Libertad de Expresión

Comunicado de prensa R191/20

Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Pablo Morrugares en México y manifiesta preocupación por la persistente violencia contra la prensa

 

5 de agosto de 2020

Washington D.C., - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista mexicano Pablo Morrugares Parraguirre y su escolta --proporcionada por el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación-- en el Estado de Guerrero (México) y manifiesta su extrema preocupación por la persistencia de asesinatos contra personas periodistas y comunicadores. La Relatoría insta al Estado mexicano y a su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE) a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial la autoría material e intelectual del crimen y determine el vínculo que podría tener con la actividad periodística.

De acuerdo con la información recibida, en la madrugada del domingo 2 de agosto el periodista Pablo Morrugares se encontraba en un restobar en la ciudad de Iguala (estado de Guerrero), acompañado de un oficial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero que se desempeñaba como su escolta de seguridad, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron repentinamente en el lugar y les dispararon a ambos.

En las horas previas, cerca de la medianoche, Pablo Morrugares Parraguirre había realizado una transmisión en su página de Facebook llamada "PM Noticias", en la que aseguró que el grupo delictivo "Los Tlacos", ligado al tráfico y venta de droga de menudeo, tenía presuntamente "sometido" al alcalde de Huitzuco, José Luis Ávila López, así como a taxistas y policías municipales.

El periodista ya había sufrido un atentado en 2016 del que salió ileso, y se encontraba incorporado como persona beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación desde 2015. Entre las medidas cautelares que le fueron otorgadas estaba la de contar con un guardia de seguridad. La Fiscalía General del estado de Guerrero informó que investiga el homicidio del periodista como así también del policía que lo acompañaba, identificado como Roberto Hernández. Asimismo, indicó que se recuperaron 55 cartuchos de fusil R-15 en el lugar del ataque.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación informó a esta oficina que publicó un comunicado de prensa, el 02 de agosto de 2020, condenando el homicidio de Pablo Morrugares Parraguirre y su escolta, e instó a las autoridades y a la Fiscalía del estado de Guerrero para el pronto esclarecimiento del caso, la atención y acompañamiento integral a sus familiares. El Estado también informó que el Mecanismo de Protección mantiene comunicación con los familiares y dará el acompañamiento correspondiente a las víctimas.

Esta Oficina ha registrado el asesinato de otros dos periodistas en México en lo que va del año 2020 que estarían vinculados con la labor informativa. En efecto, el 30 de marzo de 2020, la periodista María Elena Ferral Fernández fue asesinada con motivo de varios disparos en Papantla, estado de Veracruz. Ferral se desempeñaba como corresponsal del Diario de Xalapa, era directora del medio Quinto Poder y además publicaba columnas denunciando hechos de corrupción en La Polaca Totonaca, una página personal de Facebook. El 16 de mayo de 2002, Jorge Miguel Armenta Ávalos, director general y propietario de Medios Obson, fue asesinado en un ataque armado en la Ciudad Obregón, estado de Sonora. El periodista ya había recibido amenazas con anterioridad y se encontraba bajo la protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además se han reportado otros asesinatos de comunicadores cuyo vínculo con la profesión no debe descartarse a priori.

En el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México de junio de 2018, la Relatoría manifestó seria preocupación por la profunda crisis de seguridad que vive México, que en gran parte se evidencia en la persistencia de homicidios, desapariciones y torturas de quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas. La Relatoría ha señalado que los asesinatos contra la prensa buscan sofocar el debate público y la participación cívica y constituyen un ataque general a la esencia de la vida democrática de México a nivel local, estatal y nacional.

La Relatoría Especial ha recomendado al Estado mexicano la dotación de más recursos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE) por la magnitud del problema de violencia que enfrentan y que esta fiscalía ejerza con determinación su facultad de atraer graves crímenes contra la prensa. Asimismo, recomendó seguir fortaleciendo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y asegurar la efectiva aplicación de sus decisiones y medidas.

El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura. Esta situación de violencia estructural sumado a la falta de acceso a la justicia y de debida investigación representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión, y uno de los más importantes retos para los derechos humanos en México. El Estado tiene el deber de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro de su jurisdicción con el fin de identificar a los responsables, y en su caso sancionarlos.

De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R191/20