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PALABRAS DEL COMISIONADO JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ, PRESIDENTE DE LA CIDH
SESIÓN INAUGURAL DEL 144º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH
Washington, D.C. 19 de marzo de 2012
Señor Presidente del Consejo Permanente, Emb. Duly Brutus; Señor Secretario General Adjunto, Emb. Albert Ramdin; Señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Emb. María Isabel Salvador; Señoras y señores Representantes Permanentes; Observadores y colegas; Representantes de la sociedad civil; Señoras y señores,
Tengo el honor de dirigirme a ustedes como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta sesión inaugural del 144º período ordinario de sesiones. Me es grato contar con la compañía de mis colegas Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente, así como de la Presidenta saliente Dinah Shelton y las y los comisionados Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz y Rose-Marie Antoine. También nos acompañan el Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, así como otras y otros integrantes de nuestra Secretaría Ejecutiva, a quienes manifiesto mi reconocimiento por su gran calidad profesional y compromiso invariable hacia la institución.
De manera especial, expreso en nombre de la Comisión mi mayor reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta saliente, Dinah Shelton, por la dedicada y efectiva conducción de nuestras labores durante el año que hoy concluye. Igualmente, agradezco a mis colegas la confianza depositada en mí para ejercer las delicadas funciones de Presidente, con el compromiso de poner todo mi empeño para cumplir cabalmente con la alta misión que se nos ha encomendado, para lo cual será indispensable el apoyo de todas y todos ellos, así como de las y los usuarios del sistema interamericano.
En más de cincuenta años de historia, la Comisión Interamericana ha desarrollado su mandato de promover y proteger los derechos fundamentales en las Américas con independencia y firmeza. Durante estas cinco décadas, en muchos casos la CIDH ha sido llamada a proteger los derechos humanos en situaciones de extrema gravedad por las que atravesaban los países de la región. Hoy en día los procesos democráticos se han fortalecido y se han superado considerablemente las violaciones masivas y sistemáticas del pasado.
No obstante, la vigencia efectiva de los derechos humanos para todas las personas, en todos los lugares del hemisferio, aún en democracia, dista de ser una realidad.
Como una de las asignaturas pendientes, la Comisión ha observado que el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, tan vital para la construcción y consolidación de toda sociedad que se precie de ser democrática, ha sido sensiblemente obstaculizado en algunos Estados. Mujeres, líderes indígenas, sindicalistas, defensores del medio ambiente y de los derechos de las personas LGBTI, estudiantes, así como operadores de justicia en la región, han seguido afectados a través de asesinatos, agresiones, amenazas, actos de hostigamiento y seguimiento, represiones a la protesta social pacífica, así como señalamientos por parte de altas autoridades con el objeto de desprestigiar y estigmatizar su labor.
Frente a este situación, en 2011, la CIDH creó una Relatoría para dar seguimiento a la situación de los defensores de derechos humanos y los operadores de justicia en el hemisferio. Esta situación fue analizada, además, en el "Segundo Informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas" aprobado por la Comisión Interamericana durante dicho año.
Por otro lado, la Comisión Interamericana ha constatado la grave discriminación de hecho y de derecho que enfrentan las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexo (LGTBI) en los países de la región. Se ha recibido información alarmante sobre asesinatos, violaciones y amenazas contra personas LGTBI, que asimismo enfrentan importantes barreras de acceso a la salud, el empleo, la justicia y la participación política. A fin de prestar la debida atención a esta situación, en su anterior periodo de sesiones la Comisión Interamericana decidió crear una Unidad sobre derechos de las personas LGTBI.
La CIDH también observó durante el año anterior la continuidad de graves obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia y discriminación, así como la falta de condiciones adecuadas para disfrutar su derecho a la salud y acceder a educación y fuentes de trabajo que les permitan participar activamente en la sociedad. Las mujeres afrodescendientes e indígenas, que han sufrido históricamente una triple discriminación con base en su género, pobreza y raza, se hallan en especial situación de riesgo y se han visto impedidas de ejercer de forma plena sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Entre sus actividades durante 2011, la CIDH continuó dando seguimiento a la situación de hombres y mujeres afrodescendientes en las Américas, en el marco del “Año Internacional de los Afrodescendientes” declarado por las Naciones Unidas. A pesar de que el principio de no discriminación es una de las bases fundamentales del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, las personas afrodescendientes en las Américas continúan sufriendo la exclusión, el racismo y la discriminación racial, y han sido invisibilizados, a pesar de conformar un porcentaje muy importante de la población en algunos países de las Américas.
Otro tema ampliamente desarrollado por los órganos del sistema interamericano se refiere a la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. La CIDH reitera que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Por tal motivo, los Estados tienen la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas y tribales, y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios. Durante el año anterior, la Comisión Interamericana siguió observando graves consecuencias de la explotación de recursos naturales y el emprendimiento de grandes proyectos de infraestructura en territorios indígenas y afrodescendientes, que en muchos casos ponen en riesgo la propia supervivencia de dichos pueblos.
