Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

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El tema de los derechos económicos, sociales y culturales es una de las cuestiones más actuales y uno de los desafíos más complejos en el Continente. Si bien la mayoría de las constituciones y leyes nacionales de los Estados de la región reconoce derechos como el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda adecuada; y han ocurrido innegables avances sociales en los años recientes, los países de América Latina siguen sufriendo una de las peores distribuciones del ingreso del mundo, así como graves situaciones de pobreza extrema, hambre y desnutrición, entre otros; lo que afecta seriamente el acceso de la población históricamente discriminada y marginada a las condiciones necesarias para asegurar una vida digna. Así, la persistencia de realidades de exclusión social, muchas veces con raíces estructurales, inclusive en aquellos Estados más fuertes económicamente, torna nulos los derechos económicos, sociales y culturales de una amplia parcela de la población, al mismo tiempo que constituye una barrera al gozo de los demás derechos humanos.

El crecimiento económico no se plasma automáticamente en una mejora del nivel de vida de los grupos más excluidos y marginados, a menos que se adopten medidas o políticas especiales en beneficio de tales personas.

Durante 2000-2010 América Latina y el Caribe experimentó el período de mayor crecimiento económico en las últimas cuatro décadas y se lograron progresos alentadores en la reducción de la pobreza. En efecto, la desigualdad de ingresos disminuyó en la mayoría de los países y casi un tercio de la población total de la región ingresó en la denominada “clase media”, según información provista por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, estos esfuerzos no habrían sido suficientes. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), aún habría más de 160 millones de personas viviendo en la pobreza en la región, o sea el 28 por ciento de la población, y de esta cifra, 68 millones de personas viven en la pobreza extrema. Asimismo, la CEPAL ha advertido que el progreso se ha desacelerado, y el PNUD ha indicado que otras 216 millones de personas estarían en riesgo de caer en la pobreza y que 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina.

Con respecto al Caribe en particular, el PNUD ha indicado que los controles de salarios, el aumento de precios, los despidos arbitrarios, los reducción en el gasto público para cuestiones sociales, el desempleo y el subempleo durante las últimas dos décadas han contribuido a elevar los índices de desigualdad social y pobreza.

Por otra parte, según un informe de 2013 emitido por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), los índices de la desigualdad de ingresos y sobre la pobreza relativa en los Estados Unidos se encuentran entre los más altos de los países comprendidos en la OCDE y además habrían aumentado considerablemente en las últimas décadas. Asimismo en Canadá, entre 1998 a 2008, la pobreza habría aumentado en todos los grupos de edad, aproximadamente de 2 a 3 % a una tasa global de 12%. En suma, los efectos de la desigualdad y exclusión se traducen principalmente en la imposibilidad de satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales de los grupos históricamente discriminados como las mujeres; niños, niñas y jóvenes; pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones rurales y campesinas, entre otros.

En ese sentido, es importante destacar que el crecimiento económico no se plasma automáticamente en una mejora del nivel de vida de los grupos más excluidos y marginados, a menos que se adopten medidas o políticas especiales en beneficio de tales personas. Por ejemplo, ello se puede evidenciar si el crecimiento da lugar a un aumento de los recursos de la salud pública, pero no se adoptan políticas específicas para que las personas con discapacidad tengan acceso físico a los hospitales. Asimismo, corresponde destacar que si bien la CIDH ha sostenido la existencia de una estrecha relación entre democracia, estado de derecho y derechos humanos, ello no significa que la democracia per se se traduce en la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas viviendo en la pobreza extrema y la pobreza, u otras situaciones de marginación. Por ello resulta fundamental que los gobiernos adopten medidas tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de un diagnóstico de las necesidades específicas de los distintos grupos y poblaciones sociales.

En ese contexto, y durante el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, tanto los Estados Miembros de la OEA, como los demás actores del Sistema, externaron su interés en que se direccione mayor atención a la temática de los DESC. Como resultado de dicho proceso, la CIDH creó espacios institucionales especializados. En efecto, durante el 146o Período ordinario de Sesiones, que tuvo lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012, la Comisión en virtud de su compromiso con el fortalecimiento de su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, y en respuesta a las sugerencias de los Estados y de la sociedad civil, decidió crear una Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Unidad DESC).

UNIDAD SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F St. NW - Washington D.C. 20006 - EEUU

Correo electrónico: ncolledani@oas.org
Créditos fotografías:
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