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CIDH
Foro de San José
Discurso del Presidente de la CIDH, Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez
San José, Costa Rica, 11 de septiembre de 2012
Agradezco cumplidamente a la Universidad de Costa Rica y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos su hospitalidad para este Foro de San José, en este bello y querido país tan cercano y de especial significado para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al inicio del cual me propongo compartir con ustedes algunos aspectos de la historia, el presente y la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
He decidido cobijar esta conferencia bajo el título de “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: patrimonio común de los pueblos de las Américas”, porque a través de una reseña de la historia, una reflexión acerca del presente y un planteamiento sobre el futuro de la Comisión, espero transmitir una convicción única: esta institución extraordinaria que tengo el honor de presidir, y todo lo que ella puede hacer para defender y proteger los derechos de las y los habitantes de las Américas, resultado de la labor de cientos, miles, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a construirla, no puede ser concebida como si perteneciese a alguien que pudiese disponer de manera libertina sobre su futuro sino, más bien, es un patrimonio común del que todos somos sus beneficiarios y sus custodios.
Nuestra obligación, y nuestro privilegio, es hacer uso de la Comisión para “progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”, desideratum expresado en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Y nuestra aspiración debe ser fortalecer la Comisión, para que quienes la reciban en el futuro obtengan de ella idénticos, o mayores, beneficios.
Dicen que para trazar el camino del futuro, es fundamental comprender a cabalidad el pasado. Permítanme, en procura de este objetivo, que dedique el primer tercio de mis palabras esta mañana presentando un recaudo del camino recorrido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su creación.
En abril de 1948, los países Miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron, en la ciudad de Bogotá, Colombia, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Con ese gesto, los Estados americanos se pusieron en la vanguardia del reconocimiento internacional de derechos y garantías fundamentales. Este importantísimo acto sirvió también como punto de partida para la consolidación de un régimen supranacional de promoción y defensa de los derechos humanos.
En agosto de 1959, durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la ciudad de Santiago de Chile, los Estados americanos decidieron crear la Comisión Interamericana, encargada de promover el respeto de los derechos humanos en la región. En el acta de creación de la Comisión, los Estados Miembros reconocieron que “la armonía de las Repúblicas Americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas”. La defensa constante de los derechos humanos y la vigilancia del sistema democrático han sido uno de los principales legados de la CIDH para la comunidad interamericana de Estados y sus pueblos. Rómulo Gallegos pareció reconocer este legado en sus conmovedoras palabras de inauguración, cuya verdad continúa resonando hoy, casi 52 años después:
Hoy día (dijo Gallegos) las cosas ocurren bajo el manto ceremonial de las instituciones políticas y jurídicas como si en todas nuestras naciones la paz, la tranquilidad, la dignidad –en suma, la felicidad- de todas las personas estuviese garantizada en forma suficiente. Pero que este sea el caso siempre, o en todos los lugares es tan falso como lo es que las simples fronteras geográficas hacen el destino de un pueblo totalmente irrelevante a otro…
Hay sed de justicia en áreas a través del continente americano. Es experimentada por pueblos que tienen conciencia de sí mismos y poseen el derecho inalienable de procurar el bienestar material y espiritual para sí mismos. Nuestra Comisión, que obedecerá el propósito de proteger y defender los derechos que constituyen la dignidad humana, no puede estar destinada al fracaso como si fuese la criatura de soñadores, porque encuentra su razón de ser en las mejores aspiraciones del espíritu americano.
La Comisión liderada por el hombre extraordinario que revelan estas palabras se puso a la obra de inmediato. A lo largo de la década de los sesenta, realizó visitas in loco a diferentes países de la región y emprendió una serie de actividades de seguimiento a la situación de los derechos humanos en Estados gobernados por regímenes autoritarios. Desde su primera visita a República Dominicana en 1961, la Comisión ha realizado más de ochenta y siete visitas in loco en 23 Estados Miembros. Sus integrantes entablaron permanente diálogo con los representantes de los Estados Miembros, organizaciones e individuos que embarcaron en los incipientes movimientos de derechos humanos en ese momento. La información recabada por medio de diferentes foros de diálogo y las visitas in loco permitieron a la Comisión reportar a la Asamblea General de la OEA las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en algunos países de la región.
En adición a las labores de seguimiento y monitoreo, la Comisión contribuyó desde estos inicios a la consolidación de una conciencia de los derechos humanos a través de pronunciamientos en el marco del sistema de peticiones y casos. Desde su primera sesión de trabajo, realizada en octubre de 1960, la Comisión manifestó que a la competencia de monitoreo debía añadirse el examen de comunicaciones o reclamaciones dirigidas por cualquier persona o grupo de personas y preparar informes respecto de esas reclamaciones.
