CIDH

Palabras del Presidente de la CIDH ante la XLVI Asamblea General

Presentación del Informe Anual 2012 por el Presidente de la CIDH ante la XLVI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Antigua, Guatemala, 6 de junio de 2013

Excelentísimas y excelentísimos delegados de los Estados Miembros y Estados Observadores Distinguido Secretario General Distinguidas y distinguidos voceros de la sociedad civil;

En cumplimiento del mandato principal que le otorga la Carta de nuestra organización, la Comisión presenta su informe anual, el cual ofrece una revisión del estado de los derechos humanos en el continente americano.

Hay motivos para experimentar satisfacción por la obtención de relevantes logros en el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y, al mismo tiempo, reconocer la persistencia de importantes retos en el contexto de nuestras democracias para asegurar su plena vigencia. Cito algunos ejemplos del catálogo de asuntos que la Comisión reconoció durante el 2012: Se aprobaron reformas constitucionales y legales en diversos países para salvaguardar la identidad de género; se implementaron mecanismos nacionales de prevención de la tortura y protección de defensoras y defensores de derechos humanos; se establecieron alternativas al servicio militar obligatorio, así como políticas en beneficio de solicitantes de asilo; se otorgaron mayores garantías del derecho de circulación y residencia, así como modernizar el sistema de justicia e impulsar el control de la convencionalidad en sede interna.

La Comisión también tomó nota de políticas públicas promovidas por diversos ejecutivos del continente para asegurar la vigencia de los derechos de la persona humana. En particular, destacan avances en la lucha contra la pobreza y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la eliminación de barreras a la justicia y la provisión de reparación cuando ésta no fue efectiva. La Comisión saluda estas medidas, pues la resolución de conflictos requiere justicia, verdad y reparación. Estos avances deben inspirar el desmonte de cualquier remanente de impunidad sistémica en el continente, lo cual constituye una tarea principal todavía pendiente. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional, a la cual los Estados se encuentran obligados a ajustar sus leyes y prácticas.

En el contexto del acceso a la justicia, uno de los elementos esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de los órganos del Estado es el funcionamiento adecuado e independiente del Poder Judicial, como contralor de la constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Judicial y como órgano encargado de impartir justicia y defender los derechos humanos. Quiero rendir homenaje, en este contexto, a las y los valientes jueces que, en su labor diaria, dan ejemplo de dignidad al ejercer la delicada y, en algunos casos, peligrosa labor de impartir justicia en forma imparcial e independiente en nuestro continente. Las juezas y los jueces son y serán objeto de especial protección por la Comisión Interamericana, dada su relevante función de defensa de los derechos humanos.

Excelencias Invito ahora a dirigir su mirada hacia la agenda pendiente. Los enfoques especializados en sus diferentes relatorías, a través de las cuales la Comisión da seguimiento a la situación de las personas, grupos y poblaciones históricamente sometidos a discriminación en los 35 Estados Miembros de nuestra Organización, se reflejaron, entre otras formas, en la publicación de diez informes temáticos, incluido el relativo a la pena de muerte en el sistema interamericano, “De la restricción a la abolición”. Asimismo, el trabajo de las Relatorías permite identificar y exponer dicha agenda.

Durante el 2012, la Comisión renovó su llamado para que los Estados de nuestra América pongan en vigencia mecanismos que permitan proteger efectivamente los territorios y recursos naturales ocupados históricamente por los pueblos indígenas, a través del reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de tierras de su propiedad colectiva. Persisten situaciones de exclusión estructural y grave violencia. Asimismo, la Comisión exhortó a dar cumplimiento efectivo a los estándares del sistema interamericano relativos al derecho a la consulta previa, libre e informada, e instó a los Estados a terminar con el flagelo de la desnutrición de niñas y niños indígenas.

La Comisión saludó los avances de la región en la adopción de leyes y políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres, pero advirtió sobre la distancia significativa entre la legislación y su aplicación práctica. Señaló también que persisten intolerables tasas de diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la política, la educación, el empleo, la salud, la doméstica y la justicia. En general, las mujeres son más afectadas por la pobreza que los hombres; tienen menos acceso a vivienda y a servicios de salud, y son sujetas a violencia física y sexual en mayor proporción que los hombres. Durante el año que se informa la Comisión publicó seis informes temáticos, en los cuales recogió diferentes dimensiones de esta problemática y formuló recomendaciones específicas para coadyuvar a los Estados a ajustar los compromisos internacionales con la práctica.

En general, durante 2012 la Comisión lamentó la muerte y secuestro de migrantes en distintos países, reiterando su preocupación por la tendencia de algunos Estados a criminalizar la migración irregular o, incluso, a las personas que les asisten: cruzar una frontera sin la documentación requerida o permanecer más allá del tiempo que autoriza un visado no es un crimen en sí mismo, sino, a lo sumo, una infracción administrativa. Entre otros abusos, se observó también el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante operativos de control migratorio; la detención de migrantes en situación migratoria irregular y en condiciones deplorables, así como deportaciones sin apego a las garantías del debido proceso, y declaraciones xenófobas en las que autoridades y medios de comunicación fomentan la estigmatización en contra de migrantes.

