Vicepresidenta de la CIDH

Palabras de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Vicepresidenta de la CIDH, Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA

Washington, D.C., 27 de diciembre de 2018

 

Señora Embajadora Montserrat Solano Carboni, Vicepresidenta del Consejo Permanente;

Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Señor Luis Alvarado, Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA;

Honorables Representantes Permanentes y Alternos de Estados Miembros y Observadores;

Representantes de la Sociedad Civil,

Señoras y Señores:

Es para mí un honor aceptar la invitación del Consejo Permanente y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exponer en un breve resumen el trabajo que la Comisión, a través de sus herramientas ha documentado sobre la situación social y política en Nicaragua, destacando el grave deterioro de la situación de los derechos humanos y el recrudecimiento de la represión por acciones tendientes a silenciar, intimidar y criminalizar a las voces de las personas opositoras al Gobierno, a las organizaciones de derechos humanos, los organismos internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación independientes en el país.

En nombre de la Comisión, en particular de la Relatora para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao, quiero extender al Señor Secretario General de la OEA, Luis Almagro, nuestro profundo agradecimiento por el apoyo y el acompañamiento que ha brindado a la Comisión en la labor de monitoreo que hemos desarrollado de manera más intensa y continua desde los últimos ocho meses en Nicaragua, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua). Igualmente, nuestro reconocimiento al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, con quienes la Comisión mantiene y mantendrá un estrecho contacto.

Antes de iniciar este informe quiero expresar un saludo solidario a todo el pueblo de Nicaragua y transmitirles a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, a sus familiares, a las personas defensoras de derechos humanos, a los estudiantes, a los periodistas y a los trabajadores de medios de comunicación independientes, nuestro completo reconocimiento por su incansable exigencia por verdad, justicia y reparación. La población nicaragüense no está sola. La Comisión continua y continuará con el más estrecho acompañamiento y seguimiento a sus valientes denuncias y a la legítima exigencia de restituir un Estado Democrático de Derecho y en convivencia pacífica como la forma propicia para el goce de los derechos humanos.

Señoras y señores embajadores, y a toda la comunidad internacional que nos escucha. La Comisión manifiesta su seria preocupación ya que, en días pasados, el Gobierno de Nicaragua intensificó sus acciones dirigidas a cerrar los últimos espacios democráticos disponibles para el ejercicio de los derechos humanos, y en especial de la libertad de expresión, las manifestaciones públicas y el derecho de asociación. La suspensión de la invitación a permanecer en el país al MESENI y la finalización anticipada del mandato del GIEI, incluso sin la posibilidad de presentar su informe en el país son acciones que constituyen un incumplimiento de las recomendaciones, emitidas luego de la primera visita al país, que incluyeron la apertura del Gobierno al monitoreo internacional. El Estado suspendió primero la presencia de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y hoy, la nuestra.

Entre el 17 y el 21 de mayo de 2018, durante la primera etapa de la represión estatal, la Comisión Interamericana realizó una visita de trabajo y emitió observaciones preliminares con 15 recomendaciones iniciales ampliamente conocidas. El 21 junio, con la presentación del Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la Comisión denunció los patrones comunes de violaciones a derechos humanos, ahora confirmados por el trabajo del GIEI, que caracterizaron la primera etapa de la represión estatal de las manifestaciones sociales, tales como el uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica, la sanción a quienes brindaron servicios médicos, la obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a las personas heridas; detenciones arbitrarias; violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.

Posteriormente, en julio de 2018, la Comisión registró las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante una segunda fase iniciada en el marco de los “operativos de limpieza” desplegados por agentes de la Policía y grupos parapoliciales para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país lo que aumentó el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas.

A inicios del mes de agosto, la Comisión Interamericana denunció la consolidación de una tercera fase de la represión consistente en la persecución y criminalización de manifestantes, defensores de derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno. Entre cientos de casos, la Comisión advirtió sobre la detención arbitraria de los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Díaz, Lener Fonseca y Freddy Navas; la líder de comerciantes Irlanda Jerez; los líderes universitarios y estudiantes Erwin Carcache, Kevin Espinoza, Hansel Vázquez, Marlon Fonseca, Amaya Coppens, Yubrank Suazo, Nairoby Olivas, Byron Corea, Victoria Obando, Levis Rugama y Yaritzia Mairena; y los ex militares Carlos Brenes y Tomás Maldonado.

En Nicaragua, la falta de garantías de imparcialidad e independencia en el poder judicial son factores que han facilitado de manera determinante la manipulación del derecho penal para la judicialización de las voces críticas u opositoras al Gobierno. En este sentido, la Comisión ha documentado graves violaciones a las garantías del debido proceso como la alegada práctica de los defensores públicos de sugerir la autoincriminación como estrategia de defensa, sentencias basadas en testimonios de oídas y contradictorios, y el otorgamiento de penas máximas y desproporcionadas contra personas que participaron en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril.