En noviembre de 1965, por Resolución de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria llevada a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, los Estados Miembros reformaron el Estatuto y concedieron a la Comisión la potestad de examinar peticiones individuales. Por medio del sistema de petición individual, la CIDH ha permitido que un gran número de víctimas de violaciones a derechos humanos obtengan justicia, verdad y reparación, cuando éstas les fueron negadas en el ámbito interno. Asimismo, decisiones sobre peticiones y casos han conllevado que los Estados ajusten su ordenamiento jurídico y políticas gubernamentales a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que, en ejercicio de su soberanía, decidieron asumir. Así, a raíz de estas decisiones, varios Estados han decidido adoptar legislaciones y políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer; modificar disposiciones de su ordenamiento que restringían indebidamente la libertad de expresión; restituir tierras ancestrales a pueblos indígenas o tribales; adoptar medidas para solventar la situación de discriminación histórica de la cual sectores enteros de sus poblaciones han sido objeto, entre otras.
A partir de la década de los setenta, la Comisión ejerció un rol fundamental al denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos de dictaduras. En ese período, fue la única vía para que miles de personas obtuviesen algún tipo de respuesta frente a detenciones ilegales, incomunicaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de sus seres queridos perpetradas por agentes estatales vinculados a regímenes autoritarios. Las visitas in loco, comunicados de prensa e informes de países aprobados por la Comisión en ese período dieron una amplia visibilidad a los abusos que venían siendo cometidos impunemente por dictaduras militares en el Cono Sur del continente. Varios de los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios a nivel mundial sobre la obligación estatal de investigar y sancionar la desaparición forzada de personas se fundamentan en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana.
Ante el flagelo de la violencia derivada de conflictos armados internos que atemorizó a las poblaciones de varios países de la región, la Comisión reportó a la comunidad interamericana los abusos cometidos tanto por las fuerzas del orden como por grupos armados ilegales. Varios acuerdos de paz que sellaron el fin de esos conflictos en países de Centroamérica a comienzos de la década de los noventa tuvieron como eje fundamental la necesidad de frenar las violaciones a los derechos humanos ampliamente denunciadas por la Comisión.
Adicionalmente, la CIDH se ha mantenido vigilante a la ruptura del orden democrático-constitucional, la ausencia de elecciones libres y periódicas, la vigencia de estados de excepción, altos niveles de violencia e impunidad, entre otras condiciones que comprometen el pleno goce de los derechos y garantías fundamentales en nuestra América.
Desde la década de los ochenta, la regulación de la facultad de dictar medidas cautelares le permitió a la CIDH prevenir daños irreparables a miles de personas que se encontraban en situación de riesgo. Dicho mecanismo ha tenido una evolución constante, producto de las lecciones aprendidas y mejores prácticas recogidas a lo largo de más de treinta años. Al día de hoy, se puede decir que se trata de una de las principales herramientas del Sistema Interamericano para la prevención de graves violaciones a los derechos humanos. Defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, personas privadas de la libertad, mujeres, comunidades indígenas o tribales, lesbianas, gais y personas trans, bisexuales e intersex, migrantes, individuos condenados a la pena de muerte que se encontraban en situación de riesgo inminente han visto su vida, integridad y otros derechos fundamentales preservados gracias a la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana.
Asimismo, la Comisión ejerció un importante papel en el proceso de transición democrática en aquellos países cuyos procesos electorales no eran plenamete libres y auténticos o no garantizaban el acceso a un recurso efectivo sobre los mismos ante un tribunal previamente establecido, así como en aquellos otros cuyo imperativo de consolidar las bases de un Estado de derecho requería el debido esclarecimiento de los crímenes cometidos o tolerados por regímenes autoritarios. En esa línea, los pronunciamientos de la Comisión han contribuido al establecimiento de autoridades electorales autónomas sujetas al control jurisdiccional de sus decisiones y al establecimiento de condiciones de equidad en la competencia electoral, así como a la derogación de leyes de amnistía y a la eliminación de otras barreras legales o de facto para que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos pudiesen obtener justicia, verdad y reparación.
