Amigas y amigos,
Es un honor dirigirme al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la más importante instancia y la más antigua, donde nuestro hemisferio piensa y articula sus relaciones en pos de la democracia, la seguridad, la protección a los derechos humanos, y el desarrollo.

Es especialmente significativo volver como Presidenta de Chile. Durante mi anterior gobierno, visité dos veces este Consejo Permanente.

Este edificio tiene un enorme valor simbólico para mí, en mi camino de servicio público, así como tiene enorme relevancia para los Estados que pertenecen a esta organización.
La OEA ha sido no sólo testigo, sino importante agente de los recorridos y progresos que ha hecho nuestra región, acompañando con una perspectiva relevante las transformaciones de nuestras sociedades y las tareas que ellas nos imponen para el futuro.

La OEA ha hecho una contribución fundamental en la elaboración y difusión de los principios y valores que sustentan a nuestras sociedades y orientan nuestras relaciones regionales.

Ella es depositaria de un valioso patrimonio común de Derechos, de la Institucionalidad Interamericana, así como de programas e instrumentos que han promovido de manera decisiva la democracia, la justicia y la paz en nuestras sociedades.

Ese patrimonio construido con esfuerzo y con éxito entre todos está al servicio de sociedades que cambian.
Y las Américas están cambiando aceleradamente. Por eso debemos ser capaces de actualizar los objetivos permanentes de esta organización y de nuestras relaciones regionales, de cara a las nuevas realidades hemisféricas.

Luego de los años sombríos de las dictaduras, conquistamos con esfuerzo nuestra democracia política y reivindicamos el derecho a la justicia, la integridad, la libertad y un conjunto de reivindicaciones esenciales.

Esto es, el derecho a soñar con un camino de progreso elegido soberanamente por los pueblos que componen esta organización.

Avanzamos decididamente en ampliar los derechos sociales en el marco de la gobernabilidad financiera y política.
Los resultados han sido positivos: hoy los países de la región tienen gobiernos democráticamente elegidos, han reducido la pobreza y ofrecen nuevas oportunidades a sus habitantes.

Estos cambios han creado ciudadanos más conscientes. Ciudadanos críticos e informados que hoy exigen más de sus autoridades y sus sociedades. Exigen mayores niveles de bienestar, más oportunidades, más derechos y libertades.
Exigen mayor incidencia en los procesos de toma de decisión nacionales y son más activos en la defensa de sus derechos. Y en buena hora.

En definitiva, este proceso de empoderamiento ha conducido a una demanda por la consolidación y ampliación de la democracia y un modelo de desarrollo que reparta con más justicia los frutos del progreso.

Por supuesto que este proceso, positivo en sí mismo, toma formas diversas en cada uno de los países de la región. Es así como hoy el mapa de América Latina y el Caribe está marcado por iniciativas de cambio social.

Este es también el caso de Chile. Luego de dos décadas de progreso, hemos experimentado los límites de algunas políticas para hacer frente a una sociedad más demandante y con más derechos. También hemos experimentado los obstáculos al desarrollo que implican las inequidades.

Las múltiples desigualdades, la concentración en la producción de materias primas y el lento crecimiento de la productividad, así como los límites de nuestra institucionalidad política son frenos al desarrollo.
Son barreras que demoran el progreso, generan exclusión y nos impiden enfrentar las exigencias modernas del desarrollo.

Por eso, Chile ha puesto en marcha un ambicioso programa de reformas. Un programa que no pretende refundar un país. Se trata de una apuesta transversal de una sociedad que reconoce los enormes avances sociales, políticos y económicos de las últimas décadas, pero que sabe mirar de frente sus tareas pendientes.

Se trata de un proceso gradual, responsable y serio que busca potenciar las posibilidades de crecimiento sostenido para Chile.

Hablamos de reformas en lo social, lo económico y lo político, que aseguren las condiciones de cohesión social e inversión en crecimiento y productividad que nos permitan acceder a un desarrollo pleno, inclusivo y sustentable.
Ustedes seguramente lo saben y lo conocen: estamos iniciando una reforma estructural a la educación en todos sus niveles, de modo que sea una fuente de realización personal y de igualdad social. Pero también, queremos que la educación sea efectivamente el motor de un desarrollo basado en el conocimiento.

También hemos puesto en marcha una reforma al sistema tributario para disponer responsablemente de los recursos que requerirá esa reforma. Al mismo tiempo, esta reforma busca asegurar condiciones de equidad y de redistribución de ingresos que nos permitan apostar por el ahorro y la inversión, impulsando con fuerza a las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, iniciaremos un proceso participativo, democrático e institucional de cambio a nuestra Constitución, de manera de ampliar y profundizar nuestra democracia y mejorar los mecanismos de participación y representación.
Sabemos que los cambios que, al igual que Chile, han emprendido otros países de la región, pueden tener diferentes énfasis, distintos horizontes de tiempo y distintos instrumentos económicos y políticos.

América representa una enorme diversidad de realidades y una gran riqueza cultural que no admite estandarizaciones. Comprendemos las diferencias y particularidades de cada país y comprendemos, también que esas particularidades propicien respuestas variadas para problemas a veces similares.

Lejos de ser un obstáculo, es una reafirmación de nuestros matices y una expresión de nuestras soberanías democráticas.
Esa diversidad, sin embargo, no condena a la soledad a nuestras naciones. Al contrario, es un impulso para articularnos y complementarnos. Es un aliciente para las alianzas y la acción conjunta.

Y cuando digo “acción conjunta”, me refiero a las diversas instancias de cooperación y multilateralismo que coexisten y se refuerzan entre sí en la región.
Chile cree que estos múltiples mecanismos enriquecen las posibilidades de integración y en ellos vemos el reflejo de un continente que conoce sus diferencias pero es capaz de distinguir objetivos comunes de enorme importancia.

En torno a esos objetivos comunes debemos revitalizar nuestro diálogo.
En otras palabras, Chile promueve una estrategia de convergencia en la diversidad.

Cada región tiene su aporte que hacer y la OEA es el natural puente de entendimiento entre las diferentes realidades que enfrentamos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) sigue constituyendo el Foro principal en el contexto hemisférico. Y es por esto que tenemos una tarea pendiente en su fortalecimiento.


Debemos comprometernos con un Sistema Interamericano que entrega principios y valores centrales para nuestra organización social y nuestra cultura democrática. Un sistema que fomenta el desarrollo de las instituciones y del Estado de Derecho y la solución pacífica de las controversias.

Hoy, tal vez el principal desafío que tiene esta Organización es coexistir con otros referentes regionales de integración, por ejemplo UNASUR o CELAC, entendiendo que los procesos de integración no son excluyentes, sino que se pueden apoyar entre sí.

En este sentido, respaldamos y valoramos la visión estratégica propuesta por mi compatriota, el secretario General de la OEA, mi querido José Miguel Insulza.
Esta mirada representa el desafío que tenemos para fortalecer el multilateralismo y la colaboración entre Estados.

Entendemos y compartimos la necesidad de esta Organización de reafirmar las tareas que históricamente le han sido propias, pero asumiendo un compromiso de actualización y cambio permanente, para propiciar una mirada sólida y articulada del continente americano, con toda su diversidad.
Somos una región por principio multilateral.

Pese a los tropiezos del pasado, América tiene la necesidad de integrarse, y debemos complementar estos procesos a través del trabajo conjunto.

La CELAC y UNASUR son espacios de diálogo y concertación, y creo firmemente que la OEA puede apoyar y colaborar activamente en los proyectos que surjan en estas instancias.
Sabemos que como continente tenemos problemas en común, que debemos resolver también en conjunto.

Chile reconoce la exitosa labor de la OEA para abordar algunos de ellos, como la promoción y protección de los Derechos Humanos y de la Democracia; la lucha contra las drogas, la seguridad hemisférica y el desarrollo integral.
En síntesis, a pesar de las legítimas divergencias, tenemos una coincidencia esencial: la necesidad de generar, desde la acción coordinada de los Estados, crecientes niveles de equidad, justicia social y bienestar para todos los habitantes de cada uno de nuestros países.

Cómo reducir las brechas de desigualdad y potenciar el crecimiento de nuestras sociedades es una pregunta común entre los países que nos encontramos en el seno de esta organización.

Chile no cree que haya una sola respuesta posible a esta pregunta. No creemos en fórmulas unívocas. Pero sí creemos en el diálogo convergente, como el registrado en la última Asamblea General realizada en Paraguay, que tuvo como tema principal el Desarrollo con Inclusión Social.

Y si queremos hablar de terminar con los diversos tipos de discriminaciones y exclusiones, debemos partir por una certeza: no hay exclusión más brutal que la negación de los derechos humanos de una persona.
En América Latina sabemos lo que es la violación a los derechos humanos, vivimos terribles dictaduras; vivimos la violencia institucionalizada como proceso de Estado y conocemos las enormes y duraderas heridas que los abusos y las vulneraciones de este tipo implican para nuestras sociedades.

En esos duros momentos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un faro de justicia, y cumplió un rol fundamental para denunciar y visibilizar temas como la tortura, la desaparición y la prisión política.
Esta es una contribución invaluable que no olvidamos y que debemos resguardar.

Es por esto que Chile, ha respaldado decididamente la labor de promoción y protección que realiza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En este sentido, valoramos la visita que hará a Chile la relatora Comisionada Rose Marie Antoine, quien podrá entregarnos una perspectiva completa de los desafíos que enfrentamos como país en esta materia.

Creemos, por cierto, que es necesario seguir perfeccionando este Sistema. Ello implica considerar y acoger las inquietudes de los países miembros para corregir los desbalances hoy existentes.
Pero tenemos otras tareas pendientes en materia de derechos humanos.

Partiendo por la voluntad política de los Estados. No es aceptable que apenas 23 países miembros de la Organización hayan ratificado o adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Debemos lograr que los 35 Estados Miembros se hagan parte de este proceso, como muestra de que estamos efectivamente comprometidos como región con los derechos de las personas.
Esta es una de las primeras tareas que tenemos si nuestro propósito es terminar con las inequidades que aún sufren millones de personas en nuestro continente, incluyendo los más débiles y vulnerables: las poblaciones indígenas, los afro-descendientes, las mujeres, y las comunidades locales.
A modo de ejemplo, Chile, junto a otros países, presentó un proyecto de resolución que fue aprobado en la Asamblea General de Paraguay sobre, y voy a citar, “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el ámbito Empresarial”, para dar cuenta de los nuevos retos en esta área de creciente importancia.

Y si hablamos de brechas de equidad, sin duda que en materia de género tenemos una amplia brecha que cerrar. Porque tanto en lo social y cultural, como en lo económico y en lo político, nuestras sociedades están al debe con las mujeres.
El informe sobre Trabajo Decente e Igualdad de Género de la OIT, ONU Mujeres, el PNUD, la Cepal y la FAO, sostiene que si América Latina y el Caribe quieren abordar eficazmente sus desigualdades, se deben concentrar esfuerzos y recursos en políticas públicas orientadas hacia las mujeres.
Ellas son las más vulnerables a la pobreza y son quienes reciben los salarios más bajos, a pesar de que destinan alrededor del 90% sus recursos en mayor medida al bienestar familiar.

Sabemos que en las últimas décadas se produjo una masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo en América Latina.
Sin embargo, a pesar de que la tasa de participación laboral femenina regional aumentó más de tres puntos porcentuales en la última década (de 49,2% en 2000 a 52,6% en 2010), la brecha de género sigue siendo importante.
Aún las mujeres enfrentan mayores niveles de desempleo (9,1% las mujeres y 6,3% los hombres), y son más de la mitad del total de las personas desocupadas en la región.
Pero lo que es aún peor, además, las mujeres que trabajan viven mayores niveles de precariedad laboral, tienen menos probabilidades de trabajar como asalariadas que los hombres y finalmente el trabajo no implica salir de la pobreza que es uno de los buenos propósitos de lograr un empleo.

Si además consideramos las brechas de ingreso en las remuneraciones de hombres y mujeres a igual trabajo, el escenario es francamente desalentador.
Esto explica que, a pesar de una buena noticia, cual es que la pobreza en América Latina tiende a la baja, se ha ido generando una “feminización de la pobreza”.
Este problema se agrava si pensamos que en los cargos de liderazgo y representación tampoco hay participación equitativa de las mujeres.

En el caso de Chile, aunque quien les habla es una Presidenta -y hoy en día tenemos una Presidenta mujer, una Presidenta del Senado mujer, una Presidenta de la Central Única de Trabajadores, la más grande sindical de Chile es mujer- aun las mujeres representan solo el 16 % de la Cámara de Diputados y el 18% del Senado. Y mientras que el promedio en América Latina es de un 20 % y el de la OCDE es cerca del 25%.

Entonces, lo que estamos haciendo, es perder como región y como país, enormes potencialidades y capacidades que tienen nuestras mujeres. Y para reparar todas estas desigualdades no bastan muchas veces los esfuerzos aislados que pueda hacer cada Estado: necesitamos una acción coordinada y colaborativa.

Y en este sentido, quiero destacar el rol de la Comisión Interamericana de la Mujer para promover políticas de inclusión en temas de género.

Pero hay otro tema altamente preocupante, en una región que busca progresar con justicia social y también ir modernizándose. Esta Comisión ha trabajado intensamente, además, en otro tema que afecta a millones de mujeres y niñas en América: la violencia y el abuso.
Quisiéramos que las cifras en esta materia hubiesen disminuido a una velocidad mucho mayor en estas décadas, pero no ha sido así, a pesar del compromiso compartido que firmáramos hace ya 20 años en Belem do Pará.

Yo, como Presidenta quiero reafirmar enérgicamente mi compromiso de hacer de las políticas de equidad de género un tema prioritario de Estado, pero también de política exterior.