Actualmente, después de ocho meses de iniciadas las protestas, la Comisión denuncia una intensificación de la represión estatal caracterizada por el notorio incremento de actos de agresión y hostigamiento y criminalización de periodistas; la continuación de la detención y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y personas opositoras al Gobierno; y la expulsión arbitraria o amenaza de expulsión de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas.

La Comisión Interamericana identifica en esta cuarta etapa de la represión las siguientes acciones estatales:

En los dos últimos meses el Gobierno de Nicaragua no ha permitido ninguna manifestación. El 13 de octubre pasado, el Estado decretó la prohibición de marchas ciudadanas. Además, implementó una estrategia estatal para impedir cualquier protesta social que ha consistido en la ocupación de espacios públicos como las rotondas, anteriormente usados para manifestarse, y en la continuación de detenciones arbitrarias contra quienes protestan o intentan hacerlo. Entre otros casos, la CIDH recibió información sobre detenciones en Somoto, el 21 de noviembre, y en un centro comercial de Managua. Las personas detenidas fueron acusadas penalmente por entonar el himno nacional en un pequeño acto de protesta pública y por fotografiar a agentes de policía desplegados en el centro comercial.

En esta cuarta fase de represión estatal, el Estado Nicaragua adoptó un conjunto de medidas y decretos que, bajo la apariencia de legalidad y estricta formalidad, restringen de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática.

Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera arbitraria y sin ninguna garantía del debido proceso, la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y opositoras al Gobierno. Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización dedicada desde hace 25 años a la defensa y promoción de los derechos humanos. De acuerdo con la información recibida por el MESENI, las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional responsabilizaron a las organizaciones de realizar acciones para desestabilizar al país o por la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la presunta comisión de actos de terrorismo. La misma madrugada del 13 de diciembre, sin orden judicial, la Policía Nacional ocupó las instalaciones de la mayoría de estas organizaciones y desde entonces ha prohibido el ingreso a sus integrantes.

Asimismo, el 28 de noviembre, Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y naturalizada nicaragüense fue expulsada del país. El mismo día, las autoridades nicaragüenses retiraron su cédula de identidad nacional a las defensoras Ana María Ara Sorribas y María Jesús Ara Sorribas, de nacionalidad española, y Bea Huber, de nacionalidad suiza. Además, se les prohibió cualquier participación en actividades consideradas políticas

La Comisión expresa su preocupación respecto a que estas medidas, además de coartar la capacidad de las organizaciones para realizar su trabajo, resulten en la utilización indebida del poder de persecución penal del Estado con el fin de sancionar a defensores y defensoras de derechos humanos y a la disidencia política. Así por ejemplo, el 19 de diciembre, la Comisión recibió información sobre señalamientos en medios oficialistas que pretenderían incriminar a Vilma Núñez, presidenta del CENIDH y a su director jurídico, Gonzalo Carrión por presuntos hechos ilícitos ocurridos en el marco de las protestas.

Por otra parte, en este contexto de progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos, las agresiones, ataques y detenciones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes se intensificaron. De acuerdo con datos recibidos por la CIDH, entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre, en Nicaragua se reportaron 117 atentados contra la libertad de expresión por actos de agresión, amenazas, intimidaciones y hostigamiento.

Entre ellos, el 14 de diciembre, la Policía Nacional ocupó, sin orden judicial, las instalaciones de la redacción del periódico “El Confidencial” y el programa “Esta semana”, ambos críticos del Gobierno. Posteriormente, el 15 de diciembre, cuando los periodistas y trabajadores de estos medios acudieron a las instalaciones de la Policía Nacional a denunciar los hechos fueron agredidos por agentes antimotines.

El 21 de diciembre, la Policía Nacional irrumpió en las instalaciones del canal 100% Noticias, uno de los principales críticos del Gobierno. Este mismo día, la señal del canal fue retirada del aire. Además, fueron detenidos el director y propietario del canal Miguel Mora, beneficiario de medidas cautelares, y la periodista de nacionalidad costarricense Lucía Pineda. Ambos trabajadores fueron acusados de supuestos delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. La Comisión fue informada que existiría orden de detención contra Leticia Gaitán, Jackson Orozco, Luis Galeano y Jaime Arellano y otros periodistas del mismo canal.

Las niñas, niños y jóvenes en Nicaragua han sido víctimas especialmente vulnerables de la violencia represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las mismas. De acuerdo con la información documentada por la Comisión, 24 niños, niñas y adolescentes habrían muerto de forma violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones y otros fueron lesionados. La Comisión también ha recibido informacion sobre baja presencia de estudiantes en los colegios, acciones de adoctrinamiento político en algunas escuelas públicas, alteración de los horarios y calendarios escolares. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes habrían visto afectados sus derechos al descanso, el esparcimiento, el juego y la cultura debido a la presencia de agentes armados en las comunidades y en el espacio público.