A lo largo de la década de los noventa la Comisión buscó dotar de mayor eficacia a sus actividades de seguimiento, monitoreo y promoción de los derechos humanos, por medio de la creación de Relatorías Temáticas, muchas de las cuales se derivan de resoluciones emitidas por la Asamblea General de la OEA. La consolidación de los enfoques especializados de sus diferentes relatorías temáticas ha permitido a la Comisión identificar, estudiar y emitir recomendaciones a los Estados Miembros en los principales temas que conforman la agenda internacional en la esfera de los derechos humanos. Por otro lado, los enfoques temáticos han tenido gran importancia en impulsar dicha agenda en algunos temas que, si bien permanecían invisibles en las políticas públicas y ámbito normativo de la mayoría de los Estados, afectaban una variedad de derechos fundamentales de millones de americanos y americanas.
Este es nuestro pasado, lo que heredamos para custodia de quienes forjaron ese camino extraordinario. Una de ellas fue la benemérita costarricense Ángela Acuña Braun, primera mujer centroamericana en obtener la licenciatura en derecho y la primera mujer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrante de su primera composición y pionera en la exploración de peticiones individuales y múltiples problemáticas continentales. Mucho antes, en 1931, cuando buscaba el voto para ella y todas las mujeres en Costa Rica, doña Ángela increpaba a los diputados del Congreso Constitucional de Costa Rica:
Pedimos de nuevo, y con todo respeto, al Congreso Constitucional de la República, que traiga al tapete de la discusión, el memorial que presentamos el año pasado. Volvemos a la tarea, señores diputados, no es de constantes de lo que está poblado el mundo, pero no es de los espíritus fuertes echar pie atrás cuando es justa y noble la causa que se defiende.
Estoy seguro de que mis colegas aprobarán que reconozca y aplauda los primeros pasos dados por doña Ángela, hace más de 50 años, para un presente en que tengo el honor de presidir una Comisión que está compuesta, en su mayoría, por mujeres.
Hoy día tenemos ante nosotros una Comisión en plena evolución. Hay quienes dicen que las realidades del mundo han cambiado, y con ellas debe cambiar la Comisión. Esto es posible. Sin embargo, quiero hacer un respetuoso llamado de atención: hay todavía, en este continente, la misma sed de justicia, que sufren las mismas personas que reconoció Rómulo Gallegos, y para quienes la problemática es su subsistencia mínima. Para estas personas, por definición excluidas, las diferencias entre un mundo bipolar o uno multipolar, o entre el viejo y el nuevo orden internacional no son realmente significativas. Cambiemos si tenemos que cambiar pero, antes de clausurar las páginas de nuestra historia, no olvidemos que existen muchas de ellas en las que están escritas tareas que aún no hemos resuelto.
Hay, sin embargo, ciertos cambios positivos de los cuales debemos hacer uso activamente. La Comisión ha reconocido que el año 2012 es un año de profunda reflexión sobre sus funciones, sus políticas, sus prácticas y sus regulaciones, y mis colegas y yo hemos decidido desencadenar un intenso proceso de consulta para escuchar las opiniones de todos los usuarios y las usuarias del Sistema sobre las funciones de la Comisión y los posibles pasos que pueden darse para fortalecer su actuación.
La presente es la tercera de un primer ciclo de cinco citas a realizarse conjuntamente con distintos actores del Sistema entre agosto y septiembre de 2012 en diversos países de nuestra América para profundizar sobre los aspectos técnicos de la agenda de fortalecimiento de la Comisión y sus principales ejes temáticos, en un proceso de consulta abierta, responsable y diligente para recabar las aportaciones de expertos, expertas, representantes de los Estados y organizaciones de la sociedad civil. La primera fue realizada en Bogotá; la segunda en Santiago; esta tercera en San José nos hace evocar que ese fue el camino histórico que siguieron los primeros tres grandes hitos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: la adopción de la Declaración Americana, la creación de la Comisión Interamericana, y la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acuñada un 22 de noviembre de 1969 en el hermoso Teatro Nacional de San José. A estas tres citas seguirán una en México, este viernes 14 de septiembre, y una en Puerto España de Trinidad y Tobago, el próximo 21 de septiembre.
En San José, vamos a tener esta tarde una cita con sociedad civil y expertos. Quienes no puedan asistir a ella, podrán observarla en la página de Internet de la Comisión, y participar de una consulta que hemos publicado en dicha página, con el objeto de que sea la consulta más amplia, democrática y participativa posible.
