Son millones ya los migrantes y refugiados venezolanos que han huido de su país hacia otras tierras con la esperanza de reestablecer sus derechos más básicos, su libertad, su dignidad.  El colapso de éste país hermano, a cargo de un régimen indolente, nos tiene que importar a todos, por los venezolanos que están en Venezuela, pero también por los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse hacia otras regiones, hacia otros países. La magnitud y las razones de este éxodo, su vertiginoso incremento, y la diversificación de destinos son un ejemplo claro de las consecuencias del quiebre democrático en Venezuela, y de una crisis sin precedentes en la historia de la región, de éste país especialmente. Las consecuencias de la crisis en Venezuela la sufren principalmente los venezolanos. Pero el éxodo masivo de personas también está significando una presión importante para varios países de la región, que aún con el espíritu más solidario, tienen limitaciones para responder adecuadamente a las necesidades de sus poblaciones, y a los venezolanos que llegan diariamente. Ningún país puede, o debe, absorber toda la carga. Ningún país puede, o debería enfrentar la oleada de venezolanos migrantes y refugiados, de forma aislada. El abordaje debe ser colectivo con un enfoque de responsabilidad compartida.

La simultaneidad del estado de crisis en todos los ámbitos posibles, parecen ser la “nueva cotidianidad” del actual régimen venezolano. A lo largo de este último periodo, todos hemos visto como ha caído y cae en picada, en forma libre el funcionamiento de varios aspectos centrales de la vida social, económica, democrática de la propia vida de la gente.

En Venezuela persiste la crisis política.

Un país donde los mínimos del orden democrático se violentan a los ojos del mundo. Diariamente. Hoy no existe pluralidad. La mayoría está amenazada o ha sido puesto en prisión, los presos políticos son torturados, abusados, violados.

Definitivamente, como se ha señalado, por carecer de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos, ni haberse desarrollado sin las garantías necesarias para procesos libre, justo, transparentes y democráticos, se ha declarado por parte de la última Asamblea General como fraudulenta la elección del 20 de mayo en Venezuela. Por otro lado, la certificación de la Secretaría General al lunes 3 de septiembre de este año, da cuenta aún de 248 presos políticos y de 7,324 personas que siguen sometidas a juicios penales por motivos políticos.

La más reciente víctima es el Diputado Juan Requenses, quien ha sido detenido, violando sus derechos básicos, vejando de su dignidad y juzgándolo injustamente. Sin respetar su fuero parlamentario, ha estado prácticamente incomunicado y las instituciones pertinentes no han producido informe alguno.

La aniquilación sistemática de la Asamblea Nacional comenzó en marzo de 2017 cuando fue despojada de sus funciones. La reciente imposición del Carnet de la Patria, como requisito para que la gente pueda tener acceso a derechos y a servicios básicos es el más reciente mecanismo para mancillar la dignidad de los venezolanos, y para institucionalizar el control político y social de los ciudadanos que tanto persiguen. Los seres humanos son sujetos de derechos, no un número más en la nómina del control de un régimen. El derecho a la alimentación, a la salud, a comprar combustible, a estar en una escuela o acceder a una universidad, son inalienables y no deberían depender jamás de si se tiene o no un carnet.

En Venezuela persiste la crisis alimentaria.

La situación sobre el derecho a la alimentación en Venezuela también tiene que continuar siendo un motivo de alarma. Tal como advierte un estudio de 2018 publicado por el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición (1) , durante los últimos años la significativa reducción de la producción nacional en Venezuela, aunado a una importante caída de las importaciones, han agravado la situación alimentaria del pueblo. Además, la situación de hiperinflación hace que sea materialmente imposible para millones de hogares acceder a la canasta básica. Todo esto es “una situación de alta vulnerabilidad respecto a la protección contra el hambre, puesto que los programas existentes no tienen la capacidad de llegar a los sectores que más lo necesitan”.

La Encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos realizada por tres universidades reporta que “el 80% de los hogares se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria, 9 de cada 10 venezolanos manifestaron que no tiene los suficientes ingresos para comprar alimentos, y el 61,2% se acuesta con hambre por no tener suficientes alimentos en el hogar”.

A esto se le suman las gravísimas cifras reportadas en el informe anual de la Organización Caritas que informa que, para 2017, fallecieron “entre cinco y seis niños semanalmente por falta de alimentación”, cifra que hoy seguramente es mayor. Estamos hablando de que un niño o niña mueren en Venezuela diariamente por desnutrición. Al mismo tiempo, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), explicó que actualmente aproximadamente un 60% de la población infantil se encuentra desnutrida (2).

Hoy para poder comer en Venezuela se recurre a todo, a la basura, al trabajo infantil, la explotación sexual, la prostitución y la mendicidad, incluso comiendo de las bolsas de basura en las vías públicas. Además, cada día que pasa se está comprometiendo el futuro de toda una generación de niños y niñas, no solamente los que ya han muerto por desnutrición y enfermedades prevenibles, sino los que quedan y tendrán que vivir con las graves secuelas de la desnutrición.

El poeta venezolano Andrés Eloy Blanco decía que cuando tenemos hijos “se tienen todos los hijos de la tierra, los millones de hijos con que las tierras lloran, con que las madres ríen, con que los mundos sueñan”.(3)  Son nuestros también estos niños y niñas que mueren diariamente en Venezuela, no podemos permitirnos ser indiferentes.

En Venezuela persiste la crisis de salud.

En lo que respecta al ámbito de la SALUD, la Constitución (4)  fija la obligación del Estado de generar un sistema nacional de salud gratuita e integral que dé prioridad a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento oportuno y la rehabilitación de calidad.

El panorama actual, sin embargo, no puede estar más alejado de este objetivo.

El número de casos de malaria en Venezuela aumentó de manera considerable en los años 2015 (136.000), 2016 (240.000) y 2017 (406.289) en parte debido a la escasez o el costo inasequible de los medicamentos anti-maláricos y el debilitamiento de los programas de control de vectores. Hoy son cada vez más los casos que se conocen, especialmente en poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas.

El sarampión, una enfermedad erradicada en el pasado al igual que la malaria, se ha propagado a 21 de los 24 estados del país y el Distrito Capital en Venezuela. Entre el primer caso confirmado de sarampión en julio 2017 y junio 2018, se han registrado 2.285 casos confirmados, de los cuales 1.558 ocurrieron en el 2018. Se ha informado sobre muertes en las comunidades indígenas del estado Delta Amacuro (33 muertes), cerca de la frontera con Guyana.

El número de casos nuevos de infección por el VIH aumentó 24% entre el 2010 y el 2016. De acuerdo con el programa nacional contra la infección por el VIH/sida, 69.308 de los 79.467 pacientes con infección por el VIH registrados para recibir tratamiento antirretroviral no lo están recibiendo. Quince de los 25 medicamentos antirretrovirales que adquiere el gobierno han estado agotados por más de nueve meses.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH)(6)  que desde 2014, monitorea la dotación de centros de atención públicos y privados en todo el país, reportó en 2016 y 2017 que casi 90% de los servicios de emergencia en los hospitales públicos registraban fallas intermitentes(7) . Esta situación somete a los usuarios del sistema público de salud a listas de espera cada vez más largas, a ser atendidos con velas, a terminar operaciones con la luz de un celular.

63,6% de los servicios pediátricos de los hospitales públicos no cuenta con fórmulas para recién nacidos… 63,6% de los servicios pediátricos de los hospitales públicos no cuenta con fórmulas para recién nacidos.

Y un 63% de los centros asistenciales sufren fallas de agua(8) … 63% de los centros asistenciales sufren fallas de agua.

En 2017, la escasez de medicamentos afecta al 78% de los hospitales públicos, que también reportan fallas de otros insumos como material médico quirúrgico (75%) y catéteres (76%)(9) .