Los Estados también deben mantener en su agenda la preocupante situación del derecho a la libertad de expresión. El informe rendido a la Comisión Interamericana por su Relatora Especial en esta materia revela la crítica situación de riesgo en la que están periodistas que, durante 2012, continuaron siendo víctimas de asesinatos, agresiones y amenazas. Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así como de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, no sólo para reparar a las víctimas y sus familiares sino para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación. La Relatora Especial, cuyo valioso trabajo respaldamos y agradecemos, también llamó la atención sobre otros aspectos de la libertad de expresión en las Américas, como la aplicación de la legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a funcionarios públicos, la existencia de buenas prácticas, y la importante expedición y puesta en práctica de leyes de acceso a la información.

Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes del continente también constituyen una agenda pendiente de particular urgencia. Por ejemplo, la Comisión está preocupada por la situación de la niñez en situación de internamiento, así como los problemas que enfrentan las adolescentes cuando intentan acceder a la justicia en casos de violencia sexual, así como los altos índices de homicidios y desaparición forzada de adolescentes en contextos con la violencia de pandillas.

Otro grupo sometido a particular riesgo son los defensores y las defensoras de derechos humanos en la región, y a cuya dedicada y extraordinaria labor quiero rendir homenaje. Durante el año que se informa la Comisión publicó su segundo informe sobre la situación de estas personas. Como en el 2006, en este informe se constató que las defensoras y los defensores son víctimas de asesinatos; ejecuciones y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos, así como de criminalización e injerencias ilegales, arbitrarias y abusivas en sus actividades. La Comisión recuerda a los Estados su obligación de proteger a las defensoras y los defensores en su relevante labor de coadyuvancia en la vigencia de los derechos humanos.

En las cárceles de nuestro continente, que se analiza en el informe temático impulsado por el actual Relator, continúa existiendo una gravísima situación. La Comisión hace un urgente llamado a la adopción de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para asegurar los derechos de las personas privadas de libertad, que contengan los siguientes cuatro elementos fundamentales, que se analizan en el informe impulsado por el actual Relator: continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. La Comisión observa con grave preocupación que la violación a los derechos humanos de esta población se tradujo en centenares de muertes violentas bajo la custodia del Estado. .

La Comisión también publicó su informe sobre la situación de las personas afrodescendientes de las Américas y constató en detalle que continúan siendo víctimas de exclusión, racismo y discriminación, habiendo sido invisibilizadas aun cuando sean la mayoría poblacional de algunos Estados de la región. Como consecuencia de la discriminación estructural existente, estas personas habitan, en general, en las zonas más pobres y con menor infraestructura, encontrándose más expuestas al crimen y la violencia. Asimismo, enfrentan serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y educación, obtener una vivienda y conseguir empleo.

Durante el 2012 la Comisión continuó con su enfoque sistemático respecto de los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex, lo cual incluyó el impulso de planes de acción para el desarrollo de estándares y mayor visibilidad de los graves niveles de violencia a que están sometidas estas personas. Basta ejemplificar que, durante los meses de octubre y noviembre de ese año, la Comisión recibió información sobre 54 homicidios de personas bajo estas identidades, así como ataques contra la integridad personal, incluyendo graves actos de violencia por parte de particulares; actos de violación sexual de mujeres lesbianas, así como situaciones de abuso policial y detenciones arbitrarias, en particular de mujeres trans.

Por último, durante el multicitado año, en atención a su compromiso con el fortalecimiento de su trabajo en derechos económicos sociales y culturales, como respuesta a las sugerencias de Estados y la sociedad civil, la Comisión decidió crear una Unidad específica para dar seguimiento a los importantes desafíos que persisten en esta materia como resultado de las graves desigualdades en nuestras sociedades.

Honorable Asamblea General,

La Comisión desea reconocer el cumplimiento total por los Estados de las medidas de reparación recomendadas por ella en aquellos casos que se reseñan en su informe. Con respecto a lo que está pendiente de cumplimiento, no se trata de materias sobre las que pueda existir mayor controversia: en su gran mayoría, la agenda pendiente es la de investigación y sanción de violaciones constatadas por la Comisión. Una vez más, surge el persistente tema de la impunidad. Lamento reportar que las acciones de justicia están pendientes en más de un centenar de casos emitidos respecto de 24 Estados del continente; quiero transmitirles el urgente llamado de la Comisión para que esta Honorable Asamblea cumpla con su responsabilidad de pronunciarse vigorosamente sobre la necesidad de que se dé cumplimiento integral de sus recomendaciones, que son reflejo de las obligaciones de los Estados establecidas en la Convención y la Declaración. Como dijo la defensora de derechos humanos Gizela Ortiz en su lacerante testimonio durante una de las audiencias hemisféricas celebradas por la Comisión en el año 2012:

¿Por qué no se buscan hasta ahora a nuestros familiares desaparecidos? ¿Por qué no se investigan las violaciones a derechos humanos que persisten en nuestros países? ¿Por qué las sentencias de la Corte Interamericana, que con tanto sacrificio alcanzamos los familiares, ya vencieron todos los plazos y nuestros Estados, después de siete años, no la cumplen? ¿Cuántos años más tenemos que esperar los familiares?

En adición a los casos con cumplimiento pendiente ante la Comisión, durante el mismo año la Comisión decidió elevar a la jurisdicción de la Corte Interamericana casos contra nueve Estados Miembros.

Excelencias,

Una de nuestras relevantes decisiones en materia de política institucional ha sido la labor de acercamiento con los Estados Miembros del Caribe. Durante 2012 se organizaron en esta región más eventos y actividades que en varios años anteriores. La Comisión continuará comprometida con hacer más accesible el sistema a la población caribeña. En este contexto, la Comisión emitió su informe de visita in loco a Jamaica, en el cual constató una difícil situación de violencia, inseguridad y falta de acceso a la justicia y a los servicios básicos, que afecta de manera desproporcionada a los sectores más pobres de la sociedad y a aquellos que son más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las personas expuestas a la discriminación por motivos de su orientación sexual o identidad de género, y esbozó una serie de recomendaciones tendentes al mayor goce y promoción de los derechos en este contexto.

Por otra parte, la Comisión realizó en diciembre de 2012 una visita in loco a Colombia, al término de la cual reconoció las importantes políticas públicas para hacer frente a la realidad compleja que implica el conflicto armado interno que ha vivido el país por más de cinco décadas de violencia y los desafíos relacionados con el impacto que históricamente ha tenido el conflicto armado en el país y con asegurar justicia, verdad y una reparación adecuada a las víctimas del conflicto. En el transcurso del año 2013 la Comisión considerará el informe de país relacionado con esta compleja situación.

Excelencias,

En el Capítulo Cuarto de su Informe Anual, según su estructura previa a la reforma, la Comisión examinó y relató la situación particular de tres Estados que fueron objeto de especial atención de la Comisión. En el primero de ellos, Cuba, no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y persisten situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la citada Declaración. Las restricciones a los derechos políticos, de asociación y a la libertad de expresión; la falta de elecciones y de independencia del Poder Judicial, así como las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de sus habitantes. En el transcurso de 2012, la información disponible llevó a la Comisión a la conclusión de que la situación general de derechos humanos no ha variado.

Respecto del Estado de Honduras, la Comisión relató la preocupante situación de seguridad ciudadana, la falta de independencia del Poder Judicial y las debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de impunidad, así como la discriminación y marginación de sectores de la sociedad. Asimismo, parte de la información se relaciona con los efectos o consecuencias del golpe de Estado de 2009, en especial, en lo referente al derecho a la libertad de expresión y a la situación de las defensoras y los defensores que dan seguimiento a situaciones heredadas del golpe de Estado, entre ellas, la participación de militares en materia de seguridad interna y temas vinculados con la separación de poderes. En este ámbito, la Comisión observa con preocupación el alto grado de incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Por último, con relación al Estado de Venezuela, la Comisión considera que situaciones estructurales, como las modificaciones normativas que implican restricciones legales y administrativas, afectan severamente el goce y disfrute de los derechos humanos. Al respecto, la Comisión ha reportado, por ejemplo, la adopción de leyes en el marco de la ley conocida como “Ley Habilitante”, la provisionalidad de los jueces y fiscales, el uso abusivo del derecho penal, los obstáculos para los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor, y la afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de especial interés para la Comisión. En septiembre de 2012, Venezuela denunció la Convención Americana. La Comisión invita respetuosamente al Ilustre Estado de Venezuela a reconsiderar esta decisión que opera únicamente en detrimento de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.

Honorable Asamblea General,

En la Comisión enfrentamos un atraso procesal de dimensiones importantes, aunque no insuperables, ante el constante incremento de peticiones y casos, dada la mayor visibilidad del sistema interamericano en democracia. Estamos trabajando cada vez más con avances en la tecnología y metodología que nos puedan hacer más eficiente el trabajo. En un contexto de grandes oportunidades y riesgos, el sistema está lejos de contar con los recursos necesarios, y depende en un nivel preocupante de la captación de recursos externos para cumplir con su mandato de protección y promoción.

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales y otras entidades.

Una vez acuñada la reforma al Reglamento, políticas y prácticas de la Comisión, generada con el esmero y valiosas aportaciones de Estados y sociedad civil, la tarea inmediata es implementarla para hacer más eficaz y eficiente la promoción y protección de los derechos humanos, abonando en seguridad y certeza jurídicas, previsibilidad, transparencia y rendición de cuentas.

La Comisión espera que el compromiso de los Estados Miembros con el fortalecimiento del Sistema y, en particular, la labor de la propia Comisión, expresado en la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de 22 de marzo del año en curso, se reflejará en la asignación de recursos adicionales para sus operaciones, en la ratificación de todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y, más particularmente, en el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del sistema, en beneficio de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas de nuestra América.

Muchas gracias.