Constituye un alto honor, y una feliz coincidencia, que la instalación de este Foro haya estado a cargo del señor Canciller de la ilustre República de Costa Rica, doctor Enrique Castillo Barrantes. Con anterioridad a ser investido con sus actuales funciones, el doctor Castillo fue un dignísimo Embajador de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos y, en esa capacidad, se distinguió por su compromiso con la protección de los derechos humanos y los procesos de fortalecimiento del Sistema. Sabemos, por lo tanto, que continuamos una conversación, iniciada desde hace algunos años, sobre la Comisión y las mejores maneras de fortalecer y distinguir su labor; muchas gracias, señor Canciller, por habernos invitado a continuarla en su entrañable país. Valoramos altamente sus trascendentes y solidarias palabras inaugurales.
La Comisión ha reconocido las oportunidades y los retos que existen en su contexto actual, y está considerando todas las observaciones de los actores del Sistema. Las experiencias acumuladas, mejores prácticas y lecciones aprendidas desde su última reforma reglamentaria, le han llevado a elaborar una agenda de reforma de su Reglamento, sus políticas y sus prácticas. El universo de recomendaciones y observaciones de Estados y sociedad civil se estima puede englobarse en cuatro ejes relacionados con el curso de peticiones y casos, incluidas las soluciones amistosas; las solicitudes de medidas cautelares; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA, y las actividades de promoción, universalización, transparencia y otros temas conexos al fortalecimiento.
En particular, su metodología va a reposar en estos Foros y en una amplia consulta respecto de los referidos cuatro documentos temáticos que han sido publicados y se encuentran accesibles a través de la página web de la Comisión, con el objeto de recabar observaciones, puntos de vista e información que enriquecerán la agenda de reforma. Toda vez que el universo de recomendaciones y observaciones planteadas por los actores del Sistema involucran asuntos regulados en su Reglamento o guiados por sus prácticas, la agenda de reformas impulsada por la Comisión se concentrará en el perfeccionamiento de sus normas reglamentarias, políticas y prácticas.
En su agenda de revisión, la Comisión va a considerar inquietudes expresadas por usuarias y usuarios del Sistema respecto del mecanismo de petición individual. Va a examinar asuntos relacionados con los plazos que rigen algunas etapas procesales; va a ponderar importantes reformas para dar publicidad a criterios e instrumentos de que dispone para hacer más eficientes sus procedimientos y cumplir su misión institucional, y va a recabar información sobre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de sus recomendaciones.
A este efecto, permítanme compartir con ustedes un reto esencial en nuestro proceso de reforma, que es asegurar un delicado equilibrio: la Comisión reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no sólo la certeza jurídica sino la igualdad de armas y el debido proceso; al mismo tiempo, la situación de muchas de las victimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad.
En este sentido, resulta relevante corregir ciertas percepciones erróneas sobre el Sistema Interamericano. En la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas con suficientes recursos y experticia, y otras con menores recursos y experiencia ante el sistema Otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial. La Comisión debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el fondo de atención a victimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una contienda justa y equitativa, con el objeto de no extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que infortunadamente prevalecen en algunos países de nuestra región. Estas y otras importantes consideraciones deben ser ponderadas por la Comisión al momento de adelantar la reforma a la que se encuentra avocada.
En segundo lugar, la Comisión va a contemplar reformas en el manejo de solicitudes de medidas cautelares, con el objeto de dotar de mayor certeza a las y los usuarios, así como de mayor transparencia a sus consideraciones.
Tenemos, a este respecto, algunas importantes ventajas. La institución de las medidas cautelares, crucial para la observancia y defensa de los derechos humanos, es resultado de uno de los desarrollos más extraordinarios del Sistema Interamericano, y la Comisión va a considerar las mejores prácticas y lecciones aprendidas a través de más de tres décadas de implementación de este mecanismo de protección, con el objeto de perfeccionarlo. Para ello, es indispensable promover una discusión amplia y abierta sobre cuáles son los criterios que usa la Comisión al momento de valorar una solicitud; la importancia de dar mayor y mejor información respecto de dichos criterios, razones y consideraciones fácticas de la Comisión al adoptar sus respectivas decisiones; la necesidad de buscar mejores mecanismos de implementación de las medidas, o, incluso, la posibilidad de revisar una determinada decisión. Confiamos en que los diálogos que hemos abierto conduzcan a una mejor ilustración sobre estos temas.