A su vez, según la Federación Médica Venezolana, hospitales y ambulatorios del país han perdido alrededor de un 24% del personal médico disponible, y en algunas especialidades como anestesiología y pediatría ese porcentaje puede alcanzar el 90%(10) . Unos 22.000 médicos han migrado fuera del país. Esta cifra representa aproximadamente 33% de lo que se informó que había en el país en el 2014.
Estas y otras circunstancias nos ilustran las condiciones precarias de salud que padecen los venezolanos en la actualidad, que afectan severamente su calidad de vida y los colocan en una situación de vulnerabilidad.

En Venezuela persiste la crisis económica.

Venezuela vive una recesión económica que se ha venido acumulando desde hace 4 años consecutivos con una bancarrota comparable a las peores de las economías en guerra. La desastrosa gestión de la economía por parte del régimen ha llevado a una inflación galopante que recientes estimados calculan que alcanzará el 1 millón por ciento para fines del año.(11) 1 millón por ciento…

Esta situación, es definitivamente sin precedentes.

Esto sumado a la escasez de productos básicos en lo que una vez fue un país próspero, ha ido empujando a muchas personas a la pobreza lo cual hace que el día a día sea cada vez más difícil de sobrellevar para los venezolanos.  En el año 2017, la Encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos (ENCOVI)(12)  reportó que el 87% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 61,2% corresponde a pobreza extrema. En el contexto hiperinflacionario que se está constatando en Venezuela. Muy pronto todos los hogares venezolanos estarán por debajo de la línea de la pobreza.

Los venezolanos tienen que recorrer un laberinto de filas para comprar productos básicos.

En enero de 2018, de acuerdo a datos de la Federación Venezolana de Maestros, una familia necesitaba diariamente casi 5 salarios mínimo diarios, para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. En total, un trabajador requería ganar 142,4 salarios mínimos, el equivalente a casi 12 años de trabajo, para poder pagar la canasta de enero.(13)

La hiperinflación en Venezuela no solo impacta el bolsillo de los ciudadanos sino que mantiene en jaque a los comerciantes y a las empresas.

De acuerdo a las estimaciones  del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela (Consecomercio), al cierre del 2018 se encontrarán en riesgo de cerrar unas 18.000 empresas, lo que equivale a unas 1.500 al mes.(14)

La principal empresa del país, PDVSA, atraviesa por una situación de desorden y corrupción que se ve reflejado en juicios internacionales y en la economía nacional. De acuerdo con la firma Ecoanalítica, la estatal petrolera redujo su producción en 300.000 barriles diarios.

Esto no hace sino confirmar el estado de congelamiento del sector productivo ante unas condiciones que no son sostenibles de ninguna manera.

Más recientemente en el mes de agosto el gobierno anunció un paquete de medidas económicas las cuales implican todavía más sufrimiento para la gente, el Carnet de la Patria se incorpora como mecanismo para operativizar un supuesto sistema de subsidios a los ciudadanos para que accedan a precio preferencial de la gasolina.

Mala gestión, manipulación de la vulnerabilidad de la gente, desorden y corrupción, son criterios. El sufrimiento de la gente, la falta de derechos, la falta de alimentos, la falta de salud, la muerte por falta de alimentos, la muerte por falta de salud son las realidades del pueblo.

La persistencia de todas estas crisis ha trastocado la historia de migración de Venezuela que antes acogió a migrantes de diversos lugares, y hoy expulsa tanto a estos migrantes arraigados en sus tierras como a su propia población.

En Venezuela, y en la región, hay hoy una crisis de migrantes y refugiados.

Este éxodo de venezolanos está causando grandes desafíos inmediatos para los países receptores, poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos y de las comunidades para responder de acuerdo a los estándares internacionales y de manera coordinada. Aunque hay muchos retos, quiero resaltar la necesidad de trabajar en la regularización de estos nacionales venezolanos. La regularización es la puerta de entrada para su integración en la sociedad de destino. La irregularidad, en cambio, dificulta su acceso a empleo formal, aumenta la informalidad de las economías, y puede dar lugar a nuevas violaciones de derechos humanos, incluidas por ejemplo la entrada en redes de prostitución a la trata y tráfico de personas, incluyendo de niños y niñas, la explotación laboral y trabajo forzado, entre otras.

