Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R205/21
Ciudad de México, Washington, DC, 06 de agosto de 2021 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresan su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus para espiar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas con liderazgo público que ejercían oposición al gobierno.
La información hecha pública recientemente se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en México y otros países de la región.
En este sentido, la CIDH, su RELE y la ONU-DH recuerdan que es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Además, este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario; además, debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes.
Por otra parte, la CIDH, su RELE y la ONU-DH hacen un llamado al Gobierno de México a que la investigación en curso sea completa, efectiva e imparcial y derive en la sanción efectiva a quienes resulten responsables; y a garantizar la adopción de las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política. Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello. El Estado mexicano informó que está propiciando la realización de la investigación respectiva.
Como lo señaló la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso al asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es sumamente preocupante.
Al respecto, la CIDH, su RELE y la ONU-DH subrayan la importancia de la labor de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos y extienden su reconocimiento y apoyo a quienes valientemente han documentado y difundido información sobre este caso, así como a quienes fueron víctimas del espionaje. Asimismo, resaltan que este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que también tiene el potencial de afectar la integridad de sus fuentes y otras personas de su entorno.
Además, señalan que este tipo de hechos involucra la responsabilidad tanto de los Estados como de las empresas. Es importante reiterar el deber de las compañías privadas de adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación y supervisión de los servicios prestados por actores privados.
Finalmente, es fundamental reiterar el llamado a la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos.
FIN
Para solicitudes de prensa, favor de contactar:
CIDH: Corina Leguizamon. [email protected]
ONU-DH México: Gabriela Gorjón. [email protected]
Información adicional
En 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH tomó conocimiento de una serie de denuncias de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil acerca de la adquisición y utilización por parte del Gobierno mexicano de un software malicioso (malware) de vigilancia para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores públicos como abogados, expertos en salud pública y anticorrupción. Según la información recibida por entonces, entre enero de 2015 y agosto de 2016, se habrían registrado al menos 97 intentos de infección de teléfonos móviles a través del software "Pegasus", el cual una vez instalado subrepticiamente en el teléfono, permitiría acceder a archivos, contactos, mensajes y correos, así como obtener acceso -sin conocimiento del usuario del dispositivo- al micrófono, cámara y ubicación gps.
En su comunicado de prensa de julio de 2017, la Relatoría señaló entre las 19 personas que habrían sido objeto de intentos de infección con "Pegasus" en México a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, los defensores Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido para investigar la desaparición masiva de los estudiantes en Iguala en 2014. Al momento de los ataques denunciados, estas personas investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o desarrollaban acciones de defensa de graves violaciones a los derechos humanos.
El 18 de julio, el "Proyecto Pegasus", una investigación desarrollada por un consorcio mundial de organizaciones periodísticas, reveló que el software se habría utilizado de forma continua y prolongada en los últimos años para atacar a activistas, periodistas y figuras políticas a nivel global. La investigación se llevó adelante a partir de una filtración masiva, más de 50.000 registros de números de teléfono que los clientes de NSO Group, la empresa desarrolladora del software. Según la información públicamente disponible, los teléfonos de al menos 180 periodistas habrían sido seleccionados en 20 países por al menos 10 clientes de la empresa, que incluiría a periodistas de México.
Según señaló Forbidden Stories, la entidad periodística a cargo de la investigación, algunos de los primeros periodistas afectados por Pegasus fueron identificados en México, en 2015 y 2016, incluyendo a Carmen Aristegui, periodista de investigación y fundadora de Aristegui Noticias, quien comenzó a recibir mensajes con vínculos sospechosos después de que publicara una investigación sobre el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Los recientes hallazgos habrían identificado a otras tres personas cercanas a la periodista presuntamente seleccionadas como objetivos de vigilancia desde entonces: su hermana Teresa Aristegui, su productora de CNN, Karina Maciel, y su ex asistente personal, Sandra Nogales.
La lista de periodistas presuntamente vigilados por parte del gobierno mexicano incluiría a Azam Ahmed, actual jefe de la oficina de The New York Times en México y quien en 2017 se desempeñaba como corresponsal del periódico y había reportado acerca de los activistas y periodistas espiados con Pegasus. Asimismo, el periodista Cecilio Pineda, asesinado en el estado de Guerrero en marzo de 2017 tras exponer una denuncia pública de casos de corrupción y crimen organizado en México, también habría sido blanco de espionaje. Según la información recibida por la Relatoría, entre otras personas, los registros incluyen a periodistas de Proceso y La Jornada, además del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac- Gregor.
En el marco del Informe especial sobre libertad de expresión en México, la Relatoría reportó que el entonces Presidente Peña Nieto reconoció que el Gobierno había comprado software que le daba la capacidad de llevar a cabo vigilancia digital. Aunque el Gobierno negó las alegaciones de compra y uso de Pegasus, la Relatoría pudo conocer que se había impulsado una investigación interna sobre el asunto, dirigida por FEADLE. Según la información brindada por la FEADLE, el objetivo de la investigación era identificar a los compradores gubernamentales y revisar los objetivos individuales de la vigilancia. Esta información también fue puesta a disposición de la CIDH y su Relatoría durante la audiencia sobre Justicia e Impunidad en México, celebrada el jueves 6 de julio de 2017 en el 163 periodo de sesiones, en donde las organizaciones solicitantes expresaron su alarma por las denuncias de espionaje a personas críticas al gobierno mexicano.
R205/21