En tercer lugar, la Comisión reflexiona actualmente sobre los principales elementos relacionados con el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, incluyendo el Capítulo IV de su Informe anual, su alcance, sus parámetros y la metodología de su preparación. Es cierto que nuestra región ha dejado atrás la pesadilla de las dictaduras militares. Sin embargo, la violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de las dictaduras. En democracia también se pueden cometer violaciones a los derechos humanos y un mecanismo útil de prevención, alerta, seguimiento y asesoramiento a los Estados es el llamado Capitulo IV. A este respecto, la Comisión reconoce inquietudes importantes que le han expresado los actores del Sistema y nuestras consideraciones incluyen la posibilidad de perfeccionar este instrumento tras amplia consulta y ponderación, abonando a su mejor regulación y desarrollo técnico de su contenido, así como mayor eficacia en el mejoramiento de los derechos humanos en los Estados que llegan a incluirse en el mismo.
En cuarto lugar, la Comisión desea recibir insumos que le permitan perfeccionar sus labores de promoción, particularmente observaciones sobre los indicadores a tener en cuenta para medir su impacto, los criterios a examinar para evaluar su eficacia y las consideraciones que podrían maximizar su eficiencia.
A este respecto, querría hacer una nota particular sobre los llamados a la universalidad del Sistema: es importante distinguir entre la competencia de la Comisión, que es universal en el sentido de que todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos se encuentran sujetos al monitoreo de la situación de los derechos humanos, el sistema de petición individual y el seguimiento de enfoques temáticos, por una parte, y el ideal de una ratificación universal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos sobre la materia, así como la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana, por la otra. La Comisión asume el llamado realizado por los Estados de coadyuvar en este último propósito en todo lo que esté a su alcance; subrayará los esfuerzos realizados al respecto, e integrará la promoción de la universalidad en todas sus visitas y en las actividades que esto resulte oportuno.
Con respecto a la universalización, la Comisión recibió con pesar el día de ayer, 10 de septiembre de 2012, la noticia de que el gobierno de la ilustre República Bolivariana de Venezuela había denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo lamentamos profundamente porque, en lenguaje técnico, esta denuncia implica que las violaciones de derechos humanos que tengan principio de ejecución a partir del 11 de septiembre de 2013 no serán objeto de escrutinio con base en los estándares de la Convención, ni sujetas a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Expresamos nuestra preocupación porque significa que una importantísima población de nuestro continente recibe un mensaje de alejamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como del disfrute completo del patrimonio del que he hablado. Asimismo, es un acto diametralmente opuesto al espíritu de universalización que expresó el conjunto de Estados Miembros de la OEA en su reciente Asamblea General en Cochabamba, Bolivia, así como en las recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente de la OEA en enero del año en curso. Es claro que la Comisión mantiene intacta su competencia respecto de la República Bolivariana de Venezuela porque ésta deriva de la Carta de la OEA y la Declaración Americana de 1948. En esta ciudad de San José, cuna de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, formulamos votos para que la ilustre República Bolivariana de Venezuela reconsidere su decisión y sea consecuente con las nobles aspiraciones a las que hizo referencia su insigne hijo, Rómulo Gallegos.
Una inquietud, siempre presente, es la de los recursos con que contamos para cumplir con nuestro trascendental mandato. Las consideraciones sobre la eficiencia del sistema no pueden enfocarse sólo desde la perspectiva de los resultados esperados sin atender a los medios que se requieren para lograr dichos resultados. Más y mejor promoción, avances y eficiencia en el procesamiento de peticiones y casos y en la adopción de medidas cautelares, son fines fundamentales que a todos nos convocan. Sin embargo, como lo saben bien las y los expertos aquí presentes, para lograr los ambiciosos objetivos propuestos es necesario dotar al sistema de mayores recursos.
Algunos indicadores bastan para ilustrar la magnitud y variedad de exigencias que enfrenta la Comisión: al 31 de julio de 2012, la CIDH tenía la responsabilidad de generar el estudio inicial de aproximadamente 7200 peticiones; emitir pronunciamientos sobre admisibilidad en 1150 y sobre fondo en 530, así como dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en 182 informes de fondo y los acuerdos firmados entre Estados y peticionarios correspondientes a 100 informes de solución amistosa. Participamos de los procedimientos ante la Corte Interamericana en 132 casos en supervisión de cumplimiento de sentencia, en 31 casos que se encuentran en sustanciación y en 36 medidas provisionales. Recibimos, y decidimos, más de 400 solicitudes de medidas cautelares por año y damos seguimiento a un universo de 585 con estado procesal de medidas vigentes, solicitudes de información a los Estados o solicitudes de información a los solicitantes. En suma, al mes pasado, la CIDH debía atender, con diligencia, extremo cuidado y eficiencia, más de diez mil peticiones y casos, así como solicitudes de medidas cautelares.
