CIDH

Palabras del Presidente de la CIDH

Palabras del Comisionado Presidente Francisco Eguiguren en la presentación informe de país Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela

Washington, D.C., 12 de febrero de 2018

Buenas tardes,

En mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Relator para Venezuela, me corresponde la labor de presentar el Informe de país que ha elaborado la Comisión sobre Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela.

La CIDH ha venido dando seguimiento cercano al deterioro de la situación de Venezuela, la grave crisis política, económica y social; y luego de una evaluación integral de su situación general de derechos humanos decidió elaborar este tercer informe de país sobre Venezuela, dentro de las funciones de su mandato, establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El informe Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela, documenta ampliamente y al detalle la situación de Venezuela y analiza el impacto que ha tenido el profundo debilitamiento de la institucionalidad democrática sobre la vigencia de los derechos humanos de la población venezolana, así como el alarmante incremento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana.

El informe está organizado en torno a cuatro ejes principales: i) institucionalidad democrática; ii) protesta social y libertad de expresión; iii) violencia y seguridad ciudadana; y iv) derechos económicos sociales, culturales y ambientales.

En el informe se hace un análisis transversal de las afectaciones específicas que personas, grupos y colectivos enfrentan por su condición de mayor riesgo, discriminación y exclusión históricas, tales como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; defensores y defensoras de derechos humanos; personas privadas de libertad; migrantes, refugiados y personas en similar situación; entre otros. A partir de ello, la CIDH presenta sus recomendaciones al Estado, con máxima urgencia, para mejorar la protección y garantía de los derechos humanos en Venezuela.

El informe refleja la grave situación general de derechos humanos por la que atraviesa Venezuela y la indivisibilidad e interdependencia que existe entre las afectaciones registradas tanto a los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El centro de la preocupación de la CIDH es el pueblo venezolano, que está sufriendo las graves consecuencias de esta crisis en todos los niveles, con graves afectaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El objetivo del informe es defender y proteger a las personas que viven bajo la jurisdicción del Estado venezolano, y avanzar hacia la recuperación de la integralidad de su institucionalidad democrática y el respeto y garantía de los derechos humanos.

La CIDH presenta este informe al Estado Venezolano, el cual le fue remitido el pasado viernes, para que dé cumplimiento a sus recomendaciones, como parte de sus obligaciones adquiridas internacionalmente. Asimismo, la CIDH presenta este informe a la sociedad civil venezolana, a la comunidad internacional y en particular a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos como una herramienta que pueda ser utilizada en sus esfuerzos, jurídicos, políticos y diplomáticos para coadyuvar en la construcción de una salida pacífica y democrática a la actual crisis venezolana.  

Este informe fue elaborado a partir de la información recibida a través de los diversos mecanismos de monitoreo y protección de la CIDH durante los últimos dos años, con énfasis en 2017.  Para este fin, la CIDH solicitó información sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela tanto a organizaciones de la sociedad civil como al Estado.  La Comisión agradece la información aportada por una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Agradece igualmente al Estado venezolano por la valiosa información aportada.  Esta información permitió a la CIDH realizar un detallado análisis de la situación actual de derechos humanos en el país, a la luz de sus obligaciones internacionales.

Vale señalar que las observaciones aportadas por el Estado al borrador de este Informe que le fuera enviado por la Comisión fueron incluidas en el Informe de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la CIDH.

En cuanto al contenido del Informe, en la sección de institucionalidad democrática la Comisión ha venido observando un paulatino deterioro que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015 como una problemática compleja que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos, particularmente por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que representaron injerencias en la Asamblea Nacional.  En 2017 la situación remontó a una grave alteración del orden constitucional, lo cual fue advertido por la CIDH. 

Desde hace 15 años la CIDH se ha venido pronunciando sobre falta de independencia del Poder Judicial, derivada de los procesos inadecuados de elección de jueces y juezas y los altos índices de provisionalidad en sus cargos. La Comisión también ha analizado la ausencia de garantías de permanencia en el cargo de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, en su informe la CIDH hace nuevamente un llamado al Estado a abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o intimidación, o cualquier acción que implique una amenaza o presión, directa o indirecta, en el ejercicio de la función judicial.