A raíz de recientes reportes sobre ataques a migrantes venezolanos, otro reto que es vital atender es la discriminación y xenofobia contra los venezolanos en los países de destino. La xenofobia está basada en prejuicios, y los prejuicios se aprenden y se pueden desaprender. Desde nuestra actuación en lo individual, y a nivel colectivo debemos mostrar empatía, y solidaridad con estos hermanos venezolanos que no se desplazan voluntariamente, sino que lo hacen escapando de un régimen que día a día vulnera sus derechos más elementales.

Para responder a estos retos, debemos comenzar por establecer consensos regionales y edificar consensos subregionales sobre la existencia de una Crisis de Refugiados y Migrantes venezolanos, ya tenemos suficientes datos de fuentes confiables que así lo certifican.

Es vital también considerar colectivamente la aplicación de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados(15)  de 1984 a la situación de estos venezolanos desplazados. Esta conceptualización expandida de las condiciones para otorgar protección a estas poblaciones permitirá concederles los derechos denegados en su país de origen, y de habilitar mecanismos para asegurar su estabilización en los países receptores. Permitirá también generar condiciones para su retorno cuando se logre redemocratizar Venezuela.

Asimismo, quiero invitar a los países miembros de la Organización a generar espacios de coordinación, con participación de todos los países, en los siguientes puntos:

1. La armonización de los requisitos de entrada y de las opciones de regularización.
2. El otorgamiento de permisos de trabajo, acompañando la solicitud de regularización.
3. Acordar un régimen compartido de homologación de títulos académicos y profesionales, así como de inserción educativa en los niveles de primaria secundaria. La implementación de un plan de acceso al sistema escolar para niños, niñas y adolescentes migrantes.
4. La facilitación del acceso de los desplazados venezolanos a los servicios públicos de salud en las mismas condiciones que los nacionales.

La Secretaría General de la OEA se encuentra coordinando acciones con agencias socias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD), entre otras agencias multilaterales, así como con actores clave de la sociedad civil y la diáspora venezolana para evitar la duplicación de esfuerzos y potenciar recursos limitados disponibles.

Desde la OEA, como foro político, estamos también listos para precisamente construir respuestas coordinadas a nivel regional. Podemos servir como una plataforma de información sobre necesidades y sobre lo que están haciendo todos los actores, conectado iniciativas, y promoviendo la recaudación de fondos para las agencias y las organizaciones.

La SG/OEA también tiene la capacidad para facilitar el proceso de diálogo regional para la necesaria armonización de condiciones de acogida de venezolanos, que necesariamente llevará a una mejor distribución de la carga.

Debemos mantener el diálogo regional para Migrantes y Refugiados Venezolanos con participación de las más altas autoridades.

Es igualmente vital reunir a los líderes locales y municipales, que son quienes asumen el día a día en la atención de estas poblaciones, para intercambiar soluciones locales en la acogida de venezolanos.
Podemos también apoyar con la provisión de cooperación técnica a autoridades gubernamentales con la prevención de la Xenofobia y Discriminación contra migrantes y refugiados venezolanos, e implementación de campañas regionales anti-Xenofobia y Discriminación por todos los canales OEA.

La reflexión de hoy debe llevarnos a entender que es necesario generar condiciones para compartir la carga en la atención de los flujos venezolanos entre países. Para esto es vital continuar la discusión regional, para armonizar los marcos legales y las condiciones de acogida a los venezolanos de forma tal que aquel país que brinde las condiciones de apertura más favorable no termine asumiendo la mayoría de la carga. El burden-sharing como se habla en el marco del Pacto Global de Refugiados, es un principio fundamental en la atención de la crisis de desplazamiento de venezolanos en la región.

Agradezco mucho señora presidente.