De hecho, ayer acabamos de firmar, para ser parte, el Equal Future Partnership, que reúne países de todo el planeta en torno a un mismo esfuerzo para garantizar mayores niveles de equidad para las mujeres.

Y yo vengo del Fondo Monetario Internacional, donde tuvimos un diálogo con Christine Lagarde donde ellos están haciendo un trabajo muy importante, para decir ‘incorporar las mujeres con plenitud en todos los derechos, es lo correcto, lo éticamente adecuado, lo socialmente fundamental, es lo que hay que hacer’. Pero la verdad, además, es que es la cosa inteligente que hay que hacer, porque el rol y el apoyo que las mujeres deben tener, en el desarrollo económico de nuestros países, es también un componente esencial. Por lo tanto es un factor ético, de justicia, de derechos humanos, pero también es un factor de desarrollo, para cada uno de nuestros países en la región.


Amigos y amigas,
Como región, no podemos ignorar los importantes desafíos que tenemos en materia de seguridad. Conocemos bien los conflictos que han provocado las drogas y sus efectos en la región.

Estamos hablando de un fenómeno complejo, dinámico y multi-causal que implica daños graves a la institucionalidad de los países afectados, problemas de salud pública y por cierto, conflictos sociales.

En este sentido, valoramos el trabajo que han hecho la OEA y la CICAD en pro de una estrategia hemisférica sobre drogas. Debemos articularnos en políticas comunes de prevención y detención del tráfico que nos permitan, como región, enfrentar el problema.
Nuestras divisiones políticas y/o territoriales no deben ser un impedimento para que enfrentemos juntos esta situación. Debemos apoyarnos en las instituciones existentes, en nuestros nuevos foros políticos y coordinarnos para lograr una visión común.

Como país apoyaremos el análisis sobre políticas nacionales y hemisféricas en materia de drogas a instancias del Secretario General.
Necesitamos una reflexión madura con miras a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en Antigua, Guatemala, en octubre de este año.

Creemos que este será un buen momento y espacio de discusión, para comparar experiencias e internalizarnos de las diferentes políticas que están implementando los países de la región.

Y por supuesto: es un momento muy adecuado para renovar nuestra voluntad de avanzar en torno al tema.
Al comienzo de esta intervención, me referí al proceso de empoderamiento de la ciudadanía, a los importantes debates que se están generando en nuestra región y las tensiones que en algunos casos particulares se derivan de ellos.
Esto nos confronta con la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos por el respeto y la promoción de la democracia.
Y sabemos que este es uno de los pilares fundamentales de la Organización de los Estados Americanos, contenido en la propia Carta Interamericana.

La OEA, dentro de sus principios, se compromete a velar por la mantención de las condiciones democráticas de los Estados Miembros.

Y hoy debemos asumir que tenemos una deuda pendiente con algunos países de la región.


Y yo quiero valorar profundamente el trabajo que ha realizado UNASUR para apoyar el proceso de diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela, en un marco de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho.
Valoro, también, las declaraciones del Secretario General, durante la Cuadragésimo Cuarta Asamblea, en el sentido de reactivar el diálogo para que esta situación se resuelva de manera consensuada, sólida y perdurable.

Sobre todo: creemos firmemente que las instancias internacionales deben ser un apoyo en los procesos políticos y cívicos de los propios venezolanos, contribuyendo así al entendimiento, la paz y la democracia.
Asimismo, y antes de finalizar, quiero expresar nuestra preocupación frente a los obstáculos que ha enfrentado la Hermana República de Argentina en la renegociación de su deuda soberana.


Como lo hemos señalado en conjunto con todos los países miembros de UNASUR, no podemos permitir que agentes especulativos pongan en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad financiera global. Aspiramos a que se encuentre una solución pronta y efectiva a este grave problema que enfrenta nuestro país hermano y con el cual solidarizamos plenamente. Queremos agregar, además, felicitaciones por el 1 a 0 de hace poquito rato.

Amigas y amigos,
Gabriela Mistral, poeta chilena, decía en 1945, a propósito de nuestra América diversa y la perspectiva de construcción común: “Lo que ofrecemos es lealtad. Lo que necesitamos es una generosidad que rebase lo comercial y aun lo político, y se vuelva cooperación ceñida”.
La posibilidad de construir esta convivencia articulada, diversa y rica con la que soñaron nuestros poetas, nuestros líderes y nuestros ciudadanos, es real.

Es, de hecho, la vía más cierta para construir este hemisferio hecho de texturas tan disímiles, pero en el que caben, como tierras hermanas, Eldorado, Comala, Macondo y Pacha Pulai.

Muchas gracias.