Adicionalmente, monitoreamos la situación de los derechos humanos en 35 Estados del continente; emitimos centenares de comunicados de prensa cada año; damos seguimiento a la situación de mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas afro descendientes; pueblos indígenas; defensoras y defensores de derechos humanos; personas migrantes y sus familias; personas privadas de libertad; lesbianas, gais y personas trans, bisexuales e intersex, así como la situación de la libertad de expresión, habiendo aprobado el año pasado 11 informes temáticos sobre el particular, además de un informe de país derivado de una previa visita in loco.
Asimismo, en el 2011 acompañamos el proceso de negociación de 33 resoluciones atinentes a derechos humanos para la Asamblea General; sostuvimos diálogos con los Estados Miembros y la sociedad civil; celebramos tres periodos ordinarios de sesiones, 91 audiencias públicas y 58 reuniones de trabajo; realizamos más de 30 visitas de trabajo y promoción lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de país o Relatores temáticos, así como diversos seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de promoción.
Lo anterior refleja los desafíos y las distintas maneras como la Comisión protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio.
Para atender a ese universo de asuntos, la CIDH cuenta con la dedicación que podemos comprometer las y los siete integrantes de la Comisión, quienes simultáneamente nos vemos requeridos de atender nuestros respectivos empleos en los países de los cuales somos nacionales. Al efecto, contamos con el esmerado y comprometido apoyo de una Secretaría Ejecutiva dotada con recursos de la OEA para contratar 17 abogadas o abogados y 15 profesionales y funcionarios de otras áreas. Así es, el presupuesto regular de la OEA permite contar únicamente con 32 profesionales, es decir, un menor número que el total de países que la integran. Cierto es que gracias a los esfuerzos de recaudación de recursos externos que adelanta la propia Comisión, al mismo 31 de julio habíamos podido contratar otros 15 abogados o abogadas, pero esos otros abogados contratados con fondos externos no tienen garantizada su permanencia y deben responder por proyectos específicos.
Para dar una idea de lo que enfrentamos, si se hacen ponderaciones absolutas, tendríamos que cada abogada o abogado de la Comisión Interamericana, ya sea cubierto por la OEA o con fondos específicos extraordinarios, tendría a su cargo más de 300 expedientes de asuntos que ameritan, cada uno de ellos, una sosegada, atenta y eficiente actuación. Aparte de esta labor, el mismo equipo humano debe apoyar, con un porcentaje importante de su tiempo, las tareas de monitoreo y supervisión en más de un país de la región, la elaboración de informes temáticos y las actividades de promoción que la Comisión adelanta, en el entendido de que cada uno de los proyectos de acuerdo, medida, comunicado o informe que genera debe ser elaborado simultáneamente tanto en inglés como en castellano, dada la conformación actual de la Comisión.
Con estos indicadores, es razonable pensar que si queremos perfeccionar el sistema no basta con sugerir mejores resultados. Es necesario que esos resultados se adecuen a los medios y, en consecuencia, fortalecer dichos medios. En otras palabras, una pieza clave de todo este proceso es la necesidad de aumentar los recursos permanentes destinados a que la Comisión pueda cumplir con la tarea encomendada por los Estados de la región de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de las y los habitantes de las Américas. Toda reforma propuesta al Sistema tiene que ser observada a través de ese prisma. En su Plan Estratégico la Comisión hizo transparente sus compromisos de rendimiento a todos los actores del Sistema.
Señoras y señores,
He elegido una hermosa frase de Bernardo de Chartres para terminar mis reflexiones sobre el presente. Él dijo que se podía ver más, y más lejos, cuando se está sobre los hombros de gigantes. Nosotros tenemos gigantes desde cuyos hombros mirar más, y más lejos: Ángela Acuña Braun, Fernando Volio, Luis Demetrio Tinoco y Rodolfo Piza, mujeres y hombres que ya no están con nosotros y dedicaron su vida a la creación y desarrollo de estas instituciones interamericanas extraordinarias. Su legado e impulso es fundamental, de la misma manera que el de miles de víctimas, defensoras y defensores que luchan cotidianamente y sin claudicar por la vigencia de todos los derechos humanos para todas y todos.
Veamos más lejos sobre los hombros de estos gigantes y continuemos haciendo que esta noble institución cumpla su cometido, de manera que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada y las actuales y futuras generaciones de nuestro hemisferio puedan gozar de sus derechos más esenciales.
Muchas gracias.