La Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo en Colombia y llama al Estado a investigar los hechos.

15 de octubre de 2021

Washington D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Tuluá, departamento de Valle del Cauca, Colombia; y urge al Estado a investigar de forma inmediata, completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la labor informativa.

De acuerdo a la información disponible, el comunicador habría sido atacado con disparos de arma de fuego por parte de un sujeto desconocido cuando se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio La Esperanza, en el municipio de Tuluá. Marcos Montalvo tenía una larga trayectoria periodística en radioemisoras y periódicos locales como El Tabloide y El Mercurio de Tulua, así como en el diario El País de Cali. Según fue informada esta Oficina, en los últimos años, informaba principalmente a través de sus redes sociales sobre asuntos vinculados a corrupción e irregularidades gubernamentales en Tuluá, y sobre crimen organizado. Según los reportes recibidos, en 2019 el reportero habría sido objeto de una agresión física e intimidatoria, y en los últimos meses habría recibido amenazas a través de sus canales de redes sociales.

Según pudo conocer la Relatoría, la Defensoría del Pueblo de Colombia insistió en la importancia de obtener "resultados rápidos en las investigaciones que adelantan las autoridades, para esclarecer los hechos ocurridos y dar con los responsables". Asimismo, el Estado informó que se encuentra trabajando activamente en la investigación de los hechos del caso.

En su informe anual 2020, la Relatoría Especial señaló que en Colombia se registran ataques, amenazas e intimidaciones hacia personas periodistas por el ejercicio de su profesión, especialmente contra quienes cubren temas de elevada sensibilidad en distintas regiones del país, como narcotráfico y violencia de grupos armados, un factor que en muchos casos aumenta la situación de riesgo de la prensa. Asimismo, esta Oficina advirtió que persisten importantes retos respecto a la efectiva procuración de justicia en materia de delitos cometidos contra periodistas por motivos vinculados con su labor.

Esta Oficina reitera que el asesinato de comunicadores constituye la forma más extrema de censura, por lo que llama al Estado colombiano a incrementar sus esfuerzos para combatir la violencia contra periodistas y la impunidad, a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia. Esta última obligación incluye el deber del Estado de investigar, juzgar, sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes y reparar de forma integral a las víctimas.

Tal como sostiene el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.