Señora Presidenta,
Señoras y señores Embajadores, Representantes Permanentes ante la OEA,
Señor Secretario General o Secretario General Adjunto
Señoras y señores delegados,

Quisiera empezar esta intervención congratulándome de cómo abrimos una vez más las puertas para debatir sobre los derechos y sobre los desafíos que tenemos sobre la igualdad y el cerrar las brechas entre las mujeres y los hombres.

Como Vicepresidenta y como Canciller, me es muy grato poder conversar con ustedes en un momento de la historia como el que estamos viviendo. Es un momento en el cual hemos recogido una gran parte del esfuerzo de generaciones que construyeron un continente más justo y más equitativo para las mujeres, pero que todavía tiene enormes desafíos para la igualdad y para una democracia que incluye condiciones de equidad para las mujeres y los hombres.

Nuestro continente ha sido testigo privilegiado de la valentía de un sinnúmero de mujeres, la mayoría de ellas mujeres anónimas que no se les ha reconocido porque hicieron y trabajaron realmente desde lo cotidiano para ir transformando la vida de sus familias, las vidas de sus comunidades y la vida de sus países; un sinnúmero de mujeres que creyeron en ellas mismas y en sus ideales. Mujeres sobre las cuales nosotras mismas estamos pisando esos caminos de gigantes que nos permiten hoy estar aquí; Mujeres que no se conformaron con el papel que la sociedad les había dado y más bien, construyeron democracia a la hora de construir sus propios derechos, y dedicaron toda su vida a reclamar no solo para sí, sino reclamar para generaciones de niñas y jóvenes, un mundo en donde hubiese un reconocimiento igual para las mujeres y los hombres.  Mujeres que dedicaron su vida y que fueron factores de cambio; Mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas, académicas, activistas, mujeres en todo el continente como Rigoberta Menchú, como Rosa Parks, como Elvia Carrillo, como Bertha Lutz, como Yolanda Oreamuno y como Matilde Hidalgo son apenas una muestra ínfima de la cantidad de mujeres que han sido capaces de transformar nuestras historias.

Para que el futuro de nuestro continente sea el que aspiramos, sea el digno legado de estas luchadoras, de las muchas otras que quedaron simplemente transformando la historia, haciendo lo que debieron de hacer, debemos de atender con compromiso y con responsabilidad los desafíos que aún tenemos pendientes; y esos desafíos son muchos. “La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” o la “Convención de Belém Do Pará” (1994), fue el primer Tratado a nivel global en establecer el derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia, en los ámbitos público y privado, como derecho humano.

La Convención ha servido como una inspiración y una referencia para la modernización de los marcos legislativos en la región permitiendo que los Estados Parte avancen en su obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia. Esta Convención ha generado un importante cambio en la conciencia jurídica del hemisferio y notables avances en las legislaciones nacionales, pero aún no es suficiente porque la realidad de violencia que viven cotidianamente las mujeres sigue allí, porque todos los días, en todo momento, hay niñas que quedan embarazadas en esta región, y esa es la forma más brutal de violencia; porque todos los días tenemos decenas de denuncias de mujeres que todavía hoy viven en las condiciones  de no poder preservar siquiera sus propias vidas.

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y ser educadas libres de estereotipos de género sigue siendo uno de los mayores retos de esta sociedad. La violencia en la familia, en los lugares de trabajo, en la política misma, en los espacios digitales, entre otros, continúa consumiendo nuestras sociedades, a las mujeres, aún a las más empoderadas se les califica absolutamente diferente, se les exige más, se les reconoce menos.

El femicidio es la expresión más dramática de la violencia y la discriminación contra las mujeres por su simple condición femenina. Reconocer y combatir este fenómeno es aún un asunto pendiente en nuestra Región. Según las estadísticas de la CEPAL, la información oficial de 16 países de América Latina y el Caribe indican que solo en 2017, 2554 mujeres fueron víctimas de femicidio, es decir 7 mujeres por día murieron solo por el hecho de ser mujeres. Y lo más grave no es eso, lo más grave es que es que la cifra reportada en 2017 es superior a la del año 2016, lo cual ratifica que este flagelo no disminuye pese a los esfuerzos que están haciendo los Estados por implementar medidas para prevenir y erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Debemos duplicar los esfuerzos para aplicar medidas integrales destinadas a reducir los factores de riesgo y eliminar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres. Debemos de ser capaces de construir ambientes que promuevan un trato justo, un trato con respeto, un trato igualitario, un trato que no esté cruzado por la violencia. Se requiere la adopción, sin demora, de normas que sancionen y aseguren sistemas educativos libres de violencia y de estereotipos de género, y que promuevan transformaciones sociales y culturales reales a favor de los derechos de las mujeres. Desde la primera infancia tenemos que utilizar todas las herramientas educativas para generar relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas, libres de estereotipos de violencia, libres de discriminación, donde las criaturas naciendo mujeres se sientan libres y protegidas desde el primer momento de su vida.

En la región, se ha dado un progresivo fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para dar respuesta a las diferentes violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres y las niñas, especialmente en los ámbitos de la justicia, pero aún queda mucha labor por realizar, especialmente en desarrollar las capacidades estatales en materia de protocolos para ámbitos de la justicia no penal y los sectores de educación y salud.

Pero, además, debemos de reconocer que la discriminación y la violencia hacia las mujeres se agudiza cuando estas son mujeres indígenas, cuando somos mujeres afrodescendientes, cuando son mujeres que viven en el campo, cuando son mujeres que han estado y que tienen una brecha mayor de desigualdad producto de las desigualdades cruzadas que tenemos.

