La corrupción desmesurada y sin precedentes en Venezuela está violando los derechos fundamentales a salud y la vida de todo un pueblo. Debemos actuar para poner fin a esta catástrofe.

Estimados Amigos:

La corrupción es un desafío central para la estabilidad y el crecimiento de nuestra región no sólo porque socava la confianza de los ciudadanos en su gobierno, sino porque tiene repercusiones económicas y sociales para el pueblo. En casos de corrupción extrema, como en Venezuela, genera violaciones masivas de los derechos humanos en un pueblo entero.

La malversación o el desfalco de fondos y recursos destinados a sostener políticas públicas es la forma más evidente en que la corrupción puede traducirse en una violación de derechos. Todas las maniobras mediante las cuales quienes deberían gestionar y administrar fondos públicos se enriquecen personalmente, ya sea directamente o por intermedio de testaferros o terceras personas, contribuyen a violentar esos derechos de la gente.

Venezuela es uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza petrolera y minera está siendo expoliada sistemáticamente por el Gobierno, las fuerzas armadas y grupos criminales que operan con el consentimiento del gobierno.

En la mañana de hoy, analizaremos alguno de los casos de corrupción más relevantes ocurridos en Venezuela, comenzando con la Investigación sobre ODEBRECHT, destacando el caso del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, vinculado al mencionado caso, quien fue beneficiado con transferencias en millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza.

De igual manera, examinaremos el caso de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal, que Según una auditoria de KPMG, durante el periodo que Ramirez dirigió la empresa, la misma generó 1,246 mil millones de dólares, de los cuales, según admitió Ramirez, 480 mil millones fueron entregados a Estado Venezolano. Eso quiere decir que 766 mil millones no han sido contabilizados. En un país de 32 millones de habitantes, eso representa 24,000 dólares por persona.

Como si no fuera suficiente, el sistema cambiario bizantino del país ha sido manipulado por personas en el poder para robarse miles de millones más.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llevado a cabo una vasta investigación sobre una gran trama de corrupción y soborno que involucra a compañías energéticas en los Estados Unidos que trataban de obtener contratos con PDVSA. Roberto Rincon, fue condenado en EEUU por ser parte de una red de corrupción de más de mil millones de dólares.

Otra rama de corrupción que fue investigada en la Florida involucraba a Raul Gorrin, el dueño de Globovisión, y el extesorero de Venezuela, que utilizaron el sistema cambiario venezolano para robarse más de dos mil millones de dólares.

En Venezuela, fiscales que han investigado los casos de corrupción han sido perseguidos, encarcelados o forzados a exiliarse. Las únicas investigaciones de casos de corrupción en Venezuela son fabricadas por el gobierno para perseguir opositores políticos.

Estos son solo algunos de los casos más emblemáticos, cada caso de esos ha sido por más de mil millones de dólares como ustedes pueden apreciar, esto nos debe dar una idea de la magnitud del despilfarro que definitivamente, no tiene precedentes a nivel mundial.

Hay que advertir, que el impacto de esta corrupción no se trata de un mero deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, sino de una importante afectación de los derechos más elementales del pueblo. Cuando los ciudadanos no pueden acceder a alimentos, medicamentos, educación de calidad, servicios de salud y encima se les reprime por el ejercicio de su derecho a la protesta legítima, ese Estado ha perdido su razón de ser.

Todas las teorías que justifican la existencia y organización del Estado, coinciden en sostener que este cumple su objetivo en la medida en que proporciona bienestar a sus ciudadanos, pero cuando es generador de sufrimiento, no se justifica. Ni los venezolanos, ni ningún ser humano, merecen un sufrimiento de esta naturaleza.

Es la corrupción, el eje sobre el cual se ha consolidado en Venezuela un gobierno que siente un marcado desprecio por los derechos humanos, y que de forma progresiva, ha ido perfeccionando mecanismos para vulnerarlos, todo ello bajo el pretexto de proteger al pueblo, tal como si se tratara de una trama.