La Comisión advierte que, al día de hoy, la crisis iniciada el 18 de abril ha resultado en la muerte de 325 personas y más de 2000 heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; en el despido de 300 profesionales de la salud y; en la expulsión de, al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

En este escenario de represión y retroceso para el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales, el 19 de diciembre el Estado de Nicaragua comunicó a la Organización de los Estados Americanos la decisión de suspender temporalmente la presencia en el país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y de las visitas de la Comisión Interamericana a Nicaragua al país. Asimismo, comunicó la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El mismo día, el Estado solicitó a los equipos técnicos de ambos mecanismos abandonar de inmediato el país.

La Comisión Interamericana destaca que la expulsión de sus mecanismos de trabajo se comunicó el día anterior a la fecha programada para la presentación del informe final del GIEI en Managua y un día después de que la Comisión, a través de la información recibida en el terreno, advirtiera la intensificación de la estrategia represiva del Estado para acallar a las voces disidente en el país. Los equipos técnicos salieron del país y el pasado 21 de diciembre, la Comisión acompañó, en Washington D.C., la presentación del informe final del GIEI “sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”.

En su Informe, el Grupo de Expertos confirma los hallazgos de la visita de trabajo realizada por la Comisión entre el 17 y el 21 de mayo. De acuerdo con el GIEI, las manifestaciones pacíficas del 18 de abril fueron reprimidas por una modalidad de violencia ejercida por grupos de choque afines al gobierno y este modus operandi desembocó posteriormente en una acción represiva de mayor intensidad que implicó el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, e incluso de armas de guerra. La evidencia recabada por el GIEI también confirma la denuncia de la Comisión Interamericana sobre la amplia coordinación entre la Policía Nacional, alcaldías y grupos para policiales, que van desde grupos de choque “hasta grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude socialmente como “paramilitares” o “parapoliciales”.

El GIEI confirma que “Las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua a partir del 18 de abril, no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo. Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta.”

El persistente y constante grado de articulación entre las fuerzas de represión muestran que las decisiones fueron tomadas por las máximas autoridades del Estado. En este sentido, en su informe final, el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente deben investigarse los casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

La configuración de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía que pretendan impedir los juicios o las condenas, y la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua le reconozca competencia por hechos ocurridos en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, realizó 24 recomendaciones fundamentales para superar la actual crisis, tales como:

  • Iniciar una reforma integral de las instituciones estatales que garantice la no repetición de las violaciones de derechos humanos;
  • La implementación de un Plan Integral de Reparaciones (PIR) que repare y compense la violación a los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas;
  • Investigar y juzgar a los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos, y disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales.
  • Establecer las reformas y los mecanismos necesarios para garantizar que los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril sean juzgados por magistrados que garanticen imparcialidad. Entre ellas, la eventual participación de jueces internacionales y/o el asesoramiento y apoyo de la cooperación internacional en la revisión de las sentencias que fueron dictadas y las que se dicten por los actuales tribunales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará su trabajo de monitoreo y seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y a las recomendaciones formuladas al Estado, incluyendo aquellas formuladas por el Grupo de expertos.

El notorio incremento de las violaciones a los derechos humanos y el cierre de los espacios democráticos en el país hace más necesario aún que la CIDH continúe su trabajo de monitoreo y seguimiento sobre Nicaragua. En virtud de ello, el MESENI continuará manteniendo el contacto permanente con las víctimas y sus familiares, las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y los actores de la sociedad civil. También continuará recibiendo testimonios, denuncias, peticiones, y solicitudes de medidas cautelares, y dará seguimiento a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.

En este sentido, la Comisión anuncia que seguirá monitoreando el cumplimiento por el Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a través del MESENI, instalado en su sede en Washington DC, desde el 19 de diciembre.

La Comisión llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos y los actos de represión que hoy mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos de la población nicaragüense, así como a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país.

La Carta Democrática de esta Organización constituye el instrumento más representativo de la solidaridad y compromiso que todos los países del Hemisferio han asumido para asegurar que en cada una de las naciones americanas existan las condiciones y estructuras propicias para el goce y garantía de los derechos humanos.

En este sentido, la configuración de crímenes de lesa humanidad y la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua imponen un llamado a la comunidad internacional a actuar del modo más enérgico, especialmente a los países de la nuestra región.

La Comisión Interamericana lamenta la suspensión de la invitación para permanecer en el país ya que fragiliza el compromiso del Estado con los derechos humanos. Además, desde hace tres años, Nicaragua no participa en las audiencias públicas de la Comisión, en el 2017, el Gobierno no autorizó mi entrada al país en mi carácter de Relatora sobre los Derechos de la Niñez y, hasta ahora, nuestras solicitudes de información continúan sin respuesta.

La Comisión reitera su total disposición para dialogar con el Estado de Nicaragua, contrastar cifras, y prestar la asesoría necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, así como restituir las condiciones para el libre ejercicio de los derechos humanos propias de un estado democrático con pleno respeto al Estado de derecho. Además, la Comisión llama al Estado nicaragüense a adoptar medidas urgentes para liberar a los presos políticos, restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas opositoras.

Muchas gracias.