Por esto, resalto y reiterado el trabajo realizado por el Comité de Expertas del MESECVI, sobre la importancia de promover e incentivar actividades de formación y capacitación relativas a las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres dirigidas al personal docente, a los estudiantes de los centros de educación de todos los niveles de enseñanza, así como la adecuación de los programas de estudio, material educativo con la finalidad de verificar que no se reproduzcan estereotipos.

Señora presidenta,

ONU Mujeres confirmó que las mujeres siguen sobre representadas en los hogares más pobres, y continúan enfrentando las mayores dificultades para lograr su verdadero empoderamiento económico, empoderamiento social, empoderamiento político y su plena autonomía. El Panel de Alto Nivel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres del Secretario General de Naciones Unidas, el cual fue copresidido por Costa Rica entre marzo de 2016 y marzo de 2017, identificó acciones claves que los estados deben de seguir para un verdadero empoderamiento económico de las mujeres con el afán de avanzar hacia la equidad de género y mejorar la situación económica de las mujeres en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. 

Este Panel se propuso visibilizar las brechas entre las mujeres y hombres, trabajar en compromisos y sinergias para poner en marcha acciones concretas que logren el empoderamiento de las mujeres como lo es, por ejemplo, la bancarización de las mujeres en la búsqueda de reducir la brecha existente entre las mujeres y los hombres en el mundo financiero. Sin duda el empoderamiento de las mujeres en este ámbito requiere una reflexión y la toma de decisiones absolutamente contundentes, pues es un tema estructural que está en la base de la desigualdad, así como la división sexual del trabajo productivo y reproductivo.

Superar la brecha económica no puede estar desligado del derecho de todas las mujeres y niñas a acceder y recibir una educación de calidad que les brinde las herramientas necesarias para construir su futuro. No puede estar separado del proceso de sensibilización para que más hombres sean aliados del empoderamiento económico de las mujeres.

El otro espacio en el que debemos profundizar el esfuerzo es en visibilizar a la mujer mediante la adopción de metodologías que permitan desagregar la información producida por el Estado, la identificación de los grupos poblacionales a los cuales van dirigidas las políticas públicas que permitan que las leyes y políticas para la protección e inclusión de las mujeres para que sean integrales y que alcancen a todas las poblaciones pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y/o afrodescendientes, a las mujeres con discapacidad física o psicosocial, a las mujeres adultas mayores, a las mujeres migrantes, entre otras.

Los Estados debemos adoptar un conjunto de políticas y medidas de toda índole que salvaguarden los derechos de las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público como privado, y que sean efectivas en construir una cultura respetuosa de los derechos humanos, que luchen contra el femicidio, la trata, la explotación sexual, el embarazo forzado de niñas en nuestra región, la explotación comercial, el hostigamiento, que cubran las necesidades esenciales de grupos de mujeres y niñas que enfrentan obstáculos adicionales con niveles altos de vulnerabilidad, con violencia, en  situaciones de pobreza y exclusión, a todas las barreras lingüísticas que muchas veces las colocan en una situación de mayor desventaja.

En el caso de Costa Rica, contamos con dos políticas muy específicas, que el Instituto Nacional de la Mujer, institución autónoma de rango ministerial tiene bajo su cargo.   

Una es la “Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades 2017-2032”, desde el enfoque de derechos en concordancia con la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.  Con ella se cumple el compromiso del Estado costarricense de promulgar leyes donde se obliga al Estado costarricense a: “Promover políticas públicas, planes, programas, propuestas jurídicas, proyectos o acciones que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho humano a vivir libre de violencia”.(1)

Por otro lado, quisiera mencionar para ir terminando, la “Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030”, la cual también responde a los compromisos internacionales sobre los derechos humanos que garantizan una igualdad efectiva, sustentado en que Costa Rica está comprometida con la protección de los derechos de las mujeres. El objetivo de esta política es avanzar en la igualdad, vista como una obligación y prioridad del Estado. Se busca además la reducción de los nudos estructurales que hacen, recrean y refuerzan las desigualdades y que impiden el avance efectivo en la igualdad.

Las implementaciones de estas acciones representan un reto para el país, por ello es que las alianzas estratégicas entre los tres Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones son imprescindibles.

Costa Rica tiene, y el gobierno actual costarricense ha implementado una política de paridad de género. El gabinete de nuestro gobierno es más que paritario, más de la mitad de las que estamos sentadas en el gabinete del presidente Alvarado Quesada somos mujeres y ese es un compromiso real. Casi la mitad de las que están ocupando hoy curules en la Asamblea Legislativa son mujeres. Pero tenemos muchísimo que hacer como lo tienen que hacer muchos países.

Finalmente señora Presidenta, quisiera referirme a los 90 años de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la “Convención de Belém Do Pará” y el “Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer”,  han contribuido estos instrumentos, indiscutiblemente, a desarrollar políticas públicas en materia de protección de derechos de las mujeres y han tenido un impacto relevante en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Nos corresponde continuar escribiendo la historia y por eso debemos enfocar nuestros esfuerzos para afianzar los pasos con el fin de garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres de toda la región, de todos los derechos y de todas las mujeres. La tarea estará completa solo cuando ninguna mujer o niña sufra de violencia o discriminación, cuando todas las mujeres seamos libres de expresarnos sin temores, cuando las mujeres podamos aspirar a todos los puestos y tengamos la posibilidad de dirigir nuestros países a la par de los hombres.

Los desafíos que tenemos las mujeres en la nueva sociedad son inmensos. La “Generación de la luz”, esa generación de niñas y jóvenes menores de 25 años heredarán una sociedad más justa, y tenemos que hacer nosotros el esfuerzo para que tengan el camino más llano, para que efectivamente construyan democracias más sólidas, para que realmente podamos vivir con toda certeza países justos con inclusión para todas las mujeres y todos los hombres.
Muchas gracias.

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