Con motivo del septuagésimo aniversario de la Organización de los Estados Americanos, emprendimos el año pasado
un examen crítico de su realidad actual, que ha sido fecundo pero no ha estado exento de controversia, es
fundándonos en ese examen que importa encarar el futuro y preguntarse acerca del rol de la Organización que está
llamado a cumplir, y sobre todo, el rol que nosotros, los Estados miembros, queremos atribuirle para asumir los
desafíos que debe enfrentar en un contexto regional y mundial cambiante signado por el cuestionamiento al
multilateralismo y a las instituciones intergubernamentales.
Convendremos en que la OEA es el foro hemisférico por
excelencia el único espacio de encuentro que reúne al Caribe con Latinoamérica y con Norteamérica, en cuyo seno nos hemos comprometido mejorar la suerte de nuestros pueblos eliminando la pobreza y la discriminación y a lograr su desarrollo sostenible en paz, y democracia con instituciones sólidas y pleno respeto y garantía a los derechos humanos.

Precisamente, en tanto garante de los valores democráticos, la OEA constituye el organismo propicio para
instrumentar esta cooperación institucionalizada de los Estados democráticos de las Américas y codificar prácticas
nacionales en el derecho internacional.

Desde esa perspectiva la Organización no puede ni debe permanecer impasible, silente ante la violación del derecho
de los pueblos a la democracia, ante la conculcación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Los Estados debemos, tenemos el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil en cualquier lugar donde esto ocurra, así como el juzgamiento de responsables, la restitución de los derechos y reparación a las víctimas y sus familiares.

A diferencia del siglo pasado, cuando la democracia era quebrantada por golpes de Estado militares, hoy se cuartea
muchas veces por nuevos estilos de autoritarismo. Por gobiernos que, pese a haber surgido de las urnas, abrigan
ambiciones desmedidas en la búsqueda de poder absoluto a perpetuidad. Recurren hasta la reforma y promulgación
de constituciones, a la medida que les dan la apariencia de regímenes democráticos.

Nuestra acción en el campo de los derechos humanos se fundamenta en la Carta de Conducta de Riobamba, suscrita
en 1980. Reconocida como la doctrina Roldós, la Carta consagra que la acción externa conjunta ejercida en protección de los derechos humanos no viola el principio de la no intervención.

En consecuencia, no podemos ni seremos
impasibles ante conculcaciones sistemáticas de las libertades fundamentales y promoveremos para resguardarlas la acción colectiva en los foros multilaterales.

Tal ha sido nuestra posición sobre lamentables casos en la región, en particular en Venezuela. De ahí se sustenta
nuestro reconocimiento al Presidente encargado Juan Guaidó y sus representantes en Quito y en la OEA.

En este sentido, también el Ecuador ha liderado el proceso regional articulado para encarar la problemática generada por el continuo éxodo de migrantes venezolanos como consecuencia de la crisis institucional, económica y social de su país.

Tan sólo en el Ecuador, hemos acogido a más de trescientas personas y esperamos según las proyecciones de las
Naciones Unidas, casi medio millón hacia fines del presente año, los seguimos recibiendo con nuestra solidaridad y
tradicional hospitalidad pese a los retos que se plantea al Estado ecuatoriano para la prohibición de servicios básicos
públicos.

Convencido de la validez del diálogo, de la oportunidad de explorar todas las vías de solución pacífica y democrática a la dramática crisis venezolana, mi País participa activamente en el Grupo Internacional de Contacto, auguramos que la Comunidad Internacional a través de innovadores mecanismos pueda facilitar entendimientos entre todos los venezolanos sin exclusión y que los actores internacionales sean relevantes para alentar una salida a través de elecciones libres, democráticas que sea pacífica y que se lleve adelante en un clima de respeto por los derechos humanos.

La situación en Nicaragua también despierta igualmente nuestra preocupación. Tal como se señala en la resolución
1128 (2231), la apreciación colectiva que hace el Consejo Permanente sobre la situación en Nicaragua se inscribe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y se fundamenta en las discusiones que celebra en su seno, en las gestiones y acciones del Grupo de Trabajo por Nicaragua, del cual el Ecuador es miembro, así como en las acciones e iniciativas del Secretario General y los informes que ha presentado en la materia.

