosas del país para ejercer el periodismo
debido a las redes del crimen organizado que operan en la zona. En septiembre
de 2022, la Relatoría Especial registró el asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy en esta misma ciudad. De acuerdo con la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, desde 1991 han sido asesinados 21 periodistas en
este país, 9 de ellos en Amambay.
En este contexto, la RELE
también tomó nota de que el Sindicato de Periodistas del Paraguay urgió al Estado a que se cumplan los compromisos adquiridos en
relación con la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y defensores
de DDHH.
Frente a las consideraciones
previas, la Relatoría enfatiza que la violencia contra periodistas compromete
los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento
y expresión, y que representa una de las formas más extremas de censura.
Conforme a los estándares interamericanos sobre derechos humanos, los Estados
tienen obligaciones positivas frente al fenómeno de violencia contra
periodistas, que comprenden la obligación de prevenir, la obligación de proteger
y la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables
de los delitos contra periodistas. Al respecto, la Relatoría Especial ha
resaltado que estas obligaciones se complementan recíprocamente: para que
exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es necesario
combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de
prevención, protección y procuración de la justicia.
Esta Oficina enfatiza
particularmente que la obligación de los Estados se acentúa ante situaciones o
zonas en las cuales existe o se ha detectado un riesgo especial para los
periodistas trabajadores de medios de comunicación. Como resalta el informe "Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad
para ejercer la libertad de expresión", en muchas ocasiones el fenómeno de violencia
contra periodistas se acentúa en zonas fronterizas o de tránsito, en
departamentos del interior del país y en zonas rurales o alejadas de los
grandes centros urbanos. A fin de evitar que se consoliden zonas silenciadas y
para enfrentar las que ya existen, es necesario que los Estados se comprometan
con la creación de un ambiente favorable al ejercicio de la libertad de
expresión, el cual sólo podrá lograrse si existe una política integral de
protección, prevención y procuración de justicia.
Por todo ello, la Relatoría
reitera su llamado al Estado de Paraguay a incrementar sus esfuerzos para
prevenir la violencia contra la prensa. Asimismo, insta al Estado a investigar
los hechos de conformidad con los estándares internacionales en la materia; en
particular, llama a las autoridades a que no descarten la labor informativa de
Álvarez entre las líneas de investigación del crimen.
La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho
a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en
la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
R30/23