Cabe mencionar igualmente que en 2011 la CIDH publicó un informe sobre justicia juvenil y derechos humanos, en el que se da cuenta de la grave situación de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Dicho informe destaca que los distintos Estados de la región no cuentan con un marco jurídico acorde a los parámetros internacionales en la materia, como tampoco de las instituciones adecuadas que permitan a este grupo humano reintegrarse a la sociedad.
Asimismo, durante el último año la Comisión Interamericana recibió alarmantes denuncias sobre actos de violencia e, incluso, tortura y masacres cometidas contra personas migrantes en el hemisferio. En sus estudios, informes y pronunciamientos sobre Estados miembros de la OEA, la CIDH reiteró su posición en cuanto a la utilización de la privación de libertad solamente en casos excepcionales para las personas migrantes indocumentadas. La Comisión interamericana igualmente observa con preocupación el deterioro sistemático y progresivo de las condiciones laborales de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, en varios Estados de la Organización.
La CIDH ha destacado que la situación de derechos de las personas privadas de libertad es un asunto complejo que requiere del diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, así como de la adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes que afectan gravemente derechos humanos fundamentales de la población reclusa. Estas consideraciones fueron expuestas recientemente en un informe de la Comisión Interamericana sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión sigue afectado por hechos tan graves como los asesinatos, agresiones y amenazas contra periodistas. Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así como de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, no sólo para reparar a sus víctimas y familiares, sino también para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación. La Relatoría Especial de la CIDH en la materia ha destacado durante el último año buenas prácticas, tales como la expedición y puesta en práctica de leyes de acceso a la información; pero igualmente ha debido señalar el grave problema de la aplicación de la legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a los funcionarios públicos.
Sin duda, todos estos complejos desafíos deben ser enfrentados con medidas serias y urgentes, un trabajo conjunto de los Estados y la sociedad civil, y mediante una actuación eficaz de la Comisión Interamericana en el marco de sus funciones.
Quisiera destacar que la Comisión valora como un importante aporte por parte de los Estados, las Recomendaciones producidas por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH, las cuales serán debida y exhaustivamente estudiadas por la Comisión Interamericana, para lo cual ha creado una Comisión Especial a fin de preparar la respuesta correspondiente al Consejo Permanente de nuestra Organización, encontrándome convencido de que muchas de ellas pueden fortalecer nuestros mecanismos de protección.
En la misma línea y, en aras de fortalecer el funcionamiento del sistema, quisiera reiterar que la falta de recursos humanos y financieros es uno de los problemas fundamentales para avanzar en el estudio de las peticiones, casos, medidas cautelares, monitoreo general y otros mandatos conferidos a la CIDH por parte de los Estados miembros. Un apoyo importante por parte de los Estados que se vea materializado en auténtico beneficio de la institución, sería la colaboración a través del Plan Estratégico de la Comisión, que se ha elaborado para tales efectos.
Por otro lado, quisiera destacar durante este año la creación del Grupo de Trabajo sobre Soluciones Amistosas, consistente en abogados especializados y entrenados que estarán a cargo de dar seguimiento y facilitar los procesos de decisión, así como de asistir a las y los Comisionados en las peticiones y casos en los que las partes hayan decidido embarcarse en este procedimiento.
Finalmente, quisiera destacar como un punto importante en la agenda hemisférica de protección a los derechos humanos, el impulso y desarrollo en los Estados de legislaciones efectivas de cooperación con el sistema interamericano y de implementación de sus decisiones, así como el aseguramiento del control de convencionalidad por parte de los juzgadores internos. Acciones como las anteriores, fortalecen también de una manera auténtica al sistema interamericano.
Varios de estos temas y cuestiones serán objeto de consideración y debate en las próximas semanas en el marco de audiencias, reuniones de trabajo y discusión de peticiones, casos y medidas cautelares, e informes generales y temáticos.
Señoras y señores, como bien lo sabemos, la autonomía de la Comisión Interamericana es una premisa fundamental del sistema. El que haya, por primera vez en nuestra historia, una mayoría de mujeres miembros de la Comisión Interamericana, es alentador y seguramente benéfico para la igualdad de las personas en las Américas. Las y los habitantes de nuestra región observan nuestra actuación y están aguardando que hagamos realidad la legítima expectativa de gozar plenamente de sus derechos humanos, en sistemas donde imperen la justicia y la democracia. Hago un llamado a que sigamos trabajando de manera conjunta en el marco de nuestras respectivas funciones y responsabilidades para satisfacer tales aspiraciones, con cada vez mayor dedicación, energía y creatividad.
Muchas gracias.