A nuestro juicio, la aplicación de la Carta no entraña forzosamente la activación de un mecanismo de imposición de
sanciones. Pretende, más bien, constituir un intento por apoyar una solución dialogada a la crisis que, por sus
características, gravedad e instrumentos aplicables, debe ser evaluada y reflejarse en un pronunciamiento
contundente para bien del pueblo nicaragüense y resguardo de sus libertades y derechos fundamentales.

Señor Presidente

Esta es a demás la ocasión propicia para resaltar que desde dos años atrás el Ecuador ha venido reinsertándose
activamente en los trabajos de la OEA tras un extenso período de desconfianza y recelo. Estamos convencidos que
esta Organización está llamada a responder la enorme responsabilidad de alcanzar los objetivos trazados en su carta constitutiva superando los obstáculos institucionales y discrepancias entre sus miembros.

Ello supone ante todo reflexionar sobre los desafíos estructurales que enfrenta, en especial introducir necesidades necesarias adecuaciones en la gobernanza de la OEA, desde esa perspectiva me pregunto por ejemplo: Si en la era de la diplomacia presidencial, ¿acaso no ha llegado el momento de trabajar hacia la confluencia entre las reuniones de las Cumbres de las Américas con las Asambleas Generales.

Idea que ha sido ya expuesta por otros países en diversas
ocasiones y que cuenta con el apoyo del Estado ecuatoriano.
Por otro lado, la experiencia aconseja instituir una mayor y mejor relación entre el Consejo Permanente y la Secretaría General en pos de los objetivos de la Organización. Respaldamos nosotros este enfoque.

Por su puesto, en los últimos años el respaldo y compromiso con la OEA se ha manifestado de una manera fehaciente.

Ecuador ha sido y será sede de nuevos importantes encuentros sobre actividades que guardan relación con los cuatro pilares de la Organización. En abril acogió el Taller Regional de la Red Interamericana de compras públicas, el Seminario Internacional de expertos sobre sistemas de emergencia y la reunión anual del Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad Subnacional.

En agosto próximo, se realizará la VII Conferencia Regional de Datos Abiertos. Por último, Quito también será sede del
174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que seguirá el III Foro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Tras una década de desconfianza y crítica desmedida a la CIDH, Ecuador
acogerá en noviembre a dicho periodo de sesiones. Creo que esto marca una clara demostración de la voluntad y
entendimiento del Gobierno ecuatoriano sobre la validez y vigencia del Sistema Interamericano a los derechos
humanos.

El Presidente de la República, Ecuatoriano Lenin Moreno Garcés quien fue recibido por el Consejo Permanente, quien
fue recibido por el Consejo Permanente en sesión protocolar el 17 de abril pasado, manifestó que en la cooperación
solidaria al desarrollo en la defensa de los derechos humanos, la Organización encontrará en el Ecuador un decidido país miembro, estamos convencidos de que se trata de asuntos de significación para nuestros países y que, por su trascendencia, son seguidos con atención y expectativa no sólo por la comunidad hemisférica sino también en otras
latitudes.

Señor Presidente:

Sensible a las preocupaciones sociales, el Ecuador saludó el posicionamiento de esas cuestiones en la agenda de la
OEA, ello permite visibilizar la realidad de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades; las personas con
discapacidad, los afrodescendientes, adultos mayores, indígenas, migrantes, refugiados, y personas LGBTI, a través de la inclusión y la equidad social.

Como País celebramos y alentamos dicho enfoque que sale al encuentro del objetivo prioritario del Gobierno del
Ecuador que se plasma en su Plan de Desarrollo "Toda una Vida", que vela por el ejercicio de los derechos de toda
persona desde la concepción hasta la muerte.

Más derechos para todos, sin dejar a nadie atrás, incluyendo las personas vulnerables, tal debe ser a nuestro juicio el compromiso de cada uno de nuestros Países y por supuesto de nuestra Organización.