El Gobierno de Venezuela quisiera hacer pensar a la comunidad internacional que no existe crisis humanitaria, y si existiera, seria a causa de un supuesto bloqueo económico por parte de la clase empresarial venezolana y poderes extranjeros.

Pero cuando el Gobierno y sus testaferros se roban cientos de miles de millones de dólares de recursos públicos, resulta evidente que la causa real de la crisis humanitaria es la codicia desmesurada de la cúpula criminal que gobierna Venezuela.

El resultado es la vulneración de los derechos más fundamentales. Lo vemos en la situación alarmante de falta de alimentos en el país. Un estudio de 2018 publicado por el Observatorio Venezolano de la Salud y la Fundación Bengoa, concluyó que en Venezuela existe “una situación de alta vulnerabilidad respecto a la protección contra el hambre, puesto que los programas existentes no tienen la capacidad de llegar a los sectores que más lo necesitan.”
La Encuesta ENCOVI reporta que “el 80% de los hogares se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria, 9 de cada 10 venezolanos manifestaron que no tienen los suficientes ingresos para comprar alimentos, y el 61,2% se acuesta con hambre por no tener suficientes alimentos en el hogar”.

A esto se le suman las gravísimas cifras reportadas en el informe anual de la Organización Caritas que informa que, para 2017, fallecieron “entre cinco y seis niños semanalmente por falta de alimentación,” cifra que hoy seguramente es mayor.

Hoy para poder comer en Venezuela se recurre al trabajo infantil, la explotación sexual, la prostitución, la mendicidad y la basura.

Vemos los efectos de la corrupción en el tema salud. El número de casos de malaria en Venezuela aumentó de manera considerable en los últimos años debido a la escasez o el costo inasequible de los medicamentos anti-maláricos y el debilitamiento de los programas de control de vectores. Hoy son cada vez más los casos que se conocen, especialmente en poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas.

El sarampión, una enfermedad erradicada en el pasado al igual que la malaria, se ha propagado a 21 de los 24 estados del país y el Distrito Capital en Venezuela. Se ha informado sobre muertes en las comunidades indígenas del estado Delta Amacuro, cerca de la frontera con Guyana.
De acuerdo con el programa nacional contra la infección por el VIH/SIDA, 69.308 de los 79.467 pacientes con infección por el VIH registrados para recibir tratamiento antirretroviral no lo están recibiendo. Quince de los 25 medicamentos antirretrovirales que anteriormente adquiría el gobierno han estado agotados por más de nueve meses.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Hospitales reportó en 2016 y 2017 que casi 90% de los servicios de emergencia en los hospitales públicos registraban fallas intermitentes. Pacientes con enfermedades crónicas han muerto por la falta de medicinas y/o los elevados precios de los medicamentos.

Unos 22.000 médicos han migrado fuera del país. Esta cifra representa aproximadamente 33% de los 66.138 médicos que se informó que había en el país en el 2014. Se suman al éxodo masivo de más de tres millones de venezolanos.

La gravedad de esta crisis humanitaria se ha convertido en la estrategia más amplia de represión en el país, se ha convertido en un arma en las condiciones de vida sumamente deterioradas en Venezuela, utilizando los pocos suministros disponibles para recompensar a los que son activamente fieles al Régimen y reteniendo como castigo los recursos a quienes consideran sus enemigos.

El Régimen venezolano es el único responsable. Esta crisis, generada por la corrupción en todas las esferas del Gobierno y las fuerzas armadas, es el resultado directo de acciones inhumanas por líderes que no les importa el sufrimiento de su gente, permitiendo que sus ciudadanos y ciudadanas mueran de hambre y enfermedades prevenibles.

Cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento de un país y de un pueblo entero, las garantías del derecho han desaparecido por completo.

Estamos frente a una situación de crímenes de lesa humanidad, la cual no podemos permitir que quede impune.
Debemos actuar con energía, y perseguir a los criminales del gobierno y sus testaferros y recuperar todas las ganancias ilícitas que han escondido a través del mundo para el beneficio y la reconstrucción de Venezuela.

Muchas gracias.