Esta injerencia está acompañada de un inadecuado ejercicio de las funciones de órganos constitucionales esenciales para la vigencia de la democracia, como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Por ello, la Comisión recomienda como medidas fundamentales acciones decididas para asegurar que estos órganos se conduzcan sin interferencias o influencias indebidas, y cumplan a cabalidad su mandato constitucional, clave para la vigencia del Estado Democrático de Derecho en Venezuela.

La CIDH también ha identificado y se ha pronunciado sobre los obstáculos para el ejercicio de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional como son: el mantenimiento de la condición de desacato; la permanencia de la calificación de “traición a la patria” a las acciones de los diputados de la AN; y el mantenimiento de la autoridad del Presidente de la República para constituir empresas mixtas sin autorización del parlamento y modificar leyes. La Comisión llama al Estado a adoptar medidas inmediatas y decididas para reestablecer el orden constitucional, y garantizar la separación de poderes y el ejercicio adecuado de las funciones establecidas constitucionalmente a la AN.

La grave situación socioeconómica y la alteración del orden constitucional condujeron a miles de personas a manifestarse públicamente en ejercicio de sus derechos a la protesta social y libertad de expresión. En 2017 se realizaron miles de manifestaciones de protesta en todo el país. La Comisión observa con profunda preocupación que muchas de las vulneraciones de derechos humanos identificadas en este informe se han dado por la respuesta represiva, arbitraria y contraria a derechos humanos que adoptó el Estado. Cientos de personas murieron; miles fueron detenidas arbitrariamente; varias denunciaron actos de tortura y otros malos tratos; personas fueron violadas sexualmente y civiles fueron sometidos injustamente a tribunales penales militares.

Todo esto ocurre en un contexto de altísimos índices de violencia y criminalidad que han sido atendidos a través de planes y operativos de seguridad ciudadana incompatibles con los estándares de derechos humanos, y que lejos de reducir la inseguridad imperante, han generado serias vulneraciones de derechos humanos. La Comisión ha recibido una serie de denuncias por parte de víctimas de la violencia en Venezuela y aboga para que estas víctimas encuentren acceso a una justicia independiente y puedan ser reparadas.

Las denuncias de altos niveles de corrupción en el país, han permeado la débil institucionalidad estatal. Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción, se requiere asegurar que los actos denunciados sean investigados de manera independiente e imparcial, sin demora y sin influencias ni discriminación de ninguna clase.

El ejercicio de los derechos políticos se ha visto fuertemente restringido con la suspensión de procesos de referéndum y elecciones, y se han registrado denuncias de ventajismo y fraude electoral.  La disidencia política sufre serias represalias como la criminalización y detención de opositores, así como las destituciones a autoridades opositoras al gobierno. En su Informe la Comisión reitera la necesidad de priorizar la garantía del pleno ejercicio de estos derechos sin discriminación, hostigamiento o intimidación.

El informe de la Comisión también documenta una grave crisis económica y social, caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumo médico, entre otros. Esta situación ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema; así como serias dificultades para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, tales como la alimentación, salud, educación y vivienda. El impacto ha sido mayor sobre grupos en situación de exclusión y discriminación histórica como pueblos indígenas, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La Comisión urge al Estado a intensificar medidas dirigidas a reducir la situación de pobreza y pobreza extrema, así como a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los recursos disponibles se utilicen prioritariamente en evitar retrocesos en el disfrute de los DESCA, asegurando el acceso de toda la población sin discriminación.

La libertad de expresión también está gravemente por serias restricciones, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra la aprobación estatal.  Estas medidas no responden a un marco normativo compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano en esta materia y en la práctica, han estado dirigidas al silenciamiento de las voces críticas del actual Gobierno. Su impacto en la democracia venezolana es evidente y merece atención prioritaria.

La Comisión quiere resaltar importante labor que realizan día a día por las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, quienes con sus valientes denuncias y vigilancia constante de la situación buscan incansablemente la construcción de una sociedad democrática y la plena vigencia del Estado de Derecho en Venezuela. La Comisión es consciente de la necesidad de especial protección que los defensores venezolanos requieren y está aquí para acompañarlos en su labor.

La CIDH urge también a los Estados Miembros de la OEA a que, como garantes colectivos del respeto a los derechos humanos en la región, cooperen en persuadir al Estado venezolano de la importancia de dar su anuencia para que la CIDH pueda realizar una visita in loco al país a la mayor brevedad que sea posible. La CIDH queda a disposición de los Estado Miembros de la OEA para que consideren este informe en una sesión del Consejo Permanente de la organización.

La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes.